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DESPOJO DE TIERRAS: EFECTO TARDÍO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO.

El desplazamiento sigue siendo sin duda el crimen mas complejo y de más honda repercusión para la sociedad y para las victimas que lo padecen directamente. En el se sintetizan la amenaza, la tortura, el desarraigo, la perdida de bienes, la fractura de las comunidades y no pocas veces otros crímenes propios de la degradación del conflicto Colombiano.

En términos económicos, el desplazamiento oculta un fenómeno que pasa desapercibido quizá por la preocupación que implica hablar del 4.5 millones de de Colombianos desplazados, sin embargo, el impacto de este crimen sobre la economía campesina, se traduce en desabastecimiento de productos agrícolas de pan coger en el mercado local, como sucede actualmente. La economía campesina tiene hoy poco peso en la estructura económica, a tal punto que una parte importante de la canasta básica de alimentos, se completa con las importaciones de granos y cereales de otros países, y aún algunas hortalizas y legumbres tienen la misma suerte. Sin embargo, el tema que se quieren resaltar ahora, tiene que ver con las tierras que se encuentran “abandonadas” , preocupa este aspecto, dado que en el país, una buena parte de los predios rurales presentan problemas de regularización y formalización de la propiedad, ¾ partes de los predios rurales no están inscritos en el catastro; aproximadamente el 40% de los campesinos propietarios no tienen títulos es decir que los campesinos desplazados ocupantes de hecho, colonos poseedores de buena fe, y en el mejor de los casos algunos pocos cuentan con una promesa de venta y una reducida minoría contiene los registros ante instrumentos públicos, estos títulos o la forma de legalizar el derecho a la propiedad no siempre están disponibles, puesto que muchos los perdieron al momento del desplazamiento.

La informalidad para ejercer el derecho a la propiedad y la precariedad o falta de eficiencia de las normas para proteger los bienes de la población desplazada, como es el caso del decreto 2007/05, del programa de protección a tierras de Acción Social, que tiene pocos resultados para mostrar, a lo que se suma reciente normatividad de tierras como el estatuto de desarrollo rural aprobado en el 2008, dejan pensar con alguna suspicacia que el desplazamiento y despojo de tierras van estrechamente ligados, solo que esta expropiación ilegal no ocurre simultáneamente .

El despojo y la apropiación ilegal vienen después, pasados varios años de los hechos del desplazamiento, cuando sin duda los promotores del desplazamiento sienten seguro dar el paso hacia la legalización de la tierra “abandonada”. Esta legalización se realiza apoyándose en diversas modalidades, como resiembra de cultivos, agroindustrias, compra a menor precio, intimidación, establecimiento de cooperativas y empresas comunitarias, presentación de documentos ilegales, o ejerciendo la nueva presión, que según las leyes solo requiere de 5 años, algunas veces se utiliza la influencia política lograda a través del copamiento del aparato estatal, por parte de los grupos ilegales.

También se practican formas más violentas como las amenazas a los titulares del derecho real, el asesinato, la amenaza a los familiares etc.

Todo esto ocurre mientras el desplazado sin orientación efectiva, y ante la urgencia de resolver las necesidades básicas, se olvida o no encuentra mecanismos eficaces para proteger sus bienes y posteriormente ejerce el derecho al retorno, restitución y reparación integral.

Así, Se puede afirmar con claridad que lo que media entre la usurpación de bienes por el desplazamiento y el despojo ilegal de ellos para beneficiar a los promotores de este hecho criminal, son múltiples crímenes que se encuentran impunes.

Cabe entonces una pregunta, si hay voluntad politica por parte del gobierno, de dar soluciones duraderas a los campesinos desplazados y los logros de la Seguridad Democrática no son tan confiables como se dice, porque no se promueve un plan de retorno en condiciones de seguridad y garantías de desarrollo económico a los territorios de origen de los desplazados.

Finalmente, el MOVICE busca enfrentar esta situación desarrollando el Catastro Alternativo, como mecanismo de las victimas del despojo, para ejercer su derecho a la restitución y a la reparación integral. Este catastro Alternativo Del Despojo, se complementa con la necesidad y urgencia de promover muchas movilizaciones de los desplazados para exigir el derecho a una reforma agraria integral.

Esto problemáticas serán discutidas ampliamente por la Confederación Nacional De Tierras y Territorio que se prepara para los días 4 al 6 de junio de 2009, por el Movimiento de Víctimas y varias organizaciones sociales y populares del país.

Por Ivan Cardenas

Marzo de 2009

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