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LUCHA DE CLASES EN LA COYUNTURA POLITICA COLOMBIANA

por Alfonso Castillo


Hablar de lucha de clases a comienzos del siglo XXI es según algunos estudiosos de la sociedad un tema y un problema del pasado; referido este pasado de forma peyorativa y dicho de otra forma las clases sociales y sus luchas son temas ya superados en la discusión de las Ciencias Sociales.

Sin embargo, la existencia de las clases sociales y el reconocimiento de sus luchas, amerita una mirada cuidadosa, más allá de las reflexiones teóricas, analizando la problemática social que vive la humanidad, después del derrumbe del “Socialismo Real” y reconociendo que no hay tal triunfo del capitalismo y el ingreso a la sociedad post-moderna que tanto se ha proclamado.

La anterior afirmación es más cierta si se observa la evolución de la problemática social en contextos concretos como el tercer mundo y más específicamente en Colombia de finales del siglo XX, donde se manifiestan cotidianamente las contrataciones, bienestar y pobreza, democracia y autoritarismo o en otros términos la contradicción capital-trabajo.

En el contexto colombiano bien vale la reflexión sobre las clases sociales y las luchas, dado el contexto en que se desarrolla la lucha política y avance el modelo de desarrollo económico en que ésta se soporta.

Modelo Económico y Lucha Política.

Desde hace 20 años el país se ha comprometido en la aplicación a fondo del modelo de apertura económica, como resultado de la imposición de la banca multilateral a los gobernantes de turno, con aplicación del modelo llegaron la privatización de las puertos, la entrega por concepción en la construcción de proyectos viales, el desmonte del ferrocarril y posteriormente la entrega de parte del servicio de salud a operadores privados y el desmonte gradual de la salud como obligación del Estado.

Mas recientemente se ha intentado privatizar las telecomunicaciones, se levanto el monopolio de las comunicaciones para abrirlos al mercado de operadores privados; también se esta privatizando la generación de energía y el gobierno legisla para desmontarse de su obligación de garantizar la educación pública y reducción del tamaño de la burocracia estatal.

Los resultados de estas medidas no se han hecho esperar ha aumentado el desempleo a una cifra superior al 20% y el aumento de los niveles de pobreza absoluta que presentan las siguientes cifras, según Misión Social DNP-PNUD informe desarrollo humanos para Colombia en 1995, había un 55% de la población bajo la linera de pobreza, siendo el campo al mas afectado, donde la cifra se acerca al 70% de la población. Un aspecto no menos importante, es el impacto de la apertura económica en el agro colombiano el cual se halla totalmente quebrado por falta de estímulos que lo hacen incompetente frente a productos agropecuarios importados de países donde se subsidia la producción de alimentos el resultado ha sido el empobrecimiento de los campos colombianos y el favorecimiento para el desarrollo de la industria del narcotráfico que encuentra así condiciones favorables para su crecimiento.

En medio de este panorama, se ha generado una creciente recesión económica, frente a la cual, gobierno y empresarios fijan su atención en bajar los costos de producción, saqueando las conquistas de los trabajadores y aumentando la carga impositiva de amplios sectores de la población a través de medidas como aumentos del IVA, y desmontando importantes conquistas laborales, en lo que bien puede denominarse como la contra reforma laboral. Igualmente los últimos gobiernos recortan de manera sustancial los recursos destinados a inversión social en cumplimiento del mandato de la banca transnacional.

El conjunto de medidas aperturistas a colocado en blanco y negro el debate de las clases sociales, situando de un lado a los representantes del poder económico en el gobierno y el aparato legislativo y la cúpula militar defendiendo sus ancestrales privilegios económicos y políticos y de otro lado la inmensa mayoría de la población colombiana cada vez más empobrecida y azotada por fantasmas como la inestabilidad laboral, el desempleo, la inseguridad social y el alto costo de la vida.

Pero es el escenario político el que mejor da cuenta de la existencia de las clases sociales y las luchas de los trabajadores por mantener sus conquistas o por alcanzar mejores condiciones de vida en Colombia, para esto solo falta analizar el contenido de las últimas protestas sociales.

En los últimos 4 años se ha registrado, un amplio espectro de luchas de connotaciones sociales, económicas, políticas y por los derechos humanos que nos dejan pensar que por el lado de los trabajadores y sectores populares y sectores medios de la población se desarrolla un movimiento de rechazo a las imposiciones del Gobierno.

La lucha social la han protagonizaron los trabajadores estatales, el magisterio tuvo un especial protagonismo, los estudiantes, pequeños transportadores, los trabajadores del agro en importante jornada en el año 2002, también se han movilizados las mujeres demandando fin a la guerra, los defensores de los derechos humanos y las iniciativas de paz reclamando acuerdos humanitarios y solución política negociada al conflicto del país.

Visto de conjunto se ha constituido todo un movimiento que evidencia una cualificación política y organizativa de la protesta social y popular en la que participaron amplios sectores del movimiento obrero, campesino, usuarios del UPAC, pobladores de los barrios y transportadores; en contundente rechazo a la imposición del modelo económico neoliberal, y la política autoritaria con la que se impone el modelo de desarrollo, este movimiento se expresa a favor de la defensa de la soberanía y contra la ingerencia extranjera por la paz democrática con justicia social


No menos importante han sido las protestas que durante este periodo han librado los trabajadores de hospitales y universidades del país exigiendo adecuado presupuesto para su funcionamiento; los reclusos de las cárceles contra el hacinamiento y por mejores condiciones carcelarias; los desplazados por la violencia en exigencia del cumplimiento de la Ley 387 de 1997; y las organizaciones de los Derechos Humanos reclamando castigo para los responsables de su violación; así como en la denuncia de la impunidad y negación de los derechos civiles y políticos que se pretenden cortar con las reformas que actualmente se tramitan en el congreso de la republica.

En general, en este periodo la protesta social ha estado presente en la vida nacional, en ella sin duda se demuestra a una población que identifica con claridad a su enemigo de clase, que cabalga en el gobierno representando a los más poderosos y de la banca transnacional.

El conflicto armado y la lucha de clases

Pero es el conflicto armado el que encarna con mayor evidencia la presencia de las luchas sociales en nuestro país, el movimiento insurgente colombiano iniciativas que bien expresan una lucha política de un sector del país contra la clase dominante.

La convención nacional y la agenda común, expresan de un lado la capacidad negociadora y de lucha del movimiento insurgente, y de otro, la dimensión social, económica, política y de soberanía nacional de los aspectos que s discuten con los representantes del gobierno, sin duda alguna el debate sobre las clases sociales y su existencia cobran una nueva dimensión, cuando se analizan las características de los elementos que conforman el especto social, que como el caso colombiano del año 99 expresan un creciente clima de protesta contra el modelo de desarrollo económico de corte neoliberal, y rechazando directamente a los representantes de tal modelo como lo son el gobierno y los representantes del esquema político colombiano.

Mas allá de discusiones impuestas por los aparatos ideológicos de la clase dominante, no se trata de enfrascarnos en disputas si estamos ante la presencia de movimientos sociales, sociedad civil o clases sociales, creo que lo importante es decantar sus luchas, cualificar los niveles de organización, encontrar los aspectos que unifican y superan el coyunturalismo y la simple lucha economicista que le imponen a estas luchas sociales un claro carácter político al igual que las negociaciones entre el gobierno y el movimiento insurgente; para que tengan una verdadera vocación de poder.

DESPLAZAMIENTO Y VIOLENCIAS EN COLOMBIA


Las cifras de violencia en Colombia en relación con el fenómeno del desplazamiento interno por el número de afectados, nos ubica como el tercer país con mayor numero de refugiados internos después de chichería e indolencia.

En los últimos 15 años el desplazamiento forzado ha provocado según cifra de CODHES, 2.160.375 víctimas siendo de estos la mayoría niños y mujeres los más afectados. Sin embargo, es necesario anotar que a partir de 1995 es cuando el fenómeno muestra un crecimiento vertical, provocando en tan solo 5 años 1.430.000 colombianos y colombianas desplazados. Siendo de estos el año 2000 el que ha registrado el mayor numero de víctimas (317.000).

El primer trimestre del año 2001 ha desplazado a 55.580 personas de las cuales el 52% eran menores de 17 años, según informe de la conferencia Episcopal Colombiana (No. 9 de 2001). Este mismo informe señala que estas personas al momento de desplazarse dejaron abandonadas 183.805 hectáreas dedicadas a la pequeña producción agropecuaria, lo que indica el impacto sobre la propiedad de la tierra y la producción agrícola que tiene el desplazamiento.

Así, tenemos que confirmar que el desplazamiento en Colombia más allá de ser una expansión de conflicto social y armado, representa una estrategia económica asociada a la aplicación del modelo neoliberal, que apela a la violencia para reorientar el uso y propiedad de la tierra, y ponerla a disposición del desarrollo de megaproyectos que benefician a las transnacionales, para las cuales la pequeña producción campesina es incompatible.

Sin duda alguna, el fenómeno de la violencia está asociado al interés de terratenientes y narcotraficantes para apropiarse de la tierra que en el futuro se negociara a astronómicos precios con el Estado o las transnacionales; esto se aplica al cruzar los mapas de desplazamiento con las zonas de riquezas estratégicas como la podrían ser el agua, a biodiversidad, los recursos energéticos o la construcción de vías de comunicación.
La violencia como estrategia para sembrar el terror y provocar el éxodo de las comunidades ha apelado a las amenazas, homicidios, masacres, torturas, detenciones arbitrarias y bloqueos.


EL PAPEL DEL ESTADO

No deja de preocupar que durante las conversaciones de paz Gobierno – FARC, estos fenómenos y especialmente el de las masacres contra poblaciones indefensas hayan aumentado de manera escandalosa. Según cifra del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, en 1998 se registraron 203 masacres con 1.359 víctimas, en 1999 se registraron 258 masacres con 1.628 víctimas y para el años 2000 503 masacres arrojaron 2,599 víctimas.

En lo que respecta a la atención del desplazado, una vez logra escapar de la muerte y enfrentar a los obstáculos que imponen la noche, la trocha, el clima y el desarraigo; no es mejor y a decir verdad vulnera la dignidad.

Si bien es cierto des de 1997 se aprobó una ley para la atención a la población desplazada y ahora un decreto que la reglamenta, el 2569 de 2000 también es cierto que esta no deja de ser retórica a través de la cual el Estado y los gobiernos muestran a la comunidad nacional e internacional su “compromiso para abordar y superar el fenómeno”.

Mas allá de esta norma hay una realidad que afecta a las víctimas el desplazamiento, iniciando en el registro como desplazados, para los que las víctimas deben someterse a extenuantes jornadas desde horas de la madrugada para acceder-si tener suerte- a un registro de desplazamiento que le “garantiza sus derechos como desplazado”.

Consiste en tres meses de ayuda para arriendo, alimentación, auxilios de cocina y colchoneta. Sin embargo, la mayoría de las veces estas ayudas se otorgan tiempo después del desplazamiento o como sucede en Bogotá se entrega parcialmente y de manera irregular.

Otra irregularidad se presenta en la atención de salud, la que esta sujeta a trabas burocráticas, convenio con instituciones de salud, y en todo caso, precaria atención que solo cubre medicina general sin atender los requerimientos de medicamentos, exámenes de laboratorio y tratamientos especializados.

La educación de los niños, siendo atendida, solo la mitad al cupo en una institución educativa, Son solucionar los auxilios de transporte, loo sutiles y textos solicitados por la institución.
El apoyo productivo previsto en la ley para organizar al estabilidad socioeconómica, es quizás el aspecto donde se muestra mas incoherencia, improvisación, abusos y corrupción, dejando a cada funcionario la elaboración de criterios sobre el monto del proyecto o los mecanismos para proceder a su adjudicación.


RETORNO Y UBICACIÓN

Un aspecto complejo en el tema del desplazamiento , es el que tiene que ver con el retorno y renunciación, par el cual no existe una política dejando el tema en manos de administraciones locales limitadas por la escasez de recursos y la labor de instituciones de carácter nacional, encargadas de garantizar o facilitar el retorno en condiciones de dignidad y seguridad.

De otro lado la falta de voluntad política impide la reubicacion como es el caso de los campesinos ubicados en el Albergue de Buga que después de dos años de desplazamientos y 18 meses de presentar propuestas sobre las reubicacion ésta no tiene hoy resultados concretos que mostrar.

Otro aspecto no menos importante, es el relacionado con el castigo a los responsables del desplazamiento que a pesar de las centenares de denuncias ante la Fiscalía con aportes de testimonios y pruebas, el numero de detenidos sindicados y condenados por estos hechos dejan en evidencia la gran incapacidad del sistema judicial para enfrentar y erradicar las causas del desplazamiento.

Aspectos estos que muestra la gran incapacidad del estado colombiano para dar solución de fondo al fenómeno del desplazamiento, donde las ayudas que se otorgan a las víctimas están sujetas a una larga tramitologia y a merced de la politiquería de la corrupcion.

El anuncian aprobación por el congreso de los Estado Unidos del Plan Colombia, ahora denominada Estrategia Andina, aumenta la preocupación por la situación de los derechos humanos y particularmente por el incremento de desplazados en el país.

En la actualidad comunidades enteras en el sur del país, con la complicidad y complacencia del Gobierno colombiano ante las exigencias de los Estados Unidos, se han visto obligadas a desplazarse ante el temor de ser afectados por las fumigaciones con glifosato, que como han sido enunciado por comunidades y defensores de Derechos Humanos afecta la salud humana y altera el entorno causando efectos sobre animales y cultivos de pancoger.

Los nuevos desplazamientos afectan a comunidades indígenas, poblaciones afrocolombianas, lo que atenta contra la diversidad cultural y las minorías étnicas en el país.

EL PLAN COLOMBIA

Los últimos hechos de violencia afectan a comunidades organizadas que resisten al desplazamiento refugiándose en la alta montaña, buscando la forma de desarrollar cultivos para la supervivencia trabajando sus parcelar en el día y durante la noche buscando refugiarse en zonas montañosas.

También observamos el desplazamiento de comunidades enteras que abandona integralmente poblaciones ante el temor generado por el conflicto, las fumigaciones, presencia de grupos paramilitares y los operativos militares. Esta tendencia se observa especialmente en comunidades indígenas y afrocolombianas en el sur del país, como efecto de la aplicación del Plan Colombia.

Otro aspecto a tener en cuanta sobre las tendencias son las comunidades sitiadas que como se acaba de observar en el sur de Bolivár, los campesinos se encuentran a merced de grupos paramilitares que obligan a las comunidades a permanecer en el sector negándole la posibilidad de recibir las ayudas humanitarias.

El desplazamiento decíamos está al servicio del modelo neoliberal que ávido de nuestras tierras aptas par ala aplicación de modelos globalizador, se sirve del uso de la violencia sobre comunidades organizadas que representan un obstáculo para el desarrollo de los megaproyectos y la privatización.

Igualmente el fenómeno del desplazamiento en Colombia pone en evidencia la complicidad del Estado Colombiano con el paramilitarismo que se construye en un estrategia criminal de Estado encargada de ejecutar “el trabajo sucio” abriendo el camino para la privatización y de paso “lavar” la imagen de las Fuerzas Armadas comprometidas permanentemente y sistemáticamente en la violación de los Derechos Humanos según informe de organismos internacionales de Derechos Humanos.

Finalmente planteamos como alternativa para superar el fenómeno de desplazamiento forzado la necesidad de insistir en la búsqueda de la solución política y negociada al conflicto social y armado que vive el país. Así mismo, se requiere que el Estado se comprometa a la modificación del Derecho reglamentario 2569 de 2000,. Que permita la participación de las organizaciones de desplazados en una reglamentación que atienda las verdaderas necesidades de las víctimas de éste fenómeno así como suficientes recursos para la atención de las mismas.


DESPLAZAMIENTO COMO FENÓMENO SOCIO-ECONÓMICO LIGADO A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER SOBRE LA TIERRA

DESPLAZAMIENTO UN PROBLEMA QUE SE OCULTA

El desplazamiento en Colombia sigue siendo uno de los elementos más agudos de la crisis humanitaria que padece el pueblo colombiano, se trata de 3.000.000 de hombres, mujeres y niños en condición de desarraigo para los cuales sólo hay demagogia por parte del gobierno el de Alvaro Uribe.

Los últimos meses hemos visto “desaparecer” de los medios masivos de comunicación el tema del desplazamiento, como dejando la sensación que este fenómeno ya no se presenta. La verdad es otra, cada día el fenómeno sigue presentándose y en algunas regiones del país como el Tolima y los Llanos Orientales el problema h adquirido cifras alarmantes, es evidente que hay una clara intención de invisivilizar el tema de los desplazados.

Grafico Nº 1

funte ; CODEES

Tras este “ocultamiento” se intenta tapar la incapacidad del Estado colombiano para brindar adecuada atención, en el marco de la Ley 387/97 a la creciente población de desplazadas en todo el territorio nacional. También intenta el gobierno esconder, la ausencia de políticas servias que vayan más allá de los paños de agua tibia que hoy se otorgan mezquinamente en los despachos de la Red de Solidaridad.

No menos importante de destacar, es que tras el ocultamiento del fenómeno del desplazamiento se solapa un “plan de retorno” obligatorio al que quiere llevarse a los desplazados, tras someterlo a largas jornadas en busca de la ayuda humanitaria que difícil y/o tardíamente llega.

Vistos en detalle, cada uno de estos elementos, nos deja ver de forma más precisa un proyecto de contra reforma agraria, empujada por latifundistas, terratenientes y narcotraficante con la ayuda del proyecto militar y paramilitar, desarrollado en zonas de colonización reciente ó de riqueza estratégica.

El fenómeno del desplazamiento esta estrechamente ligado a un problema económico y más estrictamente a un proceso de acumulación especialmente de la tierra, en los que de una u otra manera se genera una riqueza, sea esta por la capacidad productiva o por el potencial que ello implica como reserva en cuanto hace a la futura construcción de macro-proyectos de desarrollo económico.

Visto de esta manera el fenómeno del desplazamiento crea fines orientados a la concentración del poder de la tierra y el latifundio, no es nuevo en el país; ya anteriormente fue empleado en la conquista por los españoles, para despojar a las comunidades aborígenes de las tierras productivas. Posteriormente en la etapa que sobrevivió a la independencia se produjo durante las guerras civiles del siglo XIX, los terratenientes acudieron al mecanismo de la guerra para ampliar el poder sobre importante porciones de territorio.

EL DESPLAZAMIENTO Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA

Durante el siglo XX el país asiste al más descarado proceso de despojo de la tierra productiva, en la etapa que sobrevino al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando se decretó lo que los sociólogos e historiadores han denominado la primera violencia tras la cual la composición del poder de la tierra, se transformó radicalmente especialmente en las regiones planas del país, propicias para dar el salto de producción agrícola, minifundista y de ganadería extensiva a una producción agro industrial tecnificada.

Efectivamente en regiones como la Sabana de la Costa Atlántica, el Tolima grande, el valle geográfico del Río Cauca y los Llanos Orientales, fue precisamente donde se concentró el uso de “empresas criminales” contra el campesinado, que apelaron al uso más violento posible para sembrar terror y pánico y posteriormente desplazamiento, todo este plan fue ejecutado a nombre de una guerra entre liberales y conservadores.

El resultado en el plano social fue de un todo la desintegración de la organización campesina la configuración de los denominados cinturones de miseria de las ciudades capitales donde emigraron los campesinos, y de otro la conformación de un movimiento de resistencia y lucha por la tierra que rápidamente evolucionó en grupos de autodefensa campesina y posterior oriente en grupos guerrilleros.

Pero el resultado económico de la violencia fue que en menos de 10 años 1953 – 1960 la estructura y uso de la tierra en estas zonas había cambiado radicalmente, aparecieron dedicadas al monocultivo de algodón, caña de azúcar, sorgo, arroz, cultivos que hacían parte del catálogo de necesidades del capitalismo en plena fase de expansión posterior a la II Guerra Mundial.

Como puede observarse la apelación a la violencia contra el campo colombiano no es un fenómeno nuevo en nuestra historia, al contrario ha sido la forma más recurrente y económica en que un sector de la clase dominante ligada al latifundio y a la ganadería a apelado para acrecentar su poder sobre la tierra.

El desplazamiento de la última etapa es decir el que va desde 1985 hasta nuestros días, conserva la misma esencia aunque presenta rasgos característicos que hace más complejo el fenómeno y difícil hallar una pronta solución.

Hoy se superponen al problema de la tierra la tradicional tendencia a la concentración latifundista atizada por el narcotráfico que a la vez promueven prácticas criminales para estatales como el PARAMILITARISMO, el fortalecimiento del movimiento insurgente, una mayor injerencia del modelo de desarrollo económico sobre la soberanía en el campo y en medio de este panorama, los habitantes del campo, sometidos a dos guerras, una que surge del enfrentamiento del estado y grupos insurgentes y otra que se libra en el plano económico donde la pobreza y miseria son el resultado de un modelo de desarrollo desigual que ve en nuestro país un producto de aquellos productos que su industria requiere para transformar.

AUMENTA LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

Un primer elemento a destacar es que en el período que va de 1985 a 2001, se ha incrementado la concentración de la tierra, de forma tal que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, (1) el 64% de los predios menores a 10 hectáreas, ocupaba tan solo el 8% del área total de tierra rural entre tanto el 5% de los predios superiores a 100 hectáreas ocupaban el 54% del total de la tierra rural.

Cuadro Nº 1
Relación entre el área predial rural y los propietarios
Según tamaño del predio año 2001

Tamaño del predio (hectareas) % propietarios Superficie
% del area rural registrada
menor de 3 57,3 1,7
3 - 100 39,7 22,5
100 - 500 2,6 14,6
mas de 500 0,4 61,2
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002


O como lo indica el cuadro Nº 1 el año 2001 el 57% de los propietarios rurales poseía el 1.7% de la superficie rural registrada con predios menores a 3 hectáreas y el 0.4% de los propietarios, acumulaban el 61% de las superficie rural en predios de más de 500 hectáreas.

De acuerdo a estos indicadores es fácil informar que la tierra está en manos de pocos propietarios y que esta concentración se logra a partir del sistemático despojo que se viene realizando a colonos y campesinos los últimos 15 años.

LA INCIDENCIA DEL NARCOTRAFICO

Un segundo elemento no menos importante, es el relacionado con el impacto que ha tenido el narcotráfico, en la concentración de la tierra, de acuerdo a información de la policía anti-narcóticos, en el país se ha pasado de sembrar 15.500 hectáreas en 1985, con cultivos proscritos a 135.000 hectáreas en 1999 (cuadro 2), lo que quiere decir un aumento sostenido en 14 años.

Cuadro Nº 2
Evolución de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos 1985 - 1999

AÑO 1985 1988 1990 1993 1995 1997 1999
HECTAREA 15,500 38,188 42,944 64,700 62,420 91,100 135,000
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002

Lo grave de las cifras, es que esta expansión se ha realizado en zonas de reciente colonización, en zonas anteriormente dedicadas a pequeña producción campesina, y por efecto de la violencia paramilitar ha cambiado de propietario y de uso.

El narcotráfico y particularmente la producción de marihuana, coca y amapola, se ha convertido para muchos campesinos colombianos en un círculo vicioso de violencia, y alternativa de vida. Mientras de un lado el campesino es despojado violentamente de su terruño y obligado a desplazarse, y de otro, cuando no se desplaza, no tiene más remedio que “emplearse” en la producción de coca o amapola, al servicio de narco-traficantes, que ofrecen al campesino ésta, como la única vía para conseguir el sustento para su familia.

El crecimiento del narcotráfico, no solo ha desplazado a miles de campesinos a través del proyecto criminal del paramiliarismo, sino que además ha corroído casi toda la estructura del estado y la clase política del país de tal forma que lo que sucede en las zonas de influencia del narcotráfico y el paramilitarismo es un problema que el país ignora, pero también este crecimiento está afectando la producción de alimentos, por cuanto en regiones apartadas no es rentable la producción alimentos y de otro lado, el país está ampliando su frontera agrícola; a través de una expansión indiscriminada, que busca para los cultivos ilícitos zonas inaccesibles que generalmente es la selva, los paramos, y/o zonas de reserva natural o cultural como lo es el caso de reservas indígenas.

MODELO ECONÓMICO EXCLUYENTE

Un tercer aspecto que viene incidiendo en el agradecimiento del fenómeno del desplazamiento es el modelo de desarrollo económico, el neoliberalismo o la globalización están llevando al país a una situación cada vez más de dependencia alimentaria (Ver cuadro 3).

Cuadro Nº 3
Areas cultivadas 1990 - 1997 en miles de hectareas

Cultivo 1990 1997
arroz 521 390
papa 161 167
maiz 837 573
vagetales 87 95
algodón 200 61
sorgo 273 102
soya 116 43
frijol 164 135
trigo 57 23
cebada 54 9
caña de azucar 115 168
platano 345 379
caña de panela 199 210
aceite de palma 90 145
frutas 71 129
banano 32 42
cacao 121 109
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002

Lentamente y por la imposición de la política de las transnacionales de los alimentos, el país está dejando de producir los alimentos que requiere la población, en pocos años hemos pasado de ser exportadores a importadores. Actualmente el país importa cinco veces más de lo que importaba hace 10 años. El país importa maíz, arroz, fríjol, entre otros.

Sin duda alguna el desplazamiento violento de campesinos productores hace parte de una estrategia en la que latifundistas, narcotraficantes y empresas transnacionales sacan provecho, en el caso de las transnacionales a través del ALCA se determina cuáles son los productos que el país debe producir para exportar a Estados Unidos si se quiere acceder al sistema de exenciones arancelarias. Lo grave de esta situación es que en la lista no aparecen productos alimenticios, le queda al país la producción de mono – cultivos generalmente propiedad de transnacionales como la Palma.

El ALCA, niega a los campesinos colombianos a través de imposiciones que acepta el gobierno la producción de alimentos, tradicionales, mientras otorga a los productores norteamericanos grandes subsidios de alimentos. El área de libre comercio de las Américas impone con su política el empobrecimiento, la ruina y el hambre de campesinos y población pobre del país.

GUERRA, PLAN COLOMBIA Y DESPLAZAMIENTO

Finalmente un elemento no menos importante que los anteriores es la actual guerra que libra el Estado colombiano contra la insurgencia, guerra que se ha incrementado a partir de la aplicación del Plan Colombia que no es otra cosa que un plan intervensionista, que sirve a los intereses económicos norteamericanos, bajo la excusa de lucha antinarcóticos.

Esta agudización de la guerra no ha hecho otra cosa que aumentar las cifras de desplazamiento en las zonas y regiones donde el plan Colombia se ejecuta, no otro efecto podrían causar las fumigaciones indiscriminadas con el Glifosato.

HACIA UNA PROPUESTA DE REFORMA AGRARIA Y RETORNO

Tal como están las condiciones de crisis humanitaria en nuestro país, vale la pena seguir insistiendo en alternativas distintas a la agudización de la guerra agenciadas por el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, que solapadamente tras la declaratoria de conmoción interior, las zonas de rehabilitación y ahora más descaradamente a través del proyecto de Referendo intentan sumergir al conjunto del pueblo colombiano en una guerra que cada vez adquiere más intensidad.

De esta manera fenómenos como el desplazamiento y en general la crisis económica que vive el pueblo colombiano necesitan propuestas como una reforma agraria integral, que devuelva a los campesinos la tierra productiva del país, es decir, una reforma agraria que afecte el latifundio extensivo y que de igual manera le proporcione a los colombianos interesados en regresar al agro condiciones óptimas para la productividad, el desarrollo y la dignificación de la labor del trabajador del agro colombiano.

Igualmente, se requieren propuestas y políticas serias orientadas a diseñar de manera concertada propuestas de retorno para los colombianos que se encuentran hoy en condición de desplazamiento, tales políticas deben pasar por el reconocimiento de las personas que actualmente se encuentran en tal condición y en el mismo sentido prevenir futuras situaciones que procuren nuevos desplazamientos. Este retorno concertado debe garantizar condiciones económicas en el sentido de titulación colectiva e individual de tierras, declaratoria de la emergencia socio – económica del campo, declaratoria de zonas de reserva campesina y territorios de paz, suspensión de los acuerdos del ALCA.

Igualmente, este retorno debe garantizar condiciones de bienestar en el ámbito social que permita a los retornados buenas condiciones para el desarrollo social y personal de sus entornos familiares, lo que quiere decir brindar condiciones para una adecuada prestación de servicios, como la salud, la educación y la recuperación de la identidad cultural.

Aspectos no menos importantes para el diseño de una política de retorno y recuperación del agro colombiano, es el que tiene que ver con la búsqueda de una solución política negociada al conflicto social y armado; que erradique las causas que originaron el mismo y que al mismo tiempo supere la impunidad presentada en los hechos hasta hoy realizados, esto implica el esclarecimiento de los hechos de violación a los Derechos Humanos, castigo a los responsables y reparación integral a las víctimas.

DESPLAZADOS: Por la construcción de un movimiento social para enfrentar la indolencia del estado


Un contexto general

El país asiste a una situación social económica y política que resulta adversa a los más pobres del país. El pueblo colombiano ha venido en la ultima década, asistiendo a un franco deterioro de su calidad de vida, la apertura económica neoliberal y su desarrollo ulterior el ALCA, se han traducido en desindustralización y perdida de capacidad productiva del campo Colombiano, la consecuencia los mas altos índices de desempleo, igualmente este fenómeno se ha extendido a un desmote descarado del estado social de derecho lo que ha significado privatización de derechos básicos como salud educación vivienda entre otros.

En el marco político el último periodo y particularmente el ascenso al gobierno de una facción de derecha encargada en Álvaro Uribe Vélez, se ha traducido en mayor sumisión a los dictados y políticas norteamericanas y un aumento del margen de pérdida de libertades y democracia en nuestro país. Esto se ha expresado en una serie de leyes orientadas a castigar al movimiento social y popular en franca actitud preventiva para desestabilizar el tejido social que podría salir al paso y a la protesta frente al modelo aplicado al país.

El fenómeno del desplazamiento devela un conflicto sociológico que vale la pena se considere, de un lado se enfrenta la necesidad inmediata de las víctimas del despojo a solucionar sus necesidades vitales que no dan ningún tipo de espera, son urgentes, de otro la posibilidad de hallar soluciones de fondo ha esta problemática se consiguen con la construcción de un fuerte movimiento social, pero esta es una tarea de mediano plazo.

Actuales tendencias del desplazamiento

Dentro de esta situación el desplazamiento forzado continúa siendo el signo más grave que expresa la agudeza del conflicto armado que vive el país, sin embargo, éste hoy, continúa en ascenso de manera más silenciosa, pero la situación más grave es de las comunidades que ni siquiera han podido acceder “al derecho a desplazarse” por encontrarse sitiados, ante la negativa de los grupos armados a permitirles salvar su vida. Resulta entonces claro que un país en el que la guerra se ha intensificado con el aumento del pie de fuerza por parte de las fuerzas armadas, el aumento de los márgenes de impunidad, especialmente con las negociaciones con los grupos paramilitares, no es posible pensar en una disminución del fenómeno del desplazamiento.

Un hecho notorio es el revelado recientemente por el Programa Mundial de Alimentos y que resume de manera contundente la situación de la población desplazada en Colombia, en el que se señala que cerca del 80 por ciento de los desplazados, padece problemas de desnutrición y pobreza extrema, lo que contradice de plano los informes alentadores de la Red de Solidaridad en el sentido de estar atendiendo las demandas alimentarias de la esta población.

Un aspecto no menos importante y que debe denunciase con mucha fuerza por las organizaciones de la población desplazada, es el desmonte que en la practica ha hecho el gobierno en el ultimo periodo de la atención humanitaria, que ya era mínima e insuficiente.

El problema de la atención y la política gubernamental

Durante los últimos dos años el gobierno nacional ha asumido una actitud de desentendimiento de su obligación y responsabilidad para con las víctimas del conflicto armado, de esto dan cuenta el papel de la Red de Solidaridad que cada vez es menos eficaz para coordinar el conjunto de instituciones que deben proteger y atender las demandas de los desplazados, a esto se suma la descarada y abusiva política gubernamental de desmontar los derechos adquiridos a través de la Ley 387 de 1997, mediante nuevas normas que contradicen el espíritu de ésta; así especialmente la seguridad social de las (os) desplazados se ha visto recortada dramáticamente.

Otro aspecto de la política del actual gobierno es el que tiene que ver con los “retornos voluntarios”, los cuales rechazamos abiertamente porque ellos no significan aplicación de las normas internacionales para el retorno y la reubicación y fundamentalmente porque a través de ellos, el gobierno hace juego a políticas económicas a favor de las transnacionales y grupos que claramente han promovido la guerra de despojo contra el campesinado colombiano; así mismo, estos retornos se están desarrollando sin proporcionarle a los afectados participación efectiva en el diseño de la propuesta y sin garantías para recuperar la condición de vida con la que se contaba antes del desplazamiento.

No es exagerado entonces, manifestar que no hay voluntad política por parte del gobierno nacional y aún por parte de los gobiernos regionales y/o locales, que permitan encontrar salidas concertadas y definitivas al problema.

La comunidad internacional

Es importante señalar que durante este período de dos años, el papel de la comunidad internacional y más particularmente de las naciones a través de la ACNUR se ha volcado a respaldar a ojo cerrado la política gubernamental. Así se puede colegir del programa “Alianza Humanitaria”, a través del cual toda la ayuda del sistema de Naciones Unidas se orienta a fortalecer los programas gubernamentales, sin tener en cuenta la opinión del movimiento social y de las organizaciones de la población víctima, y quizá lo más grave, sin cumplir el papel del demandar del gobierno la aplicación de las recomendaciones que en el caso de los desplazados y en general de los derechos humanos otras agencias de Naciones Unidas han elaborado.

Un país donde la guerra atomizó al movimiento social

Lo grave de toda esta situación son los efectos que la política de “seguridad democrática” del gobierno Uribe, ha ocasionado sobre el conjunto del movimiento social, asesinatos, amenazas, detenciones masivas, cual pescas milagrosas, estatuto antiterrorista, recientemente aprobado, son medidas orientadas precisamente a desarticular el movimiento social colombiano que ha asistido en los últimos años, a una envestida judicial y criminal, cuyo propósito no es otro que liquidarlo.

A esto se debe unir la dispersión del mismo movimiento social que no encuentra los factores que permita desarrollar una respuesta unitaria a las políticas gubernamentales, quedando reducida la organización al coyunturalismo y a la búsqueda de soluciones a corto plazo, perdiendo toda perspectiva de la lucha política contra el modelo económico, la guerra y la defensa de la democracia.

De este fenómeno no escapan las organizaciones de población desplazada que siendo muchas en los lugares de asiento, los niveles de respuesta y rechazo al abuso gubernamental por el desmonte de sus derechos, es mínimo o casi nulo.

La Coordinación Nacional de Desplazados retos y aprendizajes

La Coordinación Nacional de Desplazados CND es un esfuerzo de construcción de unidad, del que participan lasa organizaciones de víctimas de este fenómeno, que ahora enfrenta el reto de fortalecer el la movilización y resistencia social.

Claro está, que estos fenómenos son apenas esbozos de lo que debe ser en el futuro, la CND; de ellos hay que aprender y corregir los errores, fortalecer el proceso de apropiación e identidad y empezar a conquistar reivindicaciones para la población vulnerable.

Se debe trabajar por fortalecer el posicionamiento político a través de la construcción de propuestas de las organizaciones que permita lograr interlocucion directa con las autoridades del orden nacional, regional o local, y cuando lo hemos logrado, no hemos hecho lo suficiente para darle continuidad y seguimiento a las peticiones.

Es pertinente continuar fortaleciendo los procesos regionales, razón de ser de la coordinación nacional, esto con la aplicación de un contundente plan de formación y de apropiación de derroteros políticos, a fin de corregir las fallas. Así mismo hace falta aumentar el compromiso de las organizaciones de carácter nacional con la CND, que se traduzca en iniciativas políticas, cuadros estructurados y el desarrollo regional de la coordinación, donde éstas tengan bases sociales. Así mismo, es menester de las organizaciones de base concretar su compromiso con el desarrollo de las iniciativas y propuestas de movilización de la coordinación.

Entre las tareas más urgentes que se deben abordar por las organizaciones de población desplazada están:

1. Elaborar un pliego mínimo de exigencias para la movilización social.
2. Establecer procesos de escuela política para la reconstrucción del tejido y los liderazgos sociales
3. Promover y liderar PROPUESTAS DE REUBICACIÓN AUTÓNOMAS de carácter transitorio, sean estas urbanas, semi-urbanas o rurales.
4. Fortalecer el vínculo con el movimiento social y popular, y con ellos mejorar nuestra participación en las acciones contra el ALCA, el Plan Colombia y por la demanda de la Solución Política Negociada, y el fin de la criminalización de la protesta social, así como la exigibilidad del respeto a los derechos humanos.
5. Continuar y fortalecer el proceso de construcción de la unidad para la lucha social.

Enero, 22 de 2004.


Notas

_______________________
(1) Encuesta Nacional Agropecuaria, DANE, Minagricultura y Desarrollo Rural. Resultados 1997. En Revista Taller No. 1, marzo 2002, Bogotá. Pérez Suatonio, pág. 58.


BIBLIGRAFIA

Revista Taller No. 1, CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES marzo 2002, Bogotá.

Cuadernos tierra y justicia, COORDINACIÓN EDITORIAL ILSA. Bogota 2002

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, CAMBIO, Embajada de Holanda. La pobreza. El gran desafío para la paz en Colombia. Foleto, Bogotá, 1998.

CAICEDO TURRIAGO, Jaime. Jairo Estrada Vélez (compiladores). Marx vive, siglo y medio del manifiesto del Partido Comunista. ¿Superación, vigencia o reactualización? Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 1999.

CORDOBA, Arnoldo. Sociedad y estado en el mundo moderno. Ed. Grijalbo, México 1976.

MARX, Carlos, Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista. Ed. Progreso, Moscú 1972

VEGA, Renan (Editor) Marx y el siglo XXI. HACIA UN MARXISMO ECOLÓGICO Y CRÍTICO DEL PENSAMIENTO. Ed. Pensamiento Crítico – Antropos, Bogotá 1998.
VILAR, Pierre. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Grupo Editorial Grijalbo, barcelona, 1980.
SEMANARIO VOZ No. 2015, 2016, 2019, 2022. Bogotá, 1999.

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