LEY DE REPARACIÓN Y
RESTITUCIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO…DOS AÑOS UNA SOLA VERDAD, NO HAY VOLUNTAD
REAL DE REPARAR INTEGRALMENTE
Por Alfonso Castillo Garzon
Asociación nacional de ayuda solidaria ANDAS
Integrante y fundador del MOVICE
La ley de víctimas no es ni de lejos una alternativa de reparación
integral
Quisiera con esta voz, algo solitaria, pero con la fuerza de recoger el
clamor y la desesperanza de miles de víctimas en Colombia, que han visto en dos
años de implementación de la Ley de Victimas y restitución de tierras
(1448/11), pocos avances concretos, que vallan en la vía del restablecimiento
de sus derechos vulnerados en 60 años de agudo conflicto social y armado.

Foto: Alfonso Castillo
Durante este periodo, la Ley ha creado rutas y protocolos de atención,
al tiempo que ha fomentado la creación de una gigantesca planta de personal, no
siempre idóneo, sin embargo, esto hecho no se traduce en mejor calidad de la
atención y mucho menos mejores condiciones para una pronta reparación.
Esta Ley, tiene problemas graves que impiden la celeridad en el Derecho
a la Reparación, hay atrasos inaceptables en la creación del Registro Único de
Victimas, la coordinación institucional es inexistente y la articulación
Nación-territorio, es un diálogo de sordos. Estos problemas estructurales
afectan a las víctimas.
Una dificultad mayúscula de la Ley, es que aún no crea, la atención
preferente para que las mujeres puedan acceder de manera oportuna al restablecimiento
de sus derechos, en abierta contravía de
la propia ley y de reiteradas jurisprudencias de la corte constitucional que
demandan esta discriminación positiva, como condición necesaria para que las
mujeres puedan restablecer plenamente sus derechos.
Las prácticas discriminatorias a distintos grupos poblacionales y hechos
victimizantes, son notorios, ellos intentan ocultarse con un proceso de
participación sin reales garantías. Recientemente fue promulgado por unidad de
atención y reparación a las víctimas (UARIV) el protocolo de participación de
víctimas, (resolución 388 mayo/13 y 588 junio/13) sin embargo éste no colma la
expectativas planteadas por las víctimas en su proceso de elaboración y
discusión, y al final a pesar de algunos aspectos positivos, como la
integración de un proceso desde los municipios hasta lo nacional, el protocolo
es un verdadero galimatías, que abre la puerta múltiples interpretaciones lo
cual no brindará las suficientes garantías a las víctimas en distintos
municipios del país.
Es urgente hacer seguimiento al proceso de implementación de la Ley, en
ejercicios que permitan comparar las cifras, con los presupuestos, no basta
para conformarse, creer que los anuncios de prensa son la reparación que las víctimas
se requieren y hace falta fijarse en los detalles.
La prevención y la protección al riesgo… lo más grave.
Este proceso de reparación y restitución se adelanta en medio del
conflicto armado, y la persistencia del conflicto social, El Estado sigue
criminalizando y estigmatizando la protesta social, como sucede en el
Catatumbo, además, de continuar e incluso aumentar las amenazas, el
desplazamiento y judicializaciones contra comunidades, lideres, lideresas y
organizaciones. Como si no fuera suficiente, durante el Gobierno de Juan Manuel
Santos, han sido asesinados 25 líderes y lideresas de procesos de restitución y
defensa al derecho a la tierra y territorio, así mismo han sido asesinados 6
dirigentes de mesas de participación de Victimas. Además de continuar a todas
anchas el accionar criminal de los grupos paramilitares, ahora denominados
BACRIM o ejércitos anti restitución.
A todo esto, la gran mayoría de estos hechos se encuentran en la más
profunda impunidad, igualmente, la entidad encargada de proporcionar las
medidas de protección (UNP) a Defensores de Derechos Humanos, líderes y
lideresas de las victimas tarda hasta seis meses para dar respuestas concretas
a las solicitudes de protección, y a los que la tienen se dedican a hacer
seguimientos a los protegidos. Además de no contar con presupuesto desde hace
varios meses, lo que se traduce en el no pago de los auxilios de transporte,
peajes, lo que finalmente es desprotección.
Persistencia del Estado de Cosas Inconstitucionales, 10 años después
De todo este grave accionar, resulta inaceptable que el Estado
Colombiano no haya sido capaz de superar la declaratoria de
inconstitucionalidad en la que se encuentran los derechos de las victimas del
crimen de desplazamiento, así se colige del más reciente auto de la Corte
Constitucional (119/06/2013). En la que señala que aún la Ley 1448; No resuelve
viejos problemas de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.
Cual restitución de
tierras?
Un hecho notorio es la ausencia real de una política de restitución de
tierras, la cual se fundamenta en una serie de anuncios mediáticos, que no
necesariamente significan restitución real de las tierras que han sido
despojadas a campesinos y comunidades enteras a lo largo y ancho del país, en
lo que va ocurrido al proceso implementación de la restitución, las cifras
indican la pobreza de este, y la lentitud con la que avanza la que el gobierno
de Juan Manuel Santos, denomina su principal política de reparación a las
víctimas.

Foto: Alfonso Castillo
En este periodo han sido nombrados 40 jueces civiles de circuito
especializados en restitución de tierras y 15 magistrados, los cuales tienen el
encargo de atender las solicitudes de restitución que presenta las víctimas,
igualmente han sido instaladas oficinas, pero los resultados son poco alentadores,
sobre todo, si se tiene en cuenta, las metas fijadas por el propio gobierno de
Juan Manuel Santos de restituir un millón de hectáreas en el primer año de
implementación de la ley, sin embargo al mes de junio de 2013 solo ha dictado
132 sentencias en 15 departamentos las cuales restituyen 11.000 hectáreas, lo
que significa que a este ritmo se requerirán mucho más de 20 años para alcanzar
la meta de restituir las tierras despojadas que según informes recientes
publicados por el propio estado oscilan entre 5 y 6 millones de hectáreas.
SENTENCIAS
DE RESTITUCION DE TIERRAS DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTO/
PUBLICADAS
JULIO 27 DE 2013
|
DEPTO
|
SENTENCIAS
|
||
|
ANTIOQUIA
|
10
|
||
|
BOLIVAR
|
3
|
||
|
CESAR
|
6
|
||
|
CORDOBA
|
9
|
||
|
CHOCO
|
1
|
||
|
NARIÑO
|
7
|
||
|
N. SANTANDER
|
6
|
||
|
META
|
12
|
||
|
MAGDALENA
|
2
|
||
|
POPAYAN
|
1
|
||
|
PUTUMAYO
|
19
|
||
|
SANTANDER
|
1
|
||
|
SUCRE
|
20
|
||
|
TOLIMA
|
29
|
||
|
VALLE
|
6
|
||
|
TOTAL
|
132
|
||
Post scritum:
Fuero Penal Militar, salvoconducto a la impunidad
Finalmente, quisiera manifestar nuestra preocupación por la reciente
aprobación del Fuero Penal Militar, con el cual se amplían las fuentes
impunidad de crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y deja
abierta la ventana para que se cometan varias violaciones a los Derechos
Humanos.
Bogota, 27 de julio de 2013
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