PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO ENTRE EL MOVICE Y LA
MESA NACIONAL DE VÍCTIMAS PERTENECIENTES A ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA
AUDIENCIA POPULAR EL 27 DE ABRIL
Ponencia presentada por Alfonso Castillo Garzon,
en la audiencia publica al PND,
realizada en el congreso de la república
el día 27 de de abril de 2015
1. El ilusionismo de la PAZ
El Presidente Juan
Manuel Santos ha desarrollado un estilo de gobierno que consiste en hacer
anuncios pomposos y repetirlos decenas de veces hasta crear la sensación de que
cada anuncio es una realidad, de esta manera se hizo con la Idea de que la
economía colombiana estaba blindada frente a la crisis económica mundial, igual
ha sucedido con el logro de la paz, de ella se viene hablando desde el primer
gobierno del Presidente Juan Manuel y si bien es cierto que el Presidente se la
ha jugado por impulsar unas negociaciones con las insurgencias, especialmente
con las FARC-EP, con quien adelanta diálogos en la Habana Cuba hace casi tres
años, también es cierto que dicho proceso está colmado de contradicciones y amenazas, y está motivado en
lo fundamental por la necesidad de desarrollar negocios en condiciones más
favorables a las que se imponen en un país en conflicto.
De esta manera, se
adelanta un dialogo con la insurgencia en medio del conflicto, lo que implica
que los colombianos y en especial los más pobres continúan padeciendo las
consecuencias de la guerra: Desplazamiento forzado, bombardeos, ejecuciones
extrajudiciales, minas antipersonal, y una larga lista de violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El gobierno se
niega a discutir los términos una tregua bilateral, a pesar de varias
iniciativas de la guerrilla por caminar en esa vía. A pesar de los avances, en
la mesa de diálogos de la Habana, también es necesario reconocer que esa misma
agenda está llena de asuntos pendientes entre ellos quizás los aspectos más
problemáticos de la misma agenda.
Pero al mismo
tiempo que se discute en la Habana los términos para la solución del conflicto
armado y el gobierno de Juan Manuel Santos pinta el “paisaje fantástico de la
paz” a través de los medios de comunicación, se impuso una agenda legislativa
contra las libertades democráticas, se recorta y restringe el acceso a los
derechos sociales, se continúa fomentando la impunidad de crímenes cometidos
por agentes estatales, se legisla en favor de la explotación minera, se
continúan criminalizando y estigmatizando la protesta social, al tiempo que se
imponen normas en favor de los agronegocios, la inversión extranjera y la gran
minería depredadora de los recursos naturales, al mismo tiempo las violaciones
a los derecho humanos siguen siendo tan graves como crecientes, al punto que
continúan asesinatos, amenazas desplazamientos contra sindicalistas, defensores
de los derechos humanos, reclamantes de tierras, mientras el paramilitarismo se
fortalece política y militarmente en muchas regiones y las autoridades se
niegan a actuar contra estos.
Es en este marco
que se inscribe el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que actualmente se
discuten el congreso de la república, con el cual el gobierno presentará
brújula que guiara la inversión en el periodo 2014 2018, el cual está lleno,
como su gobierno, de ambigüedades y contradicciones que intentan ocultar el
continuismo de la política extractivista de la locomotora minero energética,
que ahora se pretende poner avanzar a ritmo de tren bala, contra los derechos
de las comunidades y en desmedro de la soberanía nacional.
2. Ricos de nuevo por el país (El verdadero nombre del
plan)
Contrario a lo que
plantea el Presidente Juan Manuel Santos el Plan Nacional de Desarrollo que se
discute, no traerá la paz él está diseñado para atender las exigencias del club
de países ricos (OCDE), al que Colombia pretende ingresar y para ello atiende
juiciosamente la recomendaciones desmontar lo poco que queda estado de derecho,
para convertirse en estado regulador de relaciones económicas capitalistas. Sin
duda se trata de un plan para que los ricos de aquí y de allá, hagan mejores
negocios, con la explotación minera, el desarrollo de infraestructura y los
agronegocios.
Por esta razón el
plan se hace sin incorporar los temas de la agenda que se discute en la Habana,
ni siquiera aquellos temas en los que ya hay acuerdo, tampoco se incorporan las
necesarias reformas para atender la entre los sectores en conflicto social, no
parecen los compromisos con la cumbre agraria, se retrocede lo avanzado en la
mesa de discusión con los estudiantes en relación con la reforma a la educación
superior, tampoco se incorporan los anuncios para superar los problemas de la
salud. En fin, no hay transformaciones de fondo y en cambio sí, profundización
del modelo que sumergió el país en la violencia, el despojo, la depredación
salvaje los recursos naturales y la desindustrialización.
No se trata este
plan, de un ejercicio democrático que prepare el país para el post acuerdo, por
el contrario es el plan de desarrollo para que los ricos saqueen de nuevo el
país, como lo han hecho siempre, no se lograra la equidad, ni la paz, palabras
que se usan, para favorecer los intereses que sectores económicos que sólo
están interesados en aumentar los márgenes de ganancia y utilidad, en sus
inversiones.
3. La materialización de los derechos de las Víctimas
Con lo dicho es
necesario reiterar que el Plan Nacional de Desarrollo, no es el instrumento
para que las víctimas pueden concretar sus derechos a la justicia, verdad, no
repetición, ni mucho menos la reparación integral, una rápida mirada al
presupuesto deja ver con claridad que el propósito del gobierno se centra en
favorecer la infraestructura, el aparato de guerra, mientras que los recursos
para favorecer la economía campesina, la reforma agraria y aun la atención a
las víctimas del conflicto, no son el mejor indicativo de la equidad de la que
tanto se habla. La victimas carecen de instrumentos efectivos que les permitan
conocer la verdad de la vulneración de sus derechos y en ello el documento de
bases del Plan Nacional de Desarrollo no avanza pues no hay un compromiso real
con el fortalecimiento de la rama judicial del poder para que esa mínima
reivindicación sea satisfecha, esto para solo considerar como ejemplo el
derecho a la justicia.
Preocupa en cambio,
como el PND pretende retomar temas ya discutidos como el derecho real de
superficie, el cual fue derrotado por las víctimas y las ONG de derechos
humanos cuando se discutió la ley de víctimas, asimismo el Plan Nacional de Desarrollo
se orienta por la privatización de los
baldíos, estos dos aspectos sólo pretende favorecer los agronegocios en
desprecio de la economía campesina familiar.
No deja de ser
preocupante para las víctimas como el PND ofrecer poca financiación para el
desarrollo de la ley 1448 al punto que debemos hablar de la desfinanciación de
la ley en el próximo cuatrienio, lo que significa que las víctimas deben
prepararse para menos indemnizaciones y menos restitución de tierras, y
desmejora en la calidad de la atención.
No menos preocupante
es el desconocimiento pago omisión por completos del tema de enfoque
diferencial de mujeres, en este sentido el PND no incorpora las disposiciones
jurisprudenciales que exigen la incorporación de enfoques diferenciales para
que las mujeres pueden acceder a sus derechos a la reparación, la atención y la
restitución, ni el presupuesto, ni las metas dejan indicar claramente que el
plan tenga propósitos en este sentido, así las cosas esta es una nueva prueba
que demuestra la inconsistencia del principio denominado de equidad del cual se
van del plan.
4. Desfinanicacion de la ley de Victimas
Llama la atención que aunque en el documento de exposición de motivos se
indique que “…en su compromiso con las
víctimas del conflicto armado colombiano, establece en este Plan Nacional de
Desarrollo acciones enfocadas en avanzar hacia la consolidación de la paz, que
contribuyen al goce efectivo de los derechos de las víctimas, así como a la
reparación integral, conforme a la Ley 1448 de 2011 y a los pronunciamientos de
la Corte Constitucional, especialmente los contenidos en la Sentencia T-025 de
2004 y sus autos de seguimiento”; y de que éste PND sea el Plan del
POSTCONFLICTO, se destine solamente para el financiamiento de mecanismos de
transición $1.435.805 y para la superación del estado de cosas inconstitucional
con la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas el monto de
$8.504.824.
Según el informe de
la Comisión de Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley 1448/2011 en presentado
en julio del año 2014, se concluye en el apartado presupuestal: a) el gasto
presupuestal orientado a las asistencia, atención y reparación integral de las
víctimas del conflicto armado ha registrado una tendencia descendente en los
tres años de aplicación de la Ley; b) el crecimiento económico no refleja una
mayor asignación presupuestal a víctimas; c) Se hace necesario reformular el
plan financiero para ajustar cobertura y gasto en el horizonte propuesto por la
Ley; d) es necesario hacer un mayor esfuerzo fiscal para la asistencia,
atención y reparación a las víctimas, además revisar el CONPES de financiación
de la Ley 1448/2011.
Algunas preocupaciones en torno a la concreción de los derechos de las
victimas consagrados en la ley se sintetizan en los siguientes aspectos
Reparación integral de las
víctimas del conflicto armado
Es necesario destacar que en las bases del plan se avanza
considerablemente en el tema de reparación integral a víctimas, no obstante es
necesario advertir que las metas trazadoras establecidas en las bases no son
coherentes con los siguientes hechos:
ü
El número
de víctimas en Colombia asciende a 7.028.776[1], y la meta de reparación integral por vía
administrativa es de 920.000 para el cuatrienio, lo que equivale solamente al
13% del total de víctimas reportadas en el Registro único de Victimas -RUV-.
ü
El impacto
sobre el total de víctimas que se menciona en el item anterior, podría ser
considerablemente menor, ya que se estima que existe un sub registro de
alrededor de 15%, es decir, que unas 800.000 personas no se encuentran en
ninguna base de datos y que constituyen víctimas del conflicto armado.
ü
El número
de víctimas que recibirían atención sicosocial en el cuatrienio seria de
490.000, es decir, solo el 6.9%.
ü
Más grave
aún, es la meta establecida para la formación de víctimas en el marco de las
rutas de auto empleo y empleo para la reparación integral, que es tan solo de
18.500, contradiciéndose con el objetivo del plan de lograr la estabilización
socio económica de las víctimas, y una reparación transformadora. Teniendo en
cuenta que la línea base para 2014 es de 10.500, solo se aumentaría la atención
en 8.000 personas durante 4 años.
ü
En lo que
respecta a la meta de víctimas indemnizadas durante el cuatrienio, no es
coherente que para cuatro años solo se indemnizarían 9.174 personas.
Superación de la situación de
vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado por la violencia
En este ítem de las bases del PND se evidencia la ampliación de las
acciones que buscan asegurar la existencia de condiciones para la superación de
la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado, no
obstante se anota que:
Si bien es necesario el fortalecimiento del rol de la Unidad de Víctimas
y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no se
puede eliminar de tajo la responsabilidad del Bienestar Familiar y los entes
territoriales en el proceso de atención integral (especialmente en materia de
alimentación y albergue temporal como parte de las medidas de asistencia de
emergencia), ya que la unidad no cuenta con presencia en todo el país.
Adicionalmente, el establecimiento de criterios para determinar que un
hogar desplazado ya no tiene carencias asociadas a la “Subsistencia mínima”
como estrategia para determinar que este ha salido de las condiciones de
vulnerabilidad, es una perspectiva demasiado básica y simplista, ya que el
enfoque de la reparación debe ser transformador, es decir, que las personas
reparadas no queden en las mismas condiciones “mínimas” en las que estaban
antes de su desplazamiento, sino que efectivamente hayan elevado su nivel de
vida, garantizando así la no repetición de los hechos.
De la misma manera, el establecimiento de dichos criterios debe ser
extensivo a todos los demás hechos victimizantes.
Con referencia a las metas trazadoras, es de anotar que como en el caso
anterior estas son muy bajas con respecto a la realidad nacional, así:
ü
Teniendo
en cuenta que el número de víctimas de desplazamiento forzado es de 6.044.151[2], la meta de 500.000 personas víctimas que han
superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento es
irrisoria.
ü
La línea
base del porcentaje de hogares que reciben soluciones de vivienda urbana, que
son víctimas de desplazamiento forzado es del 50%, y la meta para el cuatrienio
es el mismo 50%, lo cual es inconsistente con el objetivo de garantizar a las
víctimas el goce efectivo de derechos.
ü
Una meta
de 23.000 soluciones de vivienda rural, que en términos absolutos representaría
un aumento para el cuatrienio de 17.534 es demasiado baja, teniendo en cuenta
el gran número de desplazados reportados en el RUV.
Reparación Colectiva a víctimas
del conflicto armado
Establecer en las bases
del PND que se avanzará en la implementación de la estrategia de reparación
colectiva de las víctimas por medio del “desarrollo de acciones simbólicas”, lo
que equivale a la construcción de monumentos y las denominadas “obras de
infraestructura social”; en esta lógica, estas pueden constituir un componente
de la reparación, sin embargo estas acciones no suponen reparación colectiva, máxime si se considera que la reparación debería suponer el restablecimiento de los sujetos políticos
Retornos y reubicaciones urbanas
de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y restitución de
tierras
Hay alrededor de
1.390.000 hogares en condición de desplazamiento, por lo que las metas
trazadoras son considerablemente bajas y no responden al objetivo del PND de
lograr una paz estable y duradera.
Adicionalmente está
el tema de la asignación de recursos que según indicadores de las instituciones
encargadas de implementar las acciones de atención y reparación existe un
déficit presupuestal en los siguientes items:
1. Prevención
atención a la población desplazada nivel nacional (APD) para el 2015 un total de
$799.340 millones de pesos, de los cuales fueron aprobados $685.057 millones
2. Implementación
de las medidas de reparación colectiva a nivel nacional. para lo cual se desarrollan medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en su dimensión
material, política y simbólica. Para cumplir con dichas acciones, la Unidad
solicitó $117.500 millones de pesos para el 2015, pero una vez comunicada la
cuota de inversión presupuestal solamente fue posible asignar a este
proyecto $30.000 millones de pesos.
3. Implementación
de procesos de retorno o reubicación de víctimas de desplazamiento forzado, en
el marco de la reparación integral a nivel nacional. Se habían solicitado $69.932
millones de pesos, pero al distribuir los recursos solo fue posible asignarle
al proyecto un total de $6.000 millones de pesos
4. Entidades
territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional.
solicitado
$27.916 millones de pesos, pero al distribuir los recursos comunicados solo fue
posible asignarle al proyecto el mismo valor del 2014, un total de $18.000
millones de pesos.
Reparación Integral
a Víctimas Actualmente hay un déficit de más $270.000 millones para atender AHE
y los recursos dispuestos en el plan plurianual no se incluyen recursos para
indemnizar de población desplazada–Costo5.7 billones.
El CONPES 3726
establece 3 millones de víctimas con atención psicosocial a 2021, y se han
atendido 4.435 víctimas (SISMEG 31-12-2014). Al bajar la meta PND a 490.000 se
genera una brecha de 1.565.194 víctimas no atendidas.
Consideraciones al articulado
De la misma manera que en el proyecto de ley integraron artículos
referentes a la política pública para la atención de personas con discapacidad,
para niños, niñas y adolescentes, entre otros, es importante agregar un
artículo que explicite la Consolidación de la Política Pública de Equidad de
Género y de protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del
conflicto armado.
El artículo 114 referido a los Criterios de salida de la ruta de
Reparación Administrativa, por el cual se reglamentarían las acciones y
condiciones con las cuales se entiende que el Gobierno ha garantizado la
reparación administrativa a las víctimas, es insuficiente en concordancia con
el enfoque de reparación integral. Es necesario establecer un conjunto de
criterios que den cuenta de cuando una víctima ha sido reparada en todas las
dimensiones, y no solo administrativamente.
Frente al artículo 118 que refiere a la atención integral a víctimas y
que modifica los artículos 47 y 65 de la ley 1448 de 2011, se suprime la
responsabilidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de brindar a las
víctimas parte de la atención humanitaria de emergencia, trasladando dicha
carga a la Unidad de Víctimas, sin embargo, es necesario que se tome en
consideración que esta no tiene cobertura en todo el país, especialmente en las
áreas más alejadas de los centros poblados, como si lo tiene el ICBF.
5. Recomendación y propuestas
Incorporar al
articulado el PND en discusión y respectivo presupuesto, todos los temas del
agenda acordados en la Habana de manera conjunta
1.
Incorporar el derecho a la verdad como derecho
de las víctimas y la sociedad colombiana para la superación del conflicto
armado y el logro de la paz duradera y estable
2.
Incorpora reformas de fondo a la ley 1448/11 en
los siguientes aspectos:
- Montos de la indemnización
- Restitución de tierras
- Participación efectiva.
- Vivienda y tierras como mecanismo de ayuda humanitaria transitoria y no de reparación como sucede actualmente
4.
Ajustar las metas del PND de tal manera que
permitan pie las coberturas de atención, reparación y restitución por lo menos en
el 50% de lo que actualmente están planteadas.
5. Suprimir del articulado del proyecto de ley de PND,
los artículos 47, 48, 49, 117 y 118, por considerarlo regresivos y lesionar los
intereses de las víctimas del conflicto armado.
Llamamiento al movimiento de víctimas.
Hacer un llamado al
movimiento de víctimas y al movimiento popular, a fortalecer los procesos
organizativos y de movilización, sólo allí está la posibilidad a garantizar el
goce efectivo de los derechos, exhortamos a vincularse activamente a siguientes
actividades
- Jornada de movilización del 1 de mayo
- Exigirle real reparación en el marco de la conmemoración que seguramente realizará el gobierno, de los 4 años de promulgación de la ley de víctimas, el próximo 10 de junio.
- Visibilizar la problemática de las víctimas en cada una de las localidades y territorios del país, impulsando foros con los candidatos a las corporaciones públicas que se elegirán el próximo 25 de octubre de 2015.
Abril 27 de 2015,
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