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Coincidimos en la crítica al proceso de restitución, pero no estamos en la misma orilla.

Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
+57 3102125193
twitter:@castilloalfo
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Tremenda polémica se ha desatado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez, motiva el Rifi-Rafe el proceso de restitución que actualmente se adelanta en el país en cumplimiento de la ley 1448 de 2011, mejor conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, que este año arriba a sus 5 años de ejecución y cuyas cifras de reparación a las víctimas y restitución de tierras han motivado que organizaciones de víctimas a lo largo y ancho del país consideren que esta ley ha fracasado en ese propósito.

Infortunadamente hoy tenemos que coincidir con el Procurador en el balance de la Ley. Sin embargo ante la sentencia qué es la misma en todo caso. La Ley a merita cambios, pero no podemos compartir las razones esgrimidas por el señor Procurador, por cuanto, esto no es actuar en favor de las víctimas y en cambio sí, hacer un flaco favor a los victimarios.

En todo caso es urgente que el país modifique la mencionada ley para devolver la tierra a quienes perdieron, a causa de la guerra provocada por algunos sectores poderosos, contra el campo y el campesinado colombiano, provocando muerte, miseria y usurpación de tierras. La coincidencia con el señor procurador en el balance la ley de víctimas NO nos coloca en la misma orilla

Usted señor procurador, sale ahora en defensa de los “terceros de buena fe” que alegan ser propietarios de predios en zonas donde hace 20 o 25 años se instaló un proyecto militar y paramilitar, sembrando terror, generando masacres y el miedo, provocando el desplazamiento y el abandono de predios, que pocos años después pasaron a ser “propiedad” de empresarios y terratenientes, que se hicieron a estas tierras en operaciones inmobiliarias fraudulentas, con la complicidad de autoridades civiles que permitieron estos atropellos y abusos, sin tener en cuenta que esas operaciones provenían de la guerra que se desarrollaba en esas zonas

Las víctimas y sus organizaciones en cambio, hemos advertido aún desde la misma expedición de la ley hace 5 años, que está no garantizaba a las víctimas las suficientes condiciones para acceder a su derecho a la restitución, precisamente por las presiones que ejercían en esas zonas los despojadores, para defender su apropiación ilegal. Más aún las pobres cifras de la restitución de tierras dan cuenta del fracaso de la ley, en 5 años sólo el 3% de los predios de los 73.175 predios que solicitan restitución han tenido fallos resolutorios devolución a sus legítimos propietarios, es decir que con sólo 200.000 hectáreas restituidas, la ley de víctimas está lejos de devolver los seis millones de hectáreas que fueron despojadas por la fuerza, la violencia y la ausencia del Estado para proteger a humildes campesinos, que no contaron con ninguna autoridad que protegiera sus bienes o su derecho a la vida.

Resulta cuando menos curioso, que el señor Procurador, salga hacer todo este escándalo para favorecer a unos pocos “afectados” por el proceso de restitución seguramente “prominentes empresarios” de la Palma o “inocentes” ganaderos, que vieron agrandar el tamaño de sus predios, con el paso de  las hordas paramilitares comandadas por Salvatore Mancuso, Jorge 40 y otros jefes paramilitares que se movían por tierras del sur de Bolívar y César y en los departamentos de Magdalena. Córdoba y sucre, con la complacencia de la fuerza pública y autoridades civiles, locales y nacionales. Hechos ante los cuales, la procuraduría en pocas ocasiones se ha pronunciado al respecto y más bien aguardado cómplice silencio.

Son miles las denuncias que las organizaciones de derechos humanos y de víctimas han presentado a las autoridades judiciales y de control, demandando seguimiento a la actuación y comportamiento de las autoridades cómplices del despojo y de la violación a los Derechos Humanos, que al cabo del tiempo se han quedado sin respuesta y en la más profunda impunidad.

Hoy continuamos exigiendo modificaciones a la ley de víctimas, que permitan acelerar el proceso de restitución, creando un procedimiento administrativo en aquellos casos donde no hay conflicto de reclamantes, pero al mismo tiempo, esperamos que se implemente prontamente los acuerdos de tierras surgidos de La Habana y el país pueda asistir a la entrega gratuita de tierras a los campesinos y víctimas que quieran desarrollar la economía campesina, al tiempo que se pueda conocer toda la verdad de los máximos responsables y beneficiarios del despojo y la violencia, que seguramente ordenaron algunos de esos empresarios y terratenientes, mismos que el procurador hoy defiende con tanta vehemencia.


Bogotá, 12 de abril de 2016.

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