Coincidimos en la crítica al proceso de restitución, pero no estamos en la misma orilla.
Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
+57 3102125193
twitter:@castilloalfo
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Tremenda polémica se ha desatado entre el gobierno de Juan
Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez, motiva el Rifi-Rafe el proceso
de restitución que actualmente se adelanta en el país en cumplimiento de la ley
1448 de 2011, mejor conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, que
este año arriba a sus 5 años de ejecución y cuyas cifras de reparación a las
víctimas y restitución de tierras han motivado que organizaciones de víctimas a
lo largo y ancho del país consideren que esta ley ha fracasado en ese propósito.
Infortunadamente hoy tenemos que coincidir con el Procurador
en el balance de la Ley. Sin embargo ante la sentencia qué es la misma en todo
caso. La Ley a merita cambios, pero no podemos compartir las razones esgrimidas por
el señor Procurador, por cuanto, esto no es actuar en favor de las víctimas y
en cambio sí, hacer un flaco favor a los victimarios.
En todo caso es urgente que el país modifique la mencionada
ley para devolver la tierra a quienes perdieron, a causa de la guerra provocada
por algunos sectores poderosos, contra el campo y el campesinado colombiano,
provocando muerte, miseria y usurpación de tierras. La coincidencia con el
señor procurador en el balance la ley de víctimas NO nos coloca en la misma
orilla
Usted señor procurador, sale ahora en defensa de los “terceros
de buena fe” que alegan ser propietarios de predios en zonas donde hace 20 o 25
años se instaló un proyecto militar y paramilitar, sembrando terror, generando masacres
y el miedo, provocando el desplazamiento y el abandono de predios, que pocos
años después pasaron a ser “propiedad” de empresarios y terratenientes, que se
hicieron a estas tierras en operaciones inmobiliarias fraudulentas, con la
complicidad de autoridades civiles que permitieron estos atropellos y abusos,
sin tener en cuenta que esas operaciones provenían de la guerra que se
desarrollaba en esas zonas
Las víctimas y sus organizaciones en cambio, hemos advertido
aún desde la misma expedición de la ley hace 5 años, que está no garantizaba a
las víctimas las suficientes condiciones para acceder a su derecho a la
restitución, precisamente por las presiones que ejercían en esas zonas los
despojadores, para defender su apropiación ilegal. Más aún las pobres cifras de
la restitución de tierras dan cuenta del fracaso de la ley, en 5 años sólo el
3% de los predios de los 73.175 predios que solicitan restitución han tenido
fallos resolutorios devolución a sus legítimos propietarios, es decir que con
sólo 200.000 hectáreas restituidas, la ley de víctimas está lejos de devolver
los seis millones de hectáreas que fueron despojadas por la fuerza, la
violencia y la ausencia del Estado para proteger a humildes campesinos, que no
contaron con ninguna autoridad que protegiera sus bienes o su derecho a la vida.
Resulta cuando menos curioso, que el señor Procurador, salga
hacer todo este escándalo para favorecer a unos pocos “afectados” por el
proceso de restitución seguramente “prominentes empresarios” de la Palma o “inocentes”
ganaderos, que vieron agrandar el tamaño de sus predios, con el paso de las hordas paramilitares comandadas por
Salvatore Mancuso, Jorge 40 y otros jefes paramilitares que se movían por
tierras del sur de Bolívar y César y en los departamentos de Magdalena. Córdoba
y sucre, con la complacencia de la fuerza pública y autoridades civiles,
locales y nacionales. Hechos ante los cuales, la procuraduría en pocas
ocasiones se ha pronunciado al respecto y más bien aguardado cómplice silencio.
Son miles las denuncias que las organizaciones de derechos
humanos y de víctimas han presentado a las autoridades judiciales y de control,
demandando seguimiento a la actuación y comportamiento de las autoridades cómplices
del despojo y de la violación a los Derechos Humanos, que al cabo del tiempo se
han quedado sin respuesta y en la más profunda impunidad.
Hoy continuamos exigiendo modificaciones a la ley de
víctimas, que permitan acelerar el proceso de restitución, creando un
procedimiento administrativo en aquellos casos donde no hay conflicto de
reclamantes, pero al mismo tiempo, esperamos que se implemente prontamente los
acuerdos de tierras surgidos de La Habana y el país pueda asistir a la entrega
gratuita de tierras a los campesinos y víctimas que quieran desarrollar la
economía campesina, al tiempo que se pueda conocer toda la verdad de los
máximos responsables y beneficiarios del despojo y la violencia, que
seguramente ordenaron algunos de esos empresarios y terratenientes, mismos que
el procurador hoy defiende con tanta vehemencia.
Bogotá, 12 de abril de 2016.
