Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
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...O como arruinar un proceso de paz en un FAST – TRACK
Después del 2 de octubre el país
entro en un extraño proceso que transita entre la esperanza de la paz, y un
intento de ciertos sectores de prolongar la guerra, la violencia, y el miedo
como instrumento de dominación de la voluntad popular. Este fenómeno se ha
manifestado en múltiples formas, entre las que se pueden identificar, el
proselitismo fundamentado en la mentira
sobre el acuerdo de géneros, la ofensiva legislativa que pretende salirle
al paso al acuerdo agrario y la campaña mediática pretendiendo señalar el
acuerdo de paz como un ejercicio de impunidad y beneficios “extraordinarios” para los guerrilleros de las FARC –EP. Al
mismo tiempo que se desata en zonas de influencia de las FARC, una oleada de
amenazas, agresiones y asesinatos contra líderes sociales y populares,
particularmente vinculados a la defensa del territorio, el agua y la lucha
campesina.
Es bueno señalar que los ataques
contra el Movimiento Social y popular de oposición al establecimiento, ha sido
una constante en los últimos 50 años de
historia del país, motivada por una matriz anti-comunista desarrollada por el estado
colombiano, como parte de la guerra contra insurgente promovida desde el
gobierno Norte-americano, con la cual se impulsó el exterminio del movimiento gaitanista, la
continua y sistemática persecución al Partido Comunista; la liquidación del
movimiento campesino y cívico en los
años 70, seguido por una campaña de desprestigio y estigmatización contra el
movimiento sindical, juvenil y de derechos humanos, que posteriormente se
tradujo en la creación del
paramilitarismo y el genocidio contra la
UP, A Luchar y el frente Popular y todo aquello que representara una amenaza,
contra las políticas económicas y anti-democráticas, pretendidas por el
gobierno, de este plan no escaparon ni
comunidades religiosas, ni el movimiento de mujeres, que también fueron y son
discriminadas por el estado atreves de organismos de inteligencia como el DAS
entre otros; así como su Para-estado ilegal el paramilitarismo.
Sin embargo y reconociendo que el
asesinato de líderes sociales es una constante en la historia reciente del país,
es necesario caracterizar la actual oleada de homicidios y amenazas, como
un plan bien orquestado, desde sectores
de las fuerzas militares, la ultra-derecha y seguramente grupos económicos, a
quienes no les conviene el avance del actual proceso de paz, por cuanto ven
amenazados los intereses político-económicos, con el impulso de la
implementación del acuerdo de paz, en especial el papel de las víctimas en la conformación
de la comisión verdad, que permitirá que el país se aproxime al conocimiento de la verdad histórica, y en
la concreción del acuerdo de Reforma Rural Integral que podría amenazar sus
riquezas adquiridas ilegalmente en el desarrollo de la guerra. Esta nueva fase de asesinatos se inscribe entonces
en el miedo que provoca a las elites vinculadas a la guerra contra el pueblo si el nuevo acuerdo final firmado el 24 de
noviembre de 2016 se empieza a cumplir tal como está escrito.
Lo que denotan estos asesinatos,
ocurridos en estos dos meses, y que golpea a militantes del PCC – UP y Marcha Patriótica especialmente, así como a
sectores campesinos, es un ataque al proceso de paz, y a la etapa que sigue que
es la consolidación del proceso de dejación de armas y la conversión de las FARC
en proyecto político, temen las elites guerreristas del país, que un nuevo
actor político les disputen los escenarios de participación que ellos han
mantenido históricamente, para mantener sus privilegios político económicos.
Amenazas y asesinatos, tienen el
macabro propósito, de hacerle creer a comunidades, organizaciones y militantes,
que se puede repetir el genocidio contra la UP, la intención es en todo caso,
generar miedo y de alguna manera contrarrestar la simpatía que pueda traer el lanzamiento del nuevo proyecto
político de las FARC, que se ha lanzado esta semana “Voces de paz”.
La responsabilidad de poner fin a
esta criminal practica de usar las armas para hacer política es del gobierno y
el estado colombiano, para ello hace falta una acción más decidida de desmonte
del paramilitarismo, lanzando una política de persecución a su estructura
militar, judicialización y sanción penal a sus miembros y conocimiento de la
verdad de toda la estructura económica y social que soporta la existencia de este
para estado, igualmente, hay que perseguir el andamiaje económico, que soporta la
corrupción, narcotráfico y redes de micro y narcotráfico en el que se sustenta
el para militarismo.
No menos importante es el
fortalecimiento de los procesos organizativos y comunitarias, que permita a las
organizaciones entender la complejidad y trascendencia de este momento histórico,
y así desarrollar una movilización política más articulada y sistemática en
favor de la paz con justicia social, de lo contrario estará el país asistiendo
a la perdida de oportunidad de terminar la guerra, exigiendo el pronto comienzo
de los diálogos con el ELN y detener toda la política social y económica que
promueve el propio gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, y estaríamos a
una forma de arruinar el proceso de paz, en un FAST TRACK.
Bogotá 16 de diciembre de 2016.
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