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Colombia: Genocidio social y político, gota a gota.




Alfonso Castillo
Defensor de los Derechos Humanos
hojasuelta0@gmail.com


Persecución a líderes sociales una constante de nuestra “democracia”

Resultado de imagen para asesinato de lideresEn el período de transición del gobierno Santos a Duque, se ha incrementado de manera considerable el asesinato de líderes y lideresas en varios territorios del país, sin embargo este fenómeno ha estado presente, como estrategia de las élites dominantes, contra los movimientos sociales alternativos y contra todo aquello que signifique una disputa o desafío a sus privilegios, 200 años de historia politica, constatan esta violenta realidad. Las amenazas, estigmatizaciones y asesinatos de líderes sociales y de sectores de izquierda o democráticos son una constante en la historia de nuestro país, un rápido repaso de la violencia socio-politica nos muestra varios ejemplos de los cuales debemos tomar las lecciones necesarias para entender el carácter violento de nuestra clase dirigente.

Pocos años después de lograrse la “derrota” del imperio español por parte de Simón Bolívar, este fue objeto de un atentado en la llamada “noche septembrina” 25 de septiembre de 1828 justamente porque las élites veían como una amenaza la presencia libertador y su idea de consolidar una nación independiente y soberana. Luego el General José María Melo tras haber liderado la revolución de los artesanos el 17 de abril de 1854 y gobernar el país con tesis democrático liberales durante algunos meses, fue derrocado por una coalición militar de las élites liberales y conservadores. juzgado y condenado al destierro del país en 1855.

Pero es en el siglo 20 cuando la clase dirigente del país muestra su odio de clase contra los sectores populares y aún contra los de su misma clase que se atreven a plantear alternativas al modelo de privilegios que ellos ostentan.

Así, el dirigente liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914 en una esquina de la plaza de Bolívar, su “crimen” fue haberse destacado por la defensa de los derechos de los trabajadores.

En 1928 el 6 de diciembre se presenta la masacre de las bananeras un crimen de estado cometido por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, que condenó a la muerte a centenares de trabajadores de la United Fruit Company, que protestaban por sus derechos laborales, en Ciénaga Magdalena y toda la región bananera de la costa atlántica, Humildes trabajadores de la compañía en manifestación, fueron asesinados por tropas enviadas por el gobierno central que obedecía órdenes de la compañía trasnacional.

Resultado de imagen para jorge eliecer gaitanPosteriormente, como todo el país conoce el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán en una conspiración de las élites conservadoras y liberales, a quiénes incomodaba la enorme simpatía que despertaba el discurso social promovido por Gaitán, tras su asesinato las propias élites promovieron un ejercicio de violencia en distintas regiones del país que culminó con el despojo de millones de hectáreas a campesinos en tierras planas qué se dedicaron posteriormente al desarrollo de la agroindustria. Igualmente esta página de la violencia en Colombia provocó una enorme masa de campesinos desplazados que tuvieron que irse a las grandes ciudades creando por primera vez en la historia nacional los cinturones de miseria.

La denominada violencia política desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán provocó que un grupo de campesinos de distintas regiones se constituyeron en autodefensas campesinas o “Guerrillas liberales”, para defender su derecho a estar en la tierra y el territorio, las élites lanzaron una fuerte ofensiva represiva sobre estas guerrillas, entre las que se destacan las guerrillas liberales del Llano comandados por Guadalupe Salcedo, quien posteriormente participó en un acuerdo de paz con el gobierno de la junta militar, el 15 de septiembre del año de 1953, logrando la desmovilización de este proyecto de resistencia campesina, 4 años después de haberse dedicado a actividades particulares, Guadalupe Salcedo, fue asesinado en una calle Bogotana, En hechos atributos a la policía nacional que disparó cuando Salcedo estaba desarmado y con las manos en alto, igual sucedió con otros comandantes guerrilleros que hicieron parte de ese proceso.

Durante los años de la llamada “violencia” 1948 a 1957 las élites facilitaron la llegada al poder de una junta militar y posteriormente la instauración de un gobierno bajo la conducción del General Gustavo Rojas Pinilla, en este régimen militar fueron comunes las persecuciones, detenciones arbitrarias de líderes sociales y sindicales, y extralimitaciones de la fuerza. Uno de esos acontecimientos fue la masacre de estudiantes en Bogotá ocurrida el 9 de junio de 1954 en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del asesinato de otro dirigente estudiantil Gonzalo Bravo Pérez, cuando se manifestaban en rechazo a la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1929. En la movilización del 9 de junio cerca de 10.000 estudiantes fueron contenidos por tropas denominado Batallón Colombia recientemente llegado de la guerra de Corea, en la masacre fueron asesinados 9 estudiantes entre quienes se destaca Uriel Gutierrez, además fueron heridos a bala más de 20 jóvenes.

Posterior a la Dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, las élites establecieron un pacto de gobernabilidad denominado el “Frente Nacional” a través del cual se alternaban el poder entre liberales y conservadores y repetían milimétricamente la cuota burocrática en el Estado. Una característica particular del periodo del frente nacional, fue gobernar bajo la figura permanente, del estado de sitio al amparo del artículo 121 de la Constitución de 1886, bajo la cual las elites se valieron del uso de la violencia institucional para detener el ascenso de las luchas sociales y populares, justificándose en tesis de la amenaza Comunista en la etapa posterior de la revolución cubana y hasta la década de los 70 y 80. Fueron característicos de este periodo las detenciones arbitrarias, los consejos verbales de guerra, la detención-desaparición y la estigmatización a líderes de izquierda, se trató de una democracia sometida a la voluntad y la arbitrariedad del poder militar, fueron tantos los abusos cometidos por las fuerzas militares que el país se colocó en el ojo del huracán y la comunidad internacional se interesó en la situación de Derechos Humanos en el país y se establecieron oficinas de la comunidad internacional para observar el respeto a los derechos humanos.

Ya en los años 80 con las llamadas de la comunidad internacional sobre la grave problemática de Derechos Humanos en el país y ante la necesidad de imponer el modelo económico de explotación y despojo más salvaje y violento como lo es el neoliberalismo, las élites colombianas apelaron el modelo propuesto es los manuales de guerra norteamericanos, y sin ninguna vacilación se desarrolló el paramilitarismo, primero como una estrategia de limpieza social y rápidamente como proyecto político de exterminio de la izquierda y el movimiento sindical y social.

Las élites buscaban frenar el avance de las luchas populares, que había tenido logros tan importantes como el paro cívico de 1977 y el avance de la unidad del movimiento sindical materializado desde 1986 con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores y salir al paso al crecimiento de los sectores alternativos al bipartidismo frente nacionalista, como lo podría ser la Unión Patriótica surgida de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1985, o el nuevo liberalismo, así como el avance de un importante movimiento cívico, y un colorido movimiento cultural por la paz que se había desarrollado en el país en la década de los 80.

Unión Patriótica: Una luz de esperanza apagada a plomo.

Resultado de imagen para asesinato de lideresVino entonces el surgimiento (1985) y posterior genocidio de la Unión Patriótica, y de otros sectores políticos y sociales. Rápidamente La Unión patriótica surgida de los acuerdos de paz de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, se constituyó como una alternativa de participación política de sectores históricamente excluidos. Ya para la 1986 y la primera elección Popular de alcaldes, el Movimiento Político Unión Patriótica logra obtener una buena representación de alcaldes, concejales, diputados en distintas regiones del país, este hecho particular, fue visto como una amenaza para las élites liberales y conservadoras y de inmediato se inició contra la unión patriótica una oleada criminal que se tradujo en el genocidio político más atroz que entre 1985 y el año 2002 cuando perdió la personería jurídica, registraba el asesinato de no menos de 5000 dirigentes, activistas y simpatizantes, del proyecto político, esta situación también se presentó en ese período contra el movimiento sindical, las organizaciones sociales y contra otros movimientos alternativos de izquierda surgidos de los procesos de negociación y diálogo entre gobierno y las guerrillas. Los responsables de este genocidio fueron sin duda alguna las órdenes impartidas desde sectores del Estado colombiano, particularmente las fuerzas militares qué directa o indirectamente a través de los grupos paramilitares, respaldaron completamente esta ofensiva criminal contra el movimiento popular en el país.

Resultado de imagen para asesinato de lideresDe esta manera durante las décadas del 80 y 90 y comenzando El Siglo XXI fueron de intenso desarrollo de una política criminal de paramilitarismo, impunidad, configurando un panorama de criminalidad estatal,  cuyo resultado de la estrategia gubernamental es bien conocido, después de 20 años de implementación del modelo criminal: 10.000.000 de hectáreas de tierras despojadas y con nuevos propietarios, entre terratenientes transnacionales, militares y políticos, mayores beneficiarios de la guerra desatada contra los sectores campesinos y populares. Tras 20 años de implementación de la política del enemigo interno el país asiste a una tragedia humanitaria, qué significa cerca de 10 millones de víctimas, entre mujeres, niños y niñas, comunidades y organizaciones afectadas por graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, distintos gobiernos en este periodo se valieron del paramilitarismo para implementar una política criminal que les permitió no solamente provocar un grado exterminio sobre el movimiento social, sino y fundamentalmente apropiarse de territorios con gran riqueza económica, geoestratégica y política. El resultado: El genocidio político contra La Unión patriótica, Exterminio físico de distintas comunidades étnicas,  afrodescendientes e indígenas en distintas regiones del país, y la consolidación de un modelo económico que desmontó el estado social de derecho, suprimió las conquistas laborales y sociales, perjudicando a sectores que vieron perder sus derechos al trabajo digno, a la educación y a la salud, la disminución de la democracia, en medio de un país que celebraba la constitución del 91 como un avance para la paz,  que nunca llegó y por el contrario se asistió al crecimiento de la violencia, la impunidad y el gobierno de mafias corruptas que aún disfrutan de las mieles del poder.

En medio este panorama el estado, no sólo apeló a la estrategia paramilitar, Incluso se valió de estrategias de aniquilación y exterminio contra el movimiento social apoyándose en instituciones del estado como, la FISCALÍA o el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el cual fue usado para recoger la información de  inteligencia necesaria para proveer de información sobre los movimientos sociales, periodistas críticos y líderes de la izquierda,  que se entregaba a los grupos paramilitares, para concretar los montajes judiciales y encarcelamiento o su eliminación física, además en el marco de la guerra interna en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó la estrategia a través de las cuales las fuerzas militares “daban de baja a civiles” para ser presentados como combatientes dados de baja, en lo que se ha denominado como los falsos positivos, lo cual significó el asesinato de más de 5.000 personas especialmente jóvenes de sectores populares que fueron asesinados para “mostrar resultados” en la lucha contra la insurgencia. Esta política criminal se sustenta bajo la tesis del enemigo interno, allí se origina para el presente periodo, contado a partir de la década de los 60 la justificación de esta oleada criminal contra el movimiento social y popular con la cual se justifica el asesinato de todo aquello que se presenta o se presume puede ser una amenaza para el estado y sus intereses de clase, esta tesis fue promovida desde los manuales de guerra norteamericanos adoptados fielmente por el ejército de nuestro país.

Resultado de imagen para asesinato de lideresLos últimos 6 años sectores democráticos depositaron las esperanzas de la paz y el fin de la guerra en el proceso de diálogo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC que se llevó a cabo en la Habana y que culminó con la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016. El contenido del acuerdo a pesar de una ofensiva de la ultraderecha mediante engaños y medios que le propinó una primera estocada en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, pero que hoy por hoy, sigue siendo un poderoso instrumento para la transformación democrática del país y un paso efectivo para la terminación de la guerra,  la derrota de la impunidad y el logro de una reconciliación por cuenta del conocimiento de la verdad, pilar fundamental de la justicia alternativa consagrada en el acuerdo.

No obstante el mencionado acuerdo no ha sido posible hacerlo realidad, hasta ahora sólo se ha cumplido la parte que compromete el esfuerzo de la insurgencia (concentración, desarme y conformación de un partido político). Mientras que el gobierno ha incumplido sistemáticamente los pactado en la habana: Liberación de los prisioneros, adecuación y sostenimiento de las zonas veredales, presentación inoportuna y faltas de consulta a las organizaciones, de las normas para el trámite del proceso Fast Track, ante el congreso de la república, ausencia de compromiso de la bancada gubernamental para defender el trámite de las circunscripciones especiales de paz para las víctimas,  así como, la negligencia para defender la jurisdicción especial para la paz, y quizá lo más grave, la indiferencia frente al tema del aumento de amenazas, estigmatizaciones y asesinato de líderes sociales y ex combatientes de la guerrilla, que a la fecha del presente artículo superan los 300 asesinatos, desde el primero de enero del 2016, mientras que el plan para el desmonte efectivo el paramilitarismo pareciera quedarse en anuncios de prensa.

Cómo queda claro, amenazas y el asesinato de  integrantes del movimiento social en Colombia son una constante histórica, utilizada por las élites con el ánimo de ampliar y mantener privilegios para ellas, para ello ha acudido a la estrategia de la violencia contra el pueblo con el propósito de silenciar o liquidar su capacidad de reacción y resistencia.

Asesinatos a líderes y masacres estrategia de desprestigio o anuncio?

Sin embargo conviene dar un vistazo a las características de la más reciente ola de asesinatos y amenazas a los líderes sociales en el periodo de la transición del gobierno Santos/Duque, que permita identificar algunas características que llama la atención:

En primer lugar señalar la conveniencia que tiene para la ultraderecha guerrerista la persistencia de grupos armados al margen de la ley llámense paramilitares, bandas emergentes o criminales y aún disidencias engrandecidas de las guerrillas, cárteles del narco y micro tráfico de estupefacientes, águilas negras, rastrojos, etc, porque con su existencia se justifica la prolongación de una guerra y con ella el gigantesco negocio que está significa para el mando militar y sectores que en el pasado y presente se lucraron y lucran de la guerra, al tiempo que se impide que la sociedad colombiana conozca la verdad histórica sobre el conflicto armado,  a la que han demostrado le tienen miedo,  muchos sectores políticos y económicos, asociados históricamente con práctica de la violencia contra el pueblo.

No obstante la continuidad y sistematicidad en los asesinatos, esta nuestra segunda hipótesis, llama la atención ocurrido con este tema justo después de la segunda vuelta presidencial que con el triunfo de Iván Duque, como presidente de la república y los no despreciables 8 millones de votos obtenidos por la campaña de la Colombia humana y el anuncio de Gustavo Petro desde el mismo 17 de junio, de colocarse a la cabeza de un movimiento para impulsar la movilización en la calle si fuese necesario. De esta madera las amenazas, como los asesinatos, pueden entenderse como una advertencia que lanza la ultraderecha para anticiparse, frente a lo que será el escenario electoral del 2019 y la disputa de los poderes ejecutivo y legislativos locales y territoriales, con el propósito de infundir miedo y atemorizar a quienes puedan estar interesados en conformar un movimiento social y popular que le dispute a la derecha y a los sectores tradicionales vinculados al poder esos escenarios.

Una tercera hipótesis que no se debe descartar, es la que se asocia con un incremento inusitado de la violencia al final del gobierno de Juan Manuel Santos, para luego a la llegada del nuevo gobierno, justificar el discurso de la seguridad, para respaldar el incremento del presupuesto y autonomía de las fuerzas militares, o aún para aparecer como salvadores de una aguda crisis humanitaria que con su llegada se apacigua.

llama mucho la atención de estas amenazas, que justamente el grupo más activo( agulas negras) en el envío de este tipo de panfletos es el que menos resultados tienen en capturas o desmantelamiento de sus estructuras, como si se tratara de un fantasma que se oculta tras una institución que lo protege, porque lo necesita para continuar adelantando y generando miedo e intimidación al movimiento social, amparado en la práctica de la impunidad y la complicidad institucionalidad, con históricas prácticas de violencia contra la sociedad, las cuales sólo pueden ser enfrentadas desde un ejercicio organizativo y de auto-protección de las comunidades.

Resultado de imagen para asesinato de lideres Finalmente señalar que esta crisis y arremetida contra el movimiento social de oposición sólo se puede enfrentar si se fortalece la articulación de lo popular y se consolidan procesos organizativos, la formación política y la movilización de la ciudadanía exigiendo paz y el respeto a los acuerdos con la insurgencia, ampliación de la democracia, defensa del medio ambiente, verdad histórica y garantías de no repetición, para desde ellos enfrentar la violencia y el retorno a la guerra que no se quiere.

Bogotá 31 de agosto de 2018.

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