Alfonso
Castillo
Defensor
de los Derechos Humanos
hojasuelta0@gmail.com
Persecución a líderes sociales una constante de nuestra
“democracia”
En el período de
transición del gobierno Santos a Duque, se ha incrementado de manera
considerable el asesinato de líderes y lideresas en varios territorios del
país, sin embargo este fenómeno ha estado presente, como estrategia de las élites dominantes, contra los movimientos sociales
alternativos y contra todo aquello que signifique una disputa o desafío a
sus privilegios, 200 años de historia politica, constatan esta violenta
realidad. Las amenazas, estigmatizaciones y asesinatos de líderes sociales y de
sectores de izquierda o democráticos son una constante en la historia de
nuestro país, un rápido repaso de la violencia socio-politica nos muestra
varios ejemplos de los cuales debemos tomar las lecciones necesarias para
entender el carácter violento de nuestra clase dirigente.
Pocos años después
de lograrse la “derrota” del imperio español por parte de Simón Bolívar, este
fue objeto de un atentado en la llamada “noche
septembrina” 25 de septiembre de 1828 justamente porque las élites veían
como una amenaza la presencia libertador y su idea de consolidar una nación
independiente y soberana. Luego el General José María Melo tras haber liderado
la revolución de los artesanos el 17 de abril de 1854 y gobernar el país con
tesis democrático liberales durante algunos meses, fue derrocado por una
coalición militar de las élites liberales y conservadores. juzgado y condenado
al destierro del país en 1855.
Pero es en el siglo
20 cuando la clase dirigente del país muestra su odio de clase contra los
sectores populares y aún contra los de su misma clase que se atreven a plantear
alternativas al modelo de privilegios que ellos ostentan.
Así, el dirigente
liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914 en una esquina de la plaza de
Bolívar, su “crimen” fue haberse destacado por la defensa de los derechos de
los trabajadores.
En 1928 el 6 de
diciembre se presenta la masacre de las
bananeras un crimen de estado cometido por el gobierno conservador de
Miguel Abadía Méndez, que condenó a la muerte a centenares de trabajadores de
la United Fruit Company, que protestaban por sus derechos laborales, en Ciénaga
Magdalena y toda la región bananera de la costa atlántica, Humildes
trabajadores de la compañía en manifestación, fueron asesinados por tropas
enviadas por el gobierno central que obedecía órdenes de la compañía
trasnacional.
Posteriormente,
como todo el país conoce el 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliécer
Gaitán en una conspiración de las élites conservadoras y liberales, a quiénes
incomodaba la enorme simpatía que despertaba el discurso social promovido por
Gaitán, tras su asesinato las propias élites promovieron un ejercicio de
violencia en distintas regiones del país que culminó con el despojo de millones
de hectáreas a campesinos en tierras planas qué se dedicaron posteriormente al
desarrollo de la agroindustria. Igualmente esta página de la violencia en
Colombia provocó una enorme masa de campesinos desplazados que tuvieron que
irse a las grandes ciudades creando por primera vez en la historia nacional los
cinturones de miseria.
La denominada
violencia política desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán provocó
que un grupo de campesinos de distintas regiones se constituyeron en
autodefensas campesinas o “Guerrillas liberales”, para defender su derecho a
estar en la tierra y el territorio, las élites lanzaron una fuerte ofensiva
represiva sobre estas guerrillas, entre las que se destacan las guerrillas
liberales del Llano comandados por Guadalupe Salcedo, quien posteriormente
participó en un acuerdo de paz con el gobierno de la junta militar, el 15 de
septiembre del año de 1953, logrando la desmovilización de este proyecto de
resistencia campesina, 4 años después de haberse dedicado a actividades
particulares, Guadalupe Salcedo, fue asesinado en una calle Bogotana, En hechos
atributos a la policía nacional que disparó cuando Salcedo estaba desarmado y
con las manos en alto, igual sucedió con otros comandantes guerrilleros que
hicieron parte de ese proceso.
Durante los años de
la llamada “violencia” 1948 a 1957
las élites facilitaron la llegada al poder de una junta militar y
posteriormente la instauración de un gobierno bajo la conducción del General
Gustavo Rojas Pinilla, en este régimen militar fueron comunes las
persecuciones, detenciones arbitrarias de líderes sociales y sindicales, y
extralimitaciones de la fuerza. Uno de esos acontecimientos fue la masacre de
estudiantes en Bogotá ocurrida el 9 de junio de 1954 en el marco de la
conmemoración del 25 aniversario del asesinato de otro dirigente estudiantil
Gonzalo Bravo Pérez, cuando se manifestaban en rechazo a la masacre de las
bananeras el 6 de diciembre de 1929. En la movilización del 9 de junio cerca de
10.000 estudiantes fueron contenidos por tropas denominado Batallón Colombia
recientemente llegado de la guerra de Corea, en la masacre fueron asesinados 9
estudiantes entre quienes se destaca Uriel Gutierrez, además fueron heridos a
bala más de 20 jóvenes.
Posterior a la
Dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, las élites establecieron un pacto
de gobernabilidad denominado el “Frente
Nacional” a través del cual se alternaban el poder entre liberales y
conservadores y repetían milimétricamente la cuota burocrática en el Estado.
Una característica particular del periodo del frente nacional, fue gobernar
bajo la figura permanente, del estado de
sitio al amparo del artículo 121 de la Constitución de 1886, bajo la cual
las elites se valieron del uso de la violencia institucional para detener el
ascenso de las luchas sociales y populares, justificándose en tesis de la amenaza Comunista en la etapa posterior
de la revolución cubana y hasta la década de los 70 y 80. Fueron
característicos de este periodo las detenciones arbitrarias, los consejos
verbales de guerra, la detención-desaparición y la estigmatización a líderes de
izquierda, se trató de una democracia
sometida a la voluntad y la arbitrariedad del poder militar, fueron tantos
los abusos cometidos por las fuerzas militares que el país se colocó en el ojo
del huracán y la comunidad internacional se interesó en la situación de
Derechos Humanos en el país y se establecieron oficinas de la comunidad
internacional para observar el respeto a los derechos humanos.
Ya en los años 80
con las llamadas de la comunidad internacional sobre la grave problemática de
Derechos Humanos en el país y ante la necesidad de imponer el modelo económico
de explotación y despojo más salvaje y violento como lo es el neoliberalismo,
las élites colombianas apelaron el modelo propuesto es los manuales de guerra
norteamericanos, y sin ninguna vacilación se desarrolló el paramilitarismo, primero como una estrategia de limpieza social y
rápidamente como proyecto político de exterminio de la izquierda y el
movimiento sindical y social.
Las élites buscaban
frenar el avance de las luchas populares, que había tenido logros tan
importantes como el paro cívico de 1977
y el avance de la unidad del movimiento sindical materializado desde 1986 con
la creación de la Central Unitaria de Trabajadores y salir al paso al
crecimiento de los sectores alternativos al bipartidismo frente nacionalista,
como lo podría ser la Unión Patriótica surgida de los acuerdos de paz entre el
gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1985, o el nuevo liberalismo, así
como el avance de un importante movimiento cívico, y un colorido movimiento
cultural por la paz que se había desarrollado en el país en la década de los
80.
Unión Patriótica: Una luz de esperanza apagada a plomo.
De esta manera durante las décadas del 80 y 90 y comenzando El Siglo XXI
fueron de intenso desarrollo de una política criminal de paramilitarismo,
impunidad, configurando un panorama de criminalidad
estatal, cuyo resultado de la
estrategia gubernamental es bien conocido, después de 20 años de implementación
del modelo criminal: 10.000.000 de hectáreas de tierras despojadas y con nuevos
propietarios, entre terratenientes transnacionales, militares y políticos,
mayores beneficiarios de la guerra desatada contra los sectores campesinos y
populares. Tras 20 años de implementación de la política del enemigo interno el país asiste a una tragedia
humanitaria, qué significa cerca de 10 millones de víctimas, entre mujeres,
niños y niñas, comunidades y organizaciones afectadas por graves violaciones a
los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
distintos gobiernos en este periodo se valieron del paramilitarismo para
implementar una política criminal que les permitió no solamente provocar un
grado exterminio sobre el movimiento social, sino y fundamentalmente apropiarse
de territorios con gran riqueza económica, geoestratégica y política. El
resultado: El genocidio político contra La Unión patriótica, Exterminio físico
de distintas comunidades étnicas, afrodescendientes
e indígenas en distintas regiones del país, y la consolidación de un modelo económico que desmontó el estado social
de derecho, suprimió las conquistas laborales y sociales, perjudicando a
sectores que vieron perder sus derechos al trabajo digno, a la educación y a la
salud, la disminución de la democracia, en medio de un país que celebraba la constitución del 91 como un avance para
la paz, que nunca llegó y por el contrario
se asistió al crecimiento de la violencia, la impunidad y el gobierno de mafias corruptas que aún
disfrutan de las mieles del poder.
En medio este
panorama el estado, no sólo apeló a la estrategia paramilitar, Incluso se valió
de estrategias de aniquilación y exterminio contra el movimiento social
apoyándose en instituciones del estado como, la FISCALÍA o el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, el cual fue usado para recoger la información
de inteligencia necesaria para proveer
de información sobre los movimientos sociales, periodistas críticos y líderes
de la izquierda, que se entregaba a los
grupos paramilitares, para concretar los montajes judiciales y encarcelamiento o
su eliminación física, además en el marco de la guerra interna en el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez se implementó la estrategia a través de las cuales las
fuerzas militares “daban de baja a civiles” para ser presentados como
combatientes dados de baja, en lo que se ha denominado como los falsos positivos, lo cual significó el
asesinato de más de 5.000 personas especialmente jóvenes de sectores populares
que fueron asesinados para “mostrar resultados” en la lucha contra la
insurgencia. Esta política criminal se sustenta bajo la tesis del enemigo
interno, allí se origina para el presente periodo, contado a partir de la
década de los 60 la justificación de esta oleada criminal contra el movimiento
social y popular con la cual se justifica el asesinato de todo aquello que se
presenta o se presume puede ser una amenaza para el estado y sus intereses de
clase, esta tesis fue promovida desde los manuales de guerra norteamericanos
adoptados fielmente por el ejército de nuestro país.
No obstante el
mencionado acuerdo no ha sido posible hacerlo realidad, hasta ahora sólo se ha
cumplido la parte que compromete el esfuerzo de la insurgencia (concentración,
desarme y conformación de un partido político). Mientras que el gobierno ha incumplido
sistemáticamente los pactado en la habana: Liberación de los prisioneros,
adecuación y sostenimiento de las zonas veredales, presentación inoportuna y
faltas de consulta a las organizaciones, de las normas para el trámite del
proceso Fast Track, ante el congreso de la república, ausencia de compromiso de
la bancada gubernamental para defender el trámite de las circunscripciones
especiales de paz para las víctimas, así
como, la negligencia para defender la jurisdicción especial para la paz, y quizá
lo más grave, la indiferencia frente al tema del aumento de amenazas,
estigmatizaciones y asesinato de líderes sociales y ex combatientes de la
guerrilla, que a la fecha del presente artículo superan los 300 asesinatos,
desde el primero de enero del 2016, mientras que el plan para el desmonte
efectivo el paramilitarismo pareciera quedarse en anuncios de prensa.
Cómo queda claro, amenazas
y el asesinato de integrantes del
movimiento social en Colombia son una constante histórica, utilizada por las
élites con el ánimo de ampliar y mantener privilegios para ellas, para ello ha
acudido a la estrategia de la violencia contra el pueblo con el propósito de
silenciar o liquidar su capacidad de reacción y resistencia.
Asesinatos a líderes y masacres estrategia de
desprestigio o anuncio?
Sin embargo
conviene dar un vistazo a las características de la más reciente ola de
asesinatos y amenazas a los líderes sociales en el periodo de la transición del
gobierno Santos/Duque, que permita identificar algunas características que
llama la atención:
En primer lugar
señalar la conveniencia que tiene para la ultraderecha guerrerista la
persistencia de grupos armados al margen de la ley llámense paramilitares,
bandas emergentes o criminales y aún disidencias engrandecidas de las
guerrillas, cárteles del narco y micro tráfico de estupefacientes, águilas
negras, rastrojos, etc, porque con su existencia se justifica la prolongación
de una guerra y con ella el gigantesco negocio que está significa para el mando
militar y sectores que en el pasado y presente se lucraron y lucran de la
guerra, al tiempo que se impide que la sociedad colombiana conozca la verdad
histórica sobre el conflicto armado, a la
que han demostrado le tienen miedo, muchos sectores políticos y económicos, asociados
históricamente con práctica de la violencia contra el pueblo.
No obstante la
continuidad y sistematicidad en los asesinatos, esta nuestra segunda hipótesis,
llama la atención ocurrido con este tema justo después de la segunda vuelta
presidencial que con el triunfo de Iván Duque, como presidente de la república
y los no despreciables 8 millones de votos obtenidos por la campaña de la
Colombia humana y el anuncio de Gustavo Petro desde el mismo 17 de junio, de
colocarse a la cabeza de un movimiento para impulsar la movilización en la
calle si fuese necesario. De esta madera las amenazas, como los asesinatos,
pueden entenderse como una advertencia
que lanza la ultraderecha para anticiparse, frente a lo que será el escenario
electoral del 2019 y la disputa de los poderes ejecutivo y legislativos locales
y territoriales, con el propósito de infundir
miedo y atemorizar a quienes puedan estar interesados en conformar un
movimiento social y popular que le dispute a la derecha y a los sectores
tradicionales vinculados al poder esos escenarios.
Una tercera
hipótesis que no se debe descartar, es la que se asocia con un incremento
inusitado de la violencia al final del gobierno de Juan Manuel Santos, para
luego a la llegada del nuevo gobierno, justificar el discurso de la seguridad,
para respaldar el incremento del presupuesto y autonomía de las fuerzas
militares, o aún para aparecer como salvadores de una aguda crisis humanitaria
que con su llegada se apacigua.
llama mucho la
atención de estas amenazas, que justamente el grupo más activo( agulas negras) en
el envío de este tipo de panfletos es el que menos resultados tienen en capturas
o desmantelamiento de sus estructuras, como si se tratara de un fantasma que se
oculta tras una institución que lo protege, porque lo necesita para continuar
adelantando y generando miedo e intimidación al movimiento social, amparado en
la práctica de la impunidad y la complicidad institucionalidad, con históricas
prácticas de violencia contra la sociedad, las cuales sólo pueden ser
enfrentadas desde un ejercicio organizativo y de auto-protección de las
comunidades.
Bogotá 31 de agosto
de 2018.
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