jueves, 4 de septiembre de 2025

Álvaro Uribe: Positivo PARA culpable.

Alfonso Castillo Garzon

Defensor de los derechos humanos

hojasuelta0@gmail.com



El 28 de julio del 2025 debe ser marcado, como un día en el que la dignidad, la valentía y la justicia se convirtieron en una luz de esperanza para miles y miles de víctimas del paramilitarismo,  el fallo condenatorio a 12 años, por  “engañar la justicia y sobornar testigo en proceso judicial”,  es un episodio de gran trascendencia para la historia jurídica y política de Colombia, tras un largo proceso judicial que inició desde el año 2014,  el expresidente Álvaro Uribe después de muchas trampas, amenazas, renuncias, prescripciones y audiencias, es declarando culpable, que lo convierte en el primer ex presidente Colombiano, condenado por violar la ley y cómo lo dejó sentenciado la jueza, “Todos somos iguales ante la ley y “el poder judicial existe para recordar que nadie está por encima de ella” y para referenciar la significación que tiene juzgar a un hombre con el poder que tiene Álvaro Uribe manifestó "el derecho no puede temblar frente al ruido, y la justicia no se arrodilla ante el poder"   


La larga e inédita lectura del sentido del fallo, realizada por la jueza Sandra Heredia deja ver la cantidad de hechos que fueron analizados y como cada uno de ellos, fue sustentado en derecho, para, finalmente proferir la condena de 12 años en prisión domiciliaria  y aunque algunas personas han planteado,  que se trata de los hechos menos graves cometidos por el expresidente,  el fallo condenatorio en primera instancia, constituye un gran paso en la búsqueda de la verdad y la justicia que miles y miles de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, han venido exigiendo desde hace años  y se constituye en un aliento para continuar la lucha por llevar a los tribunales judiciales empresarios, políticos y militares, que han sido señalados como determinadores de hechos criminales y promotores de la guerra interna que ha vivido el país, señalados de patrocinadores y tener vínculos con el paramilitarismo de ayer y de hoy,  pero que hoy continúan libres,  promoviendo discursos de odio, guerra  estigmatización y seguramente está comprometidos en los intentos de desestabilización del gobierno popular de Gustavo Petro.


Finalmente este proceso ha permitido conocer también gestos dignos de ser destacados:


En primer lugar, reiterar el papel jugado por la persistencia y dignidad representada en miles de víctimas que durante décadas han demandado que se haga justicia frente a los crímenes cometidos en el marco de una política que auspició el paramilitarismo y los crímenes de estado. También poner en alto, la integridad  de mujeres empoderadas y preválidas del derecho y la justicia,  como, la jueza Sandra Heredia y la fiscal Marlene Orjuela, quienes soportaron todo tipo de presiones y expresiones de patriarcalismo, y amenazas a su integridad. Y no menos importante felicitar la persistencia, serenidad y dignidad que durante todo este proceso mantuvo el senador y compañero Iván Cepeda que siempre confió en la justicia y mantuvo la lucha por las garantías del derecho a la verdad.


5 de agosto de 2025 


Otros artículos

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Localidad Santa Fe: Entre corrupción, violencia, pobreza y la simulación de participación.

Por Alfonso Castillo

Defensor de los derechos humanos

hojasuelta0@gmail.com  


De centro histórico a centro del abandono oficial


La localidad de Santa Fe está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Bogotá,  en ella se localizan algunos de los barrios más tradicionales y sin duda alguna, los que concentran importantes porcentajes de población vulnerable, víctimas del conflicto y en condición de pobreza, como lo pueden ser barrios como Las Cruces,  Alameda,  Laches, Rocío, El Dorado, San Bernardo, La Paz, Ramirez, La Capuchina  y las  veredas el Verjón. Así, mismo, la localidad alberga barrios con preocupantes situaciones de violencia como lo es el barrio San Bernardo, las cruces y recientemente de acuerdo a las denuncias realizadas en Barrio Los Laches,  donde fue secuestrado, torturado y asesinado a plena luz del día el joven Harold Aroca, En el que de acuerdo a las denuncias de sus familiares hubo negligencia por parte de las autoridades policiales para atender la denuncia sobre su desaparición desde el día 5 de agosto y posterior hallazgo de su cuerpo en un paraje rural de la misma localidad el día 12 de agostos, situación ésta, que está asociada con la reiteradas denuncias realizadas a través de alertas tempranas por la defensoría del pueblo, donde se denuncia la presencia de distintos grupos de  criminalidad organizada.


foto El pais Jorge Londono (Getty Images)

Llama mucho la atención, La situación de pobreza e inseguridad en la localidad Santa Fe, que por ser una localidad con toda la tradición e historia de la ciudad, sede de gobierno nacional y distrital, la exclusión, violencia y abandono son muy altos, así lo indican las cifras que aún las propias entidades oficiales y la defensoría del pueblo reporta en recientes estudios y alertas tempranas publicadas, esto al mismo tiempo que la corrupción instalada desde la propia administración local sigue creciendo  en la impunidad. 


Este territorio concentra insospechadamente muchas dificultades, asociadas con la defensa de la vida especialmente aquellos relativos a los problemas del medio ambiente, por el cuidados de los cerros orientales, problemáticas de gentrificación que se están presentando especialmente en los barrios la Perseverancia, San Bernardo y Las Cruces, el problema de piques ilegales que se están presentando en los barrios Perseverancia, Macarena,  Bosque Izquierdo, creciente inseguridad ciudadana asociados a los atracos, robos amenazas entre otras situaciones, estigmatización que se presenta con algunos sectores sociales en distintos sectores de la localidad en especial de la parte alta de la localidad, situación crítica de corrupción que se presentan de acuerdo a las denuncias y debates que se han dado por parte de la junta administradora local y el concejo de Bogotá,En la localidad a partir de múltiples denuncias se sigue adelantando contratación de los recursos públicos Con entidades fuertemente criticadas por la comunidad como lo son la Fundesco, aso San Diego y aso San victorino, Al desarrollo,  esta situación se presenta especialmente en la contratación de los denominados presupuestos participativos en el que de acuerdo a denuncias de las comunidades,  las acciones son desarrolladas sin cumplir Los criterios establecidos por las comunidades en el diseño de las propuestas y con un alto porcentaje que se apropia el operador, las situaciones de riesgo en la localidad por presencia de grupos armados y la proliferación a partir de ello de delitos como la prostitución infantil, el reclutamiento forzado de menores, la problemática de los vendedores ambulantes y el espacio público teniendo en cuenta los desarrollos que tiene el decreto 315/24 que actualmente busca modificarse para reorganizar a los ambulantes, Esto sin olvidar por supuesto la problemática de las vías públicas y la movilidad en la localidad,  muchas de las cuales se encuentran en grave deterioro para impedir la circulación, como sucede en las vías del barrio Las Cruces y Por supuesto es necesario considerar la problemática del sector rural  sin mayores oportunidades de desarrollo y presencia de políticas sociales


La violencia.


Lo que ha sucedido recientemente en el sector de el barrio San Bernardo, con una exacerbación de la violencia, es apenas la materialización de una situación que se anticipaba, pero que no es un hecho fortuito, sino, parte de un plan para completar un ejercicio de gentrificación, del que a mediano plazo, sacarán provecho las constructoras e inmobiliarias de la ciudad. Cabe entonces preguntarse si transcurridos varios meses desde que ocurriera la primera explosión propiciada por grupos armados que se disputan el control del territorio y la respuesta del gobierno distrital de promover una fuerte militarización, ha fracasado, tras la militarización han ocurrido tres acciones de terrorismo urbano que pareciera estar por fuera de control de las autoridades, y hoy al momento de escribir este artículo, la situación en el barrio pareciera no haber cambiado sustancialmente.



  


Fuente: INFORME ANUAL DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ Y COLOMBIA. Diciembre 2024 elaborado por la oficina del– Concejal de Bogotá  Julián Espinosa Ortiz


La pregunta aquí es dónde estaban las autoridades que permitieron el crecimiento exponencial de la presencia de expendios de drogas y todo tipo de tráfico sexuales y seguramente de armas en este barrio que está situado a no más de 300 metros de una de las estaciones de policía más grandes de la ciudad? ¿Acaso no operan los mecanismos de inteligencia de la policía para anticipar este tipo de situaciones? Y la respuesta clara es que este ejercicio se hace y se permite, para aburrir a personas trabajadoras y habitantes tradicionales y obligarlos por la vía de este crecimiento de la inseguridad a ventas con valores ridículos se sus casas, o acaso, la administración distrital en los últimos 20 años ha hecho presencia institucional e inversiones que promuevan el desarrollo urbanístico sin expulsar sus habitantes?


Pero lo que sucede en el barrio San Bernardo no es un fenómeno aislado se presenta y a menor escala en otros sectores de la localidad, en el barrio las cruces, en el barrio Alameda Y seguramente de manera más silenciosa se puede estar presentando en algunos Barrios de la parte alta de la localidad. 

Fuente: INFORME ANUAL DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ Y COLOMBIA. Diciembre 2024 elaborado por la oficina del– Concejal de Bogotá  Julián Espinosa Ortiz


Desde hace 4 años las alertas tempranas de la defensoría del pueblo vienen anticipando la alarmante situación de inseguridad que se presenta en la localidad Santa Fe entre otras donde se reportan, situaciones de presencia de grupos armados, que se han dedicado al reclutamiento de menores, tanto para el tráfico de estupefacientes, como para la explotación sexual entre otras actividades delictivas. Y a pesar de la continuidad de las alertas tempranas, aún no se conoce un plan serio de atención a la recomendaciones presentadas en las respectivas alertas tempranas


Pobreza y exclusión


La localidad situada en el centro histórico de la ciudad, esconde un problema de pobreza de sus habitantes, la cual se ve reflejada en los informes y estadísticas presentadas por entidades de la propia administración distrital como la secretaría de integración social

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá. Secretaria de integración local. Diagnóstico local Santa Fe,  Bogotá mayo 2024 



Como se indica en la gráfica la localidad de Santa Fe supera los porcentajes tanto en pobreza extrema 15,8% frente a un 7,9 % que registra Bogotá, mientras que la pobreza moderada que registra 42,6 %  y la  ciudad de Bogotá tiene un registro del 30,6%. Cifras que indican que la situación de pobreza en la localidad de Santa Fe muestra indicadores de gran preocupación. 



POBREZA MONETARIA BOGOTÁ 2025 

Fuente: Salud capital. Observatorio de salud. saludata, SEGÚN ENCUESTA MULTIPROPÓSITO 2021, DATOS ACTUALIZADOS A MAYO 2025 


Según información de la secretaría distrital de salud y el observatorio de salud, La localidad de Santa Fe registra el porcentaje más alto de pobreza monetaria en la ciudad(21,79%),  solo superado por la localidad de Sumapaz. 


Estos indicadores económicos son lo que explican, como Grupos poblacionales como los adultos mayores coman las mujeres niños y niñas en la localidad Enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad, desigualdad y estigmatización coma desempleo y trabajo informal ilimitado acceso a los servicios públicos, alto riesgo de explotación sexual. 


Las denuncias que se escucha por parte de muchos pobladores de cómo en los paga diarios, se desarrolla una situación que alberga fenómenos como: Abuso, maltrato y explotación, mientras a las autoridades pareciera no importarle la suerte de estos habitantes que se ven obligados a acudir a este tipo de medidas por falta de una vivienda, y aunque recientemente se está impulsando un plan para otorgar un auxilio a esta población, es necesaria que ella se fortalezca y mantenga en el tiempo a fin de evitar que esta población vulnerable sea víctima de reclutamiento de distinta clase de grupos armados.


No menos importante es destacar que la localidad de Santa Fe se concentra una parte importante de la población que se dedica a las ventas callejeras, según un estudio dado a conocer por el  Instituto para la Economía Social -IPES en el año 2024 ha caracterizado a 14.298 vendedores y vendedoras informales en Bogotá. de los cuales la localidad de Santa Fe registraba 1.825 personas (1.113 hombres, 711 mujeres y 1 intersexual). Situando la localidad en el primer lugar de personas dedicadas a esta actividad económica un poco más del 14 % del total de la ciudad. 


Corrupción 


Recientemente, se ha escuchado de nuevo una serie de denuncias por casos de corrupción en la alcaldía local de Santa Fe por cuenta de favorecimientos que se hacen a entidades como al desarrollo y fundesco quienes tienen acaparada la contratación local, pero que la ejecución de tales contratos que abarcan todo el universo de la contratación, desde construcciones civiles hasta procesos de formación y acompañamiento a comunidades, y atención a poblaciones vulnerables, que según las denuncias de los habitantes no cumplen con los más mínimos criterios para el cumplimiento de los fines contratados, esta es una situación que ha persistido en los últimos años, mientras que estos dos operadores parecieran inmunes a las investigaciones y a las eventuales contrataciones, porque a pesar de las denuncias nuevamente se les adjudican contratos esto por supuesto con la complejidad de autoridades locales que nuevamente otorgan jugosos contratos, a sabiendas del sistemático incumplimiento, como si no les importará que los recursos destinados al desarrollo de las comunidades se esfumara por arte de magia. De esta manera múltiples denuncias se han registrado desde el concejo de Bogotá por la forma de contratar los recursos locales, Así lo ha hecho recientemente la concejala  Diana Diago, quien desde 2024 viene cuestionado la contratación con entidades, sin la idoneidad y transparencia, que se requiere. Así mismo en marzo del año 2025 en un debate en el concejo distrital, varias denuncias se presentaron por corrupción en la localidad de Santa Fe sin que hasta el momento se evidencian los resultados para cambiar este tipo de comportamientos por parte de la alcaldía local.


Según un informe de la contraloría distrital, Se identificaron situaciones de presunta corrupción en la contratación de distintas localidades, “los hallazgos de mayor cuantía se registraron en la Localidad de Santa Fe, por $1.935 millones por irregularidades en la construcción de la futura sede de la Alcaldía Local entre otros”  


Participación ciudadana no es real


Una característica importante de la democracia es el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, sin embargo,  si esta participación no es deliberante, incidente y vinculante,  termina convertida en una frustración para la expectativas de la comunidad que sienten inicialmente que estas instancias podrían ser un vehículo para conectar las necesidades de las comunidades con las autoridades.


En la localidad de Santa Fe existen al menos 60 instancias de participación,  entre comités, mesas consejos locales, y comisiones, pero estas instancias se han convertido en espacios formales que no promueven la participación real de las comunidades entre otras cosas,  porque algunas de ellas no tienen la continuidad que se requiere en su convocatoria,  o porque algunas veces las instancias gubernamentales que debén convocarlas y presidirlas, no asisten y delegan en personas y funcionarios que no tienen el poder suficiente para asumir los compromisos con las comunidades,  Igualmente en muchas ocasiones estos espacios no proporcionan la información suficiente y oportuna para que la gente cuente con elementos de análisis y pueda tomar opiniones concretas sobre las iniciativas que impulsa la administración. 


El mejor ejemplo de cómo la participación es una burla a la iniciativa ciudadana son los denominados presupuestos participativos,  instancias o mecanismos originalmente establecidos para permitir que una parte del presupuesto de inversión se ha ejecutado en obras y acciones que la comunidad prioriza mediante un mecanismo de priorización y votación además la instancia supondría enfrentar la corrupción que históricamente ha existido en la contratación de los presupuestos para las acciones que requieren las comunidades,  sin embargo hoy los presupuestos participativos son de acuerdo a las experiencias,  instancias a través de las cuales las comunidades presentan propuestas de obras, acciones o actividades específicas que fortalecen la convivencia y el bienestar de las comunidades pero que a la hora de la materialización,  y con la excusa que siempre tiene la administración de que la ejecución de las iniciativas debe ir a licitación de acuerdo a las normas establecidas por la ley 80,  terminan siempre en manos de unas pocas entidades que como en el caso de la localidad tercera son adjudicadas reiteradamente en una especie de puerta giratoria,  a organizaciones como Aldesarrollo Fundesco,  estas entidades ejecutan contratos de obra civil, capacitaciones, actividades recreativas y culturales, Y las quejas de las comunidades son reiteradas por los sobrecostos,  e incumplimiento en los objetivos de la propuesta originalmente presentada por las comunidades.  llama mucho la atención que a pesar de las múltiples denuncias estas entidades siguen teniendo la contratación.


La mayoría de estas instancias simulan la participación,  pero en realidad son ejercicios estériles,  donde la mayoría de las veces no se toman decisiones y el trámite de las iniciativas y las propuestas de la ciudadanía son lentas y muchas veces no terminan concretándose en realizaciones efectivas para las comunidades.  No obstante esto podría cambiarse, sí de un lado las autoridades comprenden el papel que juega la participación comunitaria en la construcción de democracia y gobernanza y brindan mayores apoyos a la participación efectiva,  haciendo que algunas de esas instancias, tengan poder vinculante, que permita a la comunidad sentir que su voz es realmente tenida en cuenta y que participar sirve para disminuir la inmensa brecha que existe de desconfianza de las comunidades frente a las autoridades gubernamentales.


Fortalecer la organización popular y la movilización ciudadana. 


Finalmente, es importante señalar que estos desafíos que presenta la localidad tercera Santa Fe,  deben animar, a pesar de los hechos, a las comunidades a fortalecer sus procesos organizativos y de movilización ciudadana,  mejorando los procesos de denuncia,  pero al mismo tiempo fortaleciendo el ejercicio de participación política,  de tal manera que la participación no se disperse y que las iniciativas ciudadanas sean defendidas por las comunidades exigiendo las autoridades que ellas se implementen,  y que se establezcan mecanismos para que la contratación de las acciones e iniciativas ciudadanas se realicen mediante la modalidad de alianzas público populares,  y de esta manera acabar con la alcahuetería que hoy  utiliza los problemas de la gente para beneficiar a los amigos de los gobernantes mediante maniobras y estrategias de corrupción que violan todos los procedimientos para finalmente favorecer la contratación amañada,  que no cumple con los objetivos mínimos de la contratación elaborada.


Si está la oportunidad para impulsar dinamizar el trabajo que distintas organizaciones de jóvenes, culturales el movimiento animalista y ambientalista en la localidad, las organizaciones de mujeres, de víctimas  y pobladores,  vendedores ambulantes,  el proceso organizativo De los medios de comunicación alternativa y de los usuarios de los servicios de salud,  la resistencia del proceso comunitario en defensa de los cerros orientales,  para juntar las voluntades se preparen la realización de la 5 asamblea popular del centro que logre establecer nuevos mandatos de movilización en lucha y exigirle a la administración distrital y local mayor compromiso con la atención y solución de las graves problemáticas que padecen los habitantes de la localidad.


Asi, mismo es importante que estas organizaciones comunitarias y sociales de la localidad se vinculen y articulen de mejor manera a los procesos que en la ciudad adelantan la preparación de un paro Cívico frente al incumplimiento sistemático del alcalde Carlos Fernando Galán de los compromisos para solucionar las graves problemáticas que tiene la ciudadanía capitalina


No menos importante de este ejercicio de organización y movilización ciudadana es el empoderamiento de las comunidades para asumir con mayor compromiso y apropiación los escenarios de participación democrática como lo son las elecciones, No eligiendo personajes comprometidos con la corrupción y la violencia,  es el momento de seguir fortaleciendo la llegada de los escenarios democráticos de representación a personas con una hoja de vida que realmente demuestra el compromisos con los intereses y las luchas populares. 



Bogotá, 29 de agosto de 2025


 



miércoles, 6 de agosto de 2025

Transformar la impotencia en denuncia y rebeldía.

Alfonso Castillo Garzon

Defensor de los derechos humanos

hojasuelta0@gmail.com


En pleno siglo XXI cuando la humanidad ha “reforzado” su discurso sobre  democracia, derechos humanos y paz, este discurso, se ve enfrentado a una cruda realidad, están en aumento las acciones de unos pocos, que en la práctica vulneran la integridad y la dignidad humana en distintas regiones del planeta, catástrofes ambientales originadas por la explotación irresponsable de los recursos naturales por parte de los grandes conglomerados económicos, hambrunas y guerras desiguales, también provocadas por la voracidad del modelo económico, sustentado en la acumulacion de riqueza, antes que en el bienestar de la humanidad. 


En muchas regiones avanza la guerra, como método para resolver diferencias, generalmente por intereses económicos, alentadas por  potencias y conglomerados poderosos, que intentan imponerse a naciones militarmente débiles, para aumentar la extracción de recursos naturales y favorecer sus economías de explotación, agravando cada vez la irreversible crisis climática que vive el planeta.


Al mismo tiempo que naciones “poderosas”, imponen su criterio y voluntad a su favor, como lo hacen  Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, que ahora hablan del fortalecimiento del gasto militar, en contra de los recursos para garantizar los derechos sociales de sus pueblos. 


Entre tanto, la acción institucional de instancias como las Naciones Unidas, cada vez  con menores posibilidades de intervenir en la solución de esos conflictos, justamente porque en el pasado permitieron que esos  “poderosos”, fijarán normas que hacen imposible controlar su desmedido uso del poder.


Pero frente a este panorama aparentemente  desolador, está  la dignidad de los pueblos, que se organizan, levantan y luchan por la soberanía, expresan solidaridad internacional, son estos valores a los que la tiranía y la barbarie siempre han temido, porque ellos logran derrotar guerras, el hegemonismo y la barbarie. Así, se evidencia en muchos capítulos de la historia reciente, la humanidad venció al fascismo, el apartheid y las más violentas dictaduras y también vencerá el criminal genocidio del estado Israelí, que en complicidad del gobierno Norteamericano y Unión Europea, contra el pueblo Palestino, intentando expulsarlo del territorio que históricamente les pertenece, usando una feroz ofensiva militar que combina bombardeos y presencia militar, que a diario provoca decenas de asesinatos de civiles entre niños, mujeres y adultos mayores y ahora suman, la decisión del criminal de guerra Benjamin Netanyahu, de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que distintas organizaciones y países hacen llegar, lo que condena al pueblo Palestino, al homicidio por hambre. Lo que constituye un exterminio por razones racistas.


Sin embargo, la movilización de los pueblos libres, exigiendo a cada nación y realizar acciones más contundentes contra esta barbarie y al mismo tiempo exigir captura y juicio en tribunales internacionales a la cúpula genocida que permitió toda esta atrocidad. 


El compromiso de cada organización y gobierno progresista, de cada ciudadano libre del mundo, debe ser, a no desfallecer en la denuncia, utilizar las redes sociales, las paredes, los actos públicos y privados, aprovechar cada día y cada oportunidad, para seguir promoviendo las movilizaciones en las calles, realizar jornadas culturales la recolección de alimentos y elementos básicos para la supervivencia, como expresión de solidaridad y aliento para la lucha del pueblo Palestino, contra la tiranía y la opresión. Es necesario convertir indignación e impotencia, en actos de rebeldía y dignidad.


4 de agosto 2025 

Otros artículos 

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jueves, 26 de junio de 2025

El discurso de odio y el gobierno de Petro

Alfonso Castillo Garzón 

Defensor de los derechos humanos y constructor de paz 


Por años, te roban, humillan, esclavizan y vulneraron tu integridad y DDHH 

y cuando reaccionas y exiges con firmeza dignidad y derechos, 

entonces ellos descarados y sin vergüenza, te acusan de actuar con odio.


Tras el condenable atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe perpetrado en la ciudad de Bogotá el sábado 9 de junio, los medios de desinformación han relanzado una matriz comunicativa a través de la cual se reanima como ha ocurrido en otro momento de la historia reciente de nuestro país el libreto de los “discursos del odio”, esto para intentar asociar el lamentable atentado con los supuestos discursos de odio promovidos por el presidente de la república Gustavo Petro, y algunos voceros de los movimientos progresistas, que rodean su gobierno.

Por eso vale la pena desentrañar lo que hay detrás de esta matriz informativa, para ello y acudiendo al rápido repaso en la historia colombiana, encontramos varios indicios de  la aparición del discurso del odio y como este se constituye en una forma de hacer política para excluir a los opositores políticos.

Ya desde el  siglo XIX en las denominadas Guerras Civiles,  a través de las cuales los próceres de la independencia,  propietarios de grandes haciendas que los convirtieron en terratenientes alentaron a los trabajadores de sus fincas para enfrentar a otros  campesinos y peones de fincas pertenecientes a otro prócer de la independencia todo con el ánimo de imponerse sobre sus opositores políticos  o simplemente para agrandar el tamaño de su hacienda, Las Guerras estuvieron animadas por discursos  de odio entre el centralismo y el federalismo o posteriormente entre liberales y conservadores o por la interpretación de la constitución política o debates encarnizados entre partidarios del libre comercio vs proteccionistas y de esta manera, transcurrió buena parte del siglo XIX,  con guerras que enfrentaron a muerte a unos y otros que en lo general eran campesinos no entrenados para la guerra a los cuales los sectores oligárquicos armaron para imponerse sobre los demás sin importar las consecuencias,  para los pobres campesinos que participaban en ellas. Esto sin olvidar que fueron las clases dominantes de la época quienes en 1851 se negaron a dar cumplimiento al compromiso hecho por el libertador Simón Bolívar de liberar a todos los esclavos que participaron en Las Guerras de independencia.

Desde finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX, el discurso de odio se hizo presente en el rechazo promovido por sectores del gobernante partido conservador, pretendiendo salirle al paso al avance de las ideas liberales o socialistas en el marco del surgimiento del movimiento obrero colombiano, avanzaron en el desarrollo de un discurso de odio tanto desde el punto de vista jurídico, político y religioso, de esta manera es importante destacar la ley 61 de 1888, través de la cual se perseguían, restringe, estigmatizó y sancionó políticamente, el avance de las ideas liberales y progresistas,  otorgando al presidente de la república poderes absolutos para determinar quién debería ser sujeto de la aplicación de la mencionada ley, mejor conocida como ley de los caballos, en ese marco incluso la iglesia promovió discursos de exclusión y sanción religiosa a quienes profesaban las ideas liberales, y de organización de los trabajadores a través de los sindicatos.
Comenzando el siglo XX y el surgimiento del movimiento obrero, como resultado de los primeros procesos de industrialización, también estuvo caracterizado por un ejercicio de exclusión, estigmatización y clasismo, contra el sector social que garantizaba la generación de riquezas para los más poderosos, mientras los trabajadores tenían que vivir en tugurios y sometidos a extenuantes jornadas laborales, sin ningún tipo de protección social y bajo salarios y en este marco, el señalamiento de las élites a la forma en que vivían los obreros, acusándolos de generar enfermedades y reproducir prácticas sociales que atentaban contra las buenas costumbres.
Más adelante cuando ese movimiento sindical, fortalecía sus procesos de movilización y exigibilidad por los derechos, que habían sido conocidos de las experiencias de relatos de marinos y algunos artesanos que contaban de las conquistas de los obreros organizados en Europa, Colombia, esos mismos obreros fueron estigmatizados, segregados y condenados, incluso desde el discurso promovido por la jerarquía eclesiástica que condenaba cualquier intento de organización y exigencia de derechos, así mismo lo hicieron los sectores dominantes que sin vacilar, perseguían a los trabajadores que se organizaban, para exigir disminución de la jornada laboral que en comienzos del siglo XX era de 10, 12 y 14 horas, la remuneración era precaria y las condiciones laborales no eran mejores. 

Cuando la organización se hizo más potente los trabajadores organizaron huelgas y manifestaciones y estas fueron reprimidas brutalmente, ya para, finales de la segunda década del siglo, artesanos, trabajadores del tranvía y sastres que exigían garantía de sus derechos fueron brutalmente reprimidos e incluso se cometieron durante las manifestaciones masacres como la masacre de los sastres que exigían al gobierno, posibilidades de trabajar antes que privilegiar la contratación con compañías extranjeras. Y esta misma situación se presentó cuando a solicitud de la United Fruit Company el gobierno colombiano envió un destacamento de soldados para asesinar a centenares de trabajadores de la zona bananera en la costa Caribe colombiana que solo exigían mejores condiciones laborales en el trágico episodio de La masacre de la bananeras en 1928.

Luego Durante los años 30, 40 y 50  élites gobernantes liberales y conservadoras se sumergieron en una profunda discusión política e ideológica,  por obtener entre ellas dos el control del gobierno y del aparato del estado,  se valieron para ello del desarrollo a través de la prensa escrita de discursos de odio y exclusión para llevar al pueblo con poco conocimiento,  a defender una u otra bandera alentados oor un lenguaje exacerbado que incitaba a la muerte y a la eliminación física del contradictor político,  con ello las élites aprovecharon ese estado de exacerbación de los ánimos, ordenaron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, justamente porque representaba una amenaza a los intereses de las clases dominantes,  Tras el asesinato pino un estallido de ira y dolor por parte del pueblo en distintas ciudades del país,  estado de ánimo que de nuevo las élites dominantes aprovecharon para sumergir al país en una guerra de odios entre liberales y conservadores que se concentró en lo fundamental en las tierras planas fértiles de nuestro país,  y después de 10 años de esa cuenta historia,  las clases dominantes tomaron el control y se apropiaron de las tierras planas fértiles en regiones como el Valle geográfico el Río Cauca,  el Tolima grande,  la Sabana de la costa Atlántica y el piedemonte Llanero, así como algunas regiones, en los departamentos de Cundinamarca y Santanderes,  y en esos territorios las élites empezaron a implementar el modelo de desarrollo agroindustrial mecanizado, que sirvió para agrandar el tamaño de la industria azucarera y el impulso de un negocio de cultivo de arroz, sorgo, algodón, maíz todo tecnificado y vendido en volúmenes gigantescos a los Estados Unidos, quienes estaban detrás de este negocio criminal.   Los campesinos ahora despojados de sus territorios tuvieron que huir a las grandes ciudades por el temor a esta violencia de odio desatada por las élites aparecieron los cinturones de miseria,  y de nuevo las élites sometieron a la estigmatización y al abandono a esas Víctimas de la violencia en Colombia.
Se apropiaron con la violencia de las tierras de micro y minifundistas que se dedicaban al pancoger y luego ellos aumentaron su poder como industriales de la caña de azúcar,  o cultivadores de arroz, algodón o sorgo. Hoy posan de prósperos empresarios,  y en esa condición se han dedicado a aumentar su participación en el poder político y desde esas posturas  en el gobierno, el parlamento y el aparato judicial han creado un entramado normativo para recibir apoyos económicos,  normas que favorecen su condición de empresarios y la legalización de múltiples formas de explotación laboral todas bajo el manto de la impunidad que les protege con un aparato judicial a su favor.

Durante las primeras décadas del siglo XXI en Colombia esas clases dominantes tomaron el control absoluto del poder,  político, parlamentario y judicial,  apoyados por una estrategia paramilitar que promovieron,  patrocinaron y protegieron,  todo a nombre de haber fabricado artificialmente con un discurso de miedo a través de los medios de comunicación y las redes sociales para luego impulsar una política de “seguridad democrática” Supuestamente para extirpar la violencia pero que en realidad fue usada para profundizar la persecución a los liderazgos sociales y a las comunidades que se movilizaban para exigir derechos a la paz, al desarrollo, ampliación de la democracia y por supuesto la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y de las comunidades a mejores condiciones de vida y desarrollo,  contra ellas la acción del estado a través de la fuerza pública,  del paramilitarismo y del aparato judicial,  aumentó de manera exponencial las cifras de  asesinatos, desplazamientos, detenciones desapariciones,  confinamientos,  exiliados, violaciones, y reclutamiento de menores en un escenario de guerra que se descompuso,  porque el combustible para esa guerra estaba animado por el tráfico de drogas,  la corrupción y el contrabando,  lo cual logró permear a los grupos armados que rápidamente entraron en un estado de descomposición que los llevó a implementar prácticas en la lógica de las mafias del narcotráfico antes que privilegiar la defensa de los derechos de los intereses populares.

Durante este periodo de las primeras décadas del siglo XXI,  y bajo la lógica de los poderes mafiosos,  han aumentado las cifras de la corrupción,   la impunidad,  el abandono Estatal sobre varias regiones del país, Y se ha intensificado la acción de odio contra el pueblo y las comunidades más excluidas así se expresa con el desarrollo y crecimiento de una práctica criminal interior de las fuerzas militares como lo es las ejecuciones extrajudiciales o como mejor son conocidas popularmente  los falsos positivos,  que en la práctica son una acción de odio de las élites contra los jóvenes de los barrios populares, quienes fueron reclutados bajo engaños o a la fuerza para luego ser dados de baja en supuestos combates por parte de la fuerza pública para mostrar resultados del avance en la lucha contra la  insurgencia.
El discurso de odio practicado por las élites gobernantes del país se expresa cotidianamente en las cifras del aumento de la pobreza en algunas regiones del país, como los departamento del Chocó, Guajira, Cauca regiones del Pacífico Colombiano, o en la Orinoquía, a las cuales no llega la inversión social a pesar de que se presentan propuestas e informes del desarrollo de programas y políticas,  el discurso se odio de las élites contra el pueblo colombiano se expresa también en la forma en que se utilizó la pandemia del covid- 19 para que importantes sectores de la clase dominante hicieran negociados con los recursos conseguidos de empresa empréstitos que finalmente no se tradujeron en el aumento de las ayudas a las poblaciones vulnerables ni mucho menos a fortalecer los esquemas de atención a la crisis del covid-19 o el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

El odio se expresa también en el establecimiento de políticas que favorecieron el desmonte del derecho a la salud y convirtieron el nuevo sistema de salud en un entramado de mafias y corrupción, en el que algunas empresas acapararon la afiliación para recibir más recursos del Estado colombiano pero no se invirtió proporcionalmente en la mejora de la capacidad humana y logística o de medicamentos y tratamientos para proporcionar y garantizar un adecuado derecho a la salud.

Más de recordar la manera en que distintos sectores y voceros de los partidos tradicionales y de las clases dominantes se refirieron a los participantes del denominado estallido social en el año 2021, fueron expresiones de odio, que incitaban al desprecio cuando buena parte de los participantes de esta movilización social no hacían cosa distinta que exigir derechos por años vulnerados, recortados o negados por las élites dominantes, discurso de odio que se expresa en actitudes como la del hoy, concejal de Cali, te disparó contra los manifestantes, en una de esas movilizaciones, esto es sin olvidar la cantidad de muertos, y detenidos durante esta movilización social a los cuales los medios de comunicación y las clases dominantes no dudaron en atribuir toda clase de calificativos excluyentes y de odio. 

Pero es durante el gobierno de Gustavo Petro donde este discurso de odio fabricado y replicado por las clases dominantes, sufrido una curiosa transformación, porque ante el intento del gobierno y comprometido en el cumplimiento de las promesas de campaña y el plan Nacional de desarrollo, medios de comunicación, élites dominantes y el conjunto del empresariado, han cerrado filas valiéndose de los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios de poder que siguen manteniendo han convertido cada proclama del presidente y su gobierno, intentó restablecer derechos vulnerados por las políticas de guerra y el neoliberalismo, han tratado de convertirlo en un discurso que incita el odio, en verdad, lo que se hace es destapar las ollas podridas y llamarlas por su nombre, señalar desde el gobierno y con la autoridad política y moral que este lleva consigo establecer con toda claridad la responsabilidad de las inequidades coman la injusticia y las desigualdades existentes en el país a la clase dominante que siempre desde el poder actuó para beneficiarse exclusivamente quitando los derechos y las garantías a la democracia al pueblo colombiano.

Son algunos sectores de las clases dominantes y la ultraderecha en Colombiana e internacional que agazapado poder real, se muestran como víctimas o perseguidos, un gobierno que intenta restablecer derechos, que claramente implica develar las formas en que las élites gobernantes durante décadas se valieron de su poder para quitar esos derechos al pueblo trabajador Colombiano, estas son las élites que tiran la piedra y esconden la mano tratando de responsabilizar al gobierno de Gustavo Petro, de cuanta cosa sucede en el país, incluidas las acciones que fueron deliberadamente planeadas, para generar la actual crisis económica del país por gobiernos en los que ellos tuvieron el poder absoluto.
Ahora cuando el gobierno y su gran capacidad de convocatoria del pueblo colombiano, su compromiso con las transformaciones y las reformas que demanda la nación colombiana, sus resultados muy concretos en la lucha contra el narcotráfico, la implementación de la reforma agraria integral, en la lucha contra la pobreza y por mejorar los indicadores económicos de país, las élites sienten amenazado su sueño de volver a tener el control total del aparato estatal y gubernamental, sienten que el gobierno está ganando cada día más simpatías entre el pueblo y por eso cada día robustecen su campaña desestabilizadora, colmada de mentiras, repitiendo una y otra vez a través de los grandes medios de desinformación un discurso de odio contra el gobierno, contra lo popular, y cuando el gobierno reacciona y devela sus mentiras, lo acusan de estar generando odio.

El discurso de odio lo promueven las élites a través de los medios masivos de desinformación,  que desde siempre han tratado de convertir la lucha por los derechos en un acto subversivo,  pero especialmente durante el periodo del gobierno de Gustavo Petro todos los días, medios como Caracol, RCN, la revista Semana, la FM, Blu radio,  la W,  red+ noticias, transmiten, a nombre de la defensa de la democracia, las instituciones y el pretendido ejercicio informativo “imparcial” que claramente favorece los intereses de los grandes grupos económicos. Tratan de posicionar en la audiencia una narrativa que disfrazada de democrática,  está cargada de veneno, mentira, odio y venganza que tiene como objetivo desestabilizar la institucionalidad legalmente conformada,  porque el presidente fue elegido en elecciones a la vista de todo el mundo y hoy no hace cosa distinta que dar cumplimiento a su programa de gobierno que ahora es ley a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esta narrativa cotidiana se ha ocupado de ridiculizar,  meterse en la vida personal  de las más importantes responsabilidades del gobierno actual, ha falseado los hechos,  ocultado las realizaciones que favorecen los intereses de la mayoría nacional y ha magnificado los errores, que claramente se han cometido, pero que por cuenta de los medios de información se ha pretendido convertirlos en fenómenos que solamente parecieran haber sucedido durante la administración del gobierno progresista.

Pero la verdad es cada vez más clara, llaman discurso de odio, a lo que simplemente es decir la verdad de cómo la clase dominante que por años gobernó el país se dedicó al saqueo de los recursos públicos, a convertir el aparato gubernamental en una extensión de sus negocios familiares usados para acrecentar sus riquezas fomentando negocios, empresas, y gestiones gubernamentales en jugosos emprendimientos para favorecer los intereses de las élites que vieron cada día enriquecerse rápidamente y ahora ven frustrada la posibilidad de continuar haciéndolo porque el gobierno del cambio se los ha impedido. 

Hoy cuando empieza una nueva campaña electoral a la presidencia y al congreso de la república, el pueblo colombiano debe ratificar el compromiso con este proceso de transformación que inició con la llegada del gobierno progresista y para garantizar la profundización de los cambios y la restitución de los derechos vulnerados, debe asegurar la elección de un parlamento de mayorías favorables a los intereses populares y por supuesto la elección de un presidente que esté comprometido con la continuidad del proyecto del cambio.

Hoy el papel del movimiento social popular y alternativo, debe acoger el llamada a desarmar la palabra, sin dejarse provocar de una derecha rabiosa y desafiante, pero sin dejar de decir verdades, por incómodas que ellas sean, contar la historia  desde la perspectiva del pueblo y sus anhelos y esto no puede leerse como odio. Es hora de no dejarse llenar de odio, promovido por quienes siempre promovieron y se sirvieron de la guerra, es la época de apostar a la reconciliación, al diálogo y a, la lucha democrática para formar un nuevo país, superando la página de la violencia el rencor y el fanatismo que se promueve intencionalmente

Bogotá, junio 26 de 2025


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miércoles, 25 de junio de 2025

“Participación” de las víctimas del conflicto armado, arando en el mar?

Alfonso Castillo Garzón 

Defensor de los Derechos Humanos y Constructor de Paz 


Sí la participación de las víctimas se midiera por el número de espacios existentes en la ciudad de Bogotá, donde las víctimas deben llegar para plantear sus problemáticas buscar soluciones, con toda franqueza tendríamos que decir que hay mucha participación, y que la normatividad ha sido generosa con las víctimas para ser escuchadas. 


Sin embargo, claramente la participación no se puede determinar por el número de espacios existentes bajo esa denominación o  amparados en el “principio de la participación”. Para que sea posible la participación, ésta debe darse en medio de algunas garantías claramente establecidas como lo son: 


  1. La debida información previa, la cual debe ser clara, precisa y oportuna, e inclusive cuando se trata de la participación promovida por el estado esta debe ser financiada cuando sea necesario. 

  2. Por supuesto la participación de garantizar el acceso a los escenarios de toma de decisiones de diversos grupos sociales que están involucrados en las decisiones que se han de tomar en el mencionado espacio participativo, 

  3. También deben proporcionarse distintos escenarios para la respectiva toma de decisiones a los que las personas convocadas, deberán acudir en uso de sus facultades y libertades. 

  4. Muy importante, tener en cuenta que la participación no es un mero mecanismo formal sino que deben garantizarse que quienes participan puedan tener una incidencia real en la toma de decisiones. 

  5. La participación es en todo caso un escenario para construir confianza  de la ciudadanía en las instituciones para lo cual este debe ser un proceso transparente donde se garantice la autonomía de la participación de quienes acudan a los espacios, 

  6. Este ejercicio debe estar pensado en el empoderamiento de la ciudadanía en la garantía de su derecho a la toma de decisiones en asuntos que le competen,  

  7. No menos importante son las garantías a la protección de la integridad y la vida de quienes acuden a los escenarios de participación institucionales por cuanto, si este no se proporciona, no tiene sentido hablar de democracia ni mucho menos de garantía al respeto de los Derechos Humanos, 

  8. También  es importante que las instituciones que convocan escenarios de participación, consideren las condiciones materiales que algunos grupos y poblaciones tienen para llegar a los espacios de participación, si estas condiciones materiales no se proporcionan, la participación se hace imposible para algunos grupos poblacionales y en este sentido se deben crear incentivos a la participación. 

  9. No menos importante, está el asunto de considerar  que la participación es un derecho universal consagrado también en la constitución política Colombiana.


En este sentido y teniendo en cuenta estas consideraciones, vale la pena analizar, cómo se da en la práctica la participación de las víctimas del conflicto armado en los escenarios establecidos en la ciudad de Bogotá para esa participación, al menos en espacios como las  y mesas de víctimas, los consejos de paz, comités de derechos humanos y los denominados presupuestos participativos.


Estas instancias funcionan, irregularmente en la periodicidad de sus reuniones, y se realizan ritualmente como un cumplimiento normativo, pero más allá de eso, tienen dificultades en materia de poder convocar a las personas que tienen la obligación de convocar y presidir esas instancias, además, de presentar la dificultad que muchos de los funcionarios convocados no pueden garantizar la regularidad en su participación, por cuanto son funcionarios contratistas y casi siempre llegan a esas instancias porque son delegados a última hora, en cuanto a la participación de las víctimas, esa representación presenta las dificultades de falta de garantías plenas, para poder llegar adecuadamente informados y en las condiciones que permitan una toma de decisión sobre los asuntos que se consultan de manera autónoma e informada, decir de los temas relacionados con la protección a su integridad, y las garantías económicas para llegar a tales espacios. 


Así, instancias de participación de las víctimas, como también otros escenarios de participación han entrado en un profundo desgaste, la ciudadanía no confía en ellos, porque en muchas ocasiones se sienten utilizados, o como convidados de piedra a escenarios que, eventualmente cuando se reúnen, parecieran ser más espacios técnicos, que espacios de deliberación de la política pública. Estos  espacios mal llamados de participación ciudadana,  se van pareciendo cada vez más,  a instituciones que se van conformando para hacer parecer la toma de decisiones como un ejercicio democrático coma cuando en realidad son ejercicios preestablecidos,  y quienes toman las decisiones lo que menos les importa es escuchar o consultar la opinión ciudadana para el desarrollo de sus acciones,  muchas de las cuales están predeterminadas por intereses económicos, más allá de las voluntades de los ciudadanos y sus necesidades.


Un claro ejemplo de ello,  son estos ejercicios que en la ciudad de Bogotá se realizan a través de los denominados presupuestos participativos,  se convoca a la ciudadanía a formular propuestas e iniciativas en torno a las necesidades de las mismas,  con recursos que en las administraciones locales existen para el desarrollo local en distintos ámbitos,  pero que después de un “remedo” de participación y consulta la opinión ciudadana,  las acciones  que se Ejecutan, las que finalmente deciden los intereses políticos en cada localidad casi siempre asociadas a las posibilidades de ejecución de un operador logístico que casi siempre es el mismo Como sucede en la localidad de Santa Fe,  que finalmente termina ejecutando casi todas las acciones sean estas del ámbito del desarrollo de la infraestructura, el fortalecimiento de la cultura,  e incluso acciones orientadas para la prevención de las violencias todo esto bajo el control absoluto y casi sin posibilidad de control ciudadano sobre la ejecución de recursos de dos o tres instituciones en el caso concreto de la localidad entidades como ALDESARROLLO o  FUNDESCO, quienes concentran una buena parte del porcentaje establecido para los presupuestos participativos,  de nada han valido los llamados de las comunidades afectadas por los incumplimientos o las ejecuciones mal realizadas,  ni los llamados que desde la junta administradora local eventualmente se hayan podido realizar,  de nada han servido las denuncias que se han establecido en el consejo distrital, tampoco las denuncias en contraloría , o la personería, incluso en la fiscalía;  el operador sigue allí y continúa concentrando la ejecución del presupuesto participativo,  y las comunidades siguen tan afectadas y tan necesitadas de obras y acciones para mejorar su condición de vida.


El derecho a la participación efectiva de las víctimas, sigue siendo un asunto pendiente de garantizar por parte de las autoridades, para hacer posible aquello que se ha mencionado tantas veces de que las víctimas están en el centro de la construcción de la paz, la participación no puede ser una formalidad, debe ser en todo caso un ejercicio de garantías plenas que entre otras cosas, permita que escuchando a las víctimas del conflicto, las autoridades desarrollen la política pública de atención a las víctimas para responder a esas inquietudes y necesidades, hasta ahora eso no ha sido posible, así se refleja, tanto en el Plan de Desarrollo Distrital, como en el Plan de Acción Distrital y Plan de Acción Local, donde las ofertas institucionales parecieran no haber escuchado nunca ni reconocido las necesidades de las víctimas del conflicto armado.


No obstante, todo este desgaste que significa para las comunidades y las víctimas los escenarios de participación a veces un poco estériles, importante no renunciar a ellos, al contrario, desde allí impulsar el debate sobre la necesidad de otorgarles más capacidades decisorias incluso de alguna obligatoriedad de ejecutar lo que se discute y acuerdan ellos, más autonomía al tiempo que mayor capacidad de inclusión social y en todo caso algún poder vinculante de las decisiones que se tomen para que las autoridades se sientan comprometidas a tomar en consideración real lo que se discute en estas instancias de participación. Lo contrario, si no se cambia la mecánica de su funcionamiento y posibilidades vinculantes de sus discusiones, tantos escenarios seguirán siendo un ejercicio de arar en el mar.


Bogotá, 25 de junio de 2025



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