8 y 9 de junio, los estudiantes tienen la palabra.

Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos 

8 y 9 de junio es una fecha gloriosa de las luchas populares en nuestro país, ella nos recuerda el heroísmo, valentía, decisión y compromiso por la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, la lucha contra el imperialismo, que el movimiento estudiantil ha tenido en una larga trayectoria, que comenzó a comienzos del siglo XX y se mantiene hasta nuestros días

Ya desde la primera década del siglo XX los estudiantes universitarios se movilizaban rechazando las medidas arbitrarias de los gobiernos, y abanderaron con mucha fortaleza la lucha antiimperialista,  pero, es con la influencia del movimiento estudiantil universitario Argentino que desde el Manifiesto de Córdoba en 1919 dio un impulso a las luchas estudiantiles defendiendo la  autonomía Universitaria y por supuesto la reafirmación de un compromiso en la lucha contra la influencia extranjera en los países de América Latina.

En el marco de ese espíritu estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá marcharon el 7 de junio de 1929 rechazando la masacre de las bananeras que había ocurrido en el mes de diciembre de 1928 en la costa atlántica colombiana,  justamente cuando se conocía el nombramiento el general Cortés Vargas  como comandante de la policía de Bogotá, y quien es el responsable de la masacre, en esa movilización muere asesinado por las balas de los militares el estudiante de derecho Gonzalo Bravo Pérez

Posteriormente y conmemorando el 25 aniversario de este asesinato,  de nuevo el movimiento estudiantil se moviliza y en la ciudad de Bogotá se desarrolla una movilización Universitaria,  que es fuertemente reprimida por militares justamente cuando el país iba a conmemorar el primer año de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, ese día fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez por las balas de la fuerza publica y al día siguiente los estudiantes de nuevo se movilizaron desde la Universidad Nacional hacia el palacio de Gobierno y cuando la movilización se desplazaba por la carrera séptima, de manera pacífica de nuevo las descargas de balas de la fuerza pública provocaron una masacre asesinando a 11 estudiantes y dejando heridos acerca de 50. 

El movimiento estudiantil ha sido una fuerza decisiva en la movilización popular,  así lo demostraron en la movilización del 10 de mayo de 1957 para exigir la caída de la dictadura militar de Rojas Pinilla,  y también fueron importantes las movilizaciones estudiantiles en la década del 60 y 70 en Solidaridad con el campesinado y el movimiento Cívico que se levantaba en la lucha por la exigencia de mejores condiciones de vida y contra la represión que ya se ejercía fuertemente por parte de la fuerza pública y el gobierno. A comienzo de la década del 70, importantes las movilizaciones del estudiantado colombiano en rechazo a la injerencia extranjera y clerical en la educación,  quizá la más importante del 26 de febrero de 1971 en la Universidad del Valle movilización que terminó con el asesinato de al menos 7 estudiantes.

El estudiantado colombiano ha sido actor importante en la lucha por los derechos y la libertades,  su capacidad de movilización y de lucha le han significado la estigmatización fuertes persecuciones y una oleada de violaciones a los Derechos Humanos incluidas asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, exilio y desplazamiento. Está fuerte persecución, se tradujo en un reflujo del movimiento estudiantil desde mediados de la década del 80 hasta finales  de la primera década del siglo XXI, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad nacional.

Hacia el 2011 el movimiento estudiantil se recupera,  y surge una nueva generación de dirigentes estudiantiles en la lucha, que rechazaban la reforma a la ley 30/92, la MANE (Movimiento Amplio Nacional Estudiantil), fue la organización que promovió un potente movimiento estudiantil que durante los siguientes años, se convirtió en un importante actor político del estudiantado colombiano promoviendo la defensa de la educación pública y la ampliación de su cobertura. Posteriormente y durante el gobierno de Iván Duque en el año 2018, el movimiento estudiantil universitario,  protagonizó el paro nacional universitario que durante cuatro meses  desplegó una importante capacidad organizativa y de creatividad cultural,  desarrollando nuevas y pacíficas formas de movilización en rechazo a la crisis universitaria, surgida de una clara desfinanciación por parte del gobierno que con claros intereses neoliberales seguía apostando por la privatización de la educación superior.  

Y desde ese momento y hasta el denominado estallido social en el año 2021 los estudiantes fueron protagonistas de unas importantes movilizaciones que culminaron en el denominado “estallido social”,  un levantamiento social  y popular en el que la juventud fue protagonista principal en la movilización sostenida durante varios meses en distintos lugares del país, en rechazo a las violaciones a los Derechos Humanos, la exigencia de la paz, la verdad, justicia, reparación la garantías, no repetición, así como, la denuncia de las desigualdades, la defensa de la educación pública y  la profunda impunidad, mientras se sostenía la corrupción por parte del gobierno de Iván Duque. Esta movilización derivó en la conquista para el movimiento social y popular en el primer gobierno progresista elegido tras un amplio respaldo popular.

En el ejercicio de este gobierno popular se intentaron implementar reformas que las élites sabotearon de distintas maneras combinando todas las formas de bloqueo institucional,  desprestigio a través de los grandes medios de comunicación,  y señalamientos y hostigamientos contra el gobierno y sus principales propuestas de transformación y de cambio que no fueron otra cosa que interpretar el clamor popular de muchos años de movilización social.

Hoy el país está  inmerso en un profundo debate político e ideológico que se disputa la continuidad del proyecto progresista de transformaciones y cambios mientras que las élites intentan con distintas maniobras y prácticas políticas que incluso han apelado a la injerencia extranjera para impedir que el proyecto popular siga avanzando. 

En ese sentido el próximo 21 de junio cuando se realizará la segunda vuelta presidencial, el estudiantado como en muchas otras ocasiones juega un papel decisivo en tanto por su capacidad de movilización,  su capacidad pedagógica y creatividad cultural artística, deben jugársela para impedir que llegue al gobierno, la ultraderecha, que como lo ha promovido en su campaña, tiene el propósito de recortar derechos, desmontar todas las conquistas sociales adquiridas durante el primer gobierno progresista en Colombia, entregar la soberanía nacional y los recursos naturales a los intereses de las empresas transnacionales,  y desatar una nueva oleada guerrerista,  de la cual los jóvenes han sido siempre una de sus víctimas.

Por ello hoy, el llamado es para que la juventud se vuelva a las calles, pero también a las urnas, a respaldar el proyecto encabezado por Iván Cepeda y Aída Quilque para defender la vida,  la constitución política,  la democracia y la paz.  ¡Me la juego por la vida!

Junio 8 de 2026 

Que el miedo al “comunismo”, no nos instale el fascismo

"La hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida. 

Murieron todos, hasta el grillo que se abstuvo de votar". 

Adaptación moderna de la fábula "La cigarra y la hormiga”  

Esopo 620 A.C.

Alfonso Castillo 

Defensor de los derechos humanos. 

Desde hace muchas décadas la acción política en Colombia se ejerce cada vez con mayores niveles de polarización que cada vez ha cambiado de nombre según las circunstancias políticas, en los años 40 y 50 la confrontación entre el partido liberal y el conservador, en las décadas siguientes y con la influencia norteamericana empezó a instalarse el discurso del enemigo interno que prevaleció al menos con toda claridad hasta los años 80 y 90,  posteriormente y por cuenta de las élites empezó a desarrollarse un discurso antiguerrillero, que posteriormente se transformó en una esquizofrenia antiterrorista,  y se señaló con este calificativo a todas las organizaciones sociales y populares que se movilizaban organizadamente en la exigencia de la ampliación de los derechos,  ya en el siglo XXI,  el discurso adoptado por las élites fue el de una amenaza castro-chavista, que continúa instalado  en el libreto de los grandes medios de comunicación al servicio de los intereses de las clases dominantes y que de manera particular para las actuales elecciones presidenciales ha adquirido la connotación de la “amenaza del comunista”.

De esta manera los principales voceros de los grupos económicos y de la clase política tradicional han instalado un dispositivo mediático de odio, estigmatización y falseo de la historia política del país,  atribuyéndole al gobierno progresista de Gustavo Petro que inició en el año 2022 toda la responsabilidad de los males que aquejan al país,  cuando la realidad histórica, indica que muchas de estas problemáticas, han existido en el país durante décadas y particular y especialmente la de la violencia se ha originado en políticas económicas impulsadas por las clases políticas dominantes que fomentaron la pobreza, la exclusión y la desigualdad al mismo tiempo que impusieron la violencia y con ella la impunidad sobre los crímenes cometidos por los representantes de la clase política tradicional.

De esta manera el abandono del campo y de los campesinos,  la pobreza que se perpetuó en la zonas periféricas del país como en los departamentos del Chocó y la Guajira,  e incluso en regiones con importante recursos minero-energéticos como el departamento de Arauca. El modelo excluyente, clasista, clientelista y corrupta de gobierno, forjó una democracia distorsionada,  en el que la participación política estuvo limitada y permeada por esos vicios de la corrupción de la clase política sobre el electorado, que veía en cada elección una oportunidad de “resolver temporalmente” un problema económico.(venta del voto)

Este dispositivo de odio y de miedo,  se alimentó por décadas,  al mismo tiempo el establecimiento de un estado social de derecho, fue  un mero discurso que se usó para disfrazar la garantía de los Derechos sociales mínimos entregados a cuentagotas,  o mediados por una relación clientelar. Y para quienes alzaron la voz para exigir ampliación o fortalecimiento de esos derechos mínimos, siempre hubo represión, violencia, estigmatización y señalándolos, que en muchas ocasiones se tradujeron en pérdida de las libertades políticas, violación a sus derechos fundamentales y también con la práctica de la eliminación física de los opositores políticos como está ampliamente documentado en los informes de la comisión de esclarecimiento de la verdad, o en las cifras de victimas publicadas por la unidad de victimas y recientemente en los relatos construidos por las declaraciones de quienes fomentaron la violencia ante el tribunal de la jurisdicción especial para la paz (JEP).

Así, en las últimas cuatro décadas la lucha política se ha desarrollado en medio de una profunda estigmatización y polarización que cada vez crece más,  las clases dominantes se encargaron de señalar sus opositores políticos,  como proclives a la guerrilla,  igual que se hace hoy, señalando al proyecto progresista, como un proyecto ligado al comunismo. internacional, esta polarización se agudizó después del plebiscito por la paz en octubre del año 2016 e infortunadamente el país quedó profundamente fracturado en la participación político electoral, motivado seguramente por las posturas políticas que se promovieron, una que exaltaba la defensa de las tradiciones, el aumento de la seguridad y la defensa de los privilegios de los más poderosos, de otro lado un sector que demandaba derechos y garantías sociales, la construcción de la paz y la defensa de los Derechos Humanos, en últimas de cuentas, un enfrentamiento aparentemente ideologizado, que en todo caso es la expresión de un país con una población que se mueve entre el miedo inculcado por las élites y el afán de construir una nueva sociedad que permita salir de la desigualdad y construir una democracia sólida. 

De esta manera, las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2026 han estado marcadas por una exacerbación de los discursos de odio promovido por sectores poderosos política y económicamente y alentado por los intereses de potencias extranjeras, ellos en la promoción de un discurso de ultraderecha, que niega derechos, defiende el sometimiento a intereses transnacionales y la pérdida de la soberanía, al tiempo que promueven un discurso guerrerista y de aumento de la seguridad como alternativa única para resolver los problemas del país, seguridad que no es otra cosa que la militarización de la sociedad, la defensa de la creación de grupos de civiles armados que defienden los intereses de los grupos económicos más poderosos y en todo caso permitir que los Estados Unidos nos instale sus dispositivos de seguridad y pérdida de soberanía. Todo esto desde una propuesta “chabacana”, vacía, machista, burlona y vende patria, proclive al fascismo.

De otro lado están los sectores progresistas, democráticos y el movimiento social y popular que apuesta de la reformas sociales que iniciaron con el gobierno, defiende la construcción de la paz a partir del diálogo con los grupos armados para llevarlos a una política de sometimiento a la justicia a cambio determinar con sus negocios criminales, este defiende los Derechos Humanos la inclusión social, combate la misoginia, el clasismo y está fuertemente comprometido en la construcción de la verdad y la memoria histórica.

La elección presidencial del próximo 21 de junio tiene entonces esa gran trascendencia política, y no es poca cosa la que se disputa, o el país elige un gobierno que con errores y todo apuesta por fortalecer el estado social de derecho, la construcción de la paz a partir del diálogo con los actores armados antes que privilegiar más guerra y más dolor al país, lucha contra la corrupción, fortalecimiento del estado antes que entregar a los intereses privados que continuarán lucrando a unos pocos sectores mientras el acceso a nuestros derechos será de acuerdo a las posibilidades económicas.

O nos cruzamos de brazos esperando a que el control del estado retorne a los sectores mafiosos, estrechamente vinculado con los intereses de las transnacionales que quieren seguir saqueando las riquezas naturales, una ultraderecha, que viene a desmontar los mínimos derechos que el pueblo colombiano en la movilización y la lucha ha conquistado, el gobierno de los fuertemente vinculados de las mafias y las élites más corruptas que ven en el estado una fuente de saqueo para aumentar sus riquezas familiares. Será el gobierno el que privilegiará el uso de la fuerza, para contener la lucha de la sociedad por ampliar la democracia y la ampliación de los derechos. Ellos son los que siembran el miedo porque con ello alientan la desesperanza. Crean la violencia y la inseguridad para que la gente en medio del desespero prefiera los discursos autoritarios.

Es el tiempo y la esperanza, de la Juventud y las mejores oportunidades para la educación, es el tiempo de la garantía de los derechos de las diversidades sexuales,  es la oportunidad para seguir defendiendo el medio ambiente y la naturaleza, de seguir luchando por la verdad, la dignidad del pueblo la memoria histórica, la defensa de la soberanía por encima de los intereses de la arrogancia de potencias imperiales. Es la hora del pueblo. Es la oportunidad de derrotar el miedo y elegir desde el criterio propio y el pensamiento crítico. Que no nos pase lo de la fábula.

Bogotá, 6 de junio de 2026

Más calle, más diálogo directo con la gente.

Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos

Se jugó este 31 de mayo el primer tiempo de la campaña presidencial, los resultados son bastante positivos, aunque no nos permitieron cumplir el objetivo de ganar en primera vuelta, esto nos coloca frente al desafío de corregir algunos errores que cometimos en esta primera parte y fortalecer el trabajo durante las próximas tres semanas que permitan efectivamente garantizar que el proyecto progresista concrete la aspiración de dar continuidad al proceso de cambios y transformaciones que está viviendo Colombia en la garantía de los derechos para los más vulnerables.

Es claro que los resultados son bastante positivos para la campaña de Iván Cepeda y Aída Quilcué, obteniendo 1.705.455 votos en Bogotá, consolidándose como la primera fuerza electoral de la capital de la república, sin embargo, es necesario remontar estos resultados, Bogotá tiene el potencial histórico para ampliar el respaldo a la propuesta progresista, pero se requiere que organicemos el trabajo y salgamos a la conquista de ese electorado indeciso pero que con buena pedagogía seguramente podemos atraer en favor de nuestras propuestas.

Ahora bien, lograr resultados electorales favorables a la continuidad del proyecto progresista en Colombia implica que activistas y militantes desarrollemos con toda nuestra capacidad imaginativa y mucha audacia propuestas que nos permitan conquistar a aquellas personas escépticas, abstencionistas, e incluso personas incrédulas, o quienes votaron por la propuesta de derecha o de centro, quizás mal informados o engañados, porque no creían que desde la propuesta de la izquierda se pueda continuar transformando el país para garantizar la ampliación de los derechos sociales que siempre le fueron negados a las más amplias mayorías.

Es buscando en las calles, en el barrio, en el puesto de trabajo y en la conversación cotidiana con los ciudadanos, que buscamos hacer la pedagogía que permita ganar esa nueva votación en favor de un proyecto que con honestidad y de manera auténtica, quiere que los ciudadanos puedan acceder en mejores condiciones a sus derechos y a la superación de las inequidades históricas que tiene el país.

De esta manera, más allá de seguir asistiendo a reuniones de convencidos que solo deben realizarse para coordinar el trabajo que nos permita ir a la calle a hacer pedagogía deben terminar, que ahora hace falta es que con grupos pequeños o grandes nos instalemos en ejercicios de pedagogía con la ciudadanía escuchar sus inquietudes y permitirnos presentar nuestras propuestas que como proyecto progresista buscan efectivamente mejores condiciones y mayor calidad de vida para el pueblo colombiano.

También desde esta tribuna hacer un llamado para que funcionarios del gobierno, que se han puesto a través de redes sociales y medios de comunicación a pelear entre sí, en una disputa de personalismos y egos que nada benefician el proyecto, para que dejen los espectáculos personalistas y se dediquen también, en la medida de sus posibilidades a trabajar para garantizar el cumplimiento rápido del Plan Nacional de Desarrollo, bastante ayudarían si no siguen acudiendo a las redes sociales para desprestigiar a otro funcionario también del proyecto progresista. Igualmente nada le impide a un funcionario público pararse en una esquina y hablar con los ciudadanos, hablar de los logros del gobierno e invitarlo a que ejerza el derecho a un voto crítico y consciente.

Igual llamado para que quienes fueron elegidos con el respaldo del voto progresista el 8 de marzo del 2026 eleven su capacidad de trabajo y presencia con las comunidades, trabajo en redes sociales está súper bien y hay que seguirlo haciendo, pero en muchos territorios la gente sigue esperando la presencia de quienes fueron elegidos para ayudar a aumentar la organización y proyectar el trabajo que permita conquistar esos millones de votos que faltan para garantizar el triunfo del progresismo el próximo 21 de junio.

Así el trabajo que viene en las próximas tres semanas debe ser el ejercicio cotidiano de hablar con la gente en las calles resolver sus inquietudes escuchar sus inconformidades pero en todo caso hacer la pedagogía para que la gente acuda de manera decidida y masiva a las urnas el próximo 21 de junio.

Toda conversación, distribución de propaganda, pega del afiche, tinto y tertulia en pequeños grupos familiares y de vecinos, la tarea es muy clara, buscar a las personas que por distintas razones fueron vacilantes o no comprendieron la propuesta del proyecto progresista para que ahora sin vacilación alguna voten por Iván Cepeda y Aída Quilcué, esto pasa, en todo caso explicándole a la gente lo que implicaría para el país un gobierno de derechas en cabeza de Abelardo con su propuesta neoliberal-fascista e irrespetuosa que llegaría a profundizar las desigualdades y a suprimir los más mínimos derechos y dignidades de las personas. Esto sí tenemos en cuenta cómo están actuando proyectos de derechas en América Latina, ejemplo Argentina, Bolivia, Chile, ecuador, Salvador y Honduras.

Bogotá 2 de junio de 2026

“Curiosa coincidencia” entre ultraderecha y mafio-traquetos colombianos.

Alfonso Castillo Garzón 

Defensor de los derechos humanos y constructor de paz. 

Muy graves y condenables los actos de violencia inusitada contra la población civil, que se lleva a cabo el pasado fin de semana en el departamento de el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó decenas de personas heridas entre ellos niños y niñas, además de desatar una zozobra sobre comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, a los familiares y a esas comunidades expresar desde esta columna un abrazo solidario y el envío de la fortaleza para seguir persistiendo en la construcción de la paz y la convivencia alejada de la violencia. 

Foto: EFE.

En los medios de comunicación y en las redes sociales se ha establecido la responsabilidad de grupos armados, que a estas alturas lo que menos importa es saber cómo se denominan, lo verdaderamente importante es poder caracterizar a qué intereses, sirven este tipo de acciones en este justo momento político que vive Colombia 

Hoy no resulta muy claro hablar de la responsabilidad de tal o cual disidencia, banda traficante, insurgencia o vociferante discurso guerrerista de ultraderecha nacional o internacional, lo que queda muy claro, es la inquietante  coincidencia de unos y otros para promover la violencia, espantar la paz y desestabilizar el proyecto progresista que hoy se disputa en franca lid la continuidad y profundización de las transformaciones y los cambios en favor de los intereses populares.

Los recientes actos de terror en el norte del cauca y en otros lugares del país, parecieran ser la continuidad del recientemente denunciado “proyecto Júpiter”, a través del cual, sectores de la derecha y la ultraderecha colombiana junto con algún sector de empresarios, financian acciones de desestabilización del gobierno de Gustavo Petro con la única pretensión, de desestimular el respaldo creciente que hasta el día de hoy tiene la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la república, simulando una polarización entre el candidato progresista y Abelardo de la Espriella y con ello dar un aliento a la candidatura de Paloma Valencia, ella sí candidata de la ultraderecha colombiana que promueve justamente la polarización, los discursos de odio, racismo y elitismo, auténtica representante de las élites que por siempre gobernaron desde la exclusión y la violencia.

En todo caso las prácticas políticas de sectores de la derecha  y ultraderecha (élites dominantes) que desde hace casi cuatro años se han opuesto a la discusión de las reformas para el cambio social y han saboteado todo intento  del gobierno de Gustavo Petro para restablecer derechos vulnerados por la violencia y la salvaje implementación del modelo económico neoliberal. Hoy “curiosamente” las llamada disidencias, han declarado la guerra al gobierno del cambio, pero sus actos de la campaña “es la hora del antimperialismo” afectan a la población y bienes civiles, causando muerte, dolor, en incertidumbre, que para nada es consecuente con la lucha en defensa de los interés populares. En todo caso estas acciones de la ultraderecha y mafias criminales, articuladas o no, se prestan para preparar las condiciones de un eventual retorno de la derecha al gobierno.

Estos actos propios de grupos de mafio-traquetos, que por mostrar un control territorial, reclutan menores, e imponen acciones de guerra que afectan y vulneran derechos de las comunidades, mujeres y niños, coinciden con las inescrupulosas acciones de la operación Júpiter, que “siembran miedo”, desestabilizan el gobierno, fabrican falsas noticias  y eventualmente también alientan y estimulan la violencia, valiéndose de grupos que privilegian el negocio criminal de tráficos ilegales de drogas, armas, oro, entre otros, antes que proteger a las comunidades y la naturaleza.

El discurso de las élites niega el conflicto armado y a millones de sus víctimas, así mismo, mafio-traqueteos, “amparados” en una cada vez más lejana lucha política, niegan los avances y dificultades que el gobierno progresista ha tenido que soportar, cuando las élites pro fascistas negaron “el derecho a gobernar desde un proyecto alternativo”. Así, desde aparentes lugares opuestos, mafio-traqueteos y élites, quieren impedir que el proceso de transformar el país, del lado de la superación de la desigualdad social y económica, tenga la continuidad que las mayorías populares siguen reclamando.

Sin embargo con lo que no cuentan élites guerreristas y corruptas y estas bandas de  mafio-traquetos, que se ponen el disfraz de revolucionarios, es que el pueblo colombiano ha iniciado un proceso de profunda transformación social y política, y ha elevado los niveles de resistencia, organización y lucha popular, en un ejercicio de despertar de la conciencia colectiva, qué ha permitido conocer, cuáles son los verdaderos intereses mezquinos de las élites que gobernaron el país por tantos años, y hoy está decidido a derrotar la violencia, la impunidad y la desigualdad ejerciendo un voto consciente decidido y sin miedo, que permitirá el próximo 31 de mayo elegir a Iván Cepeda, como el segundo gobierno del cambio para profundizar las transformaciones que se iniciaron desde el año 2022 en un cumplimiento el mandato popular entregado a Gustavo Petro.

Bogotá, 28 de abril de 2026