Perdimos por culpa de …

Alfonso Castillo Garzón

Defensor de los Derechos Humanos 

Reconocida la pérdida de las elecciones por parte del candidato presidencial Iván Cepeda y Aida Quilcue, han aparecido todo tipo de análisis sobre los resultados y las responsabilidades individuales y colectivas, por no haber podido alcanzar los objetivos propuestos de elegir un segundo gobierno progresista en Colombia. Entre esos balances hay algunos que son hechos con mucha responsabilidad y habrá que tener en cuenta los elementos que se plantean en ellos para que desde los sectores alternativos se hagan Las respectivas evaluaciones y se corrijan lo que eventualmente pudieron ser errores que no permitieron consolidar el proyecto progresista en el país.

Sin embargo, también hay cantidad de “análisis” de opinadores que deposiciones bastante facilistas,  hacen observaciones y comentarios que intentan trasladar la responsabilidad a los sectores de izquierda, de haber permitido a Abelardo de la Espriella y lo que seguramente será un mandato de retrocesos democráticos para el país, esos comentarios también involucran al presidente de la república Gustavo Petro.

Sin duda alguna y reconociendo de manera autocrítica los errores que se cometieron fueron muchos,  tienen que ver con la estrategia de campaña,  con la poca eficacia para comunicar los logros del gobierno con la propia campaña presidencial,  también a los estilos personalistas o arrogantes de algunos dirigentes de la campaña, o también como dicen algunos a la falta de transmitir emocionalidad por parte del candidato,  Y seguramente todos esos comentarios tienen algo que ver con los resultados. 

Sin embargo, también es justo preguntar a algunos de estos “analistas”, que ahora aparecen para buscar culpables por el no triunfo del candidato del progresismo, dónde estaban para contribuir a la difusión de las propuestas,  o al menos  para apoyar el desarrollo de las actividades de campaña,  e incluso para utilizar esas mismas tribunas que hoy usan para hacer balances desde la barrera,  porque no denunciaron los riesgos que significaba para la democracia colombiana la candidatura de la ultraderecha pro-fascista.

Hoy resulta fácil encontrar culpables,   no obstante es necesario señalar las condiciones en las que adelantamos la campaña electoral, estamos enfrentando la determinación del gobierno norteamericano, que claramente hizo intervención e injerencismo en la campaña, porque no le convenía en sus intereses geoestratégicos que Colombia continuará gobernada por un proyecto progresista, cuando justamente, como parte de la fórmula para salir de la crisis que actualmente atraviesa el gobierno de los Estados Unidos, está centrada en  la consolidación del Escudo de las Américas, para seguir saqueando los recursos naturales de América Latina y de paso también liquidar el futuro progresista en Brasil. 

También es necesario tener en cuenta que esta es parte de una estrategia del gobierno norteamericano para contrarrestar el avance de la influencia China en América Latina. Hoy el gobierno norteamericano tiene el control político en los gobiernos de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Panamá, Salvador y Honduras y en ese sentido un gobierno progresista en Colombia resulta siendo una anomalía que hay que corregir, y poder consolidar el avance en La derrota del progresismo en América Latina teniendo claras intenciones de sofocar al gobierno revolucionario en Cuba y luego seguramente también hacerlo con el gobierno popular en Nicaragua sin descartar las pretensiones que pueda tener para desestabilizar el gobierno progresista en México. y Todo lo anterior será necesario incluir de este ejercicio también se desarrolla con la influencia e injerencia del gobierno genocida de Israel,  al cual seguramente el gobierno electo de Colombia le brindará todo su apoyo y complicidad.,

Un segundo aspecto que es necesario tener en cuenta es que ciertamente con el apoyo tanto del gobierno norteamericano como de un sector de los empresarios colombianos hubo un fuerte dispositivo económico que por supuesto, no será fácil demostrar, pero desarrolló un plan en muchas regiones del país de compra de votos,  esta es una forma tradicional de la política en Colombia pero que en esta ocasión fue elevada a proporciones mucho más grandes.  A esto hay que añadir, que hay una determinación también de una parte de las élites políticas colombianas de no permitir que se continúe profundizando el modelo progresista en Colombia. Por miedo pero sobre todo por esa actitud clasista de ese sector de las élites colombianas dar un chance para un segundo gobierno progresista resulta francamente inaceptable.

No puede pasarse por alto, que hay un sistema político y particularmente un sistema electoral fácilmente permeable a la corrupción y en el que tradicionalmente en Colombia la institucionalidad ha saltado las normas de la transparencia electoral y el respeto a la voluntad popular, básicamente porque el sistema está controlado por los mismos politiqueros que necesitan beneficiarse de un sistema atrasado, en el qué parte del proceso electoral, está entregado a manos de empresas transnacionales las cuales no hacen visible  para los actores electorales el total de la información que permita las auditorías tecnológicas necesarias.

Un asunto no menos importante que es bueno considerar, es la gran vulnerabilidad del electorado colombiano, tradicionalmente el colombiano es apático a la participación político electoral y en cambio ha estado permeable a todas las formas de corrupción del voto por eso cada proceso electoral está acompañado de múltiples denuncias e incluso las campañas institucionales hablan de salirle al paso a la venta del voto.  Esta situación se explica básicamente por una precaria cultura política, que será necesario también empezar a trabajar para los próximos procesos electorales, pero fundamentalmente, debido a una también precaria situación económica que en muchas regiones del país termine haciendo que la gente vea en la participación electoral ana “oportunidad” para conseguir algunos pesos favoreciendo la intención de un determinado candidato. 

Por esta razón por supuesto que hay que reconocer autocríticamente que en el desarrollo de la campaña se cometieron errores pero no es justo que intente ahora explicarse los resultados tratando de señalar que lo que faltaba era que el candidato saliera vestido de arlequín bailando salsa choque en una tarima o que hablara trivialidades en sus discursos.  Estos comentarios minimizan la grandeza de los resultados,  se trata de casi 13 millones de colombianos y colombianas, que apostaron por la defensa de la vida y por una propuesta política que apuntaba a fortalecer la democracia y la ampliación de los derechos sociales,  que persistía en la búsqueda de la paz y de la memoria,  defendía el medio ambiente y tenía en la perspectiva política un proyecto ético que se centraba en la lucha contra la corrupción y por eso no vale que ahora se plantee que por qué no hicimos alianzas con distintos sectores que nos garantizaran ganar la presidencia,  porque no se trataba de ganar a cualquier precio, cuando justamente lo que se promovía era un proyecto distinto alejado de las maquinarias. 

contrario a cualquier idea de derrota, los resultados electorales de este 21 de junio son la reafirmación de una victoria, que muestra el crecimiento político del proyecto alternativo con la formula gustavo Petro y Francia Márquez que en la elección de 2022 8.527768 votos en primera vuelta y en segunda se logran 11.281.013 votos que permitieron la elección por primera vez de un gobierno progresista, y en 2026 se obtienen para la formula Ivan Cepeda - Aida Quilcue se logran 9.688.361 en mayo 31 y se alcanzan 12.708.712 votos que representan un crecimiento cercano a los 3 millones de nuevos respaldos a un proyecto que enfrento todas la adversidades institucionales, la mala prensa y una arremetida Anti Petrista, y la determinación de todos los podres de la elite en alianza con el gobierno norteamericano y el genocida gobierno de Israel. y esto antes que derrotara es un triunfo popular.

A esto hay que sumar una bancada parlamentaria significativa que en últimas de cuentas, representa que hay un crecimiento en el respaldo popular a un proyecto alternativo y progresista,  quedarnos en buscar culpables es no ver que este proyecto ha tenido unos crecimientos importantes y ahora el gran desafío es convertir ese crecimiento en una capacidad de movilización organización lucha y resistencia contra un gobierno mafioso y corrupto que de seguro intentará desmontar las conquistas sociales del gobierno de Gustavo Petro, pero sobre todo tratará de imponer un régimen autoritario, antidemocrático y de entrega de la soberanía nacional a intereses extranjeros.

El desafío entonces ahora es como desde los sectores democráticos y progresistas salimos a fortalecer un proyecto organizativo desde la alianza por la vida, que nos permita preparar de manera sistemática, la participación política, para ejercer  el derecho a una oposición con argumentos y coherencia política,  pero sobre todo, el gran desafío está en organizar el movimiento político o partido, que permita preparar las condiciones para que en las próximas elecciones territoriales del mes de octubre del año 2027 podamos desarrollar un ejercicio democrático, escoger los mejores candidatos y candidatas para participar en dichas elecciones territoriales, también poder consolidar el partido político o movimiento, con las capacidades para desarrollar un potente proceso de pedagogía política, que permita la formación critica de el pueblo y prepararlo para que esa participación en la política se haga de manera organizada y sistemática.

Bogotá 25 de junio de 2026.

¿Con quién le irá mejor al país?

Alfonso Castillo Garzon

Defensor de los Derechos Humanos

A tan sólo 4 días de la elección presidencial en segunda vuelta, para decidir en cabeza de quién estará el gobierno en los próximos cuatro años y en medio de una profunda polarización política, que no es cosa distinta que la continuidad de una profunda fractura ideológico-política que ha tenido el país durante buena parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI,  y que se profundizó durante la discusión del plebiscito por la paz en octubre el año 2016, a través del cual, el país se puso en la disyuntiva de aprobar o no el acuerdo final de paz ,elaborado en un proceso de negociación entre la extinta guerrilla de las FARC - EP y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. 

Como parte de esa polarización, el país político discute un asunto que no es de poca monta, se trata de decidir cuál será el rumbo político y social que tendrá Colombia en el próximo cuatrienio.  De un lado la candidatura del defensor de los Derechos Humanos Iván Cepeda que plantea un modelo de continuidad y profundización de las reformas emprendidas durante el primer gobierno progresista de Colombia,  con un programa de que plantea una lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente, y la persistencia en la búsqueda de la paz,  por supuesto, defendiendo la autonomía y la soberanía nacional.  De otro lado está la candidatura de quien valiéndose de las redes sociales y con un discurso entre mesiánico y delirante, ha apelado a la política como un show y un espectáculo mediático, con mensajes efectistas, que exaltan la continuidad de la guerra,  la entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros,  el odio al opositor político, el irrespeto a las identidades culturales, desde un discurso patriarcal, que en todo caso no muestra por ningún lado la decencia en la política.

Así, las dos candidaturas representan proyectos de país distintos,  Iván Cepeda y Aída Quilcué, promueven un proyecto que privilegia la vida que busca superar las desigualdades y las inequidades sociales, económicas y políticas, mientras que de el otro lado, la candidatura exalta los valores proclives a un neofascismo criollo y a un falso discurso para disminuir el tamaño del estado, y lucha frontal contra la delincuencia,  cuando el mismo, tiene entre sus antecedentes en su labor profesional, exaltación de esa delincuencia de la cual se ha lucrado, al punto de hacerlo una persona con mucho poder económico, que da muestras de no tener escrúpulos, tanto que habla de “extirpar a la izquierda”, en un país que por años ha sufrido la estigmatización y el genocidio contra las ideas progresistas y democráticas y que ha costado el genocidio de movimientos políticos como la Unión Patriótica, A luchar y Frente Popular, pero que también se ha extendido a prácticas etnocidas,  con aniquilamiento a comunidades afrodescendientes e indígenas a lo largo y ancho del país, así como, prácticas de violencia política y social contra las comunidades sexualmente diversas e incluso con prácticas instaladas socialmente como el feminicidio.

Lo que se disputa en las elecciones del próximo 21 de junio, es si el país va a mantener un gobierno que piensa en ampliar los derechos de las mayorías, o se gobierna para defender los intereses del proyecto neoliberal, privilegiar las élites y por tanto mantener la violencia y la guerra como método politico, para desde el miedo, seguir gobernando en beneficio de unos pocos.

De esta manera, ante la reiterada pregunta de ciudadanos indecisos o no suficientemente informados, ¿Con quién le irá mejor al país? Es importante tener en cuenta que la respuesta a este interrogante, siempre estará asociada a los intereses de distintos sectores sociales y económicos. Si gobierna el candidato de la ultraderecha, vinculado a intereses extranjeros, nexos con sectores del paramilitarismo y de los grandes grupos económicos, entonces a ellos les irá muy bien, porque seguirá reinando la impunidad, la mentira y la ampliación de privilegios económicos para los grupos más poderosos, esto en detrimento de los derechos y garantías democráticas. Si gobierna un proyecto progresista, encabezado por Iván Cepeda y Aída Quilcué, al país de los colombianos de a pie, al pueblo trabajador, a los campesinos, a los excluidos de siempre, a las mujeres y jóvenes, a niños y niñas, a las diversidades sexuales, a miles de colombianos en situación de discapacidad funcional, a los adultos mayores, a pensionados, a indígenas y comunidades afrocolombianas,  a millones de víctimas del conflicto armado, a todos ellos les irá mejor, porque el progresismo como proyecto político ha luchado históricamente por conquistar y ampliar los derechos para estas mayorías, además de luchar por ampliar las libertades democráticas y políticas, persistir en la construcción de la paz como eje para el desarrollo social, político y económico del país, se continuará trabajando para derrotar la corrupción y la impunidad, al tiempo que se fortalecerá la lucha por la memoria y la verdad histórica.

Este 21 de junio, más allá de pensar de manera individual como me puede ir, con uno u otro tipo de gobierno, es necesario que pensemos  colectivamente en Colombia, en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales al servicio del desarrollo nacional, y en este sentido el proyecto progresista que aspira a continuar gobernando y derrotar el proyecto elitista que solo está pensando en mantener privilegios a los más poderosos. Es momento de apropiarnos del mayor espíritu democrático y salir a defender vida, dignidad, justicia y paz.

Bogotá, 17 de junio de 2026

15 años de la ley de victimas entre frustraciones y esperanzas.

Alfonso castillo 

Defensor de los Derechos Humanos

Se conmemoran 15 años de la sanción presidencial a la ley de reparación y restitución a las víctimas del conflicto armado, como el resultado de un compromiso  del presidente Juan Manuel Santos, que contó con el concurso y respaldo  de un grupo significativo de parlamentarios que permitió que el trámite se diera sin los tropezones y retrasos que suelen presentarse en el congreso de la república.  Esto quizá como una forma de resarcimiento, tanto el presidente Juan Manuel Santos, como de los parlamentarios de la coalición del gobierno y de distintos sectores de la izquierda, después de un frustrante proceso de consultas a las víctimas en varias audiencias por todo el país, convocadas por por el congreso y respaldadas por un amplio número de organizaciones de Derechos Humanos y paz y un debate en el congreso de la república que se llevó a cabo entre el año 2007 y 2009 en una fallida ley de victimas y que culminó con la grotesca expresión del expresidente Álvaro Uribe Vélez de no sancionar la ley porque resultaba muy costosa para el país, según manifestó durante un consejo de gobierno en el municipio de Mompox, Bolívar el día 20 de junio de 2009  "Lo que no podíamos hacer era aceptar una ley que le iba a traer al país un costo de 82 billones de pesos (unos 36.210 millones de dólares), y que les daba a los agentes del Estado, los policías y soldados, el tratamiento que se les da a los terroristas"

Luego de este fracaso institucional de establecer un marco normativo para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se tramitó y sancionó el 10 de junio del 2011 la ley 1448, que se constituyó como un importante instrumento de política pública para la atención a las víctimas, al menos en las medidas qué hacen referencia a la indemnización (que no reparación integral) y al procedimiento para la restitución de tierras. La ley, constituye sin duda alguna un avance, en la creación de un instrumento de registro, al tiempo que se establecieron protocolos específicos para la atención a las víctimas con un enfoque diferencial, especialmente de un procedimiento y de una ruta de atención para los enfoques étnicos y de género, también un importante desarrollo en materia de definir los hechos victimizantes y el establecimiento de una institucionalidad encargada tanto de la atención, como del procedimiento para el reconocimiento de esa indemnización. 

Sin embargo, desde el comienzo la implementación de la ley 1448 ha contado con una dificultad, que año tras año ha intentado subsanarse, pero que no ha logrado la contundencia que se requiere, es el problema de la financiación de la misma. Al gobierno colombiano le ha faltado audacia para generar los recursos suficientes que permitan avanzar más rápidamente en el reconocimiento de la indemnización a las víctimas, y contrario a este derecho, y debido a la falta de recursos se han creado barreras de acceso para el reconocimiento de la indemnización, bajo la excusa de criterios de priorización, que no han hecho cosa distinta que excluir a una parte importante de las víctimas.

Un gran problema que han tenido que enfrentar las víctimas para el acceso a su derecho a la indemnización y en general para la construcción de una política pública con enfoque reparador, es la desarticulación institucional, problema que ha persistido en el estado colombiano si se considera que ya desde el año 2004 la corte constitucional con la sentencia T 025 y decenas de autos de seguimiento, ha llamando la atención, sobre esta que es una falla estructural, la desarticulación y descoordinación institucional para el tema de la política pública de víctimas con énfasis en la población víctima del desplazamiento forzado.

También un problema estructural de la institucionalidad, es que esta tendió a convertirse en un fortín burocrático de distintas fuerzas políticas, antes que priorizar la implementación de los principios y de las normatividades establecidas para la atención a las víctimas, y en últimas de cuentas, ha prevalecido durante varios gobiernos el criterio de clientelizar y aún permitir, que desde esa institucionalidad, se promueven prácticas y ejercicios de corrupción que no se compadecen con las necesidades y urgencias que las víctimas del conflicto armado permanentemente reclaman. 

Posteriormente han aparecido nuevas dificultades, asociadas con esta desarticulación precisamente en el marco de una institucionalidad creada por el acuerdo final de paz y la jurisdicción especial para la paz, que prácticamente han hecho que corran de manera paralela acciones y políticas enfocadas en la atención a las víctimas, pero que perfectamente funcionaria de manera más eficaz, si existiera tal articulación.

La ley que hoy celebra 15 años de su sanción, ha tenido dos procesos de modificación uno primero que prolongó la vigencia de la ley por 10 años más y uno más reciente, en el año 2024 con la ley 2421, a través de la cual se amplió la definición de víctimas, dando más cabida a miembros de la fuerza pública para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado, hecho que sigue siendo bastante discutible. Pero quizá en el marco de esa nueva normatividad lo más importante es la creación de un nuevo hecho victimizante, como lo es el desplazamiento transfronterizo, que permite y abre la posibilidad para que las víctimas en el exterior, puedan acceder en forma más eficaz a las políticas de retorno, restitución e indemnización. 

Sin embargo y reconociendo el avance de esta nueva y fortalecida normatividad, el propio gobierno no ha cumplido con los plazos fijados por el legislador para la implementación de la 2421, lo que nos sitúa en el mismo escenario que se ha enfrentado durante estos 15 años para la implementación de buena parte de la normatividad establecida en la 1448.

Así, el balance que se puede presentar sobre la implementación de este marco normativo, es el de la pérdida de una oportunidad para garantizar un avance más consolidado en el reconocimiento de las indemnizaciones, la aplicación de los enfoques diferenciales, en todo caso, un desaprovechamiento de un marco normativo para el procedimiento de restitución de tierras, que no ha logrado la eficacia suficiente, tanto que en el número de hectáreas restituidas no da cumplimiento, ni siquiera a las propias metas fijadas por el gobierno en la política restitución durante estos 15 años, si se considera que buena parte de las hectáreas que se presentan como ejercicios de restitución, son procedimientos de adjudicación de baldíos, mientras que las tierras usurpadas en el marco del conflicto armado, siguen bajo la propiedad de quienes valiéndose de la fuerza, la violencia o vacíos jurídicos siguen usufructuando esos bienes que pertenecen a las víctimas y a sus comunidades.

Igualmente en materia de participación de las víctimas y aunque hay importantes desarrollos, debe plantearse que cada vez son más notorias las dificultades para que las víctimas puedan acceder de manera plena y efectiva a unas garantías amplias y suficientes que permitan la participación sin restricciones y sin barreras de acceso a las víctimas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Las instituciones siguen imponiendo el desarrollo y la construcción de las políticas públicas, sin dar condiciones suficientes de participación a las víctimas para el debate de las mismas.

Un aspecto no menos importante, en el marco de estos 15 años de la ley 1448, es el la persistencia en la falta de garantías para la vida, la integridad y las libertades de líderes y lideresas,  como de organizaciones y territorios. La persistencia del conflicto armado y en especial la disputa de los grupos criminales en el control territorial, ha hecho que las comunidades y las líderes y lideresas de las víctimas, se encuentren en condición de vulnerabilidad y las políticas de protección y de prevención que se desarrollan por parte del gobierno y del Estado Colombiano, no alcanzan, ni tímidamente, a generar un ambiente que permita garantizar el ejercicio del derecho a organizarse y liderar La búsqueda del restablecimiento pleno del derecho de la paz, verdad, justicia, memoria individual y colectiva, reparación integral y garantías de no repetición, memoria y combate a la impunidad.

Hoy transcurridos 15 años de la implementación de este instrumento normativo para garantizar el derecho a la reparación y a la restitución, la sensación en las víctimas es que hay cada vez una actitud institucional, de apartarse de su responsabilidad en la garantía de la aplicación plena de esta ley. 

Por eso, para las víctimas del conflicto armado en Colombia, hoy la lucha es por garantizar la continuidad del proyecto progresista, permita como se ha planteado por parte de la campaña presidencial de Iván Cepeda: Acceso a una reparación integral a las víctimas que incluya vivienda, educación salud física y emocional, así como, mejor garantía de acceso a programas de economía popular y por supuesto un verdadero enfoque de reparación colectiva que atienda los derechos de las comunidades y organizaciones que fueron afectadas por el conflicto armado, ampliar los escenarios de participación de las víctimas en las políticas públicas,  erradicación de las prácticas de corrupción, clientelismo y tráfico el dolor, que existe en la institucionalidad que atiende a las víctimas, plenas garantías para la aplicación de los enfoques diferenciales étnico, generacional, de género y territorial, una política en la que la reforma agraria, el acceso a la tierra con oportunidades para el desarrollo de la producción agropecuaria, la defensa del derecho a las comunidades a permanecer en el territorio, defensa del agua y la naturaleza, el reconocimiento al campesinado como sujeto político, sean parte de un compromiso contundente con la erradicación de las causas de la violencia en Colombia, la verdad, memoria y justicia, serán parte sustancial de la política pública de víctimas en ese nuevo momento del gobierno progresista, igualmente, lo será el desmonte de las estructuras criminales, que siguen agobiando a muchas comunidades a lo largo y ancho del país, no menos importante será, el reconocimiento de mejores condiciones para el retorno efectivo de miles de colombianos que se encuentran fuera del país, en distintas condiciones migratorias para los cuales habrá necesidad de construir una política con más garantías. 

La participación de las víctimas será parte central de la política pública que se adelantará en el nuevo gobierno democrático en el país. Así mismo, la idea de persistir el la construcción de una paz, donde las comunidades tengan un papel más protagónico, garantizando eso sí, no dialogar con aquellas organizaciones que persistan en vincular a la población civil en sus actividades criminales u objetivo de guerra, atentar contra ellas, o que mantengan prácticas inaceptables como el reclutamiento de menores para sus actividades. 

En este sentido, las víctimas hoy deben evaluar, si lo que se requiere es apoyar un proyecto que promueve la guerra como fórmula para erradicar la violencia, tal como se ha practicado en el país en los últimos 70 años, o nos permitimos con nuestro concurso y nuestra participación activa en la política, para que la vida esté en el centro de la construcción de la nueva política, garantizado la democracia, y la dignidad. 

En la conmemoración de los 15 años de la ley de víctimas, es relevante asumir el compromiso para que la verdad sea, el eje sustanciador de la política, tal cual como la promueve la candidatura presidencial en cabeza de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Bogotá 10 de junio de 2026

8 y 9 de junio, los estudiantes tienen la palabra.

Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos 

8 y 9 de junio es una fecha gloriosa de las luchas populares en nuestro país, ella nos recuerda el heroísmo, valentía, decisión y compromiso por la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, la lucha contra el imperialismo, que el movimiento estudiantil ha tenido en una larga trayectoria, que comenzó a comienzos del siglo XX y se mantiene hasta nuestros días

Ya desde la primera década del siglo XX los estudiantes universitarios se movilizaban rechazando las medidas arbitrarias de los gobiernos, y abanderaron con mucha fortaleza la lucha antiimperialista,  pero, es con la influencia del movimiento estudiantil universitario Argentino que desde el Manifiesto de Córdoba en 1919 dio un impulso a las luchas estudiantiles defendiendo la  autonomía Universitaria y por supuesto la reafirmación de un compromiso en la lucha contra la influencia extranjera en los países de América Latina.

En el marco de ese espíritu estudiantes universitarios en la ciudad de Bogotá marcharon el 7 de junio de 1929 rechazando la masacre de las bananeras que había ocurrido en el mes de diciembre de 1928 en la costa atlántica colombiana,  justamente cuando se conocía el nombramiento el general Cortés Vargas  como comandante de la policía de Bogotá, y quien es el responsable de la masacre, en esa movilización muere asesinado por las balas de los militares el estudiante de derecho Gonzalo Bravo Pérez

Posteriormente y conmemorando el 25 aniversario de este asesinato,  de nuevo el movimiento estudiantil se moviliza y en la ciudad de Bogotá se desarrolla una movilización Universitaria,  que es fuertemente reprimida por militares justamente cuando el país iba a conmemorar el primer año de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, ese día fue asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez por las balas de la fuerza publica y al día siguiente los estudiantes de nuevo se movilizaron desde la Universidad Nacional hacia el palacio de Gobierno y cuando la movilización se desplazaba por la carrera séptima, de manera pacífica de nuevo las descargas de balas de la fuerza pública provocaron una masacre asesinando a 11 estudiantes y dejando heridos acerca de 50. 

El movimiento estudiantil ha sido una fuerza decisiva en la movilización popular,  así lo demostraron en la movilización del 10 de mayo de 1957 para exigir la caída de la dictadura militar de Rojas Pinilla,  y también fueron importantes las movilizaciones estudiantiles en la década del 60 y 70 en Solidaridad con el campesinado y el movimiento Cívico que se levantaba en la lucha por la exigencia de mejores condiciones de vida y contra la represión que ya se ejercía fuertemente por parte de la fuerza pública y el gobierno. A comienzo de la década del 70, importantes las movilizaciones del estudiantado colombiano en rechazo a la injerencia extranjera y clerical en la educación,  quizá la más importante del 26 de febrero de 1971 en la Universidad del Valle movilización que terminó con el asesinato de al menos 7 estudiantes.

El estudiantado colombiano ha sido actor importante en la lucha por los derechos y la libertades,  su capacidad de movilización y de lucha le han significado la estigmatización fuertes persecuciones y una oleada de violaciones a los Derechos Humanos incluidas asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura, exilio y desplazamiento. Está fuerte persecución, se tradujo en un reflujo del movimiento estudiantil desde mediados de la década del 80 hasta finales  de la primera década del siglo XXI, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad nacional.

Hacia el 2011 el movimiento estudiantil se recupera,  y surge una nueva generación de dirigentes estudiantiles en la lucha, que rechazaban la reforma a la ley 30/92, la MANE (Movimiento Amplio Nacional Estudiantil), fue la organización que promovió un potente movimiento estudiantil que durante los siguientes años, se convirtió en un importante actor político del estudiantado colombiano promoviendo la defensa de la educación pública y la ampliación de su cobertura. Posteriormente y durante el gobierno de Iván Duque en el año 2018, el movimiento estudiantil universitario,  protagonizó el paro nacional universitario que durante cuatro meses  desplegó una importante capacidad organizativa y de creatividad cultural,  desarrollando nuevas y pacíficas formas de movilización en rechazo a la crisis universitaria, surgida de una clara desfinanciación por parte del gobierno que con claros intereses neoliberales seguía apostando por la privatización de la educación superior.  

Y desde ese momento y hasta el denominado estallido social en el año 2021 los estudiantes fueron protagonistas de unas importantes movilizaciones que culminaron en el denominado “estallido social”,  un levantamiento social  y popular en el que la juventud fue protagonista principal en la movilización sostenida durante varios meses en distintos lugares del país, en rechazo a las violaciones a los Derechos Humanos, la exigencia de la paz, la verdad, justicia, reparación la garantías, no repetición, así como, la denuncia de las desigualdades, la defensa de la educación pública y  la profunda impunidad, mientras se sostenía la corrupción por parte del gobierno de Iván Duque. Esta movilización derivó en la conquista para el movimiento social y popular en el primer gobierno progresista elegido tras un amplio respaldo popular.

En el ejercicio de este gobierno popular se intentaron implementar reformas que las élites sabotearon de distintas maneras combinando todas las formas de bloqueo institucional,  desprestigio a través de los grandes medios de comunicación,  y señalamientos y hostigamientos contra el gobierno y sus principales propuestas de transformación y de cambio que no fueron otra cosa que interpretar el clamor popular de muchos años de movilización social.

Hoy el país está  inmerso en un profundo debate político e ideológico que se disputa la continuidad del proyecto progresista de transformaciones y cambios mientras que las élites intentan con distintas maniobras y prácticas políticas que incluso han apelado a la injerencia extranjera para impedir que el proyecto popular siga avanzando. 

En ese sentido el próximo 21 de junio cuando se realizará la segunda vuelta presidencial, el estudiantado como en muchas otras ocasiones juega un papel decisivo en tanto por su capacidad de movilización,  su capacidad pedagógica y creatividad cultural artística, deben jugársela para impedir que llegue al gobierno, la ultraderecha, que como lo ha promovido en su campaña, tiene el propósito de recortar derechos, desmontar todas las conquistas sociales adquiridas durante el primer gobierno progresista en Colombia, entregar la soberanía nacional y los recursos naturales a los intereses de las empresas transnacionales,  y desatar una nueva oleada guerrerista,  de la cual los jóvenes han sido siempre una de sus víctimas.

Por ello hoy, el llamado es para que la juventud se vuelva a las calles, pero también a las urnas, a respaldar el proyecto encabezado por Iván Cepeda y Aída Quilque para defender la vida,  la constitución política,  la democracia y la paz.  ¡Me la juego por la vida!

Junio 8 de 2026