"La hormiga, por odio a la cucaracha, votó por el insecticida.
Murieron todos, hasta el grillo que se abstuvo de votar".
Adaptación moderna de la fábula "La cigarra y la hormiga”
Esopo 620 A.C.
Alfonso Castillo
Defensor de los derechos humanos.
Desde hace muchas décadas la acción política en Colombia se ejerce cada vez con mayores niveles de polarización que cada vez ha cambiado de nombre según las circunstancias políticas, en los años 40 y 50 la confrontación entre el partido liberal y el conservador, en las décadas siguientes y con la influencia norteamericana empezó a instalarse el discurso del enemigo interno que prevaleció al menos con toda claridad hasta los años 80 y 90, posteriormente y por cuenta de las élites empezó a desarrollarse un discurso antiguerrillero, que posteriormente se transformó en una esquizofrenia antiterrorista, y se señaló con este calificativo a todas las organizaciones sociales y populares que se movilizaban organizadamente en la exigencia de la ampliación de los derechos, ya en el siglo XXI, el discurso adoptado por las élites fue el de una amenaza castro-chavista, que continúa instalado en el libreto de los grandes medios de comunicación al servicio de los intereses de las clases dominantes y que de manera particular para las actuales elecciones presidenciales ha adquirido la connotación de la “amenaza del comunista”.
De esta manera los principales voceros de los grupos económicos y de la clase política tradicional han instalado un dispositivo mediático de odio, estigmatización y falseo de la historia política del país, atribuyéndole al gobierno progresista de Gustavo Petro que inició en el año 2022 toda la responsabilidad de los males que aquejan al país, cuando la realidad histórica, indica que muchas de estas problemáticas, han existido en el país durante décadas y particular y especialmente la de la violencia se ha originado en políticas económicas impulsadas por las clases políticas dominantes que fomentaron la pobreza, la exclusión y la desigualdad al mismo tiempo que impusieron la violencia y con ella la impunidad sobre los crímenes cometidos por los representantes de la clase política tradicional.
De esta manera el abandono del campo y de los campesinos, la pobreza que se perpetuó en la zonas periféricas del país como en los departamentos del Chocó y la Guajira, e incluso en regiones con importante recursos minero-energéticos como el departamento de Arauca. El modelo excluyente, clasista, clientelista y corrupta de gobierno, forjó una democracia distorsionada, en el que la participación política estuvo limitada y permeada por esos vicios de la corrupción de la clase política sobre el electorado, que veía en cada elección una oportunidad de “resolver temporalmente” un problema económico.(venta del voto)
Este dispositivo de odio y de miedo, se alimentó por décadas, al mismo tiempo el establecimiento de un estado social de derecho, fue un mero discurso que se usó para disfrazar la garantía de los Derechos sociales mínimos entregados a cuentagotas, o mediados por una relación clientelar. Y para quienes alzaron la voz para exigir ampliación o fortalecimiento de esos derechos mínimos, siempre hubo represión, violencia, estigmatización y señalándolos, que en muchas ocasiones se tradujeron en pérdida de las libertades políticas, violación a sus derechos fundamentales y también con la práctica de la eliminación física de los opositores políticos como está ampliamente documentado en los informes de la comisión de esclarecimiento de la verdad, o en las cifras de victimas publicadas por la unidad de victimas y recientemente en los relatos construidos por las declaraciones de quienes fomentaron la violencia ante el tribunal de la jurisdicción especial para la paz (JEP).
Así, en las últimas cuatro décadas la lucha política se ha desarrollado en medio de una profunda estigmatización y polarización que cada vez crece más, las clases dominantes se encargaron de señalar sus opositores políticos, como proclives a la guerrilla, igual que se hace hoy, señalando al proyecto progresista, como un proyecto ligado al comunismo. internacional, esta polarización se agudizó después del plebiscito por la paz en octubre del año 2016 e infortunadamente el país quedó profundamente fracturado en la participación político electoral, motivado seguramente por las posturas políticas que se promovieron, una que exaltaba la defensa de las tradiciones, el aumento de la seguridad y la defensa de los privilegios de los más poderosos, de otro lado un sector que demandaba derechos y garantías sociales, la construcción de la paz y la defensa de los Derechos Humanos, en últimas de cuentas, un enfrentamiento aparentemente ideologizado, que en todo caso es la expresión de un país con una población que se mueve entre el miedo inculcado por las élites y el afán de construir una nueva sociedad que permita salir de la desigualdad y construir una democracia sólida.
De esta manera, las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2026 han estado marcadas por una exacerbación de los discursos de oreo promovido por sectores poderosos política y económicamente y alentado por los intereses de potencias extranjeras, ellos en la promoción de un discurso de ultraderecha, que niega derechos, defiende el sometimiento a intereses transnacionales y la pérdida de la soberanía, al tiempo que promueven un discurso guerrerista y de aumento de la seguridad como alternativa única para resolver los problemas del país, seguridad que no es otra cosa que la militarización de la sociedad, la defensa de la creación de grupos de civiles armados que defienden los intereses de los grupos económicos más poderosos y en todo caso permitir que los Estados Unidos nos instale sus dispositivos de seguridad y pérdida de soberanía. Todo esto desde una propuesta “chabacana”, vacía, machista, burlona y vende patria, proclive al fascismo.
De otro lado están los sectores progresistas, democráticos y el movimiento social y popular que apuesta de la reformas sociales que iniciaron con el gobierno, defiende la construcción de la paz a partir del diálogo con los grupos armados para llevarlos a una política de sometimiento a la justicia a cambio determinar con sus negocios criminales, este defiende los Derechos Humanos la inclusión social, combate la misoginia, el clasismo y está fuertemente comprometido en la construcción de la verdad y la memoria histórica.
La elección presidencial del próximo 21 de junio tiene entonces esa gran trascendencia política, y no es poca cosa la que se disputa, o el país elige un gobierno que con errores y todo apuesta por fortalecer el estado social de derecho, la construcción de la paz a partir del diálogo con los actores armados antes que privilegiar más guerra y más dolor al país, lucha contra la corrupción, fortalecimiento del estado antes que entregar a los intereses privados que continuarán lucrando a unos pocos sectores mientras el acceso a nuestros derechos será de acuerdo a las posibilidades económicas.
O nos cruzamos de brazos esperando a que el control del estado retorne a los sectores mafiosos, estrechamente vinculado con los intereses de las transnacionales que quieren seguir saqueando las riquezas naturales, una ultraderecha, que viene a desmontar los mínimos derechos que el pueblo colombiano en la movilización y la lucha ha conquistado, el gobierno de los fuertemente vinculados de las mafias y las élites más corruptas que ven en el estado una fuente de saqueo para aumentar sus riquezas familiares. Será el gobierno el que privilegiará el uso de la fuerza, para contener la lucha de la sociedad por ampliar la democracia y la ampliación de los derechos. Ellos son los que siembran el miedo porque con ello alientan la desesperanza. Crean la violencia y la inseguridad para que la gente en medio del desespero prefiera los discursos autoritarios.
Es el tiempo y la esperanza, de la Juventud y las mejores oportunidades para la educación, es el tiempo de la garantía de los derechos de las diversidades sexuales, es la oportunidad para seguir defendiendo el medio ambiente y la naturaleza, de seguir luchando por la verdad, la dignidad del pueblo la memoria histórica, la defensa de la soberanía por encima de los intereses de la arrogancia de potencias imperiales. Es la hora del pueblo. Es la oportunidad de derrotar el miedo y elegir desde el criterio propio y el pensamiento crítico. Que no nos pase lo de la fábula.
Bogotá, 6 de junio de 2026
