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Sobre la política pública de víctimas en la Bogotá de Enrique Peñaloza

Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos
+57 3102125193
twitter:@castilloalfo
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Muchas preguntas, pocas certidumbres.

Una gran incertidumbre tenemos las organizaciones que trabajamos con los derechos de las víctimas, así como las víctimas, en relación a cuáles serán las orientaciones y políticas impulsadas por el nuevo gobierno de Enrique Peñalosa en materia del desarrollo de la política pública de víctimas en la ciudad de Bogotá.

Lo primero que debemos realizar es un balance que nos permita establecer Cuáles fueron los aciertos de la política pública desarrollada en los últimos años, Asimismo, establecer Cuáles fueron los equívocos y los programas que no lograron desarrollar un importante impacto en el logro de las transformaciones y de los derechos exigidos por las víctimas.

Durante los tres últimos gobiernos en la ciudad de Bogotá el tema de atención a las víctimas había venido mejorando considerablemente, así, durante la “Bogotá sin indiferencia” se establece el subsidio complementario de vivienda, pionero en el país, producto de múltiples luchas de las organizaciones de desplazados, entre esas luchas se destaca la desarrollada por ANDAS en 2005 y la toma de 300 casas abandonas en la localidad de Kenedy. Luego, durante la “Bogotá Positiva” se estableció una gerencia para la atención a víctimas, se descentralizaron las UAO, se elaboró siguiendo las órdenes de la corte constitucional, un PIU participativo y se dio un fuerte apoyo a los proyectos productivos de la población desplazada en Bogotá. Durante la “Bogotá Humana” se creó la Alta Consejería para las Víctimas, se dio un aumento considerable de la inversión presupuestal y desde esta se crearon importantes programas de atención y reparación, más allá inclusive de lo que oferta la ley de víctimas. Hoy ante el gobierno de “Bogotá Mejor Para Todos” estos avances se ven seriamente amenazados por los anuncios de recorte presupuestal y por la falta de interés del alcalde Peñalosa sobre los temas de víctimas y paz, sobre los cuales hemos escuchado pocas alusiones tanto en la campaña, como los primeros 30 días de su gobierno.

Cabe destacar, que la Mesa Distrital y las Mesas Locales de participación, han desarrollado un importante balance y ejercicios de diagnóstico y construcción de las exigencias que deben impulsarse en el marco de la política pública de Bogotá, en ese sentido debemos mencionarse el documento elaborado por estas en relación a lo que ha sido la implementación de la política pública de víctimas en la capital de la república. Igualmente es importante destacar que ha habido una serie de exigencias y demandas de múltiples organizaciones de víctimas en relación con el cumplimiento de la ley 1448 y donde se exponen una serie de dificultades que se tienen en materia de acceso a los derechos planteados en esta y que dependen directamente de la ejecutoria de la Unidad Nacional de Víctimas.

Sobre el futuro de la política pública de atención a las victimas surgen entonces muchos interrogantes, que no se resuelven solo con algunas palabras que se han escuchado por parte de la doctora Ángela Anzola, actual consejera de víctimas, que ha planteado que el énfasis de la política, se orientara a fortalecer las oportunidades de estudio, a las víctimas, lo cual es importante pero no suficiente. Quizá lo más importante será conocer, cómo se mejorara la articulación ciudad-nación, en el inmediato pasado esta fue una de las razones que dificulto el mayor impacto de los programas impulsados.

Por ello es preciso preguntar a la nueva administración, cómo se tiene dispuesta la convocatoria al Comité Distrital de Justicia transicional, máxima instancia de coordinación Distrito – Nación,  el cual también se establece como el espacio de mayor jerarquía para la participación efectiva de las víctimas según lo señala la ley 1448 del año 2011. El año pasado esta instancia solo fue convocada una vez y no logro jugar el papel de conductor de la política de atención y reparación a las víctimas en la ciudad.

Los recientes anuncios de construcción de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá, son muy importantes, sin embargo, nada se dice en estos anuncios sobre la adjudicación de viviendas y la forma de adquirirlas para las víctimas del conflicto armado interno que vivimos en la ciudad. En la administración pasada se generó gran expectativa con el anuncio de construir 40.000 viviendas para esta población, sin embargo los debates con el gobierno nacional y el cerco a las políticas de esa administración impidieron que esta promesa se materializara al punto que la meta solo logro atender el 25% de esta cifra.

Hasta la fecha no se conoce cuáles serán los lineamientos generales que orientarán el desarrollo de la política de generación de ingresos para víctimas, considerando que a través de ella, se aporta de manera fundamental en el proceso de superación de la condición de vulnerabilidad.

Un aporte importante a la exigibilidad de los derechos de la victimas es el acompañamiento legal al restablecimiento de sus derechos, sin embargo se rumora que este programa “…se va a desmontar”,

Otra preocupación tiene que ver con las acciones que se emprenderán para fortalecer los mecanismos legales de participación de las víctimas, con el fin de garantizar una política pública de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, por esta razón resulta necesario saber si se fortalecerán las mesas locales y se estimulara la participación organizada de las víctimas, en el rediseño de la política de atención y reparación. Igualmente saber,  cómo se incentivara la participación de las víctimas en todo el proceso de construcción de los mecanismos para la atención y la reparación integral, ahora que el gobierno nacional está indicando que la paz requiere la reparación a todas las víctimas. la participación de las víctimas del conflicto armado está consagrado en la ley 1448 de 2011 y esta, es una legislación especial para las víctimas, por tanto en aras de la garantía de este derecho para poder incidir en las políticas públicas que se desarrollen en su Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta que el acuerdo 13 de 2000 que reglamenta la participación en el Distrito margina a este sector, y por ello es útil saber cuál es la metodología que se ha diseñado para que las víctimas del conflicto armado hagan parte de este proceso?

No menos importante saber si se van a continuar desarrollando los programas de sujetos de reparación colectiva, que beneficiaban a varios colectivos, que fueron afectados en el marco de la violencia sociopolítica que ha vivido el país y que habían iniciado una ruta para la reparación colectiva. Bogotá ha iniciado una importante acción en este sentido pero es necesario fortalecerla y multiplicarla.

Importante para las victimas y defensores, conocer cómo va a funcionar la política de atención a las víctimas en Bogotá, actualmente está se brindan a través de los Centros DIGNIFICAR, qué son los espacios donde se concentra toda la oferta institucional tanto distrital, como nacional y en el que las víctimas acuden para recibir la atención que se requiere para dar solución a sus problemáticas, actualmente son 7 centros los que funcionan, pero estos centros necesitan fortalecerse y ampliar su cobertura en la ciudad.

Uno de los aspectos más importantes logrados para las víctimas en la ciudad, fue la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a través del cual las víctimas encontraron un lugar para desarrollar programas y procesos por la recuperación de la memoria de las víctimas, por ello cabe la pregunta, cuál es su proyección en el nuevo Plan de Desarrollo? Igualmente saber cuál a será el futuro del programa “Casas de memoria y lúdica” que se desarrolla en los centros dignificar y único en el país, a  partir del cual se brinda acompañamiento psicosocial a niños y niñas víctimas del conflicto a través del arte y la recreación, para hacer ejercicios de la memoria.

Preocupa a las víctimas la información dada en medios de comunicación sobre la reduccion del presupuesto en el 20% para los programas y políticas sociales distritales, lo cual es supremamente grave para los derechos de las comunidades en la ciudad de Bogotá, y que de manera especial afectara a las víctimas del conflicto armado. Esto significaría de ser cierto, un retroceso en la política pública y posiblemente viola o vulnera criterios rectores de la ley 1448/11 en los que se habla del principio de sostenibilidad y progresividad en las políticas de inversión para las víctimas y en el mismo sentido contradice, órdenes precisas dadas por la corte constitucional a través de la sentencia T 025 el año 2004 y en muchos autos de seguimiento al cumplimiento de la mencionada sentencia.

Es urgente entonces, conocer señor alcalde, cuáles serán los criterios y principios, bajo los cuales se orientará la política de reparación integral, bajo su administración y en el mismo sentido saber si las víctimas podrán participar en el rediseño de la misma, lo que puede permitir mejorar lo existente y proyectar la ampliación de esta política de manera que permita ampliar el enfoque de derechos y reparador que actualmente existe.

No menos preocupante para las víctimas y sus organizaciones, han sido todas las amenazas y persecución que ha existido en los últimos años contra líderes y lideresas, que luchan por los derechos de las víctimas, en tal sentido cabe la pregunta, Cuáles serán los lineamientos que proyectarán la política de protección a esta población en la ciudad de Bogotá?

Resulta también importante conocer, cómo se orientará el programa de retornos y reubicación así como el acompañamiento a las víctimas que ejercen su derecho a la restitución de tierras despojadas en el marco del conflicto armado en Colombia?

En todo caso creemos que es importante que la política de atención y reparación a las víctimas en Bogotá, respete el principio de enfoque diferencial a la condición de víctimas, según se establece tanto en la ley 1448/11 y en el marco normativo para la implementación de la política pública de víctimas en Colombia.

Como es de público conocimiento, la ley 1448 ha definido “el 9 de abril como el día de la solidaridad y la dignidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, de esta manera en los últimos tres años la ciudad de Bogotá, ha aportado importantes recursos para el desarrollo de la movilización y la visibilización de las víctimas en el marco del ejercicio de este día consagrado por la ley, por tanto es importante conocer,  si durante esta administración se garantizara este derecho proporcionando los recursos necesarios, para estos efectos.

A propósito, del importante proceso de diálogos que tiene el gobierno, con las guerrillas y que se han generado múltiples espacios de participación de la sociedad y también de las víctimas, con el ánimo de aportar iniciativas y propuestas que contribuyan al término del conflicto y “la construcción de una paz duradera y estable”, tal y como se establece en los principios del acuerdo general de las conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, así y de esta manera en Bogotá, se han creado instancias legales como lo son las mesas de paz, tanto en el ámbito distrital, como locales, las cuales han desarrollado algunas iniciativas, lo que permite pensar que es importante que ellas puedan seguir jugando un rol, ahora que cómo se viene planteando, la sociedad Colombiana, incluida la Bogotana, tienen que asumir con mayor protagonismo la construcción de la paz y estas mesas, son escenarios importantes donde la sociedad puede presentar iniciativas en el marco del propósito común de construir la paz. En este sentido es necesario saber si se continuará estimulando este esfuerzo.

Como  se observa son muchas las incertidumbre y aun hoy, pocas las respuestas a un tema sumamente sensible que requiere, no solo cumplimiento de la ley, sino claridades y celeridad, dada la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las víctimas, y también por el papel que ellas pueden jugar en el logro y construcción de la paz. No sea que cuando ellas de manera organizada acudan a demandar el cumplimiento a sus derechos, se les revictimicé, se les señale de “terroristas”.


Bogotá, 13 de febrero de 2016

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