Defensor de Derechos Humanos
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Muchas preguntas, pocas certidumbres.
Una gran incertidumbre tenemos las organizaciones que
trabajamos con los derechos de las víctimas, así como las víctimas, en relación
a cuáles serán las orientaciones y políticas impulsadas por el nuevo gobierno
de Enrique Peñalosa en materia del desarrollo de la política pública de
víctimas en la ciudad de Bogotá.
Lo primero que debemos realizar es un balance que nos
permita establecer Cuáles fueron los aciertos de la política pública
desarrollada en los últimos años, Asimismo, establecer Cuáles fueron los
equívocos y los programas que no lograron desarrollar un importante impacto en
el logro de las transformaciones y de los derechos exigidos por las víctimas.
Durante
los tres últimos gobiernos en la ciudad de Bogotá el tema de atención a las
víctimas había venido mejorando considerablemente, así, durante la “Bogotá sin indiferencia”
se establece el subsidio complementario de vivienda, pionero en el país,
producto de múltiples luchas de las organizaciones de desplazados, entre esas
luchas se destaca la desarrollada por ANDAS en 2005 y la toma de 300 casas abandonas
en la localidad de Kenedy. Luego, durante la “Bogotá Positiva” se estableció
una gerencia para la atención a víctimas, se descentralizaron las UAO, se
elaboró siguiendo las órdenes de la corte constitucional, un PIU participativo
y se dio un fuerte apoyo a los proyectos productivos de la población desplazada
en Bogotá. Durante la “Bogotá Humana” se creó la Alta Consejería para las
Víctimas, se dio un aumento considerable de la inversión presupuestal y desde
esta se crearon importantes programas de atención y reparación, más allá
inclusive de lo que oferta la ley de víctimas. Hoy ante el gobierno de “Bogotá
Mejor Para Todos” estos avances se ven seriamente amenazados por los anuncios
de recorte presupuestal y por la falta de interés del alcalde Peñalosa sobre los
temas de víctimas y paz, sobre los cuales hemos escuchado pocas alusiones tanto
en la campaña, como los primeros 30 días de su gobierno.
Cabe destacar, que la Mesa Distrital y las Mesas Locales de
participación, han desarrollado un importante balance y ejercicios de
diagnóstico y construcción de las exigencias que deben impulsarse en el marco
de la política pública de Bogotá, en ese sentido debemos mencionarse el
documento elaborado por estas en relación a lo que ha sido la implementación de
la política pública de víctimas en la capital de la república. Igualmente es
importante destacar que ha habido una serie de exigencias y demandas de
múltiples organizaciones de víctimas en relación con el cumplimiento de la ley
1448 y donde se exponen una serie de dificultades que se tienen en materia de
acceso a los derechos planteados en esta y que dependen directamente de la
ejecutoria de la Unidad Nacional de Víctimas.
Sobre el futuro de la política pública de atención a las
victimas surgen entonces muchos interrogantes, que no se resuelven solo con
algunas palabras que se han escuchado por parte de la doctora Ángela Anzola,
actual consejera de víctimas, que ha planteado que el énfasis de la política,
se orientara a fortalecer las oportunidades de estudio, a las víctimas, lo cual
es importante pero no suficiente. Quizá lo más importante será conocer, cómo se
mejorara la articulación ciudad-nación, en el inmediato pasado esta fue una de
las razones que dificulto el mayor impacto de los programas impulsados.
Por ello es preciso preguntar a la nueva administración,
cómo se tiene dispuesta la convocatoria al Comité Distrital de Justicia
transicional, máxima instancia de coordinación Distrito – Nación, el cual también se establece como el espacio
de mayor jerarquía para la participación efectiva de las víctimas según lo señala
la ley 1448 del año 2011. El año pasado esta instancia solo fue convocada una
vez y no logro jugar el papel de conductor de la política de atención y
reparación a las víctimas en la ciudad.
Los recientes anuncios de construcción de vivienda de
interés social en la ciudad de Bogotá, son muy importantes, sin embargo, nada
se dice en estos anuncios sobre la adjudicación de viviendas y la forma de
adquirirlas para las víctimas del conflicto armado interno que vivimos en la
ciudad. En la administración pasada se generó gran expectativa con el anuncio
de construir 40.000 viviendas para esta población, sin embargo los debates con
el gobierno nacional y el cerco a las políticas de esa administración impidieron
que esta promesa se materializara al punto que la meta solo logro atender el
25% de esta cifra.
Hasta la fecha no se conoce cuáles serán los lineamientos
generales que orientarán el desarrollo de la política de generación de ingresos
para víctimas, considerando que a través de ella, se aporta de manera
fundamental en el proceso de superación de la condición de vulnerabilidad.
Un aporte importante a la exigibilidad de los derechos de la
victimas es el acompañamiento legal al restablecimiento de sus derechos, sin
embargo se rumora que este programa “…se va a desmontar”,
Otra preocupación tiene que ver con las acciones que se
emprenderán para fortalecer los mecanismos legales de participación de las
víctimas, con el fin de garantizar una política pública de atención y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado, por esta razón resulta
necesario saber si se fortalecerán las mesas locales y se estimulara la
participación organizada de las víctimas, en el rediseño de la política de
atención y reparación. Igualmente saber, cómo se incentivara la participación de las
víctimas en todo el proceso de construcción de los mecanismos para la atención
y la reparación integral, ahora que el gobierno nacional está indicando que la
paz requiere la reparación a todas las víctimas. la participación de las
víctimas del conflicto armado está consagrado en la ley 1448 de 2011 y esta, es
una legislación especial para las víctimas, por tanto en aras de la garantía de
este derecho para poder incidir en las políticas públicas que se desarrollen en
su Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta que el acuerdo 13 de 2000 que
reglamenta la participación en el Distrito margina a este sector, y por ello es
útil saber cuál es la metodología que se ha diseñado para que las víctimas del
conflicto armado hagan parte de este proceso?
No menos importante saber si se van a continuar
desarrollando los programas de sujetos de reparación colectiva, que
beneficiaban a varios colectivos, que fueron afectados en el marco de la
violencia sociopolítica que ha vivido el país y que habían iniciado una ruta
para la reparación colectiva. Bogotá ha iniciado una importante acción en este
sentido pero es necesario fortalecerla y multiplicarla.
Importante para las victimas y defensores, conocer cómo va a
funcionar la política de atención a las víctimas en Bogotá, actualmente está se
brindan a través de los Centros DIGNIFICAR, qué son los espacios donde se
concentra toda la oferta institucional tanto distrital, como nacional y en el
que las víctimas acuden para recibir la atención que se requiere para dar solución
a sus problemáticas, actualmente son 7 centros los que funcionan, pero estos
centros necesitan fortalecerse y ampliar su cobertura en la ciudad.
Uno de los aspectos más importantes logrados para las
víctimas en la ciudad, fue la construcción del Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, a través del cual las víctimas encontraron un lugar para
desarrollar programas y procesos por la recuperación de la memoria de las
víctimas, por ello cabe la pregunta, cuál es su proyección en el nuevo Plan de
Desarrollo? Igualmente saber cuál a será el futuro del programa “Casas de
memoria y lúdica” que se desarrolla en los centros dignificar y único en el país,
a partir del cual se brinda
acompañamiento psicosocial a niños y niñas víctimas del conflicto a través del
arte y la recreación, para hacer ejercicios de la memoria.
Preocupa a las víctimas la información dada en medios de
comunicación sobre la reduccion del presupuesto en el 20% para los programas y
políticas sociales distritales, lo cual es supremamente grave para los derechos
de las comunidades en la ciudad de Bogotá, y que de manera especial afectara a
las víctimas del conflicto armado. Esto significaría de ser cierto, un
retroceso en la política pública y posiblemente viola o vulnera criterios
rectores de la ley 1448/11 en los que se habla del principio de sostenibilidad
y progresividad en las políticas de inversión para las víctimas y en el mismo
sentido contradice, órdenes precisas dadas por la corte constitucional a través
de la sentencia T 025 el año 2004 y en muchos autos de seguimiento al
cumplimiento de la mencionada sentencia.
Es urgente entonces, conocer señor alcalde, cuáles serán los
criterios y principios, bajo los cuales se orientará la política de reparación
integral, bajo su administración y en el mismo sentido saber si las víctimas podrán
participar en el rediseño de la misma, lo que puede permitir mejorar lo
existente y proyectar la ampliación de esta política de manera que permita
ampliar el enfoque de derechos y reparador que actualmente existe.
No menos preocupante para las víctimas y sus organizaciones,
han sido todas las amenazas y persecución que ha existido en los últimos años
contra líderes y lideresas, que luchan por los derechos de las víctimas, en tal
sentido cabe la pregunta, Cuáles serán los lineamientos que proyectarán la
política de protección a esta población en la ciudad de Bogotá?
Resulta también importante conocer, cómo se orientará el
programa de retornos y reubicación así como el acompañamiento a las víctimas
que ejercen su derecho a la restitución de tierras despojadas en el marco del
conflicto armado en Colombia?
En todo caso creemos que es importante que la política de
atención y reparación a las víctimas en Bogotá, respete el principio de enfoque
diferencial a la condición de víctimas, según se establece tanto en la ley
1448/11 y en el marco normativo para la implementación de la política pública
de víctimas en Colombia.
Como es de público conocimiento, la ley 1448 ha definido “el
9 de abril como el día de la solidaridad y la dignidad de las víctimas del
conflicto armado en Colombia”, de esta manera en los últimos tres años la
ciudad de Bogotá, ha aportado importantes recursos para el desarrollo de la
movilización y la visibilización de las víctimas en el marco del ejercicio de
este día consagrado por la ley, por tanto es importante conocer, si durante esta administración se garantizara
este derecho proporcionando los recursos necesarios, para estos efectos.
A propósito, del importante proceso de diálogos que tiene el
gobierno, con las guerrillas y que se han generado múltiples espacios de
participación de la sociedad y también de las víctimas, con el ánimo de aportar
iniciativas y propuestas que contribuyan al término del conflicto y “la construcción
de una paz duradera y estable”, tal y como se establece en los principios del
acuerdo general de las conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el
gobierno de Juan Manuel Santos, así y de esta manera en Bogotá, se han creado
instancias legales como lo son las mesas de paz, tanto en el ámbito distrital,
como locales, las cuales han desarrollado algunas iniciativas, lo que permite
pensar que es importante que ellas puedan seguir jugando un rol, ahora que cómo
se viene planteando, la sociedad Colombiana, incluida la Bogotana, tienen que
asumir con mayor protagonismo la construcción de la paz y estas mesas, son
escenarios importantes donde la sociedad puede presentar iniciativas en el
marco del propósito común de construir la paz. En este sentido es necesario saber
si se continuará estimulando este esfuerzo.
Como se observa son
muchas las incertidumbre y aun hoy, pocas las respuestas a un tema sumamente
sensible que requiere, no solo cumplimiento de la ley, sino claridades y
celeridad, dada la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las víctimas,
y también por el papel que ellas pueden jugar en el logro y construcción de la
paz. No sea que cuando ellas de manera organizada acudan a demandar el
cumplimiento a sus derechos, se les revictimicé, se les señale de “terroristas”.
Bogotá, 13 de febrero de 2016
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