Grita guerra y recogerás muerte.

Alfonso Castillo Garzón

Defensor de los Derechos Humanos

Tras 100 días en la presidencia de la república el ilegítimo Abelardo de la Espriella, no logra convencer sobre su capacidad para gobernar con criterios democráticos, respeto a la constitución política, ni mucho menos en las posibilidades de que el país avance en la construcción de una paz que brinde bienestar y oportunidades a las más amplias capas de la población. 

Y aunque, ha logrado algunos golpes militares, a algunas estructuras criminales que se han traducido en detenciones, dadas de baja, extradiciones y traslados masivos de algunos cabecillas de estructuras criminales en distintas cárceles del país, sin embargo, esto no se ha traducido en generar una reducción sustancial en las cifras de violencia y criminalidad en el país. 

Al contrario, estos 100 días han traído para muchas comunidades del país, entre zonas rurales, como en grandes ciudades, muchas inquietudes respecto al tema de la seguridad y la tranquilidad. De esta manera durante este periodo, hemos visto más a un payaso, que, intentando copiar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más preocupado por las acciones mediáticas y el show publicitario, que a un presidente, preocupándose de manera genuina y como estadista, en disminuir las cifras de violencia y mucho menos acabar con la intensificación y degradación del conflicto armado en Colombia.

El anuncio de desmontar la política de diálogo con grupos al margen de la ley y declarar una guerra total y  sin piedad, contra estructuras criminales, ha desatado una ofensiva por parte de estos grupos y por cuenta de ello, el país está asistiendo, a una ofensiva criminal, en los que se apela a métodos como, ataques con artefactos explosivos, drones, paros armados y plan pistola contra integrantes de la fuerza pública, extorsión y reclutamiento de menores, entre otras modalidades criminales que en tres meses van en aumento. Al mismo tiempo, el gobierno ha implementado una estrategia del retorno a los bombardeos indiscriminados sobre zonas donde presuntamente hay grupos al margen de la ley, esto sin tener la previsión de constatar que en ellos no se encuentren menores de edad, también se han desarrollado aumento el pie de fuerza en distintas ciudades como Cali, Cúcuta y Santa Marta, algunas incautaciones, extradiciones, sin dejar de mencionar la actitud de pistolero que el propio presidente está proyectando al liderar o participar de estos operativos militares de la fuerza pública vestido con prendas militares y pistola al cinto, cosas que en un primer momento pueden llamar la atención de la ciudadanía, pero que, no representan ninguna seriedad y mucho menos una respuesta seria para enfrentar la criminalidad, además del bochornoso espectáculo de caminar encima de las bolsas de los criminales abatidos.

El resultado de esta política, recuerda las épocas en el que el país hizo fuerte declaraciones de enfrentar militarmente a los grupos armados, lo que se tradujo en aumento a las violaciones a los Derechos Humanos, sumergir al país en una escalada de violencia que se tradujo en millones de víctimas entre desplazamientos asesinatos, tortura reclutamiento de menores, violencia sexual, y múltiples formas de afectación a las organizaciones sociales siendo entre ellas las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, el movimiento político A luchar, el movimiento sindical, los grupos étnicos y las organizaciones campesinas, situación esta, que de seguro se repetirá en esta ocasión.

Al final de este panorama,  queda lo que toda convocatoria a la guerra trae,  muertes,  desesperanza,  comunidades intimidadas por la acción violenta de la guerra,  confinamientos, amenazas, y una sensación de miedo que no es posible espantar porque lo que se transmite a través de redes sociales y medios de comunicación son gritos de guerra que provienen del gobierno,  que pareciera satisfacer su ego está permanente presencia en atuendos militares.

Las cifras según la propia fuerza pública, en  informe presentado recientemente correspondientes a los primeros tres meses del gobierno, son desoladoras,  mas de 40 integrantes de la fuerza pública asesinados,  más 200 heridos, lo que representa un aumento proporcional de estos hechos y se compara con el mismo periodo del año anterior, en hechos que afectan a los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Guaviare, Magdalena, Chocó, entre otros, Esto sin dejar de lado la mención que este tipo de ofensivas se hacen haciendo costosas inversiones de recursos económicos y humanos. 

El presidente Abelardo de la Espriella pareciera ignorar la historia Colombiana, porque como lo hemos mencionado en el pasado, estas salidas guerreristas y militaristas sólo han profundizado la guerra y no han permitido, ni la disminución de los hechos de violencia, ni mucho menos el desmonte de estas estructuras criminales, que ahora a diferencia del pasado, están fuertemente comprometidas en negocios criminales, como el tráfico de drogas, la minería ilegal, la afectación del medio ambiente y distintos tipos de violencias sexuales, al tiempo que resulta complejo identificar estructuras de mando o la presencia de algún componente político o ideológico que guíe la conducta de estos grupos armados, lo que complejiza la perspectiva de salida.

De esta manera, es importante llamar a las fuerzas democráticas, sectores sociales, populares organizados, a levantar de nuevo la bandera de la exigencia de la construcción de una política pública de paz que no se sustente exclusivamente en la confrontación armada,  porque esta estrategia, solo deja hijos e hijas del pueblo colombiano muertos, mutilados, o con grandes afectaciones, que siempre causa una guerra desigual,  aquí se trata, de exigirle al gobierno que considere, el establecimiento de esta política que privilegie alcanzar acuerdos humanitario que excluyan a la población civil de la confrontación armada , también la opción de enfrentar el desafío del narcotráfico y de las economías ilegales afectando las fuentes de financiación, el lavado de activos, la persecución a los bienes obtenidos a través de este negocios ilícitos y esto se logra, si se promueve la alianza con los países consumidores de drogas, asumen mayores compromisos para fortalecer la inteligencia y la persecución tecnológica a esta redes criminales. Es necesario exigir del gobierno respeto a la soberanía nacional y no solamente interesado en satisfacer al gobierno norteamericano e israelí, que se lucran del incremento de la guerra establecida en nuestro territorio. 

Bogotá, 13 de noviembre de 2026.