Por: Alfonso Castillo
Defensor de los Derechos Humanos.
Culminó con éxito la convocatoria
a la primera jornada de movilización-cacerolazo del año 2020 con la cual se
retoma el proceso preparatorio del PARO NACIONAL, miles de personas acudieron a
las calles y con múltiples expresiones: Plantones marchas, cacerolazos, la
ciudadanía reiteró su indignación y sentimiento de protesta frente a la
política económica y el contundente rechazo a la muerte de líderes sociales,
amenazas, chuzadas, falsos positivos, violencia contra las comunidades, además
de ratificar el repudio a la descarada corrupción de la clase política que nos
mal gobierna.
No obstante este éxito en la
convocatoria, también fue notoria la reaparición de las denominados vándalos,
expresión que se viene imponiendo mediáticamente para señalar algunas personas
que provocan enfrentamientos con la fuerza pública y que sutilmente se asocian
en los medios de comunicación con la protesta social, aunque se insinúa que son
hechos aislados y menores, terminan ganando todo el espacio noticioso y la
mayoría de pronunciamientos de las autoridades civiles y policiales se
refirieren a los actos vandálicos y no a los objetivos de la movilización
Esta forma en que la denominación
“vándalos” va ganando protagonismo obliga a las organizaciones sociales a
profundizar el análisis de este fenómeno, identificando su origen,
protagonistas, accionar y sobre todo sus efectos políticos, se trata de
analizar si esta expresión está asociada con la protesta social o más bien como
en nuestra tesis, se trata de una nueva estrategia desprestigio al movimiento
popular y al derecho a la protesta legítima del pueblo frente a las impopulares
políticas del gobierno.
Las estrategias de
deslegitimación de la rebeldía han sido múltiples y cada vez más sofisticadas.
Inicialmente a comienzos del siglo XX los ideólogos del
capitalismo-conservadurismo se valieron de la idea utilizar la iglesia para
señalar cualquier intento de organización a los trabajadores y la exigencia de
sus derechos, como una estrategia del demonio, que a través del comunismo trataba
de derrotar a Dios, durante muchos años entonces se mostró a los comunistas
como monstruos que “hasta niños comían”. Posteriormente y en la etapa de la
guerra fría y las últimas décadas del siglo XX se acudió asociar las
organizaciones y la protesta social con las guerrillas, por supuesto
construyendo la idea de que la guerrilla era un instrumento de destrucción y
desestabilización del país.
Pero fue con el siglo XXI donde
las estrategias de desprestigio de la lucha social y el derecho a la rebelión se
sofistican, especialmente posterior a los ataques a las torres gemelas
(septiembre de 2001) en los Estados Unidos, el gobierno de ese país, inició una
cruzada ideológica mundial, para señalar toda protesta y rebeldía, como
sinónimo de terrorismo, así, los gobiernos afines al imperialismo reprodujeron,
adecuaron y se sumaron a esta nueva cruzada del capital contra los pueblos y en
cada país se señaló a las organizaciones no afines con su política, como
patrocinadores del terrorismo y cada acción del movimiento social y popular
como un acto terrorista y este lenguaje se extendió a partir grandes medios de
comunicación y se difundió ampliamente a través de las nacientes redes sociales
Sin embargo el discurso del
terrorismo se fue desgastando y no
ajustaba a las circunstancias de repudio masivo de los pueblos ante la crisis
del capitalismo, la corrupción, los problemas del medio ambiente o la crisis de
empleo y pobreza, acentuada por el criminal abuso del neoliberalismo, luego
entonces los ideólogos del capital necesitaban una categoría para atacar la
protesta, con expresiones mucho más cercana al sentir y a las vivencias de la
gente común. Así, el término “vándalo” se aproxima mejor a la cotidianidad de
la ciudadanía y su impacto al repudio de este tipo de hechos es mucho más
fácil, de esta manera, con unas cuantas personas infiltradas en las
movilizaciones, encargadas-pagadas para generar hechos violentos, hurtos e
incluso hechos de violencia inusitada contra las autoridades, facilita la labor
de desprestigiar cualquier tipo de movilización, y al mismo tiempo crear y
mantener cuerpos “especializados” de las autoridades para contenerlas.
El vandalismo tal y como lo
define el diccionario, es la “actitud o inclinación a cometer acciones
destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia las
demás además de poner en peligro la convivencia de los ciudadanos”. Quizá por
esta razón, conviene pensar que la insistente recurrencia de los medios de
comunicación al uso del término “vandalismo” a propósito de las recientes
movilizaciones del 21 de noviembre del 2019 y el 21 de enero del 2020 no son
referencias casuales, sino más bien, el desarrollo de una clara estrategia de
connotación política, para el tiempo que hablan de permitir la protesta, llenarse
de argumentos a partir de hechos aislados, provocados por algunos vándalos para
desprestigiar la misma, y reprimirla ferozmente, a través de cuerpos
especializados como el ESMAD.
Hoy por hoy, la tendencia de los
pueblos a manifestarse en contra de los abusos del capitalismo, que agobia y
explota a los pueblos del mundo es cada vez más creciente, ello se explica con
las cada vez más contundentes y masivas reacciones de los pueblos que enfrentan
las imposiciones del capital y los vicios del capitalismo. Así, hemos visto
como en Francia y en otras capitales europeas, pero particularmente en América
Latina en países como Argentina, Chile, Ecuador Perú y Brasil las
manifestaciones de repudio a las medidas económicas impuestas por los
gobernantes neoliberales, son gigantescas, movilizaciones en las que la
ciudadanía ha estallado en “rabias” y oleadas de indignación contra el abuso
del poder y de autoridad y contra la corrupción y la impunidad.
Esta tendencia de gigantescas
movilizaciones y a la protesta también se ha expresado en Colombia, El rechazo
a los constantes abusos de las élites gobernantes y las cada vez más descaradas
acciones de esta para trasladar a los trabajadores, la crisis económica que les
provoca, entre otras la guerra comercial entre estados unidos y China. De esta
manera las élites sienten que las movilizaciones no sólo son justificadas, sino
que temen que van a seguir incrementándose tanto en número de manifestaciones,
como en cantidad de manifestantes.
En el caso particular de
Colombia, las movilizaciones tienen consideraciones adicionales a las antes
mencionadas, la grave situación de violación de los derechos humanos, expresada
en el asesinato sistemático de líderes sociales, las constantes amenazas contra
las organizaciones y líderes, el accionar impune de los paramilitares, los
continuos escándalos de interceptación ilegal de comunicaciones por parte de
las fuerzas militares y policiales, la descarada corrupción, los falsos
positivos y un comportamiento desbordado abusivo y extralimitado de la fuerza
pública cuando de enfrentar a las comunidades que acuden a su legítimo derecho
a la protesta, en ejercicio de reclamo a los derechos fundamentales
desatendidos por el estado, ha provocado que el carácter de las movilizaciones,
no se quede sólo en las reivindicaciones de carácter económico, sino que
adquiera claros ribetes políticos, que están asociados con la exigencia a la
renuncia del gobierno, que no representa los intereses de la ciudadanía y una
clara exigencia en las movilizaciones a que se garantice el cumplimiento de
acuerdos establecidos por el gobierno y muchas comunidades y particularmente la
exigencia al cumplimiento del acuerdo de paz firmado por el estado colombiano
con la guerrilla de las FARC en el año de 2016.
Por ello, y en Clara intención de
salir del paso a esta realidad de indignación de la ciudadanía, las élites
apelan al diseño de una estrategia de “vandalismo, miedo y ESMAD, asociándola
con las movilizaciones de la ciudadanía, con el claro propósito de deslegitimar
la protesta, generar división entre la ciudadanía en torno a la justificación
de las mismas y en todo caso justificar el uso de la fuerza pública como tabla
de salvación frente al accionar desbordado y delincuencial de los convenientemente denominados vándalos.
Ahora bien conviene indagar
quiénes son estos “VÁNDALOS”?, cuál es su procedencia y “modus operandi”? entre
otros interrogantes. En el caso de Bogotá, desde hace años hemos visto como en
algunas manifestaciones especialmente las del 1º de mayo, pequeños grupos de
“marchantes” encapuchados, se ubican en ciertos lugares de la movilización, y
en determinado momento y muy coordinados con la fuerza pública, desatan una
acción de caos contra el comercio, las entidades bancarias, instituciones
públicas e infraestructura del transporte y aún contra los propios policías,
ante lo cual la fuerza pública reacciona, dispersando la manifestación y desata
una persecución contra los manifestantes que culminan en la captura de personas
que están en la marcha y no necesariamente de los encapuchados que promovieron
los actos vandálicos. Estas prácticas se han venido sofisticando cada vez,
incluso en muchas ocasiones se ha logrado identificar como estos “manifestantes
violentos” tienen conversación con personas de la fuerza pública, momentos
antes de las ataques, muchos de ellos usan prendas militares, y más aún, con
múltiples formas de ser identificados no son perseguidos por la policía, no se
ejerce sobre ellos ninguna acción de inteligencia policial y nunca logran ser
capturados.
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| tomada de el tiempo |
Aquí se
trata en todo caso de establecer más preguntas, porque como queda cada vez más
claro, el actuar de estos “grupos de vándalos” pareciera ser una acción muy
coordinada, bien organizada y como lo evidencian muchos de los registros de las
cámaras, gente que va con el claro propósito de generar estos hechos, en muchas
ocasiones, también hay que decirlo la fuerza pública, permite que estos grupos
desbordan su accionar. Cabe entonces la pregunta. Cómo son reclutados? acaso
son convocados desde los barrios populares a cambio de ofrecerles algún pago y
dar franquicia para que se apropien de lo que se hurten en los establecimientos que logran asaltar?
Acaso se trata tal vez de personas que estando detenidas en las URI son dejados
en libertad con la condición de que se vinculen a estas acciones
delincuenciales? cuántos ciudadanos extranjeros aprovechando la crisis
económica, son “reclutados” para estos fines? O quizá, estos vándalos hacen
parte de los grupos paramilitares que actúan en Bogotá, y salen a hacer de las
suyas, siguiendo instrucciones de “águilas negras” o “comandos urbanos” o de
sectores políticos interesados en generar este caos y luego desprestigiar las
marchas?
Este “vandalismo”, es parte de la
misma estrategia que se utilizó en los días previos a la movilización del 21 de
noviembre y en los días posteriores, a través de la cual miembros de la fuerza
pública advertían en muchos conjuntos residenciales que la gente tenía que
cuidarse porque llegarían los vándalos a robar y a saquear sus residencias?
Cuál es el papel del ESMAD en
este asunto?. Desde su creación hace 20 años (1999) este aparato represivo ha
provocado el asesinato de por lo menos 34 manifestantes y se ha convertido en
una fuerza sin control, que claramente ejerce un uso desmedido de su fuerza y se
extralimita en sus funciones. Tal es la situación que el desmonte de este aparato criminal, se ha convertido en una de
las reivindicaciones más importantes de los manifestantes. Sin embargo es bueno
tener en cuenta que este cuerpo especializado de contención de la protesta, es
parte de las necesidades que las élites tienen para salirle al paso, a lo que
como hemos señalado, es una ola creciente de protestas a lo largo y ancho del
país. Pero también es bueno recordar que detrás del ESMAD existen intereses de
todo tipo, principalmente para la Policía,
baste recordar qué este el cuerpo especialidad hoy cuenta con 23 grupos
ubicados en 19 ciudades del país, cerca de 34.000 policiales que lo integran y
un presupuesto superior a los 31.000 millones de pesos para armas y elementos
de dotación, lo cual significa un presupuesto no despreciable para la policía y
por supuesto un componente que hay que defender desde la institucionalidad. Por
esta razón, el debate sobre la continuidad del ESMAD debe fortalecerse. Pero sobre
todo y como lo han señalado diferentes dirigentes políticos, lo que se debe replantear
es cuál es el esquema de formación que se utiliza para este aparato
especializado, porque sí ha de seguir siendo el que se ha usado para formar
nuestras fuerzas militares, bajo la lógica del “enemigo interno” y un esquema “contrainsurgente”
cualquier cuerpo que se utilice para disuadir las manifestaciones, terminara
convertido en un aparato criminal.
En fin las preguntas son muchas y
las respuestas pocas, pero en todo caso, el llamado de atención para que desde
las organizaciones sociales, populares, el movimiento estudiantil y las
centrales obreras, se eleve la
vigilancia y se establezcan claros objetivos a la hora de salir a las
movilizaciones, controlando a las personas que se vinculan en los bloques de
movilización, para no permitir que se infiltren al interior de ella
provocadores, que intentan con esa acción desnaturalizar la protesta y
facilitar el proceso de identificación y captura de las personas que organizan
las jornadas de movilización.
Son épocas difíciles y es
necesario estar preparados para que este equipo estrategias de desprestigio de
la protesta social, no sea lo que termine imponiéndose, en el momento justo en
el que el país asiste a una oleada creciente de movilizaciones justificadas no
sólo por el mal gobierno sino y sobre todo por una necesidad de las comunidades
a expresar su rechazo a un conjunto de situaciones que no están permitiendo
concretar ni la construcción de la paz, ni el mejoramiento de su situación
social y económica.
Por lo pronto la tarea es clara,
seguir desarrollando acciones de pedagogía, para hacer que las comunidades
comprendan de mejor manera las razones que justifican la realización de las
movilizaciones y la protesta y preparar una gigantesca y poderosa jornada de PARO NACIONAL que desde el comando
nacional de paro y otras organizaciones sociales, sindicales, como sectores
alternativos están preparando para el primer semestre del 2020.
Bogotá 24 de enero de 2020.


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