El imperio de la ley del embudo.

 CNE: El imperio de la ley del embudo. 

Alfonso Castillo Garzon 

Defensor de los Derechos Humanos 

El fallo del Consejo Nacional electoral del pasado 4 de Febrero del 2026, con el que se niega la participación de Ivan Cepeda en la consulta de los sectores progresistas del próximo 8 de  marzo, re-abre un debate que en muchas oportunidades se ha presentado en colombia, tiene que ver con la politización de la justicia en el país, situación que incluye a las altas cortes. Además de poner en evidencia cómo las élites hacen todo lo posible para impedir la legítima participación popular en escenarios democráticos y, como se hace evidente en actuaciones posteriores de la Consejo Nacional Electoral, se busca propiciar un golpe en la moral de los militantes y simpatizantes del pacto histórico al que se le intenta impedir ahora, participar con listas a la cámara de representantes en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Pero, Más allá de la controvertida y absurda decisión que se intenta hacer pasar por “juridica”, queda en el ambiente  político,  que las elites (clases dominantes) Colombianas están asustadas, no solo por el éxito que en varios aspectos ha tenido el primer gobierno progresista en el país, Lo que ha ubicado al presidente en los más altos niveles de popularidad en su fase final de gobierno, esto, a pesar de la campaña difamatoria y desinformativa que a diario promueven los grandes medios, a lo que además hay que tener en cuenta, la creciente simpatía que está teniendo la candidatura de Iván Cepeda, a la presidencia de la República, al cual ahora se intenta poner todo tipo de trabas disfrazadas de jurídicas, para negar la posibilidad de participación y a pesar de ello, su campaña llena plazas y escenarios en manifestaciones de respaldo político.

Este miedo o desespero de la clase política tradicional se explica también por lo que representa Iván Cepeda en la política colombiana en la actual coyuntura, figura y trayectoria está antecedida de una fuerte lucha contra la impunidad y por el establecimiento de la verdad como derecho de las víctimas del conflicto armado, su trayectoria política su trayectoria política no está ligada ni a la corrupción ni mucho menos al clientelismo político y su programa de gobierno se ha planteado con toda claridad el compromiso para profundizar la reformas sociales promovidas durante el primer gobierno y garantizar que más colombianos pueden acceder plenamente a sus derechos sociales históricamente negados por un proyecto político excluyente que solo pensó en fortalecer los privilegios de las élites. Esto será posible si los planes del proyecto progresista de ampliar su presencia en la cámara y en el senado se hacen posible. 

La Colombia de hoy, es muy distinta a la que las élites corruptas y oportunistas,  han gobernado el país durante muchas décadas, imponiendo la violencia, la negación del  acceso pleno a los derechos fundamentales, el miedo, la manipulación y la desinformación, hoy el país y especialmente los sectores populares, están asistiendo a un pequeño despertar, explicado por, el acceso a distintas fuentes de información que proporcionan las redes sociales, igualmente un despertar en el afán de participación, movilización y visibilización de las exigencias a sus derechos, desatado seguramente por múltiples factores políticos, uno de ellos la firma del acuerdo final de paz, firmado por el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC-EP, seguramente también ha jugado un papel importante en este despertar, la forma descarada en la que los sectores políticos y económicos del país, se han robado los recursos públicos, para beneficiar a los más ricos, ( terratenientes, grupos financieros, grandes comerciantes e industriales, y familias que siempre han gobernado el país) al mismo tiempo, que desde el poder que han acaparado han diseñado leyes y forjado un aparato judicial, para no ser juzgados o resultar exonerados por los crímenes cometidos,  instalando un panorama de impunidad,  que justamente es lo que el gobierno en cabeza de Gustavo Petro ha dejado en evidencia y por ello quieren impedir la continuidad del proyecto progresista y democrático.

Volviendo al fallo, es necesario que más allá del Análisis jurídico que se pueda realizar a este, queda claro, Que no se trata de una decisión jurídica, apelando a la interpretación menos garantista, sino que es una decisión con profundas motivaciones políticas y su propósito es el del golpear al candidato que representa la continuidad y profundización del proyecto progresista en Colombia,  que hoy es el favorito para ganar la presidencia en la primera vuelta,  Iván Cepeda Castro,  porque se intenta atacar al progresista. Porque también es necesario indicar que el Consejo Nacional electoral también intentó impedir la participación del pacto histórico en la elección de las cámara de  representantes en los departamentos del Valle,  Cundinamarca y la lista de Bogotá, como parte la estrategia de las élites que busca impedir la participación con plenas garantías democráticas al pacto histórico,  pues justo esta región es representan una importante simbología y votación favorable al proyecto progresista. 

Resulta bastante inquietante que justamente ese fallo fue tomado por algunos con jueces que debieron declararse impedidos por tener incuestionables nexos con partidos de derecha, que buscaban beneficiarse con la exclusión de Iván Cepeda en la consulta al mismo tiempo que debilitar la participación de la lista del pacto histórico en la cámara de representantes,  allí si no fueron rigurosos en la aplicación de la ley ni el seguimiento de los procedimientos como quien dice bastante amigos de la ley del embudo

En este sentido, es importante reiterar lo manifestado por Iván Cepeda convocando a todos los simpatizantes del proyecto progresista,  el camino de los sectores populares en este momento crucial de la historia política de Colombia es fortalecer la unidad en torno a la defensa del proyecto que promueve las transformaciones y los cambios en favor de los sectores populares al mismo tiempo que intensificar una campaña política con mucha pedagogía que le permita a los sectores simpatizantes del proyecto entender que el 8 de marzo, se vota por las listas al senado y a la cámara y no se reclama el tarjetón de la consulta. Al mismo tiempo, preparar las condiciones para que en las elecciones del 31 de mayo garantizar el triunfo de Iván Cepeda Castro en la primera vuelta,  y con ello continuar profundizando las reformas sociales, que permitan a las mayorías colombianas un mejor y mayor acceso a sus derechos fundamentales. Y no menos importante fortalecer la pedagogía y recolección de firmas hacia una asamble constituyente que realice los ajustes a la constitución política colombiana, fortaleciendo la participación democrática, la reforma a la justicia y alos órganos de control.

Bogotá 13 de febrero de 2026