jueves, 26 de junio de 2025

El discurso de odio y el gobierno de Petro

Alfonso Castillo Garzón 

Defensor de los derechos humanos y constructor de paz 


Por años, te roban, humillan, esclavizan y vulneraron tu integridad y DDHH 

y cuando reaccionas y exiges con firmeza dignidad y derechos, 

entonces ellos descarados y sin vergüenza, te acusan de actuar con odio.


Tras el condenable atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe perpetrado en la ciudad de Bogotá el sábado 9 de junio, los medios de desinformación han relanzado una matriz comunicativa a través de la cual se reanima como ha ocurrido en otro momento de la historia reciente de nuestro país el libreto de los “discursos del odio”, esto para intentar asociar el lamentable atentado con los supuestos discursos de odio promovidos por el presidente de la república Gustavo Petro, y algunos voceros de los movimientos progresistas, que rodean su gobierno.

Por eso vale la pena desentrañar lo que hay detrás de esta matriz informativa, para ello y acudiendo al rápido repaso en la historia colombiana, encontramos varios indicios de  la aparición del discurso del odio y como este se constituye en una forma de hacer política para excluir a los opositores políticos.

Ya desde el  siglo XIX en las denominadas Guerras Civiles,  a través de las cuales los próceres de la independencia,  propietarios de grandes haciendas que los convirtieron en terratenientes alentaron a los trabajadores de sus fincas para enfrentar a otros  campesinos y peones de fincas pertenecientes a otro prócer de la independencia todo con el ánimo de imponerse sobre sus opositores políticos  o simplemente para agrandar el tamaño de su hacienda, Las Guerras estuvieron animadas por discursos  de odio entre el centralismo y el federalismo o posteriormente entre liberales y conservadores o por la interpretación de la constitución política o debates encarnizados entre partidarios del libre comercio vs proteccionistas y de esta manera, transcurrió buena parte del siglo XIX,  con guerras que enfrentaron a muerte a unos y otros que en lo general eran campesinos no entrenados para la guerra a los cuales los sectores oligárquicos armaron para imponerse sobre los demás sin importar las consecuencias,  para los pobres campesinos que participaban en ellas. Esto sin olvidar que fueron las clases dominantes de la época quienes en 1851 se negaron a dar cumplimiento al compromiso hecho por el libertador Simón Bolívar de liberar a todos los esclavos que participaron en Las Guerras de independencia.

Desde finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX, el discurso de odio se hizo presente en el rechazo promovido por sectores del gobernante partido conservador, pretendiendo salirle al paso al avance de las ideas liberales o socialistas en el marco del surgimiento del movimiento obrero colombiano, avanzaron en el desarrollo de un discurso de odio tanto desde el punto de vista jurídico, político y religioso, de esta manera es importante destacar la ley 61 de 1888, través de la cual se perseguían, restringe, estigmatizó y sancionó políticamente, el avance de las ideas liberales y progresistas,  otorgando al presidente de la república poderes absolutos para determinar quién debería ser sujeto de la aplicación de la mencionada ley, mejor conocida como ley de los caballos, en ese marco incluso la iglesia promovió discursos de exclusión y sanción religiosa a quienes profesaban las ideas liberales, y de organización de los trabajadores a través de los sindicatos.
Comenzando el siglo XX y el surgimiento del movimiento obrero, como resultado de los primeros procesos de industrialización, también estuvo caracterizado por un ejercicio de exclusión, estigmatización y clasismo, contra el sector social que garantizaba la generación de riquezas para los más poderosos, mientras los trabajadores tenían que vivir en tugurios y sometidos a extenuantes jornadas laborales, sin ningún tipo de protección social y bajo salarios y en este marco, el señalamiento de las élites a la forma en que vivían los obreros, acusándolos de generar enfermedades y reproducir prácticas sociales que atentaban contra las buenas costumbres.
Más adelante cuando ese movimiento sindical, fortalecía sus procesos de movilización y exigibilidad por los derechos, que habían sido conocidos de las experiencias de relatos de marinos y algunos artesanos que contaban de las conquistas de los obreros organizados en Europa, Colombia, esos mismos obreros fueron estigmatizados, segregados y condenados, incluso desde el discurso promovido por la jerarquía eclesiástica que condenaba cualquier intento de organización y exigencia de derechos, así mismo lo hicieron los sectores dominantes que sin vacilar, perseguían a los trabajadores que se organizaban, para exigir disminución de la jornada laboral que en comienzos del siglo XX era de 10, 12 y 14 horas, la remuneración era precaria y las condiciones laborales no eran mejores. 

Cuando la organización se hizo más potente los trabajadores organizaron huelgas y manifestaciones y estas fueron reprimidas brutalmente, ya para, finales de la segunda década del siglo, artesanos, trabajadores del tranvía y sastres que exigían garantía de sus derechos fueron brutalmente reprimidos e incluso se cometieron durante las manifestaciones masacres como la masacre de los sastres que exigían al gobierno, posibilidades de trabajar antes que privilegiar la contratación con compañías extranjeras. Y esta misma situación se presentó cuando a solicitud de la United Fruit Company el gobierno colombiano envió un destacamento de soldados para asesinar a centenares de trabajadores de la zona bananera en la costa Caribe colombiana que solo exigían mejores condiciones laborales en el trágico episodio de La masacre de la bananeras en 1928.

Luego Durante los años 30, 40 y 50  élites gobernantes liberales y conservadoras se sumergieron en una profunda discusión política e ideológica,  por obtener entre ellas dos el control del gobierno y del aparato del estado,  se valieron para ello del desarrollo a través de la prensa escrita de discursos de odio y exclusión para llevar al pueblo con poco conocimiento,  a defender una u otra bandera alentados oor un lenguaje exacerbado que incitaba a la muerte y a la eliminación física del contradictor político,  con ello las élites aprovecharon ese estado de exacerbación de los ánimos, ordenaron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, justamente porque representaba una amenaza a los intereses de las clases dominantes,  Tras el asesinato pino un estallido de ira y dolor por parte del pueblo en distintas ciudades del país,  estado de ánimo que de nuevo las élites dominantes aprovecharon para sumergir al país en una guerra de odios entre liberales y conservadores que se concentró en lo fundamental en las tierras planas fértiles de nuestro país,  y después de 10 años de esa cuenta historia,  las clases dominantes tomaron el control y se apropiaron de las tierras planas fértiles en regiones como el Valle geográfico el Río Cauca,  el Tolima grande,  la Sabana de la costa Atlántica y el piedemonte Llanero, así como algunas regiones, en los departamentos de Cundinamarca y Santanderes,  y en esos territorios las élites empezaron a implementar el modelo de desarrollo agroindustrial mecanizado, que sirvió para agrandar el tamaño de la industria azucarera y el impulso de un negocio de cultivo de arroz, sorgo, algodón, maíz todo tecnificado y vendido en volúmenes gigantescos a los Estados Unidos, quienes estaban detrás de este negocio criminal.   Los campesinos ahora despojados de sus territorios tuvieron que huir a las grandes ciudades por el temor a esta violencia de odio desatada por las élites aparecieron los cinturones de miseria,  y de nuevo las élites sometieron a la estigmatización y al abandono a esas Víctimas de la violencia en Colombia.
Se apropiaron con la violencia de las tierras de micro y minifundistas que se dedicaban al pancoger y luego ellos aumentaron su poder como industriales de la caña de azúcar,  o cultivadores de arroz, algodón o sorgo. Hoy posan de prósperos empresarios,  y en esa condición se han dedicado a aumentar su participación en el poder político y desde esas posturas  en el gobierno, el parlamento y el aparato judicial han creado un entramado normativo para recibir apoyos económicos,  normas que favorecen su condición de empresarios y la legalización de múltiples formas de explotación laboral todas bajo el manto de la impunidad que les protege con un aparato judicial a su favor.

Durante las primeras décadas del siglo XXI en Colombia esas clases dominantes tomaron el control absoluto del poder,  político, parlamentario y judicial,  apoyados por una estrategia paramilitar que promovieron,  patrocinaron y protegieron,  todo a nombre de haber fabricado artificialmente con un discurso de miedo a través de los medios de comunicación y las redes sociales para luego impulsar una política de “seguridad democrática” Supuestamente para extirpar la violencia pero que en realidad fue usada para profundizar la persecución a los liderazgos sociales y a las comunidades que se movilizaban para exigir derechos a la paz, al desarrollo, ampliación de la democracia y por supuesto la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y de las comunidades a mejores condiciones de vida y desarrollo,  contra ellas la acción del estado a través de la fuerza pública,  del paramilitarismo y del aparato judicial,  aumentó de manera exponencial las cifras de  asesinatos, desplazamientos, detenciones desapariciones,  confinamientos,  exiliados, violaciones, y reclutamiento de menores en un escenario de guerra que se descompuso,  porque el combustible para esa guerra estaba animado por el tráfico de drogas,  la corrupción y el contrabando,  lo cual logró permear a los grupos armados que rápidamente entraron en un estado de descomposición que los llevó a implementar prácticas en la lógica de las mafias del narcotráfico antes que privilegiar la defensa de los derechos de los intereses populares.

Durante este periodo de las primeras décadas del siglo XXI,  y bajo la lógica de los poderes mafiosos,  han aumentado las cifras de la corrupción,   la impunidad,  el abandono Estatal sobre varias regiones del país, Y se ha intensificado la acción de odio contra el pueblo y las comunidades más excluidas así se expresa con el desarrollo y crecimiento de una práctica criminal interior de las fuerzas militares como lo es las ejecuciones extrajudiciales o como mejor son conocidas popularmente  los falsos positivos,  que en la práctica son una acción de odio de las élites contra los jóvenes de los barrios populares, quienes fueron reclutados bajo engaños o a la fuerza para luego ser dados de baja en supuestos combates por parte de la fuerza pública para mostrar resultados del avance en la lucha contra la  insurgencia.
El discurso de odio practicado por las élites gobernantes del país se expresa cotidianamente en las cifras del aumento de la pobreza en algunas regiones del país, como los departamento del Chocó, Guajira, Cauca regiones del Pacífico Colombiano, o en la Orinoquía, a las cuales no llega la inversión social a pesar de que se presentan propuestas e informes del desarrollo de programas y políticas,  el discurso se odio de las élites contra el pueblo colombiano se expresa también en la forma en que se utilizó la pandemia del covid- 19 para que importantes sectores de la clase dominante hicieran negociados con los recursos conseguidos de empresa empréstitos que finalmente no se tradujeron en el aumento de las ayudas a las poblaciones vulnerables ni mucho menos a fortalecer los esquemas de atención a la crisis del covid-19 o el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

El odio se expresa también en el establecimiento de políticas que favorecieron el desmonte del derecho a la salud y convirtieron el nuevo sistema de salud en un entramado de mafias y corrupción, en el que algunas empresas acapararon la afiliación para recibir más recursos del Estado colombiano pero no se invirtió proporcionalmente en la mejora de la capacidad humana y logística o de medicamentos y tratamientos para proporcionar y garantizar un adecuado derecho a la salud.

Más de recordar la manera en que distintos sectores y voceros de los partidos tradicionales y de las clases dominantes se refirieron a los participantes del denominado estallido social en el año 2021, fueron expresiones de odio, que incitaban al desprecio cuando buena parte de los participantes de esta movilización social no hacían cosa distinta que exigir derechos por años vulnerados, recortados o negados por las élites dominantes, discurso de odio que se expresa en actitudes como la del hoy, concejal de Cali, te disparó contra los manifestantes, en una de esas movilizaciones, esto es sin olvidar la cantidad de muertos, y detenidos durante esta movilización social a los cuales los medios de comunicación y las clases dominantes no dudaron en atribuir toda clase de calificativos excluyentes y de odio. 

Pero es durante el gobierno de Gustavo Petro donde este discurso de odio fabricado y replicado por las clases dominantes, sufrido una curiosa transformación, porque ante el intento del gobierno y comprometido en el cumplimiento de las promesas de campaña y el plan Nacional de desarrollo, medios de comunicación, élites dominantes y el conjunto del empresariado, han cerrado filas valiéndose de los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios de poder que siguen manteniendo han convertido cada proclama del presidente y su gobierno, intentó restablecer derechos vulnerados por las políticas de guerra y el neoliberalismo, han tratado de convertirlo en un discurso que incita el odio, en verdad, lo que se hace es destapar las ollas podridas y llamarlas por su nombre, señalar desde el gobierno y con la autoridad política y moral que este lleva consigo establecer con toda claridad la responsabilidad de las inequidades coman la injusticia y las desigualdades existentes en el país a la clase dominante que siempre desde el poder actuó para beneficiarse exclusivamente quitando los derechos y las garantías a la democracia al pueblo colombiano.

Son algunos sectores de las clases dominantes y la ultraderecha en Colombiana e internacional que agazapado poder real, se muestran como víctimas o perseguidos, un gobierno que intenta restablecer derechos, que claramente implica develar las formas en que las élites gobernantes durante décadas se valieron de su poder para quitar esos derechos al pueblo trabajador Colombiano, estas son las élites que tiran la piedra y esconden la mano tratando de responsabilizar al gobierno de Gustavo Petro, de cuanta cosa sucede en el país, incluidas las acciones que fueron deliberadamente planeadas, para generar la actual crisis económica del país por gobiernos en los que ellos tuvieron el poder absoluto.
Ahora cuando el gobierno y su gran capacidad de convocatoria del pueblo colombiano, su compromiso con las transformaciones y las reformas que demanda la nación colombiana, sus resultados muy concretos en la lucha contra el narcotráfico, la implementación de la reforma agraria integral, en la lucha contra la pobreza y por mejorar los indicadores económicos de país, las élites sienten amenazado su sueño de volver a tener el control total del aparato estatal y gubernamental, sienten que el gobierno está ganando cada día más simpatías entre el pueblo y por eso cada día robustecen su campaña desestabilizadora, colmada de mentiras, repitiendo una y otra vez a través de los grandes medios de desinformación un discurso de odio contra el gobierno, contra lo popular, y cuando el gobierno reacciona y devela sus mentiras, lo acusan de estar generando odio.

El discurso de odio lo promueven las élites a través de los medios masivos de desinformación,  que desde siempre han tratado de convertir la lucha por los derechos en un acto subversivo,  pero especialmente durante el periodo del gobierno de Gustavo Petro todos los días, medios como Caracol, RCN, la revista Semana, la FM, Blu radio,  la W,  red+ noticias, transmiten, a nombre de la defensa de la democracia, las instituciones y el pretendido ejercicio informativo “imparcial” que claramente favorece los intereses de los grandes grupos económicos. Tratan de posicionar en la audiencia una narrativa que disfrazada de democrática,  está cargada de veneno, mentira, odio y venganza que tiene como objetivo desestabilizar la institucionalidad legalmente conformada,  porque el presidente fue elegido en elecciones a la vista de todo el mundo y hoy no hace cosa distinta que dar cumplimiento a su programa de gobierno que ahora es ley a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esta narrativa cotidiana se ha ocupado de ridiculizar,  meterse en la vida personal  de las más importantes responsabilidades del gobierno actual, ha falseado los hechos,  ocultado las realizaciones que favorecen los intereses de la mayoría nacional y ha magnificado los errores, que claramente se han cometido, pero que por cuenta de los medios de información se ha pretendido convertirlos en fenómenos que solamente parecieran haber sucedido durante la administración del gobierno progresista.

Pero la verdad es cada vez más clara, llaman discurso de odio, a lo que simplemente es decir la verdad de cómo la clase dominante que por años gobernó el país se dedicó al saqueo de los recursos públicos, a convertir el aparato gubernamental en una extensión de sus negocios familiares usados para acrecentar sus riquezas fomentando negocios, empresas, y gestiones gubernamentales en jugosos emprendimientos para favorecer los intereses de las élites que vieron cada día enriquecerse rápidamente y ahora ven frustrada la posibilidad de continuar haciéndolo porque el gobierno del cambio se los ha impedido. 

Hoy cuando empieza una nueva campaña electoral a la presidencia y al congreso de la república, el pueblo colombiano debe ratificar el compromiso con este proceso de transformación que inició con la llegada del gobierno progresista y para garantizar la profundización de los cambios y la restitución de los derechos vulnerados, debe asegurar la elección de un parlamento de mayorías favorables a los intereses populares y por supuesto la elección de un presidente que esté comprometido con la continuidad del proyecto del cambio.

Hoy el papel del movimiento social popular y alternativo, debe acoger el llamada a desarmar la palabra, sin dejarse provocar de una derecha rabiosa y desafiante, pero sin dejar de decir verdades, por incómodas que ellas sean, contar la historia  desde la perspectiva del pueblo y sus anhelos y esto no puede leerse como odio. Es hora de no dejarse llenar de odio, promovido por quienes siempre promovieron y se sirvieron de la guerra, es la época de apostar a la reconciliación, al diálogo y a, la lucha democrática para formar un nuevo país, superando la página de la violencia el rencor y el fanatismo que se promueve intencionalmente

Bogotá, junio 26 de 2025


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