Alfonso Castillo Garzón
Defensor de los Derechos Humanos y Constructor de Paz
Sí la participación de las víctimas se midiera por el número de espacios existentes en la ciudad de Bogotá, donde las víctimas deben llegar para plantear sus problemáticas buscar soluciones, con toda franqueza tendríamos que decir que hay mucha participación, y que la normatividad ha sido generosa con las víctimas para ser escuchadas.
Sin embargo, claramente la participación no se puede determinar por el número de espacios existentes bajo esa denominación o amparados en el “principio de la participación”. Para que sea posible la participación, ésta debe darse en medio de algunas garantías claramente establecidas como lo son:
La debida información previa, la cual debe ser clara, precisa y oportuna, e inclusive cuando se trata de la participación promovida por el estado esta debe ser financiada cuando sea necesario.
Por supuesto la participación de garantizar el acceso a los escenarios de toma de decisiones de diversos grupos sociales que están involucrados en las decisiones que se han de tomar en el mencionado espacio participativo,
También deben proporcionarse distintos escenarios para la respectiva toma de decisiones a los que las personas convocadas, deberán acudir en uso de sus facultades y libertades.
Muy importante, tener en cuenta que la participación no es un mero mecanismo formal sino que deben garantizarse que quienes participan puedan tener una incidencia real en la toma de decisiones.
La participación es en todo caso un escenario para construir confianza de la ciudadanía en las instituciones para lo cual este debe ser un proceso transparente donde se garantice la autonomía de la participación de quienes acudan a los espacios,
Este ejercicio debe estar pensado en el empoderamiento de la ciudadanía en la garantía de su derecho a la toma de decisiones en asuntos que le competen,
No menos importante son las garantías a la protección de la integridad y la vida de quienes acuden a los escenarios de participación institucionales por cuanto, si este no se proporciona, no tiene sentido hablar de democracia ni mucho menos de garantía al respeto de los Derechos Humanos,
También es importante que las instituciones que convocan escenarios de participación, consideren las condiciones materiales que algunos grupos y poblaciones tienen para llegar a los espacios de participación, si estas condiciones materiales no se proporcionan, la participación se hace imposible para algunos grupos poblacionales y en este sentido se deben crear incentivos a la participación.
No menos importante, está el asunto de considerar que la participación es un derecho universal consagrado también en la constitución política Colombiana.
En este sentido y teniendo en cuenta estas consideraciones, vale la pena analizar, cómo se da en la práctica la participación de las víctimas del conflicto armado en los escenarios establecidos en la ciudad de Bogotá para esa participación, al menos en espacios como las y mesas de víctimas, los consejos de paz, comités de derechos humanos y los denominados presupuestos participativos.
Estas instancias funcionan, irregularmente en la periodicidad de sus reuniones, y se realizan ritualmente como un cumplimiento normativo, pero más allá de eso, tienen dificultades en materia de poder convocar a las personas que tienen la obligación de convocar y presidir esas instancias, además, de presentar la dificultad que muchos de los funcionarios convocados no pueden garantizar la regularidad en su participación, por cuanto son funcionarios contratistas y casi siempre llegan a esas instancias porque son delegados a última hora, en cuanto a la participación de las víctimas, esa representación presenta las dificultades de falta de garantías plenas, para poder llegar adecuadamente informados y en las condiciones que permitan una toma de decisión sobre los asuntos que se consultan de manera autónoma e informada, decir de los temas relacionados con la protección a su integridad, y las garantías económicas para llegar a tales espacios.
Así, instancias de participación de las víctimas, como también otros escenarios de participación han entrado en un profundo desgaste, la ciudadanía no confía en ellos, porque en muchas ocasiones se sienten utilizados, o como convidados de piedra a escenarios que, eventualmente cuando se reúnen, parecieran ser más espacios técnicos, que espacios de deliberación de la política pública. Estos espacios mal llamados de participación ciudadana, se van pareciendo cada vez más, a instituciones que se van conformando para hacer parecer la toma de decisiones como un ejercicio democrático coma cuando en realidad son ejercicios preestablecidos, y quienes toman las decisiones lo que menos les importa es escuchar o consultar la opinión ciudadana para el desarrollo de sus acciones, muchas de las cuales están predeterminadas por intereses económicos, más allá de las voluntades de los ciudadanos y sus necesidades.
Un claro ejemplo de ello, son estos ejercicios que en la ciudad de Bogotá se realizan a través de los denominados presupuestos participativos, se convoca a la ciudadanía a formular propuestas e iniciativas en torno a las necesidades de las mismas, con recursos que en las administraciones locales existen para el desarrollo local en distintos ámbitos, pero que después de un “remedo” de participación y consulta la opinión ciudadana, las acciones que se Ejecutan, las que finalmente deciden los intereses políticos en cada localidad casi siempre asociadas a las posibilidades de ejecución de un operador logístico que casi siempre es el mismo Como sucede en la localidad de Santa Fe, que finalmente termina ejecutando casi todas las acciones sean estas del ámbito del desarrollo de la infraestructura, el fortalecimiento de la cultura, e incluso acciones orientadas para la prevención de las violencias todo esto bajo el control absoluto y casi sin posibilidad de control ciudadano sobre la ejecución de recursos de dos o tres instituciones en el caso concreto de la localidad entidades como ALDESARROLLO o FUNDESCO, quienes concentran una buena parte del porcentaje establecido para los presupuestos participativos, de nada han valido los llamados de las comunidades afectadas por los incumplimientos o las ejecuciones mal realizadas, ni los llamados que desde la junta administradora local eventualmente se hayan podido realizar, de nada han servido las denuncias que se han establecido en el consejo distrital, tampoco las denuncias en contraloría , o la personería, incluso en la fiscalía; el operador sigue allí y continúa concentrando la ejecución del presupuesto participativo, y las comunidades siguen tan afectadas y tan necesitadas de obras y acciones para mejorar su condición de vida.
El derecho a la participación efectiva de las víctimas, sigue siendo un asunto pendiente de garantizar por parte de las autoridades, para hacer posible aquello que se ha mencionado tantas veces de que las víctimas están en el centro de la construcción de la paz, la participación no puede ser una formalidad, debe ser en todo caso un ejercicio de garantías plenas que entre otras cosas, permita que escuchando a las víctimas del conflicto, las autoridades desarrollen la política pública de atención a las víctimas para responder a esas inquietudes y necesidades, hasta ahora eso no ha sido posible, así se refleja, tanto en el Plan de Desarrollo Distrital, como en el Plan de Acción Distrital y Plan de Acción Local, donde las ofertas institucionales parecieran no haber escuchado nunca ni reconocido las necesidades de las víctimas del conflicto armado.
No obstante, todo este desgaste que significa para las comunidades y las víctimas los escenarios de participación a veces un poco estériles, importante no renunciar a ellos, al contrario, desde allí impulsar el debate sobre la necesidad de otorgarles más capacidades decisorias incluso de alguna obligatoriedad de ejecutar lo que se discute y acuerdan ellos, más autonomía al tiempo que mayor capacidad de inclusión social y en todo caso algún poder vinculante de las decisiones que se tomen para que las autoridades se sientan comprometidas a tomar en consideración real lo que se discute en estas instancias de participación. Lo contrario, si no se cambia la mecánica de su funcionamiento y posibilidades vinculantes de sus discusiones, tantos escenarios seguirán siendo un ejercicio de arar en el mar.
Bogotá, 25 de junio de 2025
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