Alfonso Castillo Garzon
Defensor De Los Derechos Humanos
Durante décadas, la sociedad colombiana se ha forjado una idea bastante limitada de la democracia y la participación política, a esto es necesario sumar, que también las élites gobernantes nos han hecho creer que la nuestra es la “democracia” más sólida de América Latina, sin embargo, nada de esto corresponde a la realidad y se contradice con el solo hecho de constatar la persistencia de un conflicto armado interno de motivaciones político-económicas que ha causado millones de víctimas, miles de hectáreas de tierra despojadas violentamente, una campante impunidad de aquellos que promovieron la violencia contra el pueblo y fuera del hecho, una actitud de las élites gobernantes de negar esa violencia y reconocer la responsabilidad que en ella ha tenido, la inequidad económica, el abuso de poder y la imposición de la violencia ante la solicitud del pueblo por la garantía de derechos.
Élites mafiosas, que han gobernado el país como si fuese su hacienda, y desde el poder que les dio el uso de la fuerza y la violencia contra el pueblo, Se hicieron al control absoluto del poder económico, político, judicial, legislativo, controlan porque son los dueños a los medios de comunicación, y tienen la enorme capacidad histriónica de manipular, engañar y convertir En dios al criminal, y delincuente al que exige los derechos establecidos en las normas universales y constitucionales.
Hoy y por cuenta de un debate nacional que se ha suscitado en torno a la idea planteada por el gobierno del cambio, de promover una consulta popular para que sea el pueblo colombiano el que tome las decisiones, sobre los asuntos que le son de interés general, Han surgido toda suerte de opiniones que hacen referencia a la "defensa de la democracia y las instituciones", defienden esa misma democracia e instituciones que no han sido capaces de superar la violencia provocada por la desigualdad económica y la exclusión política, la misma democracia que ha permitido que el congreso de la república, esté controlado, por poderes estrechamente ligados con la violencia, la corrupción, la impunidad y en todo caso, con el incumplimiento cabal de su compromiso de legislar en favor del interés nacional, porque han preferido legislar para favorecer sus propios privilegios, o los intereses de los grandes grupos económicos y políticos que siempre han gobernado el país.
Después de escuchar a los voceros de la clase política, así como, sectores empresariales, todo esto amplificado con morbosidad y sesgo por los directores de los medios masivos de comunicación, lo que uno podría concluir, es que para estos sectores la democracia es todo aquello que convenga a sus intereses. Es la democracia que los militares “defendieron” en la retoma del palacio de justicia provocando decenas de muertos y desaparecidos, Es la misma democracia que mantuvieron durante todo el período del frente nacional repartiéndose milimétricamente el aparato estatal, y la misma que invocaron para imponernos el modelo económico neoliberal y recortar derechos sociales y económicos ya conquistados en el marco del estado social de derecho, es la misma democracia que invocan cuando adelantaron la política de seguridad democrática y en ese marco impulsaron prácticas tan nefastas cómo los asesinatos extrajudiciales mal llamados falsos positivos, y es la misma que defendieron durante el estallido social en el año 2021 cuando resultaron asesinados al menos 80 personas y centenares de heridos y detenidos, acusándolos de toda suerte de delitos, al punto que algunos de ellos continúan privados de la libertad cuando sólo ejercían su derecho a la protesta exigiendo transformaciones y cambios en la sociedad colombiana para buscar la paz y la equidad social.
La idea de la democracia que las élites han tenido en nuestro país ha sido expresada con toda claridad por el senador Efraín Cepeda el martes 3 de junio 2025, “No se puede acudir al pueblo sin el visto bueno del Senado”: Para ellas, la democracia comienza y termina en los procesos electorales, ellos solo aceptan las elecciones para que el pueblo elija concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas, presidentes, que como ampliamente se conoce, están permeados por distintas prácticas que vulneran el derecho al voto, en un país donde se han escuchado decenas de denuncias de compra de votos, alteración de los resultados, constreñimiento a los electores entre otros delitos que pareciera están en la normalización de las prácticas políticas de la clase dirigente en nuestro país, pero cuando se trata de la votación para que el pueblo decida sobre la recuperación y ampliación de sus derechos entonces la votación es un peligro.
Para estas élites el poder no reside en el pueblo, como claramente está establecido en el artículo 3 de la constitución política colombiana, mucho menos, aceptan que por encima de la soberanía popular no hay ningún poder constituido. Ellos no saben o si lo saben, han pretendido ignorar, que la voluntad popular es el más auténtico ejercicio de la democracia directa y quizá por esta razón esta ofensiva mediática en contra de la consulta popular acusando al presidente inclusive de dictador cuando invoca la voluntad popular para tomar decisiones. No han querido comprender que el modelo de participación que impusieron para beneficiarse está agotado y que el pueblo necesita un modelo de democracia que esté directamente asociado con la búsqueda de soluciones a las grandes problemáticas que padece la sociedad colombiana.
Por esta razón han desatado toda una artillería de argumentos jurídicos, jurisprudenciales, económicos, incluido el chisme, la mentira y la manipulación para negarle al pueblo soberano la posibilidad de tomar las decisiones que atañen con sus derechos.
Lo que queda muy claro hoy, es que las élites le tienen mucho miedo a la voluntad popular, por eso la contienen utilizando toda la violencia posible y la acompañan, de una justicia a su servicio, para imponer sanciones que logren intimidar la expresión ciudadana. pero al mismo tiempo le temen a la participación democrática del pueblo en las urnas, Porque seguramente han comprendido estas élites corruptas y mafiosas, que ya no les resulta tan fácil manipular al pueblo.
Si las élites están seguras que de su lado están la razón y la justicia, ¿por qué no permitir que el pueblo se pronuncie a través de un proceso electoral y tome las decisiones respecto a las reformas sociales que venía exigiendo la sociedad colombiana durante muchos años, y que ellos en una actitud mezquina y favoreciendo intereses particulares negaron a través de distintas artimañas en el congreso de la república? Acaso le temen a un pueblo que ha empezado a despertar, y que ha comprendido que el acceso a los derechos no puede ser o estar limitado por los intereses económicos de unos pocos?. ¿Acaso temen que en esta convocatoria a la consulta popular, para tomar decisiones sobre el derecho al trabajo y el derecho a la salud, el pueblo soberano acompañe con el sí, contundente y mayoritario?
Ahora bien, la consulta popular debemos insistir desde esta columna, es un mecanismo constitucional válido y más allá de la discusión sobre el legalismos jurídicos, es un mecanismo legítimo el cual se debe exigir y defender. Pero no basta tener esta argumentación, es necesario que desde las organizaciones sociales populares y alternativas, se desarrolle un potente mecanismo pedagógico que ayude a la comprensión del momento político, la necesidad de vigorizar la movilización y participación del pueblo en la toma de sus decisiones y en todo caso preparar las condiciones para dar continuidad al proyecto del cambio, y si las élites se asustan qué le vamos a hacer, que sea el pueblo el que decida
Bogotá, 5 de junio de 2025
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