Bogotá, sin política clara para las víctimas del conflicto armado.

Alfonso Castillo

Defensor de los derechos humanos y constructor de paz 

Un nuevo Plan de Acción Distrital PAD?

Hace algunos días, fue dada a conocer la matriz del plan de acción distrital PAD en el que se resumen las metas de lo que será la acción de la alcaldía de Bogotá en materia de atención a víctimas del conflicto armado, de acuerdo a lo establecido en la ley 1448/11.  Igualmente está siendo socializada la propuesta para el establecimiento de la política pública de participación local para las víctimas.  En ambos casos, hay que decir que se trata de propuestas elaboradas  desde la administración  distrital,  en las cuales, las víctimas no han logrado tener una participación efectiva,  y lo que se presenta,  se hace de tal manera que no da la posibilidad de promover un ejercicio de discusión, modificación y ajuste conforme a las necesidades reales de las víctimas  del conflicto armado registradas en la ciudad de Bogotá, así lo han expresado las víctimas en distintas reuniones de las mesas locales,  entre otras cosas, porque no pareciera que hubiese una caracterización actualizada de las víctimas,  ni un interés real, por garantizar colocar a las víctimas en el centro de la construcción de la paz. 

En el caso de la localidad de Santa Fe en la ciudad de Bogotá,  la matriz del plan de acción distrital fue presentada en el comité de justicia transicional dos o tres días después de haber sido elaborada por la oficina de la  Consejería de Paz, Reconciliación y víctimas,  y por tanto las propias instituciones que asistieron a esa reunión el día, no pudieron reaccionar, para aportar los compromisos específicos que cada entidad tenía frente a las sugerencias (imposición) de meta establecidas, quizá un poco de manera arbitraria, desde la jerarquía de cada institución, o lo que podría ser peor desde la propia administración distrital, sin recoger para nada las inquietudes, necesidades y propuestas que las propias víctimas han elaborado en los últimos años sobre lo que debieran ser los compromisos para la materialización de la política pública de atención a las víctimas en el distrito.  En términos generales, pareciera que hay un desprecio por escuchar las voces de las víctimas para atender sus requerimientos y avanzar de manera más efectiva en el restablecimiento de los derechos vulnerados.

Es importante tener en cuenta que el plan de acción territorial ( Plan de Acción Distrital para el caso del distrito capital PAD) Es el instrumento que contempla las medidas de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas, el cual debe ser elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las víctimas del conflicto armado

Y de acuerdo a lo establecido por las normas ese plan debe contener al menos los siguientes componentes:

• Prevención: Medidas para evitar la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes. 

• Protección: Acciones para garantizar la seguridad de las víctimas. 

• Atención: Servicios de salud, psicosociales, legales y otros que se brindan a las víctimas. 

• Asistencia: Apoyo económico, social y cultural a las víctimas. 

• Reparación integral: Acciones para reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo la restitución de derechos, la indemnización y las garantías de no repetición. 

Y es a la luz de estos criterios con los que debe evaluarse, la pertinencia y el principio de progresividad y no regresividad, en la formulación del Plan de Acción Distrital presentado por la administración de Carlos Fernando Galán para los años 2025 - 2028, Parte de la política pública de atención a las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá.

Consideraciones a las metas establecidas en la matriz de plan de acción distrital (PAD)

El diseño de la matriz,  está establecido tal cual como la administración distrital concibe la política pública de atención a víctimas,  una lista desarticula  de acciones, “encargadas” a distintas entidades,  sin que ellas las acciones,  puedan establecer un diálogo entre sí y corregir un problema histórico, señalado reiteradas veces la corte constitucional, sobre la necesidad de promocionar una política pública para las víctimas que supere los graves problemas que implica la desarticulación institucional y la falta de armonización de las acciones y las entidades, en cabeza de una entidad que bien pudiera ser la Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación pero que de acuerdo a lo establecido en la propia matriz, es también otra de las entidades que ejecuta una lista larga de acciones. 

Otra situación que es necesario señalar,  tiene que ver con que algunas de las metas establecidas corresponden a actividades misionales de cada una de las entidades y no detallan la especificidad de la atención a las víctimas del conflicto armado,  a esto es necesario sumar, que la redacción de algunas de esas metas, se hace de tal manera que no implica ningún tipo de compromiso para las entidades por cuanto se trata de formulaciones ambiguas o etéreas que en algunos casos no plantea ningún nivel de exigencia para la ampliación de las coberturas o la proyección de las acciones.

Un problema preocupante en el diseño de la matriz y de el contenido de las metas, es que no hace énfasis en identificar las acciones específicas que se diseñan y orientan a las víctimas del conflicto armado,  muchas de las metas están redactadas para atender en general a la población vulnerable y esto claramente, va en contra vía de lo establecido por la corte constitucional en la sentencia T 025 del año 2024 y varios autos que le hacen seguimiento a la misma.

Sin avances en la cobertura e incluso retrocesos 

Algunas de las metas establecidas en la matriz del plan de acción distrital,  mantienen la cobertura actual porque se limitan a atender la población que está inscrita para los respectivos programas, sin que se mencione de ninguna manera la ampliación de coberturas,  es inquietante que en algunas  de las metas redactadas en lenguaje engañoso, “Atender el 100% de las solicitudes”  y a renglón seguido establecer si estas cumplen Los criterios de admisión,  que en Casos como la población escolar recortan derechos que garantizan el auxilio de transporte,  porque los criterios de admisión, son elaborados por la propia entidad, sin que ello, esté supervisado por otra instancia o incluso las propias víctimas del conflicto armado, También hay que indicar que el material de atención a la población escolarizada nada se menciona sobre la cobertura del PAE para niños y niñas víctimas del conflicto armado matriculados en las escuelas y colegios del distrito ni de el auxilio de materiales escolares y uniformes.

Y la prevención no aparece 

Un aspecto preocupante en el contenido general de la matriz es la ausencia de acciones concretas orientadas a la prevención de situaciones de riesgo o de afectación de violencia específica contra las víctimas de la violencia,  llama la atención que en esta matriz no se tiene la consideración en relación con las recomendaciones elaboradas por la defensoría del pueblo en varias alertas tempranas que advierten sobre factores del riesgo a la población víctima del conflicto armado por la presencia de grupos armados en los territorios,  señalando la defensoría que las víctimas del conflicto en especial niños niñas y mujeres están siendo afectados por temas de vinculación a redes de narcotráfico, prostitución, extorsión entre otras actividades delictivas.  igualmente en las metas establecidas para la secretaría distrital de la mujer las metas están orientadas a la atención a Víctimas  de agresiones y afectaciones a las mujeres sin que se establezcan programas concretos para la prevención de la violencia de género o intrafamiliar 

¿El presupuesto?

Si bien es cierto que a la consejería para las víctimas la reconciliación y la paz se le ha fijado el 3.5% del presupuesto general del Distrito, no resulta claro para las víctimas del conflicto armado, cuáles son los recursos destinados de manera específica y concreta para la atención a las víctimas del conflicto armado?  Esto es bastante inquietante porque durante el año 2024 ante las solicitudes de las mesas de víctimas para el apoyo a actividades relacionadas con el cumplimiento de los respectivos planes de trabajo la respuesta única de la consejería de víctimas era la no existencia de recursos,  igual sucedió con la conmemoración del día de la dignidad de las víctimas 9 de abril para lo cual la consejería para las víctimas se usen nos informó no contaba con recursos para esta que es una de las actividades más importantes en materia de memoria y dignificación de las víctimas.

En este aspecto llama la atención que en la matriz, los recursos en buena medida son manejados por el nivel central y no existe una asignación concreta de recursos para el desarrollo de las actividades de las mesas de víctimas, ni para las propias entidades en los ámbitos locales,  lo cual limita la acción autónoma de estas instancias de participación.

Censo y caracterización.

Un problema estructural a nuestro juicio de la formulación del plan de acción distrital consiste en que aún hoy,  la oferta de programas planes y políticas está orientada a partir de la información proporcionada por la unidad para la atención a las víctimas respecto al número de población víctima que hay en la ciudad,  y esto por supuesto es hacer planeación con los ojos cerrados.  Desde hace varios años las víctimas están planteando la necesidad de promover un ejercicio de caracterización detallada que permita obtener información sobre la población real de víctimas que vive en la ciudad establecer el marco general de sus necesidades para satisfacer el acceso a sus derechos vulnerados,  sin embargo,  esta solicitud ha sido reiteradamente desatendida por el distrito capital.

Esto sin duda, es un problema técnico porque no permite el diseño de una oferta institucional orientada a atender las necesidades concretas de las víctimas,  de parte de un supuesto que no necesariamente es el que obedece de manera real y cierta a la problemática de las víctimas en la ciudad de Bogotá.

Compromisos con el acuerdo final de paz.

Aunque en la matriz del PAD, Se mencionan algunas acciones que se desarrollarán en los territorios que comprometen a la localidades de de Sumapaz,  Ciudad Bolívar y Bosa por estar incluidas en el territorio PDET establecido en el acuerdo final de paz,  estas acciones son como todas las formuladas en el PAD muy etéreas.  Poco se menciona en el PAD consecuente con el acuerdo final de paz el desarrollo e iniciativas con las víctimas que residen o pueden establecer programas para el desarrollo que incentive la producción agrícola en un amplio territorio rural con el que cuenta el distrito capital.

Inquieta de nuevo y hay que mencionarlo, que se omite por completo el desarrollo de la recomendaciones establecidas por la defensoría del pueblo en las alertas tempranas sobre el riesgo de intensificación del conflicto en la ciudad de Bogotá por la presencia de distintos grupos armados,  lo cual afecta el derecho de garantía de no repetición,  que debería ser uno de los objetivos del plan de acción distrital. 

El embeleco de la política pública de integración local 

Durante el año 2025 la alcaldía de Bogotá a través de la consejería para las víctimas, la reconciliación y la paz, ha iniciado la elaboración de  la política pública e integración local que actualmente está en proceso de socialización entre las mesas de víctimas.  como se sabe la política pública de integración local es una recomendación de las Naciones Unidas para garantizar la integración de poblaciones migrantes o refugiadas para nuestro caso víctimas del conflicto armado, específicamente población desplazada, al desarrollo social y económico de sus comunidades locales, brindando mejores oportunidades de inclusión para el acceso a la restitución de sus derechos.

Una observación sobre este "nuevo embeleco", es que persiste en el impulso de acciones para "atender" las necesidades individuales, lo que no deja  de ser la continuidad de una política asistencial, que por distintas razones no logra impactar, ni solucionar de manera sustancial la condición de vulnerabilidad y marginalidad de las victimas, desaprovechando este esfuerzo, en construcción de dinámicas colectivas de fortalecimiento organizativo y de construcción de alternativas para el avance de políticas reparadoras. 

No obstante lo anterior, Este ejercicio de acuerdo al cronograma establecido por la propia consejería,  no cuenta con los tiempos suficientes para que sea discutido y aprobado en el período de gobierno de Carlos Fernando Galán, lo que se constituye en un desgaste, tanto de recursos de la propia administración como para las expectativas que se generan en las víctimas,  en temas de vivienda, generación de ingresos,  justicia y seguridad. 

Este planteamiento de la administración distrital pareciera estar inclinado hacia la inclusión de las victimas como población vulnerable, y diluir la responsabilidad de diseñar planes y políticas especificas para las victimas del conflicto.

Las victimas deben pronunciarse

Ante este retroceso en la política de atención a las víctimas del conflicto armado, es necesario que las organizaciones de víctimas, las víctimas mismas y particularmente las mesas distrital y locales de víctimas, eleven su grado de articulación y coordinación para una respuesta unificada ante la administración distrital,  Es necesario elaborar los documentos que  presente en Las observaciones críticas frente tanto al plan de acción distrital como a la política pública e integración local,  es necesario, en todo caso, promover ejercicios de fortalecimiento organizativo y de movilización en exigencia a la garantía de los derechos. No puede aceptarse que en nombre de las víctimas,  se hagan planteamientos y formulaciones de política que van en franco retroceso con la posibilidad de materializar el principio de soluciones duraderas, formulado por las Naciones Unidas y de la orden de la corte constitucional de restituir de manera efectiva los derechos de las victimas del conflicto armado. Es la hora de exigir respeto a la dignidad de las víctimas,  cosa no está sucediendo

A manera de conclusión.

De acuerdo a lo que se ha planteado y al análisis del plan de acción distrital y la propuesta de política pública de integración local,  es posible afirmar que en la ciudad de Bogotá en la administración de Carlos Fernando galán falta mayor compromiso técnico y político que permita garantizar una adecuada política de atención a las víctimas del conflicto armado.  esto en cuanto hace a la asignación de los recursos en el presupuesto para la atención a las víctimas,  pasando por la formalización laboral de las personas vinculadas al desarrollo de la política,  de tal manera que no se esté cada vez improvisando o truncando los procesos de atención como está sucediendo actualmente por falta de la continuidad en el contrato de las personas que trabajan en la atención a las víctimas en el conflicto armado en la ciudad de Bogotá,  Asimismo faltan adecuadas y suficientes garantías para la participación efectiva de las víctimas y no menos importante falta un compromiso real por parte de la administración de Bogotá en desarrollar políticas eficaces que prevengan la vulneración a los derechos a las víctimas del conflicto armado por cuenta de una presencia del grupos armados en el territorio de la ciudad que no son adecuadamente reconocidas por la administración, pero que en cambio sí ejercen amenazas a la población víctima el conflicto,  no menos importante mencionar que un plan de acción distrital donde no se fijan metas concretas, verificables que den cuenta de atención efectiva y creciente a las víctimas del conflicto, no deja de ser una formalidad que no logra trascender, como es parte hoy de las exigencias a las políticas públicas,  al escenario de soluciones duraderas, tal cual como lo exige Naciones Unidas para el caso de la atención a las víctimas del conflicto armado. 

Bogotá, 21 de mayo de 2025