Alfonso
Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
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Después de toda la propaganda mentirosa que se realizó frente
al proceso de paz, con ocasión del plebiscito del 2 de octubre, sobrevino una
nueva ofensiva mediática, ahora centro es ocultar el incumplimiento del
Gobierno de lo pactado y en todo caso con el claro propósito de desprestigiar la
primera fase de la implementación. Esa ofensiva desinformativa, ha estado a
cargo de los voceros de la ultraderecha, los cuales se han encargado de
intentar desprestigiar a los guerrilleros que han dado el gran paso de abandonar
la lucha armada, para intentar la lucha política.
Esta campaña mediática a la que se ha prestado la gran prensa, ha tenido episodios como el
señalamiento que se hiso para mostrar a
guerrilleros en fiestas y “excesos” en
el fin de año, así como el asunto disidencias,
o quizás lo más grave, el tratamiento
irresponsable del tema de los niños en las filas de las FARC, intentando crear
un panorama inhumano, cuando el propio
gobierno, no ha dejado conocer el protocolo pactado conjuntamente para el
tránsito de estos niños a la vida civil.
Igualmente, no puede verse sino como un sabotaje al proceso
de implementación la actitud irresponsable del congreso, donde en la práctica
en el avanza una especie de contrareforma, por la modificación al acuerdo, que
en la práctica, desdibuja los logros contenidos en el acuerdo final. El
Congreso en el debate del procedimiento vía FAST-TRACK, se ha visto todo tipo
de vicios y chantajes para presionar al
gobierno, a cambio de prebendas, presupuestos y burocracia, al mismo tiempo el
gobierno muestra su falta de voluntad, por un lado al tardarse en la
presentación de iniciativas legislativas, y de otro lado, la ausencia de
consultas al movimiento social y particularmente a las víctimas, lo que por
supuesto contradice la cacareada centralidad de las víctimas en el proceso de
implementación.
A la fecha solo han sido aprobadas unas cuantas leyes, justo
aquellas que aseguran la desmovilización/dejación de armas, de la guerrilla,
más allá de ello es pasmosa la forma en que el gobierno anuncia su intención de
presentar proyectos 3 o 4 en RRI, 2 o 3 del acuerdo de participación, la ley de
jurisdicción especial, a la fecha nada sobre modificación la ley de víctimas o
sobre la perspectiva de géneros y diversidad. La tendencia general en todos los
aspectos es que el gobierno guarda hermetismo sobre las normas que se presentarn
a debate al congreso, insistimos que este proceder va en contravía del espíritu
del acuerdo final de paz, de garantizar cumplir procesos de participación de la
sociedad en la implementación.
Igualmente es evidente la falta de voluntad política del
gobierno, para cumplir lo pactado, el mejor ejemplo de ello, es la negligencia
en la adecuación de los campamentos de las ZVTN, donde la guerrilla, inicia su
proceso de incorporación a la vida civil. El atraso y corrupción que el país ha
conocido, en la construcción de espacios dignos y oportunos para los
guerrilleros, no pueden leerse, sino como un ataque a la implementación porque
con ello, solo se lanzan mensajes de desmoralización a quienes han decidido con
sinceridad, hacer una apuesta por la culminación de la lucha armada.
Se requiere mayor decisión del Gobierno Nacional, para
impulsar procesos transparentes de construcción de las normas para la
implementación, así como una actitud más decidida en el cumplimiento de lo
pactado, apoyándose en las organizaciones sociales y en todo caso, sacando la
implementación del circuito de corrupción, si no se hace esto también se está
saboteando el proceso de paz.
Finalmente, a pesar de estas consideraciones que se leen como
riesgos y peligros en la implementación, es importante seguir insistiendo, en
que el país está asistiendo a un momento de oportunidad para los cambios y transformaciones
que requiere el país, sin embargo es bueno insistir que el acuerdo final de paz, no es en sí un acto transformador, él
es en cambió, un detonador de la movilización social, es decir, solo si la
sociedad estudia y apropia este acuerdo, lo hace suyo, y promueve un amplio
proceso de movilización social y política para exigir cumplimiento de lo
pactado con las FARC, además de aprovechar la mesa de dialogo con el ELN, para
fortalecer la exigibilidad y cumplimiento de algunos de los elementos de
potencial transformación del acuerdo. En ello reside la importancia de este
momento excepcional de la historia moderna del país.
Bogotá 18 de Marzo de 2017
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