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LA POBLACION DESPLAZADA EN EL ESCENARIO DEL NUEVO GOBIERNO J.M. SANTOS


Alfonso castillo
Noviembre de 2010


Contexto político

El cuatrienio gubernamental que se inició en agosto del 2010 no es el de la SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, sino el de la SEGURIDAD CIUDADANA. Vale preguntarse entonces si existen cambios en el contenido de las políticas oficiales.

Para algunos analistas el gobierno de Santos marcará diferencias sustanciales frente al de su antecesor Uribe. Se amparan en el hecho del origen familiar y de clase del nuevo mandatario. Mientras aquél no era más que un burdo capataz de finca, de fuertes raíces e intereses vinculados a la explotación atrasada de la tierra. Caballista y chalán por excelencia, éste es un clásico citadino, de la entraña misma de la burguesía tradicional, vinculado a la “dolce vita”, a los clubes y a los juegos de azar. Los modales de uno y otro se aprecian en el tono pendenciero permanente del primero y el discurso conciliador y pausado del segundo.

El cambio de las relaciones entre el ejecutivo y el poder judicial, sobre todo con las Altas Cortes que, de un enfrentamiento radical pasó a un aparente apaciguamiento aunque no faltan las rabietas por determinaciones fundadas de los jueces,  así como la distensión de las relaciones diplomáticas con los países vecinos –Venezuela, Ecuador--,  sirven de sustento a esta posición.

Otros, transitan por otras concepciones: sin desconocer algunos cambios en el estilo afirman que la Seguridad Ciudadana profundiza y arraiga los elementos represivos que vienen de la Seguridad Democrática. Institucionaliza aquellos que eran simples arranques de soberbia del príncipe de turno y traen como prueba de su posición la pretensión Santista de reformar las actuales disposiciones de policía sustituyendo los actuales códigos sobre la materia por el que se ha dado en llamar Código de Convivencia que al decir de algunos “asoma vicios del añejo autoritarismo proveniente del sur del continente”. En otras palabras, por el mentado Código de Supervivencia se reviven facultades a los alcaldes y a los comandantes de policía para que limiten los derechos constitucionales de reunión y de movilización tan íntimamente vinculados al derecho a la protesta. Y, a ello, habría que añadirle las reformas propuestas a algunos tipos penales para adultos y menores con aumento de penas. La tipificación de nuevos delitos y el recorte de garantías procesales so pretexto de la lucha contra la impunidad o la desmedida violencia en las ciudades. Todo ello con la premisa indiscutible de un cuerpo legislativo inmensamente dócil al ejecutivo.

Y ese mismo Congreso que aprobará sin mayores discusiones las reformas regresivas de origen gubernamental, pondrá toda clase de obstáculos para la aprobación de las leyes sobre restitución de tierras y reparación a las víctimas de la violencia por el conflicto interno del país. O sea que al interior del congreso se manifestará una corriente abiertamente Uribista que bregará por reformas regresivas y antidemocráticas y otra timorata coaligada con los parlamentarios liberales que no alcanzarán las mayorías necesarias para reformas medianas que consulten avances en defensa de los intereses de las víctimas y de los derechos humanos. En otras palabras, el discurso Santista y de algunos de sus ministros será uno para la exportación y las realidades institucionales otras. Por ello los que afirman cambios sustantivos por el origen y estilo del gobernante verán frustrados sus anhelos por  la tozuda realidad política del país.

No obstante lo anterior es indiscutible que el actual gobierno está acosado por una opinión pública mundial que exige rectificaciones en las políticas oficiales. Además, Colombia está catalogada como uno de los países más inequitativos del Planeta. Los índices de desempleo son de los más abultados de América y en cuanto desplazamiento y violaciones a los derechos humanos  disputamos los primeros lugares con los países más atrasados del orbe. ONGs y gobiernos de todo el mundo rechazan los falsos positivos, las chuzadas y hostigamientos a la oposición y a defensores de derechos humanos. Por ello, la aparente despreocupación frente a la implementación de los mecanismos legales y constitucionales  impuestos por la Corte Constitucional  para la operatividad de las bases militares gringas en nuestro país. Y por ello mismo el despliegue mediático frente a la presentación al Congreso de las leyes de víctimas y de tierras. Además, es bueno decirlo, después del fracaso del referendo para la nueva reelección, el movimiento popular se ha dinamizado y ha emprendido acciones que oxigenan el panorama para nuevos desarrollos.

Frente a esta situación creemos que es el momento apropiado para revitalizar la consigna de los desplazados por el RETORNO CON DINGINIDAD Y SEGURIDAD. Y el RETORNO A LA PROPIA TIERRA con condiciones reales para la producción sin excluir la reparación a que se tenga  derecho como víctima. En este sentido una de las tareas inmediatas para ANDAS es la de implementar un CENSO que determine propietario, poseedor o tenedor, inmueble, su ubicación y cabida, fechas y condiciones del despojo, partiendo de los avances del Catastro Alternativo que hemos contribuido a construir desde el MÓVICE y al inventario propio vinculado a proyectos  realizados.

Sin lugar a dudas todavía en nuestro país la posición frente al fenómeno insurgente determina posiciones políticas y humanitarias. Creemos que no corresponde a las organizaciones de Derechos Humanos y al movimiento en su conjunto determinar su validez o inviabilidad en las condiciones del mundo actual. Esa es tarea para una política partidista. Pero, frente a la realidad de su existencia y del fracaso de las acciones guerreristas que buscan su aniquilamiento en la confrontación bélica sin lograrlo, es obligación del Movimiento de Derechos Humanos seguir levantando la bandera de la salida civilizada y política del conflicto por sus repercusiones en el conjunto de los Derechos Humanos. Y, en esta dirección el ACUERDO HUMANITARIO que posibilite la liberación de secuestrados y detenidos políticos y el fin del secuestro como arma de guerra sigue conservando su vigencia. Igualmente nuestra actividad debe girar alrededor de enfrentar la tesis de la ultraderecha, en hacer creer a través de los medios de comunicación que la lucha popular y sus dirigentes son los responsables de la crisis que vive el país, hasta el delirio de convertirlos en los peores criminales para lograr el rechazo social, a la lucha popular por la conquista y defensa de los derechos.

En otras palabras, ANDAS, como ONG de Derechos Humanos no puede tomar partido a favor o en contra del movimiento insurgente cualquiera sea su orientación. Sus integrantes no pueden dar lugar a confusiones en su accionar humanitario, como tampoco pueden destinarse dependencias y recursos para acciones que puedan sustentar esas situaciones.

Realizamos esta asamblea, en el marco de un contexto político particularmente importante, dada la agitación política que el país tiene alrededor de temas como el de víctimas y tierras, con las cuales el gobierno pretende lavar la imagen que se tienen ante la comunidad internacional y con las propias víctimas, haciendo creer que se otorgan los derechos a las víctimas, mientras en realidad sólo se conceden algunas pequeñas garantías indemnizatorias mientras de fondo se siguen eludiendo responsabilidades estatales y se niega la posibilidad de acceder a derechos a la verdad, a la justicia a la propia reparación integral y por supuesto no se mencionan nada en torno al tema de garantías de no repetición.

Mientras esto ocurre, el mismo gobierno de Juan Manuel Santos ha presentado al Congreso de la República un paquete de medidas económicas, con las cuales se puede confirmar el carácter continuista, y en todo caso neoliberal ultranza del nuevo gobierno, los proyectos de ley de regla fiscal, de regalías, de reforma al sistema de salud, así lo demuestran. Al mismo tiempo el nuevo gobierno sigue empeñado en completar la tarea trazada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo de consolidar el proyecto de minería extractiva para entregar su explotación a transnacionales.

Ni una palabra, ha mencionado el gobierno sobre la política pública de atención integral a la población desplazada, que permita superar el estado de cosas inconstitucional decretado desde hace seis años por la corte constitucional y por el contrario lo anunciado en el proyecto de ley de víctimas no hace más que aumentar la preocupación de la población víctima de  este crimen, dado el evidente recorte de conquistas y derechos que hoy se evidencia.

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