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TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS FRENTE AL CRIMEN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO


Realizamos esta evento, en el marco de un contexto político particularmente importante, dada la agitación política que el país tiene alrededor de temas como el de víctimas y tierras, con las cuales el gobierno pretende lavar la imagen que se tienen ante la comunidad internacional y con las propias víctimas, haciendo creer que se otorgan los derechos a las víctimas, mientras en realidad sólo se conceden algunas pequeñas garantías indemnizatorias mientras de fondo se siguen eludiendo responsabilidades estatales y se niega la posibilidad de acceder a derechos a la verdad, a la justicia a la propia reparación integral y por supuesto no se mencionan nada en torno al tema de garantías de no repetición.

Mientras esto ocurre, el mismo gobierno de Juan Manuel Santos ha presentado al Congreso de la República un paquete de medidas económicas, con las cuales se puede confirmar el carácter continuista, y en todo caso neoliberal ultranza del nuevo gobierno, los proyectos de ley de regla fiscal, de regalías, de reforma al sistema de salud, así lo demuestran. Al mismo tiempo el nuevo gobierno sigue empeñado en completar la tarea trazada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo de consolidar el proyecto de minería extractiva para entregar su explotación a transnacionales.

Ni una palabra, a mencionado el gobierno sobre la política pública atención integral a población desplazada, que permita superar el estado de cosas inconstitucional decretado desde hace seis años por la corte constitucional y por el contrario lo anunciado en el proyecto de ley de víctimas no hace más que aumentar la preocupación de la población víctima de  este crimen, dado el evidente recorte de conquistas y derechos con que hoy se cuenta.

Escenarios

Todo deja indicar que los próximos años en el país se consolidara el proyecto minero extractivo que se viene implementando en varias regiones del país y que ha generado desplazamientos masivos donde se prevé existen yacimientos.

Igualmente, como ha sido propio de modelos neoliberales en los últimos años se continuarán entregando gigantescas extensiones de tierras para que transnacionales y grupos económicos desarrollen los megaproyectos, de vías y transportes, hidroeléctricas, agroindustria, control del agua.

Se fortalecerá la tendencia que apunta hacia la quiebra del modelo agropecuario y de economía campesina, para favorecer el interés de algunos sectores y las transnacionales de la implementación de Tratados de Libre Comercio.

Continuara el modelo de seguridad democrática, que se sustenta en generar condiciones favorables para la inversión extranjera y en contra vía de los derechos ciudadanos especialmente campesinos y pobladores.

Respecto al crimen del desplazamiento se puede prever las siguientes tendencias:
La corte constitucional, ante el cambio de gobierno bajará la tensión con este, dado que el pulso que mantuvo durante los últimos años con el gobierno de Uribe hace parte de un ejercicio "superado". En el mismo sentido a la corte le interesa mostrar que los controles ejercidos a través de los cerca de 80 autos, posteriores a la sentencia T 025/04, han dado algún tipo resultado.

Aquí es necesario recordar que la corte en este enfrentamiento con el gobierno de Uribe han sufrido varias transformaciones, la corte que en el año 2006 aprobó el referendo reeleccionista, no en la misma corte que durante el segundo gobierno de Uribe mantuvo un enfrentamiento fuerte negando varias de las iniciativas de este gobierno y como prueba de lo anterior es la negativa a aprobar el referéndum para la segunda reelección.

Estos elementos permitirían suponer que la corte podría inclinarse por otorgar una calificación de cumplimiento al actual gobierno, dar un compás de espera para ver cómo él un nuevo gobierno plantea el tema del cumplimiento de los derechos de la población desplazada.

De otro lado es necesario considerar, frente al tema del desplazamiento la presencia en el país de ACNUR, que como hemos dicho en otros escenarios ha volcado todos sus esfuerzos a brindar un apoyo técnico al gobierno, dejando de lado su actividad principal que es la de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas del desplazamiento, en este sentido ACNUR estaría interesado en un levantamiento parcial del estado de cosas inconstitucional.

Consideramos que en este marco político, es la hora para que las organizaciones de población desplazada fortalezcan su participación política en la exigibilidad los derechos, en este sentido ANDAS, agita la bandera de solicitar a la corte constitucional no levantar el estado de cosas inconstitucional, el incumplimiento sistemático y permanente por parte del gobierno para no implementar una política pública que garantice goce efectivo de derechos, es suficiente argumento para que la población desplazada y sus organizaciones consideremos que no se ha cumplido en lo más mínimo la situación descrita por la corte en el año 2004 a través de la sentencia  T-025.

El gobierno Uribe trato de sustentar que ciertamente han existido avances en el cumplimiento de las órdenes dadas por la corte, que le permitan solicitar el levantamiento del estado de cosas inconstitucional, para lo cual podría apoyarse en el pronunciamiento de algunas organizaciones de población desplazada e inclusive en manifestaciones aisladas de grupos de desplazados que saludan y manifiestan el agradecimiento a algunos de los programas desarrollados durante su  gobierno. De otro lado el nuevo gobierno ha mencionado muy poco su compromiso sobre la política a desarrollar en materia de atención integral a población desplazada, sin embargo el proyecto de ley de víctimas hace algunas menciones, que no hacen más que preocuparnos dado que la ley se anuncia con múltiples recortes a los derechos de la PD.

Sobre este aspecto, ANDAS señala que el gobierno ciertamente ha desarrollado una serie de actuaciones en materia de cumplimiento en algunas de las órdenes, sin embargo ésta siguen teniendo la característica de ser dispersas y faltas de continuidad y vistas de conjunto no significan ningún tipo de avance en el cumplimiento de la superación del estado de cosas inconstitucional.

Algunas iniciativas para enfrentar esta problemática.

Andas considera que debe abordar la problemática del desplazamiento como un tema asociado al despojo de tierras, por tanto, una iniciativa debe fortalecerse en el segundo semestre del 2010 ha de ser la de visibilizar  la problemática de la tierra y por esta razón se debe impulsar un programa orientado a la recuperación de las tierras que actualmente reposan en poder de la dirección nacional de estupefacientes, tierras que fueron incautadas o devueltas por narcotraficantes y paramilitares, y como se ha visto en los últimos años no van a ser devueltas a los campesinos propietarios de ellas, si no que van a ser entregadas a terratenientes y transnacionales para su explotación.

En la perspectiva de mantener la preocupación por los derechos de las víctimas del desplazamiento, ANDAS se vincula  a la tarea que esta  está promoviendo la campaña permanente,  para el segundo semestre del 2011 la realización de un congreso nacional de organizaciones de población desplazada, el cual debe empezar a prepararse a partir de este año en las regiones promoviendo debates y la documentación de casos que demuestren el sistemático incumplimiento a los derechos de las víctimas, y en todo caso la ausencia de política pública nacional y territorial que permita prever que en el mediano plazo se vayan a cumplir los derechos de esta población.

Con el interés de contribuir a mantener en alza los derechos de las víctimas del crimen del desplazamiento, ANDAS se vincula a la propuesta de realizar en el segundo semestre de 2011, el segundo tribunal internacional de opinión (TIO), que como instrumento político, debe recopilar el más amplio y suficiente número de casos documentados que permitan demostrar a la comunidad internacional como el crimen del desplazamiento está directa y estrechamente asociado al despojo de tierras y territorios, y asimismo, hace parte de una estrategia del modelo de desarrollo que actualmente se viene implementando el país.

Dos preocupaciones

ANDAS, no desconoce que uno los problemas más significativos a los que actualmente se enfrenta el movimiento de desplazados, es la dispersión, la que no ha permitido fortalecer procesos que a partir de agendas comunes y reivindicaciones mínimas haga más contundente la exigencia de las organizaciones de población desplazada.

Otra preocupación tiene que ver con un problema que no desconocemos, que tiene que ver con la corrupción al interior de algunos mal llamados líderes de población desplazada, en este sentido vamos a iniciar una campaña, que oriente a la población desplazada a denunciar todas las prácticas, a través de las cuales el exige aportes económicos a los desplazados para tramitar las ayudas a las que tiene derecho, el compromiso de las organizaciones en la exigibilidad de los derechos de las víctimas no puede permitir que haya personas o instituciones que obtengan beneficios personales, por ello es necesario que las víctimas amplíen la denuncia de estas prácticas que en nada contribuyen a garantizar la superación del problema del desplazamiento.

Observaciones al Proyecto de Ley “Por el cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derechos internacional humanitario”

·         El proyecto no fue consultado con las víctimas ni con sus organizaciones acompañantes.
·         La consulta previa se utilizó como una figura de castigo para los pueblos indígenas y afrocolombianos. Ya que para no viciar el proyecto por la ausencia de este mecanismo de consulta que es ley de la república y hace parte del bloque de constitucionalidad se propuso hacer una ley aparte para estos grupos poblacionales, dejando en la indeterminación dicho proceso.
·         El proyecto en general no guarda coherencia entre los principios y el desarrollo de  medidas adoptadas. Es el caso del principio de igualdad (art.3) y las excepciones al universo de víctimas (art.21) o el caso de de la garantía al debido proceso (art. 4) y la ausencia de medidas que garanticen la asistencia judicial para víctimas.
·         El proyecto no reconoce el principio de obligación jurídica que tiene el Estado de reparar a las víctimas en razón a los daños causados. Dicha obligación está contenida en los instrumentos internacionales de protección de los derechos de las víctimas y está integrada por: i) el deber de investigar; ii) el deber de llevar ante la justicia y sancionar a los responsables; iii) el deber de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos; iv) brindar justa y adecuada reparación integral a las víctimas y sus familiares, y v) el deber de establecer la verdad de los hechos vícimizantes.
·         El proyecto está inscrito en un enfoque de justicia transicional sin que estemos en una etapa de pos conflicto.
·         El principio de enfoque diferencial esta apenas enunciado y no tiene un desarrollo coherente y eficaz que de cumplimiento al espíritu de las medidas diferenciales.
·         Se insiste en la limitación del universo de víctimas. El artículo 21 incluye nuevamente algunas restricciones al universo de víctimas, contradiciendo la definición adoptada por el articulado en donde se hace referencia al daño causado.
·         Las medidas de garantía judicial de las víctimas son limitadas, no se comprometen mayores recursos para la asistencia judicial que necesitarán las víctimas y sus familiares, por ejemplo no se establece un sistema especial de defensa de víctimas.
·         El proyecto se contradice al prohibir que la atención humanitaria sea tomada como medida de reparación y al mismo tiempo considerar las políticas sociales que tengan efecto reparador sean tomadas como medidas de reparación.
·         El proyecto no contiene medidas de satisfacción que se destinen a garantizar la no repetición de los crímenes, como son la prohibición de conformación de grupos paramilitares o el uso de civiles en funciones militares y de inteligencia.
·         Observaciones al Proyecto de ley “Por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”
El proyecto no fue consultado con los desplazados y tampoco tiene un componente de consulta previa.
·         Los alcances del proyecto son puntuales y no se corresponde con la magnitud de las necesidades de los desplazados.
·         El proyecto no hace referencia expresa a las víctimas y a los desplazados, habla de ellos como meros “beneficiarios”.
·         El proyecto no garantiza las condiciones materiales necesarias para que las víctimas del despojo puedan retornar a sus tierras.
·         El proyecto reduce sustancialmente el universo de víctimas de desplazamiento forzado restringiendo su actuación a las víctimas reconocidas en el proceso de “justicia y paz”
·         El proyecto contiene una definición limitada de las medidas de despojo y de bienes objeto de la restitución.
·         Carece de un enfoque diferencial para las poblaciones de especial protección constitucional.
·         Acaba con el sistema de protección de tierras.
·         No tiene en cuenta las medidas de reparación colectiva. No se habla de retorno.
·         No tiene en cuenta el contexto de inseguridad y riesgo para los desplazados.



Alfonso Castillo
Presidente Nacional de ANDAS
11 de noviembre de 2010.

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