La poblacion desplazada a la hora de la paz

Ponencia presentada por la campaña permanente, tierra, vida y dignidad al encuentro por la paz y territorio. Barrancabermeja 13 de agosto de 2011


El contexto en que nos encontramos  y la profundización del desplazamiento
Contrario a lo que se pretende hacer creer a la opinión pública nacional e internacional, el crimen del desplazamiento forzado interno en Colombia continúa. a pesar, de los intentos del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, de hacer creer que vivimos en un país diferente, lo cierto es que el conflicto armado interno no solamente se mantiene en el país, sino que en los últimos meses éste se ha intensificado, al mismo tiempo que los grupos paramilitares mal llamados “bandas emergentes” han arreciado su accionar, ahora con mayor impunidad dado que el gobierno insiste en hacer creer que han sido desmontadas y que en muchas regiones del país ya no existen tales grupos.
Como en los tiempos de la “Seguridad Democrática”, el periodo de la “Prosperidad Democrática” no es de ninguna manera, el tiempo de la paz, por el contrario, con mucha habilidad política el nuevo gobierno y la alianza política con la mayoría de los partidos en la denominado “acuerdo nacional” con el que se aseguran las mayorías parlamentarias para impulsar una serie de reformas en todo caso el carácter de profundización del modelo desarrollo económico neoliberal, y de garantizar la impunidad a los crímenes y delitos cometidos en gobiernos anteriores.
De esta manera en el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos se han impulsado una serie de reformas que hacen preveer una agudización del desplazamiento y del despojo de tierras y territorios, medidas como el Plan Nacional de Desarrollo y las locomotoras que lo impulsan, la Ley de reordenamiento territorial, con las cuales se preparan las condiciones para continuar entregando los recursos naturales del país a transnacionales y grandes conglomerados económicos y financieros, o las leyes de seguridad ciudadana e inteligencia y contrainteligencia, con las cuales el gobierno nacional garantizar la criminalización de la protesta social y la legalización de crímenes tan graves como las persecuciones interceptaciones ilegales como los que ha realizado en el periodo inmediatamente anterior el departamento administrativo de seguridad DAS. También se han aprobado leyes que garantizan el desmonte de los últimos elementos del componente social del estado colombiano así, se han aprobado leyes como la estabilidad fiscal, y se proyectan, la ley de reforma la educación superior, la reforma al sistema de seguridad social y se aprobó también la ley de regalías, con la cual los recursos que antes administraban en los entes territoriales ahora pasan a ser administrados por el gobierno central.
Las víctimas del desplazamiento en su momento más difícil
Como decíamos, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos mientras embelesaba a la opinión pública nacional e internacional con la discusión en el congreso la república de la denominada ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, introdujo una serie de reformas a la constitución política y a la normatividad existente con las cuales de seguro no solamente va a agudizar el problema de la pobreza, el desempleo, el despojo de tierras, en todo caso la profundización del conflicto armado interno en Colombia, sin embargo, este no es el aspecto más grave de este asunto, la propia ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, reconociendo que su existencia es un aspecto positivo, no satisface las expectativas de las víctimas, al mismo tiempo que no brinda las suficientes garantías para que se proporcione una verdadera reparación integral, y mucho menos garantiza la restitución efectiva y el derecho al uso y usufructo de los bienes patrimoniales despojados a millones de víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
La recientemente aprobada ley de víctimas y restitución de tierras, se convierte nuevamente en un  sofisma de distracción, que podría denominarse una nueva frustración para las miles de víctimas del conflicto en Colombia, lo que en realidad ofrece la ley es una minima indemnización, y en el caso de las tierras se limita a una restitución de titulos, que sólo facilitará el ingreso de algunos predios a la bolsa inmobiliaria, lo que sin duda favorece las pretensiones del sistema financiero, y de paso facilita las pretensiones de transnacionales y grupos económicos de adquirir tierras baratas, sin la preocupación de que ellas se transen bajo la sospecha de haber sido adquiridas ilegalmente.
Lo cierto, es que esta ley vulnera y afectar gravemente los derechos de la población desplazada, a tal punto que en el capítulo dedicado a las víctimas de este crimen, se puede leer con claridad que lo que proporciona a la ley es un franco retroceso de lo que actualmente está concebido como derechos a través de la jurisprudencia de la corte constitucional y de la propia ley 387/97, en este sentido, las organizaciones de población desplazada no puede menos que rechazar el contenido de este capítulo en la ley, e iniciar las acciones que permitan garantizar la declaratoria inconstitucional de este grupo de artículos consagrados en la mencionada ley.
Una ley en medio del conflicto
Insistimos en señalar que la presente ley de reparación a las víctimas, no solo no repara, sino que mantiene en riesgo a las víctimas del desplazamiento y a nuevas comunidades que se están viendo amenazadas de serlo, especialmente por la agudización de las prácticas criminales de los grupos paramilitares, que continúan en asocio con el narcotráfico, desarrollando prácticas de amenaza, intimida acción, asesinatos selectivos, como ha ocurrido con el asesinato de por lo menos13 líderes y lideresas de procesos de restitución de tierras durante el gobierno de Juan Manuel Santos, lo grave no es solamente la existencia de esta práctica criminal, sino también insistimos, la actitud que han asumido gobernantes territoriales de negar la existencia de estos grupos, o como sucede en el departamento de Sucre, donde aún la fuerza pública se pone de la parte de los victimarios intentando justificar los crímenes o desviando las investigaciones de los mismos, señalándolos, como hechos de delincuencia común o derivados de problemas personales de las víctimas.
La perspectiva está en la organización.
De esta manera las organizaciones, agrupadas en la campaña permanente, tierra, vida y dignidad consideramos que la alternativa más efectiva que tenemos las organizaciones de población desplazada, y las víctimas del conflicto y del crimen del desplazamiento es el fortalecimiento del proceso organizativo, y desde allí, profundizar los procesos de estudio y apropiación de la normatividad existente en materia de garantizar los derechos de las víctimas, para aumentar la exigibilidad a los mismos tanto en escenarios jurídicos, políticos, nacionales e internacionales.
Igualmente las organizaciones de campaña permanente, tierra, vida y dignidad creemos que es necesario fortalecer el proceso del movimiento popular y social en Colombia que demanda la búsqueda de solución política negociada conflicto social y armado, como primera, única y esencial garantía para que prevenir definitivamente el crimen del desplazamiento forzado interno, y la práctica de abandono y despojo promovida criminalmente por algunos sectores económicos qué pretenden beneficiarse de la explotación de los recursos naturales del país.
Igualmente, consideramos urgente la discusión por parte de la sociedad colombiana de la necesidad implementar una verdadera, democrática y profunda ley de reforma agraria, que permita a los campesinos, a los afrodescendientes, a las comunidades indígenas, a los colonos, la explotación,  uso y usufructo de la tierra y el territorio, en beneficio del desarrollo de la economía campesina, la soberanía alimentaria, y la producción agrícola limpia, en este sentido vale la pena llamar la atención del movimiento campesino y de desplazados en el país, para estar atentos a los debates que se van a iniciar prontamente, en torno a una luz nueva Ley de Desarrollo Rural, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos, con la cual se pretende reeditar el fallido Estatuto Desarrollo Rural, declarado inconstitucional durante el gobierno anterior, y con el que se pretenden una profundización  del modelo económico neoliberal.
Finalmente, las organizaciones de población desplazada, y particularmente la campaña permanente, tierra, vida y dignidad considera supremamente urgente fortalecer los procesos de articulación, coordinación y movilización del movimiento social y popular en el país que permita ganar en el terreno de la construcción de una propuesta unitaria, capaz de enfrentar la arremetida del gobierno, la cual no sola miente viene con la profundización del modelo privatizador, la agudización de la guerra, sino que está acompañada de un elemento adicional, el que se desarrolla a través de la vicepresidencia la república con Angelino Garzón que ha diseñado una práctica de cooptación de los líderes y las organizaciones del movimiento popular, en favor de la política del actual gobierno, esta práctica pretende la desestabilización del movimiento popular, para ponerlo al servicio de los intereses gubernamentales.
En este sentido la campaña permanente, tierra, vida y dignidad, se compromete a continuar impulsando las conclusiones de este encuentro por la paz y el territorio, así como a participar de la preparación y desarrollo del congreso nacional de tierras, territorios y soberanías que se realizará en Cali en los meses de septiembre y octubre del presente año. Igualmente comprometer nuestra organización en la preparación, difusión y organización del paro cívico nacional contra las políticas del actual modelo de desarrollo impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Viva la unidad del movimiento popular
Barrancabermeja 13  de agosto del 2011






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