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Resolución de protocolo desconoce las pretensiones de las victimas


La resolución de protocolo de participación propuesta por la UARIV, no es lo que discutieron y propusieron las víctimas.
Alfonso Castillo
Presidente Asociación Nacional de Ayuda  Solidaria ANDAS

Transcurrido un poco más que un año de iniciada la implementación de la ley 1448/11, el gobierno nacional ha presentado una propuesta de resolución de protocolo de participación, herramienta con la cual las víctimas reglamentarán toda la participación en las instancias, desarrollos y evaluación de la Ley de víctimas.

El texto propuesto para la discusión, mejora de manera considerable la primera propuesta presentada desde mediados del año 2012, la cual tenía como problema fundamental que no se trataba de un texto jurídico, además de ser un documento bastantes voluminoso. La actual propuesta, es un texto de apenas 25 páginas y 55 artículos, que regula los aspectos relativos a la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado.

Frente a esta nueva propuesta me permito presentar algunas observaciones y consideraciones que espero serán de utilidad para orientar las discusiones.

Aunque como lo hemos señalado anteriormente, nos asalta la duda de quien finalmente avalará o aprobada este documento, dado que la mesa transitoria expiró el 31 de marzo del 2013, y a la fecha de hoy no han sido establecidas las mesas definitivas que menciona la ley 1448.

En primer lugar debemos señalar de manera contundente de acuerdo a lo que han indicado varios compañeros y compañeras que han participado en los talleres regionales en los que se discutieron las propuestas de borrador de protocolo, que el texto de su resolución propuesto por la UARIV, no reconoce, ni tiene en cuenta los aspectos centrales de la discusión que se realizaron tanto los 26 talleres regionales como en un taller nacional de la mesa transitoria.

De esta manera, justamente uno los aspectos más importantes que se plantearon en buena parte de los talleres, no ha sido considerado, se solicitó con múltiples argumento la necesidad de que el protocolo fuese un decreto reglamentario firmado por el coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral de Reparación a Víctimas (SNARIV), es decir el ministro del interior, sin embargo lo que se está proponiendo es solo una resolución firmada por la directora General de la UARIV.

Este, pareciendo un problema menor tiene importantes efectos en la contundencia de lo que las víctimas han solicitado en relación con las garantías para el derecho a la participación efectiva, determinante, y que considere los enfoques diferenciales y los hechos victimizantes. No es lo mismo un decreto reglamentario, que una resolución, se trata de una situación de estatus jurídico, tiene sin duda más contundencia y peso un decreto reglamentario firmado por un ministro del despacho, que una resolución emitida por una unidad administrativa. Esta insistencia en que se trate de un decreto reglamentario no tiene que ver con demeritar el papel que juega la UARIV y su directora, tiene más que ver con la experiencia que las víctimas tenemos en relación al cumplimiento o un acatamiento que las autoridades territoriales tiene enfrente a los actos jurídicos que se emiten desde Bogotá. Es decir se les da más importancia a unos que a otros, y en el caso particular del tema de la participación y garantizar que esta sea  asumida como la obligación del estado de garantizar este derecho, es mejor tener las mejores provisiones jurídicas, que comprometan a las autoridades municipales y departamentales. En el mismo sentido nos asiste la experiencia que en este año de implementación de la Ley ha tenido la propia UARIV, en relación con la coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas el SNARIV, como todos sabemos éste no se ha podido implementar, precisamente porque se presta poca atención a las convocatorias que desde la unidad se hace por parte de los entes que deben integrar el sistema.

Un segundo aspecto que desconoce los aportes de las víctimas es el relativo a los incentivos materiales para la participación, en este sentido es notoria la negativa persistente del gobierno a reconocer que la participación de las víctimas en distintos escenarios es un trabajo profesional que demanda tiempo, con lo que se plantea en la resolución que se propone por parte de la UARIV, no hay ninguna propuesta que permita recoger la necesidad que plantearon las víctimas en los talleres para que se reconozca de manera concreta esta participación, con lo que se formula en la resolución, de nuevo los representantes de las víctimas que participan los procesos que plantea la ley, “después de tres o cuatro días de trabajo en estas convocatorias regresan a su casa sin un centavo para aportar en el sustento familiar”, lo que en la práctica se constituye en un incentivo negativo a la participación real y auténtica de las víctimas en todo los procesos que propone la ley.

No menos importante también planteado por las víctimas en los talleres es la forma en que se reconoce la participación de las mujeres, de las comunidades afro descendientes, de los pueblos indígenas y otros enfoques diferenciales. Es necesario garantizar que la participación de las mujeres en todo estos escenarios de representación sea del 50% y no del 30% como propone la resolución, igualmente es necesario diseñar un mecanismo más amplio que permita la participación de los enfoques diferenciales de mejor manera que lo que se propone y aun, que se amplíe la participación de todo los hechos victimizantes.

Insiste del gobierno en considerar la participación de las víctimas en las distintas mesas a través de tipologías, para las cuales no hay organizaciones, con esto valdría la pena pensar que de manera transitoria se posibilite la participación de la organizaciones de víctimas en general, teniendo consideración con las que existen, y mejorando la participación en mayor proporción de las organizaciones de población desplazada. En general hay que señalar que actualmente no existen las organizaciones de víctimas por hechos victimizantes como supone el gobierno existen, desde mucho antes de la aprobación de la ley de víctimas en el país hay organizaciones que agrupan diferentes tipologías de víctimas y esto es necesario reconocerlo.

En varios talleres departamentales igualmente las victimas hicieron propuestas en referencia a la necesidad de incluir la participación de las víctimas que se encuentran fuera del país, este aspecto no ha sido considerado en la actual propuesta de resolución. Se debe considerar la participación de representantes de las víctimas en el exterior tanto para la mesa nacional, como para los departamentos ubicados en zonas de frontera y aquellos en los que se pueda presentar de manera organizada representación de víctimas que se encuentran fuera del país.

Hace falta entonces que se tengan en cuenta las jurisprudencias de la corte constitucional en relación a las garantías al derecho a la participación particularmente el auto 383.

En relación con el articulado quisiéramos presentar algunos aportes:

Artículos 2. El papel del protocolo o su objeto debe ser en todo caso el de ser capaz de articular a las instancias encargadas de la promoción de la política pública.

Artículo 6 Un principio importante que debe estar planteado en el protocolo ha de ser el de garantizar la responsabilidad del estado en el cumplimiento de la obligación de facilitar los procesos de participación efectiva, decisiva y diferenciada a las víctimas.

Artículo 8 Funciones de la mesa incluir la elaboración del presupuesto de su funcionamiento, a partir de la elaboración de un proyecto financiado por el estado que permita el desarrollo de las actividades y el plan de trabajo de las respectiva mesa.

Artículo 22 Señalar en todo caso que el número de integrantes de las respectivas mesas tal y como se plantea en este artículo es bastante limitado tanto para la municipal, como para la departamental e igualmente para la nacional.

Articulo 24 En el desarrollo de la agenda de las respectivas mesas debe incluirse siempre una presentación por parte de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de las víctimas sobre el proceso de implementación de la política pública en cada ente territorial y a partir de ello abrir un debate que permita balancear dichos desarrollos.

Finalmente y no menos importante, insistir algunas propuestas que son necesarias para que las organizaciones de víctimas podamos desarrollar nuestro proceso de fortalecimiento, que sea capaz de enfrentar de manera efectiva el incumplimiento sistemático del gobierno nacional a la verdadera reparación y restitución.

1.     Rechazar de manera categórica y enfática cualquier pretensión de aprobar un protocolo sin que éste tenga en cuenta las propuestas principales de las víctimas, es decir que éste sea un decreto reglamentario firmado por el Ministro del Interior, o porque no una directiva presidencial, asimismo que no resuelva de manera definitiva el tema de los incentivos económicos que reconozcan como trabajo profesional que debe ser remunerado el ejercicio de la representación.

2.     Participar activamente en la movilización del 9 de abril en respaldo a la continuidad del proceso de paz y demandando real participación de las víctimas en las discusiones que tienen relación con los derechos de las víctimas en la Habana Cuba.

3.     Preparar una movilización nacional de las víctimas el día 10 de junio con ocasión de los dos años de sancionada la ley.

4.     respaldar la propuesta impulsada desde hace un año por la Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad  de  realizar un congreso o asamblea nacional de miembros de mesas municipales, departamentales y nacional de víctimas en un plazo no mayor de seis meses, comprometer al gobierno nacional en la financiación


La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS hace un llamado a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas para fortalecer el proceso de unidad, y no caer en la trampa de la división, que tanto daño hace a las víctimas y a sus máximos objetivos de lograr verdad, justicia, reparación integral, derrotar la impunidad y garantías de no repetición para las víctimas.

Abril 4 de 2013.

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