Vándalos de cuartel, bolillo y bala

Por, Luis Alfonso Castillo Garzón

defensor de los derechos humanos

 

Inmediatamente después del asesinato de Javier Ordoñez por parte de la policía en un CAI de Bogotá, la noche de martes 8 de septiembre, e inmediatamente empezaron a circular por redes sociales decenas de videos en los que se mostraba nuevamente el procedimiento arbitrario, desmedido y muchas veces delincuencial de agentes de policía contra los ciudadanos en muchas ocasiones en estado de indefensión. Es necesario insistir que el comportamiento evidenciaba través de estos videos que circulan públicamente, no es un comportamiento aislado de algunos policías como intenta hacerlo ver el gobierno y el alto mando policial.

La forma brutal como la policía procede en las manifestaciones que la ciudadanía, y también la forma violenta como se pone en evidencia a través de esas pruebas que circulan ampliamente, cuando hay un operativo policiaco, no solamente en las manifestaciones, sino en algunos procedimientos tanto en ciudades, como en regiones rurales de nuestro país, donde seguramente y con menos posibilidad de ponerlo en evidencia, el comportamiento de estos agentes, servidores públicos es lo más cercano al comportamiento de pandilleros, baste escuchar el lenguaje y las expresiones con las que se refieren a los ciudadanos que agreden, pero también, la intervención en grupo-montoneras contra un ciudadano, auténticos gavilleros, que agrupados y valiéndose del uniforme, creen que tienen la potestad de cometer todo tipo de fechorías y vulneraciones a la integridad de los ciudadanos a quienes debieran proteger y al contrario cuando la ciudadanía requiere de una policía estos no llegan o lo hacen tardiamente.

Esto que hemos visto del proceder de la fuerza pública, por supuesto que no son hechos nuevos, en el pasado hemos visto gracias a las redes sociales, como este procedimiento, es parte de una práctica sistemática y parecía “normalizada”, no como una acción individual de algunos policías, sino por el conjunto de la fuerza pública, así se registró en el paro agrario en el año 2013, e igualmente ha sido el comportamiento en cada una de las manifestaciones juveniles y estudiantiles registradas en últimos años, también pasa en las manifestaciones que el movimiento indígena ha realizado, pasan los desalojos contra humildes pobladores en las grandes ciudades de nuestro país, pasa en las manifestaciones que distintos sectores de la población realizan para exigir sus derechos amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades. Así sucedió también en las movilizaciones del 21 de nov de 2019 y los días siguientes, de esta manera para la ciudadanía, el proceder arbitrario y abusivo por parte de un policía es parte de lo que todos los días tiene que ver.

Ahora bien, vale la pena preguntarse, por qué suceden estas cosas en nuestro país. Porque una fuerza como lo es la policía, que debe proteger la en la en integridad los ciudadanos, termina convertida en una bandada de malhechores a la que la gente termina repudiando y perdiéndoles el respeto, seguramente hay muchas explicaciones para que esto suceda, sin embargo, quiero aventurarme con dos hipótesis, que a mi juicio están ejerciendo una fuerza determinante para este tipo de comportamiento bandolero de los uniformados.

Una primera hipótesis,  es la doctrina de la seguridad nacional, a través a través de la cual se diseñan los procesos de instrucción en las últimas décadas a las fuerzas militares, el eje central de esta doctrina consiste en convertir al ciudadano en enemigo, al cual hay que atacar y contener, de esta manera las escuelas de formación tanto en la policía, como en el ejército nacional, se inculca a los jóvenes policías y soldados, un discurso de odio, tras el cual luego se justifica todo un procedimiento agresivo y violatorio de todos los derechos,  porque es el trato que hay que dar a los enemigos, esto se complementa una precaria formación en ética y valores y cómo queda claro un cuestionable proceso de formación en derechos humanos, si es que esté en verdad se está dando. Adicionalmente hay que señalar que en los últimos años la policía y el ejército, son el último recurso para personas jóvenes que no han encontrado alternativas de continuar su estudio universitario y no han podido tener un empleo, esto hace que las personas en la sociedad con menos oportunidades resultan incorporadas a la policía y seguramente también, llevan una carga de resentimiento, sumado a un mensaje inculcado a través de los medios de comunicación, de enriquecimiento por la vía del menor esfuerzo.

La segunda hipótesis es de orden político – ideológico y está asociada con que en los últimos 20 años se ha venido consolidando en el país una expresión política de ultraderecha, como decisión de sectores de las clases dominantes que pretenden aferrarse al poder político, social y económico del país, valiéndose del discurso de la seguridad, que los llevaban justificar la necesidad de fortalecer la capacidad operacional de las fuerzas militares y la validación de expresiones civiles armadas mejor conocidas como paramilitarismo a quien se le garantiza toda la impunidad posible. Este sector político e ideológico ahora agrupado bajo el partido Centro Democrático, ha garantizado en estos años un fortalecimiento presupuestal, y una “cierta inmunidad” que se les otorga a las fuerzas militares para que, a nombre de recuperar el control del orden público, cometan todo tipo de atropellos, abusos, corrupción y violaciones a los derechos humanos, para los cuales no hay justicia posible y en todo caso siguen, como lo demuestran las cifras, en una profunda impunidad. Esta expresión política de ultraderecha hace estas concesiones a la fuerza pública, para tener en ella el respaldo militar necesario para sostenerse en el poder.

De esta manera, la fuerza pública en Colombia, incluida la policía nacional y cuerpos especializados de represión a la ciudadanía como el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, han actuado a sus anchas para contener el derecho a la protesta, pero también para cometer todo tipo de arbitrariedades contra ciudadanos inermes, acciones estas que se desarrollan para infundir miedo a la ciudadanía y con ello pretender mantener el control social que requieren las élites comprometidas con la violencia, la corrupción y la ilegalidad de múltiples formas de negocios y empresas que les permiten incrementar sus ganancias económicas y políticas, lo que ha hecho la elite es ideologizar la fuerza pública y convertirla en una fuerza de castigo, intimidación y muerte, frente a aquellos que no se sometan o acepten silenciosamente el proyecto político e ideológico que ahora claramente se muestra como un desarrollo del fascismo clásico.

Este panorama, es el que ha permitido a este sector de ultraderecha que hoy controla casi absolutamente todas las ramas del poder público, lanzar una ofensiva política, ideológica y militar en contra de los acuerdos de paz, suscritos entre el gobierno colombiano y la guerrilla en el año 2016, porque a ellos no les sirve la paz, necesitan el conflicto y el discurso de la guerra para seguir teniendo millonarias utilidades a las cuales pueden acceder con el control de la explotación de los recursos naturales colombianos, el despojo y apropiación de tierras, la continuidad del negocio del narcotráfico, la corrupción, y la liquidación de lo que queda de estado social de derecho en el país.

No obstante, el poder avasallador de esta política fascista en Colombia, que se expresa a través de los mecanismos de represión y contención violenta de la protesta social, o del aumento de las masacres a lo largo y ancho del país, de las cada vez más graves violaciones a los derecho humanos y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, y del control manipulador de los grandes medios de comunicación a través de los cuales se valen para convertirse en “ víctimas” de un supuesto complot internacional planeado por el comunismo internacional que pretende “ tomarse el país”. Las organizaciones sociales alternativas en Colombia, el estudiantado y sectores juveniles, el movimiento indígena, las comunidades campesinas los partidos políticos de izquierda, sectores políticos alternativos, no se han doblegado a la intimidación fascista que promueven estos sectores hoy enquistados en el poder político del país, ellos y ellas han continuado promoviendo la necesidad de la solución política negociada al conflicto armado que vive el país, han planteado la necesidad de construir un gobierno alternativo y democrático, que promueva la construcción de la paz y el cambio de modelo económico desarrollo, para permitir a la sociedad colombiana la posibilidad de la paz a partir de transformaciones profundas del modelo político, social y económico.

Las contundentes movilizaciones del 21 de nov y días siguientes del año 2019, y las gigantescas protestas espontáneas que se presentaron el 9 y 10 de septiembre del año 2020, van indicando que el pueblo colombiano no está dispuesto a seguir tolerando la impunidad y el abuso del poder, sin embargo, en adelante hay necesidad de aumentar los grados de organización, coordinación y articulación de las movilizaciones y las protestas, será necesario llenar de contenido político las reivindicaciones de los manifestantes, sólo de esta manera se enviará un mensaje contundente a las elites y al ilegítimo gobierno de Iván Duque. En adelante las movilizaciones tienen que tener una clara reivindicación asociada a la lucha contra la pobreza, el desempleo, la impunidad, pero igualmente deben contener la exigencia del compromiso con la paz, la verdad, justicia, garantías de no repetición, el respeto a la soberanía nacional, la protección al medio ambiente, la reforma democrática y civilista de la fuerza pública, para ponerla al servicio de la paz y los derechos humanos y la necesidad de un gobierno democrático y popular.

Bogotá 204 de sep 2020.