Petro, el origen de todos los problemas?

Alfonso Castillo Garzon

Defensor de los Derechos Humanos

Cualquier ciudadano que de manera desprevenida escuche durante algunos días, los noticieros de Caracol, RCN, Red+ noticias, Blue radio, la W, la FM, o lea dos ediciones de la revista Semana, o el diario el Tiempo, podría llegar a la errónea conclusión de que todos los males de Colombia empezaron cuando llegó Gustavo Petro a la presidencia de la república, quién es algo así como el origen de todos los males o el causante de que el “paraíso” que había sido Colombia hasta el año 2022 esté llegando a su fin.

            

Sin embargo y sin creer que Gustavo Petro sea el “gran salvador" de los más pobres o el “renovador” de la política, es necesario realizar algunas aclaraciones, que ubiquen la realidad del país en sus justas dimensiones.

En primer lugar, recordar que la situación del país hasta el año 2022 no era la mejor, baste recordar el denominado “estallido social” vivido en el año 2021, cuando miles y miles de personas durante muchos meses salieron a las calles a protestar por las graves situaciones de inequidad, violaciones a los Derechos Humanos, hartos de la corrupción de la clase política y una grave impunidad,  salieron a exigir un cambio social para el país, Además recordar que producto esas movilizaciones decenas de personas fueron asesinadas en las calles por parte de la fuerza pública y otro tanto igual heridos y muchos judicializados, algunos de los cuales a la fecha no recobran su libertad, La mayor parte de estas víctimas, fueron los jóvenes que heroicamente protagonizaron esta jornada de resistencia en el país. Estas movilizaciones estuvieron antecedidas de otras también significativas en el año 2019 y también jornadas de movilización realizadas en años anteriores por el movimiento estudiantil, los indígenas en minga, el paro agrario del año 2013 y las movilizaciones de las denominadas dignidades y también las tomas de la ciudad de Bogotá por el movimiento campesino en el año 2010, así como movilizaciones importantes de las mujeres, las víctimas del conflicto armado y los familiares de los falsos positivos, reclamando poner fin a la guerra, y exigiendo justicia, verdad  y reparación se condenaba las violaciones a los Derechos Humanos, el asesinato de líderes sociales, y defensores del territorio, así como a firmantes del acuerdo de paz  y mejores condiciones para superar las graves cifras de desempleo y miseria que vivía el país.

A diario estos medios de desinformación y manipulación,  intentan, en una clara acción  de desestabilización política y polarización, como pocas veces en la historia reciente el país se había conocido, el propósito, hacerle creer a la opinión pública que con Gustavo Petro y el gobierno progresista el país se sumergió en un caos,  cosa que naturalmente no tiene nada que ver con la realidad política del país.

Es necesario tener en cuenta que Colombia ha estado sumergida en una guerra interna surgida entre otras cosas, una profunda inequidad social y económica provocada por la arrogancia de la clase política que se acostumbró a tomar el botín público para acrecentar las fortunas de las familias que han gobernado el país y a esto hay que sumar que se trata de una clase política como pocas en el continente que han apelado al uso de la violencia para contener los reclamos de la población ante esta inequidad. Este conflicto armado ha permanecido dolorosamente en la historia del país por cerca de siete décadas, y lo que ha comprometido este gobierno progresista es poner fin a esa violencia impulsando una política audaz de paz total con la cual se busca mediante distintas modalidades sentar en mesa de conversación a los distintos grupos armados, esta distinción tiene que ver con el origen de cada grupo armado sea guerrillero o narcotraficante, el propósito de ese ejercicio es lograr que tales grupos terminen la acción violenta contra la sociedad colombiana. Este proceso de dialogo tiene importantes acuerdos en especial, los dados con la mesa de negociación del ELN. Y algunos acuerdos parciamente complidos con disidencias y bandas armadas.

Asimismo la corrupción no es un fenómeno nuevo ella ha estado presente en la historia política del país, desde el siglo XX incluso antes pero para no ir muy lejos basta recordar escándalos como: Reficar, agro ingreso seguro, centros poblados, Odebrecht, muchos de estos escándalos han quedado en total impunidad, básicamente porque quienes se han robado estos recursos, pertenecen a la clase política, esta misma clase política que creó normas para facilitar el robo de esos recursos, al mismo tiempo que evitar ser investigados y por supuesto para no ser sancionados como corresponde a la gravedad de la falta. De esta manera la impunidad camina de la mano de la corrupción todo por cuenta de una clase política que así lo determinó. Entonces no es válido intentar hacer creer a la opinión pública que la corrupción está ligada a algún gobierno del cambio cuando en realidad la corrupción que se sigue presentando en el país es responsabilidad de esa clase política que a pesar de haberse operado un cambio de gobierno sigue enquistada en buena parte del aparato del estado.

Parte de esa campaña mediática de desprestigio se ha visto profundizada a través de una campaña contra las reformas del cambio, (salud coma trabajo, pensión, educación) estas reformas hacen parte de un compromiso impulsado en la campaña que permitiera modificar normativamente la forma en que se atiende estos derechos que básicamente estaban diseñados para negarle a los colombianos la posibilidad de acceder amplia y suficientemente a ellos, en muchos casos la clase política había convertido el acceso a los derechos a la salud a la pensión y al trabajo en un ejercicio privatizado a través del cual ampliaban las utilidades de las empresas familiares de la clase política colombiana 

Sin embargo es importante aclarar que la esencia de las normas propuestas por el gobierno como la reforma a la salud lo que pretenden es ampliar la cobertura cambiando el modelo de atención, este cambio de modelo significaba entonces reducir la mercantilización a la que había sido sometido el derecho a la salud pero por supuesto ha contado con la oposición de esa clase política que se beneficiaba de ese modelo mercantil y los medios de comunicación han impulsado una campaña de manipulación y confusión que se acompañó de la acción de esa clase política en el congreso de la república que llevaron al hundimiento de la misma.

No corrió esa suerte la reforma pensional que a pesar de múltiples suposiciones logró superar las dificultades, y en los próximos días se convertirá en ley de la república logrando beneficiar a miles y miles de adultos mayores que siempre trabajaron pero para quienes nunca iba a ser posible obtener una renta para lograr una supervivencia mínima. Ahora corresponde seguir trabajando para mejorar las condiciones de trabajadores y trabajadoras que tengan la posibilidad de disfrutar de una vejez en dignidad este ha sido un primer paso que debe ser profundizado. 

La reforma laboral que se ha propuesto y que ha tenido un revés por cuenta del congreso de la República, buscaba restituir derechos laborales perdidos en los últimos 30 años pero la arrogancia y mezquindad de la clase política no permitió avanzar en ella, en este nuevo periodo legislativo hará falta ampliar la movilización de los trabajadores organizados para exigir una reforma laboral que establezca como lo plantea la Constitución de 1991 un estatuto del trabajo que dignifique el trabajo y amplíe las posibilidades de acceso a un trabajo duradero y estable, cosa que no existe en el país por cuenta de la implementación del criminal modelo neoliberal. 

La misma suerte tuvo la reforma a la educación superior, con la cual el gobierno del cambio busca ampliar la cobertura del acceso a la educación pública, fortaleciendo esta con los recursos del Estado para que los colombianos desde el grado cero, hasta la universidad, pudieran acceder al derecho a la educación universal y de buena calidad, sin embargo, la mezquindad de la clase política, organizó una “jugadita” para intentar otra vez convertir los recursos de la educación pública, en un instrumento para obtener beneficios particulares que favorecieran los intereses de la clase política tradicional, que ha pretendido desde hace muchos años privatizar el acceso de la educación como derecho, para mercantilizarla Y obtener lucro que beneficie a algunas familias pertenecientes a la clase política y económica, por ello, fue necesario, ante esta “jugadita” de mala fe que ella se “hundiera”, para que en esta nueva legislatura, desde el gobierno y con el amplio concurso de las organizaciones y sindicatos vinculados al tema de la educación, se presente un nuevo proyecto de ley que profundice las reformas y brinden plenas garantías para el acceso a una educación, el tiempo que se den garantías para que los y las trabajadoras de la educación tengan plenos derechos a una remuneración justa y estable.

El gobierno del cambio ha estado comprometido con impulsar reformas que restituyen derechos y reconocen el protagonismo de sectores como el campesinado, que ahora ha sido reconocido sujeto político a través de una norma que le otorga esa calidad, reconocimiento que hoy debe ser aprovechado para impulsar como se ha comprometido también el gobierno está interesado en una profunda reforma agraria que entregue la tierra productiva al campesinado, y al mismo tiempo brinde oportunidades para acceder a recursos económicos y fortalecer la producción agrícola orgánica, así cómo, mejorar las condiciones para que el campesino pueda transportar su producción e incluso promover procesos de transformación de los productos agrícolas, se requiere ahora que esas condiciones mejoren las vías de acceso, se otorguen de manera favorable créditos para el mejoramiento de la producción agrícola, así como,  la  mejoria de la oferta de salud y de educación en distintas regiones rurales del país. No menos importante es que se supere el conflicto armado que tan duro ha golpeado al campesinado y a las zonas rurales del país, por ello la importancia de seguir respaldando la política de paz total que avanza en esa vía.

Nada de malo tiene intentar cambiar en favor de los más excluidos,  ni puede ser causante de tanta polémica y campaña de vulgarización, que se pretendan hacer unos cambios reconociendo, que ello hace parte de un clamor popular, si esos cambios, se promueven valiéndose de la vía constitucional, sea porque se presentan los proyectos de ley ante el congreso o como se ha venido promoviendo últimamente convocando a un ejercicio constituyente, porque estos son instrumentos que hacen parte del entramado democrático que tiene el país y más aún si los sectores populares avanzan en la idea de conformar una constituyente popular, democrática participativa y vinculante.

Pero como es el gobierno progresista de Gustavo Petro, quien promueve estas reformas,   se hace hasta lo imposible para tratar de desprestigiarlas o desacreditarlas, como parte de esa campaña que intenta mostrar a Gustavo Petro, como el causante de los males del país, sin embargo, es bueno que se tenga presente, que estos cambios institucionales, hacen parte de un ejercicio normal, del que se han valido todos los gobiernos que ha tenido el país una vez proclamada la Constitución de 1991, por ello, este instrumento ha sido modificado en varias oportunidades, solo que ahora cuando los cambios apuntan a favorecer a las amplias mayorías del país la clase política, con un profundo temor a perder los privilegios que han construido durante muchos años, están desesperados e intenta, como sea recuperar el gobierno, para lo cual combinan todas las formas que les permitan cumplir ese cometido.

La clase política, no quieren ceder, ni una pizca del poder que tuvieron por más de 200 años y que hoy temen no recuperar y por ello lanzan una ofensiva contra el presidente, sus funcionarios, lo alternativo y en general contra la izquierda. 

Ante ello y como lo ha sugerido en varias oportunidades el presidente Gustavo Petro y lo enfatizó en el discurso de posesión a las nuevos ministros el 8 de julio, es necesario fortalecer la imaginación y la audacia, Y esto es válido para los funcionarios comprometidos con el cambio en el gobierno pero también es válido para las organizaciones sociales y populares, no es hora de dejarse arrinconar por el miedo, es el momento para fortalecer la organización y empujar los cambios más profundos que requiere la sociedad colombiana para lograr la paz y la justicia social.

Para el movimiento popular es necesario, trabajar por impulsar  un nuevo “estallido social” en forma de poder constituyente, el respaldo a las políticas que se promueven para el cambio social y político, respalde ahora, una nueva reforma laboral, una reforma agraria democrática, la reforma a la justicia, a la educación, la reforma urbana que garantice el acceso de amplias capas de la población a una vivienda digna y a un costo razonable, por supuesto impulsar de nuevo una reforma a la salud que garantice el derecho oportuno de buena calidad, con acceso a medicamentos, tratamientos y especialmente a un ejercicio preventivo de salud. también es importante mantener la exigencia  los distintos grupos armados, para que acudan a las mesas de diálogo, y se mantengan en ella hasta que se logren acuerdos para poner fin a la confrontación armada.

No menos importante en este proceso, será convocar a las comunidades, a fortalecer sus procesos de organización y resistencia para que desde allí se establezca un poderoso movimiento que le exija a los grupos armados excluir a la población civil de sus confrontaciones, así mismo para continuar la exigencia al gobierno nacional para que se implementen medidas más potentes para el desmonte del paramilitarismo que se fortalece en muchas regiones del país con el respaldo de distintos grupos económicos y políticos en las regiones Y probablemente con algún tipo de beneplácito de sectores de las fuerzas armadas, así mismo, será necesario continuar reclamándole al gobierno del cambio que cumple el compromiso de transformar las fuerzas militares empezando por el desmonte definitivo de la doctrina de la seguridad nacional, y el desmonte del aparato represivo del ESMAD y dar cumplimiento al compromiso de trasladar a la Policía Nacional como dependencia del ministerio del interior desvinculándola totalmente del ministerio de defensa, con la seguridad de que estas medidas podrán contribuir a mejorar la grave situación de Derechos Humanos que se viven los territorios, que hoy pasa por un reconocimiento del desplazamiento, el confinamiento de las comunidades, el reclutamiento de menores, como los enfrentamientos y acciones armadas en los cascos urbanos y la preocupante continuidad del asesinato de defensores y defensoras de los Derechos Humanos, ambientalistas, así como, de los firmantes de la paz.

Este ejercicio de poder constituyente o nuevo “estallido social” debe, por parte de las organizaciones sociales y populares, recuperar la formación de conciencia crítica, a través de múltiples formas de pedagogía popular y política, al tiempo que amplíe y fortalezca la organización popular en todos los ámbitos donde ella sea posible, que se constituyan procesos articulados en todos los territorios del país y se establezcan programas mínimos de los movimientos alternativos y populares, en favor de la paz duradera y estable, las transformaciones democráticas, Y por supuesto la continuidad del proyecto transformador, como un proyecto antipatriarcal y anticapitalista. El logro de este propósito pasa entre otras por consolidar la unidad de distintos sectores que luchan por estas transformaciones, esta unidad que debe pasar sin duda por un acuerdo de respeto, fraternidad y reconocimiento de las diferencias, pero que permite trabajar articulados en el impulso de la conquista de ese programa mínimo de lucha.

De esta manera entonces, podemos concluir que no es Petro, ni el gobierno progresista el cambio, el responsable de las dificultades que hoy se intentan atribuir a través de esta acción mediática desestabilizadora, la crisis que vive el país, es el resultado de décadas de dominación de los políticos corruptos y violentos, que convirtieron el estado en una fuente de enriquecimiento rápido, a costa de negarle al pueblo colombiano el acceso a sus derechos fundamentales imponiendo un régimen criminal, corrupto, violento y de impunidad.

12 de julio de 2024.