No son las manzanas, es el árbol entero el que está podrido.

Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos.

Resulta bastante lamentable que una institución como la Policía Nacional que debe proteger la vida, bienes y honra de los ciudadanos, se haya convertido en una institución en la cual nadie confía, esto debido a los evidentes abusos de autoridad, crecientes fenómenos de corrupción y una sistemática connivencia con la criminalidad. Y por supuesto que hay miembros de la institución que tratan de desarrollar su labor con honestidad, compromiso y respeto a la constitución las leyes y los derechos humanos, pero la situación de descomposición que se viene presentando de manera cada vez más creciente, obliga una acción urgente de carácter nacional y no en manos de políticos corruptos, es la ciudadanía la que debe encarar este proceso de veeduría y transformación de una institución que debe tener un carácter civil, basado en el respeto a la constitución.

Es necesario que los hechos en los que, como se evidencia en el video del proceso de detención, tortura y posterior asesinato del abogado Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá la noche del 8 de septiembre del 2020, se haga un profundo análisis sobre lo que está pasando al interior de la policía colombiana, porque resulta también cierto que ya no se puede seguir diciendo que se trata de “manzanas podridas”, a las cuales hay que retirar.

Aquí el problema es más de fondo. Porque no se trata de hechos aislados, se habla de prácticas sistemáticas a través de las cuáles, en muchos lugares del país la ciudadanía viene denunciando y evidenciando la forma en que los policiales abusan de la autoridad, hacen uso desproporcionado de la fuerza y se valen del uniforme para cometer toda suerte de prácticas delictivas, que se burlan de la ciudadanía, transgreden las normas que deben proteger y terminan comprometidos en prácticas que como en el caso del abogado, entre otros casos, terminan con la muerte de ciudadanos inermes. Así mismo, hemos visto en muchas ocasiones el uso desproporcionado de la fuerza en las actuaciones del ESMAD que muchas veces terminan con la muerte de manifestantes que ejercen el derecho constitucional a la protesta  

Es tal el número de casos ocurridos en los últimos años, qué bien vale la pena señalar que el problema es estructural y está asociado con la forma en que se hacen los ejercicios de reclutamiento, instrucción y formación, el sistema operacional de órdenes y contra órdenes con el que funciona la policía y en todo caso la enorme presión a la que están sometidas de manera cotidiana los fuerzas policiales, de conjunto estos escenarios requieren una urgente intervención que permita una transformación a fondo de la forma en que se concibe en Colombia la fuerza policial, pero sobre todo se requiere un cambio en el enfoque de formación en las escuelas de policía, para qué se renuncie a una filosofía de odio cómo es la concepción del enemigo interno y contrainsurgente de la seguridad nacional, para asumir de manera comprometida formación basada en derechos humanos, y en el respeto de la dignidad humana. No se trata solamente de enseñar a disparar las armas, se trata ante todo de que cada policía comprenda que su función principal de proteger la integridad de los ciudadanos ante la amenaza de la delincuencia. Aquí cabe la pregunta a ¿cargo de quien están los procesos de formación en derechos humanos en las escuelas de policía?, porque la verdad, años de “instrucción en DDHH”, -como dice el gobierno-, parecieran palta que se ha botado, o como dicen en la calle esa platica se perdió. Ahora bien, no es solamente la institución policial, por cuanto o estamos hablando de un ambiente generalizado en el que las instituciones están permeadas de la corrupción y la criminalidad, baste tener en cuenta los múltiples escándalos que se han desatado por el ingreso de recursos de la corrupción en las últimas elecciones presidenciales, así como dineros del narcotráfico en la elección del Presidente Iván Duque, que llenan de ilegalidad e ilegitimidad todo su ejercicio de gobierno.

Las gigantescas protestas que se han presentado en distintas ciudades de Colombia, son ni más ni menos, la expresión de la indignación y la rabia acumulada por muchos años, en los que de manera impune la fuerza pública ha abusado y atropellado los derechos de los ciudadanos, ahora mismo vienen en la memoria los recuerdos del abuso de los policías contra un adulto mayor en el centro de Bogotá el 20 de mayo, tampoco olvidamos las decenas de titulares de prensa en la que oficiales comandantes de la institución están comprometidos en actos de corrupción el caso denunciado finales del año 2019, igualmente situaciones que se han presentado en la que agentes de policía resultan señalados e involucrados en graves delitos de violencia sexual y agresiones a personas de la comunidad LGBTI, como sucedió este 21 de junio en la ciudad de Bogotá, o cómo los hechos ocurridos el 12 de enero por parte de un policía qué en un bus de la institución violó a una joven que antes se había colado por una estación de Transmilenio, igualmente las decenas de denuncias de vínculos de policías con grupos de delincuentes qué se dedican al robo y extorsión a comerciantes y de ciudadanos, estos son sólo algunos hechos de decenas centenares y miles de hechos y personas que desde el anonimato han sido vulnerados sus derechos, por un agente de policía.

Decenas de personas han perdido la vida en estos crímenes de estado, perpetrados por integrantes de la policía, víctimas, que tienen rostro y voz que hoy es necesario recordar Nicolás Neira: un uniformado disparó una bala de gas lacrimógeno contra la cabeza del joven de 15 años en la marcha del Día del Trabajo de 2005 en Bogotá, Johnny Silva, en una protesta estudiantil contra el TLC que el gobierno Uribe con Estados Unidos, el ESMAD ingresó a la Universidad del Valle y un agente disparó al cráneo de Silva, de 21 años el 22 de septiembre de 2005. El 10 de noviembre de 2005, Belisario Camayo Guetoto, indígena que protestaba por la recuperación de tierras en la hacienda “el Japio”, asesinado a causa de un disparo proveniente del lado donde se encontraba el ESMAD En 2006, El 8 de marzo de 2006, Óscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá; murió por el disparo de una canica que se alojó en su cerebro y perforó uno de sus ojos. Un agente del ESMAD declaró que uno de sus superiores autorizaron utilizar toda clase de artefactos, como municiones recalzadas, Christian Delgado Wilches asesinado con arma de fuego durante el paro agrario de 2013, el 11 de abril de 2015,Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca, , Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital, asesinado con bala de goma en 2016, en una protesta, el 2 de junio de 2016, Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca, el 21 de abril de 2016, Miguel Angel Barbosa es asesinado a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar, Dilan Cruz, en las del paro nacional en noviembre de 2019 en Bogotá, Anderson Arboleda, joven asesinado en mayo 2020 en Puerto Tejada, Cauca, luego de ser golpeado por policías por “violar la cuarentena”, Javier Ordoñez asesinado el 8 de sep por la policía en Bogotá,  y las 13 personas asesinadas el 9 y 10 de septiembre de 2020 en las protestas por el asesinato en Bogotá del abogado Javier Ordoñez, Jaider Alexánder Fonseca, un menor de 17 años Murió en la Cardio Infantil, Julieth Martínez, una adolescente de 18 años Disparo en el tórax, Fredy Mahecha, un guardia de seguridad tenía 20 años Disparo en el tórax, Germán Smith Puentes, un domiciliario de 25 años, Disparo en el tórax, Andrés Rodríguez, de 23 años, Disparo en el tórax, Angie Vaquero una joven de 19 años, Julián González, de 27 años, disparo en el abdomen, María del Carmen Viuche 41 años murió en hospital de suba, Eidier Jesús Arias 17 años hospital Meisen, Otra víctima sin identificar y en el en el municipio Soacha Cristian Andrés Hurtado, de 31 años, Lorwuan Estiben Mendoza, un joven de 26 años, Gabriel estrada 31 años, se trata pues de una larga lista de hechos la mayoría de los cuales se mantienen de la impunida y que han logrado que la ciudadanía pierda la confianza en la institución.

Es ante situaciones tan indignantes como estás, a lo que se suma la denuncia conocida a través de redes sociales de los tratos degradantes, tortura posterior asesinato del abogado Javier Ordóñez la gente sale a la calle a expresar toda la inconformidad, que está acumulada no solamente por estos hechos sino también por las recientes denuncias de decenas de masacres que se han ocurrido en todo el territorio nacional en los últimos meses, así como por la sistemática práctica genocida contra los líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, por eso no se justifican las voces que es del gobierno y del partido Centro Democrático intentan asociar esta reacción justificada de la ciudadanía, con redes internacionales o parte de una acción premeditada de un sector político, está es la consecuencia directa e inmediata de tantos años de impunidad y abuso de poder.

La gente en la calle no ha hecho cosa distinta que responder con violencia a un mensaje violento promovido por los gobernantes y las instituciones. Las voces de los manifestantes que repudian la concentración del poder en el ejecutivo, y como desde el gobierno se intenta controlar la normatividad para garantizar la impunidad que quienes desde las élites están comprometidos en prácticas de víctimas y criminales. Por ello es necesario que sea la ciudadanía y no el presidente Iván duque el que lidera un proceso de reformas profundas a la fuerza pública, en este caso abriendo un debate sobre una fuerza pública para la paz, y el retorno de la Policía nacional al control del Ministerio del Interior, además de profundas modificaciones en los procesos de incorporación, instrucción, además de la prohibición de uso de armas letales para la policía.

Lo que no puede suceder es que ante estos hechos los gobernantes ahora pretenden alegar la necesidad de incrementar el pie de fuerza, hoy se cuenta con aproximadamente 475.959 uniformados, como si esto no es lo que se ha hecho durante los últimos años, tampoco se puede alegar falta de presupuesto pues hoy la fuerza pública tiene un presupuesto anual que supera los 3.2 del PIB, el problema no es necesariamente, ni falta de recursos humanos y de recursos económicos, es ante todo el cambio de concepción que se tiene de las fuerzas militares y de la policía que deben ser instituciones que defienden la Constitución y el ordenamiento jurídico legal y no como sucede hoy al servicio de intereses políticos asociados con la corrupción y la delincuencia, orientados por una concepción ideológica que inculca que el enemigo está en el pueblo y que la labor de la fuerza pública es salir a contener con violencia cualquier intento de legítima protesta y a desconocer el derecho de rebelión, es por ello que la doctrina de seguridad nacional debe desaparecer de los procesos de formación de la fuerza pública en Colombia. Tampoco se pueden aceptar los intentos sistemáticos que desde el gobierno y las autoridades, intentan descalificar la legitimidad y la genuinidad de las protestas, calificándolas como hechos vandálicos, que aunque es innegable que se puedan haber presentado situaciones que no se correspondan con los ejercicios de la protesta, pero lo cierto es que hay una respuesta multitudinaria de la ciudadanía que exige justicia, la cual no puede desconocerse, ni descalificarse con señalamientos irresponsables.

Finalmente señalar que, por supuesto no hay que generalizar, seguramente no todos los policías actúan de manera violenta, sin embargo, llama mucho la atención que, ante la generalización de la violencia y la agresión contra la ciudadanía, no aparezcan las voces de los policías "buenos" que impidan el actuar delincuencial de los que si lo están haciendo. Cabe aquí preguntarse cuántos policías estuvieron involucrados en los actos de degradación tortura y asesinato de Javier Ordóñez, ¿dónde estaban los policías que si cumplen los procedimientos? Es urgente que se modifique con la participación de la ciudadanía la fuerza pública porque está claro que no se puede aceptar que se señale de que son unas “manzanas podridas cuando claramente se observa que lo que está podrido es el árbol. Es la hora de fortalecer una acción política para construir una fuerza pública para la paz.

Bogotá, 12 de septiembre de 2020.