Por Iván cárdenas
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…A riesgo de ser calificado de atrasado político
Han transcurrido ocho meses de cambio en la presidencia, y si bien es cierto que el cambio de estilos de gobierno, entre Presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, es evidente, bien valdría la pena no ilusionarse, en que ello, ha de traducirse en un cambió en la situación socioeconómica y política que vive la sociedad colombiana.
El nuevo mandatario más “decente” ha usado un tono pausado, conciliador, si se quiere, lo que contrasta con el tono pendenciero, camorrero y altisonante al que nos mantuvo acostumbrado Álvaro Uribe, durante sus ocho años de mandato.
Sin embargo, más allá de este cambio de imagen, es necesaria una mirada de fondo a las políticas que se desarrollan para necesariamente concluir, que no hay ningún cambio entre los dos mandatarios. Esto básicamente, porque los dos son parte del mismo proyecto estratégico de las élites, que han ellas han diseñado para el país, Distintos estilos de gobierno, manteniendo una misma la línea de comportamiento en la política económica y si bien es cierto, los dos últimos gobernantes provienen del sector en distintos, Uribe representante del sector de terrateniente y Santos vinculado al sector financiero, los dos son parte de una jugada del proyecto neoliberal para el país.
En el tema de derechos humanos y paz, los cambios ni tan siquiera se insinúan, al igual que el gobierno anterior, se desaprovechan los gestos de la insurgencia, que ha dado un paso con la iniciativa de la liberación unilateral de 6 retenidos, frente a la cual, la respuesta, es la exacerbación un discurso guerrerista, que sólo ha provocado a la prolongación del conflicto, como se ha visto en los últimos meses.
Así mismo, pocos han sido los pasos para mejorar la situación de derechos humanos: Continúan los asesinatos a líderes sociales y populares, durante este gobierno, han sido asesinados más de 10 dirigentes sociales vinculados a procesos de restitución de tierras, igualmente continúan agresiones a sindicalistas, defensores de derechos humanos, mientras grupos paramilitares, mal llamados por el gobierno BACRIM, continúan ejerciendo su control territorial en amplias regiones del país, en muchos lugares en connivencia con la fuerza pública, según los informes de la Alta Comisionada los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia.
Al mismo tiempo, el interés de reparar las víctimas del conflicto se mediatiza con el sofisma de la sostenibilidad presupuestal, y en el debate que se adelanta en el congreso de la república al articulado de la ley de víctimas y restitución de tierras, se deja en evidencia la mezquindad con la que se quieren restablecer los derechos de los miles y miles de víctimas del conflicto armado interno en Colombia. En materia de prevención y atención a la población desplazada las cosas tienden a desmejorar dado el poco interés que mantienen en nueva gobierno en dar por superado el estado de cosas inconstitucional. Todo esto, mientras el vicepresidente angelino intenta convencer a las víctimas que el gobierno está preocupado por los desarrollos de la ley.
Se continúan conociendo denuncias de la situación del confinamiento y riesgo en la que viven las comunidades en las llamadas zonas de consolidación, bajo el control de la fuerza pública, en las que las amenazas, zozobra e intimidación, además de restricciones a sus libertades son el pan de cada día a día.
De otro lado, la forma en que se aborda la protesta social, continúa siendo de problema de orden público, como sucedió recientemente con las protestas de los estudiantes que rechazaban el proyecto de ley a través del cual se permite la inversión de la empresa privada en las universidades públicas, a lo cual el gobierno respondió encabeza del director de la Policía Nacional señalando las protestas como actos terroristas, lo que no es otra cosa que la continuidad de un estilo utilizado frecuentemente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de lanzar campañas de desprestigio y deslegitimización de la protesta social.
En contraste, la política de generación de empleo, construcción de vivienda de interés social, el derecho efectivo a la salud, la seguridad ciudadana, la educación pública, están a la espera de los anuncios para lograr los verdaderos cambios que permitan el disfrute pleno de estos derechos.
De esta manera, el gobierno de Juan Manuel Santos más allá del cambio el estilo, sigue gobernando al servicio de las elites y de las trasnacionales. Y de esto el pueblo colombiano conoce, no solo la práctica del gobierno criminal de Álvaro Uribe, sino también los anteriores que implementaron planes la misma política de violencia y explotación. Es decir, “cambiar a algo, para que todo siga igual”.
Por esta razón, el camino que le queda al pueblo es fortalecer sus procesos organizativos y desde allí promover la movilización exigiendo: Solución política negociada, democratización del país, soberanía nacional, verdad, justicia de reparación integral. Una razón más para la movilización debe girar en el acompañamiento a las solicitudes que desde las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y partidos políticos como el polo democrático, hacen para exigir que Álvaro Uribe Vélez, sea judicializado por todos los crímenes de Lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos, complicidad con los grupos paramilitares y narcotraficantes, cometidos desde la época en que era gobernador de Antioquia y particularmente durante los ocho años como Presidente de la república.
Para ello han sido convocadas jornadas de movilización, el 7 de abril, el día internacional de los trabajadores el 1.º de mayo, el encuentro nacional de Tierras, Territorios y Soberanía convocado a fines de junio, el segundo encuentro nacional de victimas ya el paro nacional en el segundo semestre del 2011
Abril 3 de 2011
