Las víctimas nunca fueron el
epicentro de la paz
Alfonso Castillo
Defensor de los Derechos Humanos
Se están conmemorando 5 años de
la firma del acuerdo final de paz (AFP), un acontecimiento sin duda
extraordinario e histórico, qué le brindó a la sociedad colombiana la inmensa
posibilidad de poner fin a un largo y doloroso conflicto armado interno, que
afectó en múltiples dimensiones a Colombia. Y aunque la consolidación de la Paz,
pareciera esquiva, es importante considerar que a través de la firma del
acuerdo final de paz se abre un escenario muy importante para construir una
nueva realidad social, política y económica para el país, lo cual por supuesto
pasa por desatar toda la imaginación, la creatividad y la audacia tanto del
gobierno y las instituciones, como
también de manera particular, de distintos sectores sociales sí de lo
que se trata es de construir la anhelada paz.

Una vez firmado este importante
acuerdo, ninguna autoridad en el país debiera poner excusas para no comprometerse al diseño de
las acciones que permitan la transformación de la sociedad colombiana, porque
el acuerdo final de paz tiene la fuerza constitucional qué permite a todas las
autoridades del país actuar para superar todas las causas que generaron el
conflicto armado en Colombia, es decir impulsar una vigorosa agenda social,
prevalida procesos de participación ciudadana, para lo cual el acuerdo mismo
traza los lineamientos generales sobre los cuales se puede emprender este nuevo
rumbo especialmente en aspectos como la reforma rural integral, las
transformaciones democráticas, los derechos de las víctimas, entre otros
aspectos mencionados en esta herramienta de transformación.
Adicionalmente es importante señalar entre los
logros de la firma del acuerdo final de paz, se ha constituido en un liberador
de nuevos escenarios para que el movimiento social y popular coloque en su
agenda inmediata la lucha por derechos por tantos años no cumplidos.
Igualmente y cómo lo hemos observado en los
últimos años el acuerdo final de paz ha permitido el incremento de la
movilización social, lo cual se ha demostrado en las gigantescas movilizaciones
que el país ha visto después del paro nacional del 21 de noviembre del 2019 y
que ha tenido entre otros momentos el más reciente capítulo de indignación y
rebeldía en las potentes movilizaciones en todo el país a partir del 28 de
abril del 2021, y que se prolongaron cerca de 90 días, con las que se mostró
qué la sociedad perdió el miedo, al menos se sintió en la obligación de salir a
las calles a exigir las transformaciones y cambios que el país requiere para
consolidar la democracia y la superación del conflicto armado.
Desde la perspectiva de las víctimas el acuerdo
de final de paz, permitió que la verdad, la justicia, la reparación integral y
las garantías de no repetición, se reconocieran como derechos y se convirtieran
en una agenda más allá de las víctimas y fuesen apropiadas por el conjunto de
la sociedad colombiana, asimismo el país entendió qué la memoria cómo derecho
de la sociedad es también parte de un escenario de disputa política e
ideológica, qué tiene que enfrentar entre otros aspectos un discurso y una
práctica gubernamental que intenta negar la existencia del conflicto y Por ende
desconocer la existencia de las víctimas y particularmente la negación a
reconocer sus derechos.
No obstante, estos importantes logros y avances
qué significa el acuerdo final de paz también es bueno señalar que en la
perspectiva de la construcción de un nuevo país hay algunas dificultades qué
será necesario tener en cuenta a la hora de construir un horizonte de paz
duradera y estable.
En primer lugar decir que Es evidente que un
sector de la élite gobernante se opuso y se siguió poniendo desde El poder del
estado y el gobierno a la implementación del acuerdo de paz, desde antes de ser
firmado declararon su abierta y radical oposición a cualquier intento de poner
fin al conflicto, esa oposición, expresa el gran temor a perder los privilegios
sociales políticos y económicos obtenidos en el marco de una guerra de la cual
se beneficiaron Y que ahora ven en La Paz una amenaza y por ello la atacan con
múltiples argumentos, ellos temen que, el país conozca su participación, tanto
en el diseño de la estrategia de guerra de despojo, como en la financiación de
la misma y la obtención de poder económico, apropiándose de tierras y
territorios de comunidades, entraña múltiple riquezas. Tienen temor a la verdad
y por ello descalifican el papel que juegan instituciones creadas en el marco
del acuerdo final de paz.
También se constituye en una dificultad para
construir La Paz, el avance de un modelo económico sustentado en la
desigualdad, en el despojo y en la profundización de la pobreza, exclusión y la
violencia, En todo caso no hace cosa distinta que reproducir las causas que
originaron el conflicto armado en Colombia.
Y a pesar qué cómo se ha visto en las más
recientes movilizaciones en las que la ciudadanía y especialmente los jóvenes
desafiaron el miedo impuesto desde las élites que quieren prolongar la guerra,
la sociedad colombiana sigue enfrascada en la trampa del miedo que impide ver
las oportunidades qué significa apostar por la construcción de la paz, para lo
cual los medios masivos de desinformación, propiedad de esas élites corruptas y
violentas, papel intimidante y en todo caso contrario a la construcción de
democracia y libertades.
Un aspecto importante para referir desde la
perspectiva de las víctimas y qué hace parte de esos incumplimientos al acuerdo
de paz es el poco o casi nulo avance de la implementación del punto 1 del
acuerdo final de paz referido a la reforma rural integral, que no ha permitido
una transformación de la estructura de la propiedad de la Tierra, la negativa
también a reconocer al campesinado como sea visto recientemente como un
importante actor social necesario para el desarrollo del país, no ha sido
posible que se reconozca y se le dé, estatus a las zonas de reserva campesina y
los planes de desarrollo con enfoque territorial que pudieran ser una opción de
desarrollo y superación del conflicto en amplias regiones del país donde esté
afecto e impidió el desarrollo de las potencialidades productivas del campo no
han sido posibles más allá de los enunciados y los anuncios de prensa.
A la hora de hablar de los 5 años de la
implementación del acuerdo de paz hay que decir que tanto el gobierno de Juan
Manuel Santos y particularmente el gobierno de Iván Duque es un gobierno
perdido para la paz, este último ha actuado con mezquindad, siempre en tono es
sabotaje a la implementación y cumplimiento de lo pactado, desarrollando una
política paralela para negarle la oportunidad al acuerdo y aparecer ante la
comunidad nacional e internacional como comprometido con la paz, pero que en
últimas no hace cosa distinta que ir en contravía de su construcción.
Para las víctimas del conflicto armado el
acuerdo final de paz a significado una batalla permanente entre la esperanza y
el anhelo de paz qué se anuncia y se insinúa en el acuerdo, y el desencanto de
una política pública que va en contravía tanto de los derechos de las víctimas
del conflicto, cómo están manoseada expresión "las víctimas en el centro
de la construcción de la paz".
La esperanza por supuesto estás entrada en una
institucionalidad establecida con enfoque de derechos y reconocimiento a la
participación de las víctimas a través del sistema integral de verdad justicia
reparación integral y garantías de no repetición a través del cual, se conforma
un ex cenario qué es de la jurisdicción especial para la paz, la unidad de
búsqueda de personas dadas por desaparecidas y especialmente de la comisión
para el esclarecimiento de la verdad, se constituyen en una voz de aliento y
satisfacción, por cuánto ellas han permitido la participación de las víctimas,
en los procesos judiciales y en los casos que se investigan y documentan, y
también por los logros significativos en la identificación y protección de
lugares donde presuntamente se encuentran personas dadas por desaparecidas.
Ahora las expectativas se colocan en la publicación del informe de la comisión
de esclarecimiento de la verdad, y el anhelo de muchas víctimas de que esté se
convierta en un instrumento que permita, conociendo la verdad de lo que sucedió
en el conflicto darle una oportunidad al país de tomar un nuevo rumbo.
Sin embargo, viendo este un aspecto promisorio,
no lo es el cumplimiento del acuerdo final de paz en otros aspectos, como por
ejemplo las modificaciones a la ley 1448 o ley de víctimas, cuáles nunca se
hicieron, y por el contrario las víctimas han venido asistiendo a un sutil
desmonte de esta, y a un franco retroceso en la política pública de reparación
integral a las víctimas, las cuales ven cada vez más lejos la posibilidad de
acceder a una precaria indemnización, y muchísimo menos a una restitución
de tierras despojadas.
Otro aspecto de la burla a los derechos de las
víctimas, es el largo camino que tuvo que recorrer sé de impedimentos, y
obstáculos para que por fin se reconociera y se reglamentara las 16 curules
para las víctimas, qué recientemente, se reglamentaron, pero con una serie de
inconsistencias que justamente se constituyen en barreras de acceso para las
víctimas, y la posibilidad de que eventualmente ellas sean asaltadas por
sectores vinculados a la política tradicional e incluso no necesariamente
comprometidos con la construcción de la paz.
De esta manera, los 5 años de la firma del
acuerdo de paz, sitúan a las víctimas en una condición compleja, Por cuánto hay
una potencialidad que permitiría si existiese la voluntad política del
gobierno, en múltiples escenarios del estado así como de la sociedad de darle
la chance a la paz, a través de ella el impulso de una política pública que
permita por fin alejar del país el demonio de la guerra, y con ello detener los
asesinatos a líderes y lideresas, masacres, estigmatización y amenazas, los
desplazamientos, que hoy por hoy siguen por cuenta de los discursos y prácticas
guerreristas que desde el gobierno se imponen, llenando de tristeza, dolor, y
miedo amplias zonas del país.
Pero por supuesto siempre está la esperanza,
esa, qué ve, en las movilizaciones de la indignación, la ventana de oportunidad
para que el país cambie de rumbo, y nos permitamos construir desde nuevas
voluntades políticas, un pacto para implementar de manera decidida, continua y
financiada la paz duradera y estable y que anhelan las mayorías del país, y
debemos heredar a las nuevas generaciones.
Bogotá, 24 de noviembre de 2021.
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