Bogotá, 26 de septiembre de 2012
Doctor
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
E. S. D.
Cordial saludo:
Escribo en mi calidad
de “Beneficiario” del esquema de
protección que otorga el Ministerio a sobrevivientes de la Union Patriotica-
Partido Comunista, organización de la cual soy militante hace 30 años.
Este “Beneficio - privilegio”
lo obtuve gracias a una amenaza en contra de mi vida, la cual se dio en el año
2000, en la ciudad de Cali, cuando circulo una lista de personas objetivo
militar de un sicario denominado “MACHOMAN”, situación que me obligo a
desplazarme a la ciudad de Bogotá, desde diciembre de ese año. Posteriormente
recibí varias amenazas ente ellas, las más recientes, una enviada por correo electrónico el día 12 de
Agosto de 2010, por las águilas negras Bloque Capital, y otra enviado al correo
electrónico por parte de los “rastrojos”, debido a mi trabajo como integrante
de organización de Derechos Humanos y de victimas, que entre otras estamos
comprometidas en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos, los derechos
de las victimas a verdad, justicia, reparación integral, garantías de no
repetición y particularmente des de hace 6 años en la lucha por hacer efectivos
los derechos a la tierra, el territorio, y que garanticen efectiva restitución
patrimonial a las comunidades victimas del despojo de tierras.
Estas amenazas se han
reiterado directa e individualmente, dada mi calidad de integrante de ANDAS
organización que presido nacionalmente desde hace 4 años, igualmente soy
integrante del MOVICE, La CND, y a Campaña Permanente, Tierra Vida y Dignidad,
además de ser militante del Partido Comunista.
De acuerdo a la
gravedad de las amenazas en mi contra la dirección del PCC, me asigno un vehículo y un escolta, sin embargo debo decir que dado el estado del
vehículo, la tardanza en los mantenimientos del mismo, hacia que el vehículo
permaneciera en promedio 10 días al mes en el taller, esta situación se ha corregido recientemente, con la decisión de la Unidad Nacional de
Protección de alquilar de vehículos particulares.
En mi calidad de “Beneficiario”
del programa de protección del Ministerio del Interior, debo denunciar que ante el aumento de la
amenazas contra mi actividad como defensor, ha existido de manera sistemática desde
el 2010, un desmote de medidas de protección a la organización que presido a la
que le fueron retiradas, tiquetes, auxilio de transporte, medios de comunicación
(avénteles, celulares), básicamente por habernos negado a estudio de riesgo
realizados por las mismas entidades criminales que han efectuado amenazas,
persecución y estigmatización contra los integrantes de nuestra organización,
hacemos referencia en concreto al antiguo DAS y la SIJIN, estas denuncias han
sido presentadas en sus momento ante organismos judiciales.
Cabe anotar Doctor
Carrillo, que la sensación es que si hay un desmonte del programa el que se ve
reflejado en los siguientes elementos: En el caso de los vehículos de
protección, a) cambio de chip de peajes, por la modalidad de un cupo de
$200.000 mensuales, los cuales son pagados extemporáneamente. B) El valor
asignado por concepto de combustible, no ha cambiado por lo menos en los últimos
4 años ($1.100.000 vehículos ordinarios y $1.400.000 vehículos blindados), lo
que en la práctica se constituye en disminución mensual dado el permanente aumento
del costo en la gasolina. Y ahora una disminución del 50% del valor asignado
para todos los casos, sin considerar particularidades.
Otro elemento a
considerar en la inestabilidad en la que se encuentra el personal de escoltas
contratantes, muchos de los cuales llevan hasta 8 años en calidad de contratos
temporales que en promedios se firman por 6 meses.
Igualmente el programa
de protección ha procedido a desmontar las medidas, tal como sucedió con los
medios de comunicación celular, los cuales los asignaban primero con 1000
minutos luego con 550 minutos y de un momento a otro los rebajaron a 150
minutos, que entre otras cosas no me es claro si esto ha significado una
disminución considerable en el valor del contrato con el operador celular o se
trata solamente de una disminución para limitar la actividad de los
“Beneficiarios”.
Un aspecto no menos
importante, es el que tiene que ver con los estudios de riesgo, los cuales son
efectuados por personal que perteneció al DAS, a la Policía, lo que por su
puesto no brinda las garantías suficientes de protección o integridad,
precisamente por las muchas denuncias
que los defensores hemos instaurado de los integrantes de estas
entidades los cuales han cometido violación a los Derechos Humanos.
Cuando los estudios de
riesgo se practican, no se informa a los “Beneficiarios” de sus resultados, que
generalmente no son consecuentes con el riesgo que representa la actividad de
Defensor de Derechos Humanos en Colombia. De ellos dan cuenta las altas y
persistentes cifras de violación a los Derechos Humanos, y el alta cifra, de
Defensores amenazados, desplazados, exiliados, judicializados y asesinados.
Lo mismo ha sucedido
con medidas como los tiquetes aéreos, los cuales ya no se otorgan a las
organizaciones, así mismo, sucedió con la ayuda de reubicación la cual se
redujo en un porcentaje superior al 50%.
Lo que los Defensores
y “Beneficiarios” del programa recibimos constantemente es la estigmatización
por parte de los funcionarios del Gobierno y particularmente durante el
Gobierno de Juan Manuel Santos, reiterados anuncios por los medios de
comunicación, orientando a desacreditar, desvirtuar y deslegitimar en
actividades de Defensores y Beneficiarios del programa, como ha ocurrido
recientemente con las declaraciones del Doctor Villamizar, Director de la
Unidad Nacional de Protección y el
propio presidente Juan Manuel Santos, declaraciones que anteceden recortes como
el que disminuye el valor de asignación de combustible en un 50% a partir del 1
de Agosto de 2012.
No puede el
Gobierno hacer creer que tiene un
programa de protección que se presenta como privilegios a unos colombianos y
luego se recortan de manera arbitraria, casi autoritaria componentes del mismo,
sin tener ninguna consideración de casos que realmente ameritan la protección. Si
el Gobierno tiene las pruebas del mal
uso o la disminución efectiva de los riesgos para los “Beneficiarios” del
programa debería proceder a retirar tales medidas de manera individual y
siguiendo el debido proceso, e incluso enfatizando las medidas judiciales que
hubiera lugar por mal uso o abuso en los esquemas, pero no puede generalizar,
en este caso no usa su acostumbrada explicación sobre hechos de corrupción
realizados por servidores públicos y miembros de la fuerza publica, los cuales
si se califican de hechos aislados.
Solicitó de la manera
más respetuosa se me restablezcan las medidas de protección para mi actividad
como Defensor de Derechos Humanos y Dirigente Político, tanto en los minutos
del celular, como la asignación de combustible, los peajes y la asignación tiquetes aéreos.
Fundo mi petición en
mi calidad de Defensor de Dere4chos Humanos, en condición de riesgo sobre mi
vida e integridad, en momentos en los
que aumentan las amenaza, sobre todo a
quienes dedicamos nuestra actividad a la lucha por el verdadero derecho a la
restitución y reparación. Al mismo tiempo que la justicia no avanza en la
investigación y esclarecimiento de los responsables de las amenazas contra mi vida, las cuales
están radicadas en la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente Doctor
Carrillo, recuerdo que es responsabilidad del Estado Colombiano brindar las medidas
políticas que prevengan cualquier situación que atente contra mi integridad, y
esto no se logra recortando medidas, sino garantizando la identificación de los
responsables de las amenazas y su respectiva judicialización.
el recorte de las
medidas persiste a pesar que el señor presidente dela república Dr. JUAN MANUEL SANTOS se comprometió con
la dirección del Partido Comunista el día 31 de agosto a restablecer de
inmediato las medidas de protección para los militante y dirigentes comunistas.
Atentamente,
ALFONSO CASTILLO
GARZON
C.C.16.702.743 de Cali
Defensor de Derechos Humanos
Militante Comunista
Cc: Dr. JUAN MANUEL SANTOS. Presidente de la
Republica
Dr.
ALEJANDRO ORDOÑEZ Procurador General de la Nación.Dra. MARIA ANGELA HOLGUIN. Canciller
DR. JORGE ARMANDO OTALORA Defensor Nacional del Pueblo
Dr. JUAN CARLOS VILLAMIZAR. Director Unidad Nacional de Protección
Dra. MARIA PAULINA RIVEROS Directora Programa DDHH Ministerio del Interior
Partido Comunista Colombiano. Comité Ejecutivo
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