viernes, 28 de septiembre de 2012

carta al ministro del interior sobre desmonte del programa de proteccion a defensores


Bogotá, 26 de septiembre de 2012

 

 

Doctor

FERNANDO CARRILLO

Ministro del Interior

E.             S.             D.

 

Cordial saludo:

 

Escribo en mi calidad de “Beneficiario”  del esquema de protección que otorga el Ministerio a sobrevivientes de la Union Patriotica- Partido Comunista, organización de la cual soy militante hace 30 años.

Este “Beneficio - privilegio” lo obtuve gracias a una amenaza en contra de mi vida, la cual se dio en el año 2000, en la ciudad de Cali, cuando circulo una lista de personas objetivo militar de un sicario denominado “MACHOMAN”, situación que me obligo a desplazarme a la ciudad de Bogotá, desde diciembre de ese año. Posteriormente recibí varias amenazas ente ellas, las más recientes, una  enviada por correo electrónico el día 12 de Agosto de 2010, por las águilas negras Bloque Capital, y otra enviado al correo electrónico por parte de los “rastrojos”, debido a mi trabajo como integrante de organización de Derechos Humanos y de victimas, que entre otras estamos comprometidas en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos, los derechos de las victimas a verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y particularmente des de hace 6 años en la lucha por hacer efectivos los derechos a la tierra, el territorio, y que garanticen efectiva restitución patrimonial a las comunidades victimas del despojo de tierras.


Estas amenazas se han reiterado directa e individualmente, dada mi calidad de integrante de ANDAS organización que presido nacionalmente desde hace 4 años, igualmente soy integrante del MOVICE, La CND, y a Campaña Permanente, Tierra Vida y Dignidad, además de ser militante del Partido Comunista.


De acuerdo a la gravedad de las amenazas en mi contra la dirección del PCC,  me asigno un vehículo y un escolta,  sin embargo debo decir que dado el estado del vehículo, la tardanza en los mantenimientos del mismo, hacia que el vehículo permaneciera en promedio 10 días al mes en el taller, esta  situación se ha corregido recientemente,  con la decisión de la Unidad Nacional de Protección de alquilar de vehículos particulares.

 
En mi calidad de “Beneficiario” del programa de protección del Ministerio del Interior, debo denunciar que ante el aumento de la amenazas contra mi actividad como defensor, ha existido de manera sistemática desde el 2010, un desmote de medidas de protección a la organización que presido a la que le fueron retiradas, tiquetes, auxilio de transporte, medios de comunicación (avénteles, celulares), básicamente por habernos negado a estudio de riesgo realizados por las mismas entidades criminales que han efectuado amenazas, persecución y estigmatización contra los integrantes de nuestra organización, hacemos referencia en concreto al antiguo DAS y la SIJIN, estas denuncias han sido presentadas en sus momento ante organismos judiciales.


Cabe anotar Doctor Carrillo, que la sensación es que si hay un desmonte del programa el que se ve reflejado en los siguientes elementos: En el caso de los vehículos de protección, a) cambio de chip de peajes, por la modalidad de un cupo de $200.000 mensuales, los cuales son pagados extemporáneamente. B) El valor asignado por concepto de combustible, no ha cambiado por lo menos en los últimos 4 años ($1.100.000 vehículos ordinarios y $1.400.000 vehículos blindados), lo que en la práctica se constituye en disminución mensual dado el permanente aumento del costo en la gasolina. Y ahora una disminución del 50% del valor asignado para todos los casos, sin considerar particularidades.

Otro elemento a considerar en la inestabilidad en la que se encuentra el personal de escoltas contratantes, muchos de los cuales llevan hasta 8 años en calidad de contratos temporales que en promedios se firman por 6 meses.

Igualmente el programa de protección ha procedido a desmontar las medidas, tal como sucedió con los medios de comunicación celular, los cuales los asignaban primero con 1000 minutos luego con 550 minutos y de un momento a otro los rebajaron a 150 minutos, que entre otras cosas no me es claro si esto ha significado una disminución considerable en el valor del contrato con el operador celular o se trata solamente de una disminución para limitar la actividad de los “Beneficiarios”.

Un aspecto no menos importante, es el que tiene que ver con los estudios de riesgo, los cuales son efectuados por personal que perteneció al DAS, a la Policía, lo que por su puesto no brinda las garantías suficientes de protección o integridad, precisamente por las muchas denuncias  que los defensores hemos instaurado de los integrantes de estas entidades los cuales han cometido violación a los Derechos Humanos.
 
Cuando los estudios de riesgo se practican, no se informa a los “Beneficiarios” de sus resultados, que generalmente no son consecuentes con el riesgo que representa la actividad de Defensor de Derechos Humanos en Colombia. De ellos dan cuenta las altas y persistentes cifras de violación a los Derechos Humanos, y el alta cifra, de Defensores amenazados, desplazados, exiliados, judicializados y asesinados.

Lo mismo ha sucedido con medidas como los tiquetes aéreos, los cuales ya no se otorgan a las organizaciones, así mismo, sucedió con la ayuda de reubicación la cual se redujo en un porcentaje superior al 50%.

Lo que los Defensores y “Beneficiarios” del programa recibimos constantemente es la estigmatización por parte de los funcionarios del Gobierno y particularmente durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, reiterados anuncios por los medios de comunicación, orientando a desacreditar, desvirtuar y deslegitimar en actividades de Defensores y Beneficiarios del programa, como ha ocurrido recientemente con las declaraciones del Doctor Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección y  el propio presidente Juan Manuel Santos, declaraciones que anteceden recortes como el que disminuye el valor de asignación de combustible en un 50% a partir del 1 de Agosto de 2012.

No puede el Gobierno  hacer creer que tiene un programa de protección que se presenta como privilegios a unos colombianos y luego se recortan de manera arbitraria, casi autoritaria componentes del mismo, sin tener ninguna consideración de casos que realmente ameritan la protección. Si el Gobierno  tiene las pruebas del mal uso o la disminución efectiva de los riesgos para los “Beneficiarios” del programa debería proceder a retirar tales medidas de manera individual y siguiendo el debido proceso, e incluso enfatizando las medidas judiciales que hubiera lugar por mal uso o abuso en los esquemas, pero no puede generalizar, en este caso no usa su acostumbrada explicación sobre hechos de corrupción realizados por servidores públicos y miembros de la fuerza publica, los cuales si se califican de hechos aislados.

Solicitó de la manera más respetuosa se me restablezcan las medidas de protección para mi actividad como Defensor de Derechos Humanos y Dirigente Político, tanto en los minutos del celular, como la asignación de combustible, los peajes y la  asignación tiquetes aéreos.

Fundo mi petición en mi calidad de Defensor de Dere4chos Humanos, en condición de riesgo sobre mi vida e integridad,  en momentos en los que aumentan las amenaza, sobre  todo a quienes dedicamos nuestra actividad a la lucha por el verdadero derecho a la restitución y reparación. Al mismo tiempo que la justicia no avanza en la investigación y esclarecimiento de los responsables  de las amenazas contra mi vida, las cuales están radicadas en la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente Doctor Carrillo, recuerdo que es responsabilidad del  Estado Colombiano brindar las medidas políticas que prevengan cualquier situación que atente contra mi integridad, y esto no se logra recortando medidas, sino garantizando la identificación de los responsables de las amenazas y su respectiva judicialización.

el recorte de las medidas persiste a pesar que el señor presidente dela república Dr. JUAN MANUEL SANTOS se comprometió con la dirección del Partido Comunista el día 31 de agosto a restablecer de inmediato las medidas de protección para los militante y dirigentes comunistas.

Atentamente,
 

ALFONSO CASTILLO GARZON
C.C.16.702.743 de Cali
Defensor de Derechos Humanos
Militante Comunista
 

Cc:       Dr. JUAN MANUEL SANTOS. Presidente de la Republica
           Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ Procurador General de la Nación.
            Dra. MARIA ANGELA HOLGUIN. Canciller
            DR. JORGE ARMANDO OTALORA Defensor Nacional del Pueblo
           Dr. JUAN CARLOS VILLAMIZAR. Director Unidad Nacional de Protección
            Dra. MARIA PAULINA RIVEROS  Directora Programa DDHH Ministerio del Interior
            Partido Comunista Colombiano. Comité Ejecutivo