CARTA ABIERTA A LOS LÍDERES Y LIDERESAS DE LAS MESAS
DE VICTIMAS, MESAS DE FORTALECIMIENTO OPD Y OTROS ESCENARIOS DE LAS VÍCTIMAS
Ha transcurrido un año de implementación de la ley de víctimas
y dieciocho meses desde la sanción por parte del señor presidente Juan Manuel
Santos, y la verdad sea dicha, los avances en materia de reparación y
restitución son apenas precarios, si se considera la gigantesca planta de
personal, vinculada a la Unidad
Restitución y a la Unidad de Reparación, además de la gran cantidad de
publicidad que se emite por diversos medios de comunicación.
Sin embargo, al valorar los detalles de los “avances” de la Ley,
hay que señalar que en la implementación de la misma persisten problemas graves
que han sido señalados con anterioridad, no sólo por las Organizaciones de Víctimas
y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T 025/04, sino también, por el
informe elaborado por los órganos de control en el mes de agosto de 2012. Entre
esas graves fallas en la implementación de la ley se encuentran las siguientes:
No se ha creado el registro único de víctimas, requisito para
acceder a los “beneficios” que otorga la ley en mención.
Igualmente, y lo anotamos como un problema grave, la
insistencia por parte de muchos funcionarios de confundir medidas de atención,
ayuda humanitaria como medidas de reparación, tratando de generar confusión
entre la población víctima.
También el tema de la financiación para que la reparación y
restitución sean posibles, genera muchas preguntas, especialmente lo atinente a
la responsabilidad de los entes territoriales para disponer los recursos para
financiar sus compromisos con la ley y las fuentes que nutrirán los fondos de reparación
y restitución de tierras.
Siguen siendo reiterada las quejas de los líderes y la
lideresas en relación al problema de la protección y la prevención el riesgo, a
la fecha del presente informe han sido asesinados por lo menos un integrante de
mesa municipal de victimas, y varios han sido amenazados, otros han tenido que
desplazarse, entretanto la respuesta de la Unidad Nacional de Protección,
siguen siendo lenta y con medidas que no atienden a los requerimientos y las
necesidades de las víctimas.
La ley no podido resolver el tema de la estabilización
socioeconómica de las víctimas y a la fecha no se presenten alternativas claras
para dar solución a este problema.
Más allá de las expectativas que ha generado el anuncio de
las viviendas gratis no existe la suficiente claridad para determinar cómo las
víctimas accedan a estos beneficios y cuáles son los criterios de acceso a
estas casas.
Persiste el problema de la divulgación de la ley, las
víctimas no conocen sus derechos, la publicidad que se emite sólo da cuentas de
los resultados de manera general, generando gran expectativa, y por supuesto
confusión entre las víctimas.
Los problemas más graves se evidencian en el tema de
participación, ésta se sigue desarrollando sin las suficientes garantías
materiales, con bastantes dificultades para el cumplimiento de las agendas
establecidas en coordinación con las mesas de victimas, y particularmente, las
convocatorias a los escenarios de participación, siguen teniendo graves
problemas en los procedimientos democráticos para la designación de los
integrantes de las mesas, la convocatoria con suficiente anterioridad a diversas
instancias de representación, la designación formal de representante a varios
sub comités técnicos que no se han reunido ni una sola vez desde que se
establecieron y la claridad para que los representantes cuenten con las
garantías de una deliberación autónoma y decisiva.
No obstante estas faltas de efectividad en la ley para
satisfacer las expectativas y derechos
de las víctimas, la respuesta que hemos proporcionado desde las victimas y
particularmente desde sus organizaciones no se compadece con la gravedad del
problema, que sin duda alguna significan en la práctica limitaciones para
acceder al derecho a la Reparación y a la Restitución.
Lo que viene sucediendo entre las organizaciones de víctimas,
es un fenómeno que es necesario analizar y comprender en todas sus dimensiones
y superarlo rápidamente. Este fenómeno, que sin duda es una debilidad política
y organizativa, facilita a las instituciones su incompetencia, falta de
eficiencia y eficacia a la hora de atender las demandas de las víctimas.
Transcurridos 100 días desde la instalación de las mesas
transitorias de víctimas lo que se ha hecho evidente es la poca capacidad de las
organizaciones para posicionar las discusiones políticas, que obliguen al
gobierno cumplir cabalmente lo establecido la ley 1448 de 2011 y las otras
disposiciones y jurisprudencias que hagan efectivos y oportunos todo los
derechos de las víctimas.
Por esta razón hoy asistimos a la más profunda desatención en
aspectos mínimos como la salud, educación, vivienda, empleo, atención
psicosocial, ayudas humanitarias de emergencia y en la programación de la
prórroga de ayuda humanitaria, e incluso la inscripción en el registro único de
víctimas, mientras se muestra a la sociedad como se “repara” y “restituye” a
las víctimas, creando una sensación de que las víctimas ya han resuelto sus
problemas. Esto pasa mientras nosotros y nosotras “mal” llamados lideres, nos
dejamos llevar por discusiones menores, que desgastan y nos hacen perder
autoridad y legitimidad ante nuestras bases y las victimas en General.
Es urgente reflexionar: seguimos siendo funcionales a la
institucionalidad, al no ser capaces de superar nuestras desconfianzas,
egoísmos, afanes de protagonismo, entre
otros defectos propios de los seres humanos.
Frente a esta realidad, urge un acto de generosidad política
que haga posible ponernos de acuerdo en una agenda mínima y establecer una
coordinación política, que envíen mensajes claros que no dé lugar a equívocos,
para que el gobierno y su representantes entienden que las víctimas merecemos
trato digno y respeto, conforme a la ley y a jurisprudencia que garanticen
nuestros derechos.
Hoy por hoy, conforme ésta la discusión política en Colombia
y particularmente la poca voluntad política del gobierno para garantizar de
manera efectiva los derechos de las víctimas, se requieren liderazgos político-sociales
que superen la discusión entre víctimas y desplazados y entre estas, con las
organizaciones de derechos humanos, éstas son divisiones falsas, aquí todas y
todos somos no sólo victimas del conflicto, sino revictimizados por un gobierno
que aprovechando la debilidad orgánica de las víctimas, distrae, cooptar, engaña a las víctimas, convirtiendo
la asistencia social mínima en reparación.
En las veredas, municipios y regiones, las víctimas y sus
organizaciones están a la espera de orientaciones claras para enfrentar la
falta de acción del gobierno, miles y miles de víctimas están a la espera de
que formulemos propuestas unitarias a las bases, que presenten alternativas
serias de solución a sus problemáticas cotidianas, hacen falta más
pronunciamientos sobre diferentes temas de la política nacional que afecten a
las víctimas, hace falta igual promover más movilizaciones, es necesario
promover con mayor audacia e iniciativa política soluciones reales al problema
de la restitución, al retorno con garantías de seguridad y desarrollo socioeconómico.
Cierto es que muchos de nosotros y nosotras hemos cometido
errores, algunos por acción u otros por omisión o dejar hacer, en este sentido
a las bases de las organizaciones corresponde la tarea de elevar la vigilancia
y control sobre sus dirigentes, sólo ellos pueden remover los elementos que le
hacen daño al proceso organizativo de las víctimas, adoptando para ello
ejercicios democráticos, que superen el caudillismo, la corrupción, el
autoritarismo, el aprovechamiento de la representación para beneficio
exclusivamente personal, insisto esta renovación sólo puede provenir de las
bases.
Este es un buen momento para ese propósito, la ley de víctimas
ha establecido procesos y procedimientos que permiten que los liderazgos surjan
desde los municipios, esto debemos comprenderlo como un cambio positivo, ahora
contamos con mecanismos que deben permitir que los dirigentes rindan cuentas y
si no “damos bolas”, pues habrá
necesidad de promover los respectivos cambios.
La tarea presente es sin duda, visibilizar toda la
problemática que se está dando al primer año de la ley de víctimas, hay que
documentar toda esta situación y producir los informes respectivos, enviarlos a
la comisión legal de seguimiento en el congreso de la república, a la corte
constitucional, a la prensa, a la
comunidad internacional, a la cooperación. Se trata de elaborar informes lo
suficientemente sustentados con cifras, datos precisos, que den cuenta
precisamente de la precariedad, que se menciona en todos los talleres para
atender los derechos y las demandas de las víctimas.
Igualmente hay que trabajar sin más demora en la discusión,
elaboración de un buen protocolo de participación efectiva, significativa,
incluyente y diferenciada, a partir de
los talleres que se han realizado en los enfoque diferenciados, los hechos victimizantes y en las regiones, y
considerando que no son un auténtico proceso de participación, sí han arrojado
insumos importantes y propuestas concretas de muchas víctimas en muchas
regiones en relación con el derecho efectivo a la participación. Insistir en la
necesidad de que el protocolo sea un decreto reglamentario, que obligue las
autoridades a generar todas las condiciones para la participación y el
fortalecimiento organizativo autónomo y democrático. El protocolo que proponen
la UARIV, no satisface nuestras expectativas, no es más que un buen documento
estudio, pero es largo y complicado para su lectura y comprensión, debemos
elaborar un nuevo documento, a partir de las propuestas existentes y los
aportes de las regiones y exigir que este protocolo sea un instrumento legal
sancionado por el Presidente la república o por el ministro del interior, o por
el consejo de ministros.
El llamado entonces es a construir un acuerdo de agenda
mínima que contenga los siguientes aspectos:
1. Respaldó
el proceso diálogos que se adelanta en la Habana, solicitando que se inicien
procesos similares con el ELN y el EPL, que este proceso se sigue
desarrollando bajo las condiciones del cese bilateral de fuego las hostilidades
y exigiéndole tanto al gobierno, como las guerrillas, a no levantarse de la
mesa hasta no lograr un acuerdo de terminación al conflicto, igualmente demandando
la apertura de escenarios que permitan la participación de los representantes
de las víctimas para discutir la agenda con los representantes tanto del
gobierno como la insurgencia.
2.
Exigir
reales garantías de participación a las nuevas mesas de victimas que se
conformen en abril, para lo cual desde ya debe iniciarse planes de divulgación
y promoción en los municipios que facilite y no obstaculicen los procesos
descripción y actualización de datos.
3. Exigir
planes de prevención y protección a los líderes, lideresas y organizaciones,
estos planes deben superar todas las barreras que hoy a se ponen desde la UNP, particularmente solicitar al alto gobierno un
plan de promoción al respecto y apoyo a la actividad de los líderes, lideresas
y su organizaciones por la defensa de los derechos de las víctimas.
4.
Solicitar
se establezcan planes reales para el acceso de la reparación/restitución a
mujeres, huérfanos, adultos mayores, discapacitados y a comunidades afro,
indígenas y pueblos ROM.
5. Elaborar
y conseguir la financiación de un proyecto de apoyo, promoción y
fortalecimiento de los procesos organizativos desde los municipios,
departamentos y nacional, en caminado a desarrollar procesos de formación,
empoderamiento, incidencia política, y movilización.
6. Impulsar
para el año 2014 el primer congreso nacional de víctimas promovido a partir de
eventos preparatorios municipales y
departamentales.
7. Instalar
un observatorio de la Reparación y la Restitución que haga seguimiento desde
las organizaciones, a los avances y dificultades en la implementación de la ley,
particularmente en estos dos aspectos.
8.
Solicitar
una cita con el Sr. Presidente de la república y presentar nuestras inquietudes
respecto a los avances, dificultades, y propuestas en torno al mejoramiento del
proceso implementación de la ley.
9. Impulsar
la movilización del nueve abril, día nacional de las víctimas exigiendo mayor
avance en la implementación de la ley de Reparación y Restitución y en respaldo
a los diálogos de la Habana.
10.
Participar
activamente en la preparación, y realización de las audiencias congresionales,
que inician en el mes de febrero del presente año, promovidas por las comisiones de derechos
humanos y paz del senado y la cámara de representantes, para tomar las
propuestas de las victimas al quinto punto de la agenda de diálogos.
11.
Impulsar
una jornada nacional de desobediencia civil de las víctimas el próximo 10 de
junio, a los dos años de sanción de la ley de víctimas, indicando nuestra
inconformidad con el desarrollo y los avances de la ley.
12.
Establecer
una comisión accidental integrada por organizaciones de víctimas, OPDS,
mujeres, afros, indígenas, pueblo ROM y organizaciones defensoras de las
víctimas, para que recogiendo los insumos y aportes que surjan de de los
talleres regionales y elabore un borrador de protocolo y lo ponga a
consideración de la Asamblea de la Mesa Nacional de Víctimas a realizarse en el
mes de febrero.
La unidad de las víctimas, es un asunto urgente, que de no
superarse, ahondara las dificultades y profundizara “rivalidades” que en todo
caso aumente la vulnerabilidad, el riesgo de todos y todas. Que sea nuestra
unidad, la de las víctimas la que determine el avance y tamaño de la reparación
y la restitución, y no la Unidad de Victimas la que nos imponga ritmos y
agendas en contravía de nuestras expectativas y derechos.
Alfonso Castillo
Asociación Nacional de Ayuda
Solidaria. ANDAS
Integrante Mesa de Victimas
(Hechos victimizantes, actos terroristas, amenazas)
Integrante Comité de
trabajo, Gestión e Interlocución
Correo: hojasuelta0@gmail.com
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