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LO QUE VA DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS... A LA NECESARIA UNIDAD DE LAS VICTIMAS




CARTA ABIERTA A LOS LÍDERES Y LIDERESAS DE LAS MESAS DE VICTIMAS, MESAS DE FORTALECIMIENTO OPD Y OTROS ESCENARIOS DE LAS VÍCTIMAS

Ha transcurrido un año de implementación de la ley de víctimas y dieciocho meses desde la sanción por parte del señor presidente Juan Manuel Santos, y la verdad sea dicha, los avances en materia de reparación y restitución son apenas precarios, si se considera la gigantesca planta de personal,  vinculada a la Unidad Restitución y a la Unidad de Reparación, además de la gran cantidad de publicidad que se emite por diversos medios de comunicación. 

Sin embargo, al valorar los detalles de los “avances” de la Ley, hay que señalar que en la implementación de la misma persisten problemas graves que han sido señalados con anterioridad, no sólo por las Organizaciones de Víctimas y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T 025/04, sino también, por el informe elaborado por los órganos de control en el mes de agosto de 2012. Entre esas graves fallas en la implementación de la ley se encuentran las siguientes: 

No se ha creado el registro único de víctimas, requisito para acceder a los “beneficios” que otorga la ley en mención.

Igualmente, y lo anotamos como un problema grave, la insistencia por parte de muchos funcionarios de confundir medidas de atención, ayuda humanitaria como medidas de reparación, tratando de generar confusión entre la población víctima.

También el tema de la financiación para que la reparación y restitución sean posibles, genera muchas preguntas, especialmente lo atinente a la responsabilidad de los entes territoriales para disponer los recursos para financiar sus compromisos con la ley y las fuentes que nutrirán los fondos de reparación y restitución de tierras.

Siguen siendo reiterada las quejas de los líderes y la lideresas en relación al problema de la protección y la prevención el riesgo, a la fecha del presente informe han sido asesinados por lo menos un integrante de mesa municipal de victimas, y varios han sido amenazados, otros han tenido que desplazarse, entretanto la respuesta de la Unidad Nacional de Protección, siguen siendo lenta y con medidas que no atienden a los requerimientos y las necesidades de las víctimas.

La ley no podido resolver el tema de la estabilización socioeconómica de las víctimas y a la fecha no se presenten alternativas claras para dar solución a este problema.

Más allá de las expectativas que ha generado el anuncio de las viviendas gratis no existe la suficiente claridad para determinar cómo las víctimas accedan a estos beneficios y cuáles son los criterios de acceso a estas casas.

Persiste el problema de la divulgación de la ley, las víctimas no conocen sus derechos, la publicidad que se emite sólo da cuentas de los resultados de manera general, generando gran expectativa, y por supuesto confusión entre las víctimas.

Los problemas más graves se evidencian en el tema de participación, ésta se sigue desarrollando sin las suficientes garantías materiales, con bastantes dificultades para el cumplimiento de las agendas establecidas en coordinación con las mesas de victimas, y particularmente, las convocatorias a los escenarios de participación, siguen teniendo graves problemas en los procedimientos democráticos para la designación de los integrantes de las mesas, la convocatoria con suficiente anterioridad a diversas instancias de representación, la designación formal de representante a varios sub comités técnicos que no se han reunido ni una sola vez desde que se establecieron y la claridad para que los representantes cuenten con las garantías de una deliberación autónoma y decisiva.

No obstante estas faltas de efectividad en la ley para satisfacer  las expectativas y derechos de las víctimas, la respuesta que hemos proporcionado desde las victimas y particularmente desde sus organizaciones no se compadece con la gravedad del problema, que sin duda alguna significan en la práctica limitaciones para acceder al derecho a la Reparación y a la Restitución.

Lo que viene sucediendo entre las organizaciones de víctimas, es un fenómeno que es necesario analizar y comprender en todas sus dimensiones y superarlo rápidamente. Este fenómeno, que sin duda es una debilidad política y organizativa, facilita a las instituciones su incompetencia, falta de eficiencia y eficacia a la hora de atender las demandas de las víctimas.

Transcurridos 100 días desde la instalación de las mesas transitorias de víctimas lo que se ha hecho evidente es la poca capacidad de las organizaciones para posicionar las discusiones políticas, que obliguen al gobierno cumplir cabalmente lo establecido la ley 1448 de 2011 y las otras disposiciones y jurisprudencias que hagan efectivos y oportunos todo los derechos de las víctimas.

Por esta razón hoy asistimos a la más profunda desatención en aspectos mínimos como la salud, educación, vivienda, empleo, atención psicosocial, ayudas humanitarias de emergencia y en la programación de la prórroga de ayuda humanitaria, e incluso la inscripción en el registro único de víctimas, mientras se muestra a la sociedad como se “repara” y “restituye” a las víctimas, creando una sensación de que las víctimas ya han resuelto sus problemas. Esto pasa mientras nosotros y nosotras “mal” llamados lideres, nos dejamos llevar por discusiones menores, que desgastan y nos hacen perder autoridad y legitimidad ante nuestras bases y las victimas en General.

Es urgente reflexionar: seguimos siendo funcionales a la institucionalidad, al no ser capaces de superar nuestras desconfianzas, egoísmos, afanes de  protagonismo, entre otros defectos propios de los seres humanos. 

Frente a esta realidad, urge un acto de generosidad política que haga posible ponernos de acuerdo en una agenda mínima y establecer una coordinación política, que envíen mensajes claros que no dé lugar a equívocos, para que el gobierno y su representantes entienden que las víctimas merecemos trato digno y respeto, conforme a la ley y a jurisprudencia que garanticen nuestros derechos.

Hoy por hoy, conforme ésta la discusión política en Colombia y particularmente la poca voluntad política del gobierno para garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas, se requieren liderazgos político-sociales que superen la discusión entre víctimas y desplazados y entre estas, con las organizaciones de derechos humanos, éstas son divisiones falsas, aquí todas y todos somos no sólo victimas del conflicto, sino revictimizados por un gobierno que aprovechando la debilidad orgánica de las víctimas, distrae,  cooptar, engaña a las víctimas, convirtiendo la asistencia social mínima en reparación.

En las veredas, municipios y regiones, las víctimas y sus organizaciones están a la espera de orientaciones claras para enfrentar la falta de acción del gobierno, miles y miles de víctimas están a la espera de que formulemos propuestas unitarias a las bases, que presenten alternativas serias de solución a sus problemáticas cotidianas, hacen falta más pronunciamientos sobre diferentes temas de la política nacional que afecten a las víctimas, hace falta igual promover más movilizaciones, es necesario promover con mayor audacia e iniciativa política soluciones reales al problema de la restitución, al retorno con garantías de seguridad y desarrollo socioeconómico.

Cierto es que muchos de nosotros y nosotras hemos cometido errores, algunos por acción u otros por omisión o dejar hacer, en este sentido a las bases de las organizaciones corresponde la tarea de elevar la vigilancia y control sobre sus dirigentes, sólo ellos pueden remover los elementos que le hacen daño al proceso organizativo de las víctimas, adoptando para ello ejercicios democráticos, que superen el caudillismo, la corrupción, el autoritarismo, el aprovechamiento de la representación para beneficio exclusivamente personal, insisto esta renovación sólo puede provenir de las bases.

Este es un buen momento para ese propósito, la ley de víctimas ha establecido procesos y procedimientos que permiten que los liderazgos surjan desde los municipios, esto debemos comprenderlo como un cambio positivo, ahora contamos con mecanismos que deben permitir que los dirigentes rindan cuentas y si no  “damos bolas”, pues habrá necesidad de promover los respectivos cambios.

La tarea presente es sin duda, visibilizar toda la problemática que se está dando al primer año de la ley de víctimas, hay que documentar toda esta situación y producir los informes respectivos, enviarlos a la comisión legal de seguimiento en el congreso de la república, a la corte constitucional,  a la prensa, a la comunidad internacional, a la cooperación. Se trata de elaborar informes lo suficientemente sustentados con cifras, datos precisos, que den cuenta precisamente de la precariedad, que se menciona en todos los talleres para atender los derechos y las demandas de las víctimas.

Igualmente hay que  trabajar sin más demora en la discusión, elaboración de un buen protocolo de participación efectiva, significativa, incluyente y  diferenciada, a partir de los talleres que se han realizado en los enfoque diferenciados,  los hechos victimizantes y en las regiones, y considerando que no son un auténtico proceso de participación, sí han arrojado insumos importantes y propuestas concretas de muchas víctimas en muchas regiones en relación con el derecho efectivo a la participación. Insistir en la necesidad de que el protocolo sea un decreto reglamentario, que obligue las autoridades a generar todas las condiciones para la participación y el fortalecimiento organizativo autónomo y democrático. El protocolo que proponen la UARIV, no satisface nuestras expectativas, no es más que un buen documento estudio, pero es largo y complicado para su lectura y comprensión, debemos elaborar un nuevo documento, a partir de las propuestas existentes y los aportes de las regiones y exigir que este protocolo sea un instrumento legal sancionado por el Presidente la república o por el ministro del interior, o por el consejo de ministros.

El llamado entonces es a construir un acuerdo de agenda mínima que contenga los siguientes aspectos:

1.       Respaldó el proceso diálogos que se adelanta en la Habana, solicitando que se inicien procesos similares con  el ELN y  el EPL, que este proceso se sigue desarrollando bajo las condiciones del cese bilateral de fuego las hostilidades y exigiéndole tanto al gobierno, como las guerrillas, a no levantarse de la mesa hasta no lograr un acuerdo de terminación al conflicto, igualmente demandando la apertura de escenarios que permitan la participación de los representantes de las víctimas para discutir la agenda con los representantes tanto del gobierno como la insurgencia.

2.             Exigir reales garantías de participación a las nuevas mesas de victimas que se conformen en abril, para lo cual desde ya debe iniciarse planes de divulgación y promoción en los municipios que facilite y no obstaculicen los procesos descripción y actualización de datos.

3.          Exigir planes de prevención y protección a los líderes, lideresas y organizaciones, estos planes deben superar todas las barreras que hoy a se ponen desde la UNP,  particularmente solicitar al alto gobierno un plan de promoción al respecto y apoyo a la actividad de los líderes, lideresas y su organizaciones por la defensa de los derechos de las víctimas.

4.             Solicitar se establezcan planes reales para el acceso de la reparación/restitución a mujeres, huérfanos, adultos mayores, discapacitados y a comunidades afro, indígenas y pueblos ROM.

5.       Elaborar y conseguir la financiación de un proyecto de apoyo, promoción y fortalecimiento de los procesos organizativos desde los municipios, departamentos y nacional, en caminado a desarrollar procesos de formación, empoderamiento, incidencia política, y movilización.

6.       Impulsar para el año 2014 el primer congreso nacional de víctimas promovido a partir de eventos preparatorios  municipales y departamentales.

7.      Instalar un observatorio de la Reparación y la Restitución que haga seguimiento desde las organizaciones, a los avances y dificultades en la implementación de la ley, particularmente en estos dos aspectos.

8.             Solicitar una cita con el Sr. Presidente de la república y presentar nuestras inquietudes respecto a los avances, dificultades, y propuestas en torno al mejoramiento del proceso implementación de la ley.

9.       Impulsar la movilización del nueve abril, día nacional de las víctimas exigiendo mayor avance en la implementación de la ley de Reparación y Restitución y en respaldo a los diálogos de la Habana.

10.         Participar activamente en la preparación, y realización de las audiencias congresionales, que inician en el mes de febrero del presente año,  promovidas por las comisiones de derechos humanos y paz del senado y la cámara de representantes, para tomar las propuestas de las victimas al quinto punto de la agenda de diálogos.

11.         Impulsar una jornada nacional de desobediencia civil de las víctimas el próximo 10 de junio, a los dos años de sanción de la ley de víctimas, indicando nuestra inconformidad con el desarrollo y los avances de la ley.

12.         Establecer una comisión accidental integrada por organizaciones de víctimas, OPDS, mujeres, afros, indígenas, pueblo ROM y organizaciones defensoras de las víctimas, para que recogiendo los insumos y aportes que surjan de de los talleres regionales y elabore un borrador de protocolo y lo ponga a consideración de la Asamblea de la Mesa Nacional de Víctimas a realizarse en el mes de febrero.                     
La unidad de las víctimas, es un asunto urgente, que de no superarse, ahondara las dificultades y profundizara “rivalidades” que en todo caso aumente la vulnerabilidad, el riesgo de todos y todas. Que sea nuestra unidad, la de las víctimas la que determine el avance y tamaño de la reparación y la restitución, y no la Unidad de Victimas la que nos imponga ritmos y agendas en contravía de nuestras expectativas y derechos.
Alfonso Castillo
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria. ANDAS
Integrante Mesa de Victimas (Hechos victimizantes, actos terroristas, amenazas)
Integrante Comité de trabajo, Gestión e Interlocución

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