DESMONTE “GOTA A GOTA” DEL
PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE SOBREVIVIENTES DE LA UP Y EL PCC
Por Alfonso castillo
Militante y sobreviviente del PCC y UP
Defensor de Derechos Humanos
hojasuelta0@gmail.com,
Llama bastante la atención, el
estado en que se encuentra el llamado “programa especial de protección a
sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista”,
como se sabe en los últimos años, hemos asistido al desmonte gradual de algunos
medidas de protección, las cuales han sido aceptadas pasivamente y en algunos
casos incluso hemos justificado.
Sin embargo, más allá de las
razones y formas que hayan existido para tal retroceso, lo cierto es que hoy el
programa se encuentra en un estado, sino humillante, por lo menos indignante,
ante lo cual es necesario que como sobrevivientes del genocidio contra la Unión
Patriótica y el Partido Comunista, se actué consecuentemente, y se realicen las
acciones políticas que muestren el desacuerdo con este tratamiento de “doble
juego” cuando de un lado, se dice por el alto gobierno que la Unión Patriótica tendrá
todas las garantías, mientras al mismo tiempo, se faculta y respalda tanto al CERREM
y, como a la Unidad Nacional de Protección, para que recorte, disminuya y sabotee
el funcionamiento del programa, desmontando
medidas de protección de manera unilateral saboteando el principio de
concertación que debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar nuevas medidas.
Así en la práctica no se han
impuesto:
- · Disminución en el número de ayudas humanitarias de reubicación.
- · Recorte de minutos en los equipos de comunicación.
- · Disminución de al menos el 50% del suministro de combustible para los vehículos asignados a la protección.
- · Negativa de autorizar misiones de trabajo a los escoltas.
- · Negativa de aprobar tiquetes aéreos a los escoltas para acompañar a sus mañana después en respectivos protegidos.
De esta manera, mañana o tal vez
pasado, nos tocará pagar el mantenimiento de los vehículos, asumir los gastos
de viaje de los escoltas y veremos cómo se disminuye el número de esquemas de
protección y todo con el argumento de
estar incluidos en un programa de protección que sirve al gobierno para impostar
ante la comunidad internacional y
particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su
compromiso con la prevención y la protección de militantes, dirigentes y
simpatizantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.
Es necesario entonces,
reflexionar sobre la forma en que hemos de responder a esta situación, será
necesario solicitar una reunión con el Presidente Juan Manuel Santos, y también
con el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Pero más allá de ello es
necesario que organicemos una acción política que indique nuestro grado de
inconformidad y desacuerdo con la forma en que desde la Unidad Nacional de Protección
se vienen desmontando las medidas de protección para militantes y dirigentes de
la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
Es necesario reaccionar de alguna
manera frente a la situación descrita anteriormente, en especial para no seguir
incrementando la sensación que entre algunos y algunas de nosotros se han generado sentidos de “acomodamiento”.
Los mal llamados “beneficiarios
de los programas de protección”, no podremos ser en adelante, las personas más
afectadas por las medidas de recorte que se impulsan en administración pública
y especialmente en la Unidad Nacional de Protección, cuando justamente en esa
entidad lo que se ha revelado públicamente es un cartel de corrupción en el que
altos funcionarios obtuvieron para beneficio particular jugosas utilidades al
asignar sin cumplir los requisitos legales, contratos para la prestación del
servicio de contratación de vehículos, telefonía celular, e incluso en el otorgamiento
de las concesiones a empresas privadas para la prestación del servicio escoltas,
desmontando la responsabilidad que el estado Colombiano tiene con la protección
de ciudadanos en riesgo.
El papel del Partido Comunista,
como destacamento revolucionario y de la Unión Patriótica organización política
a la cual se le ha restablecido la personería jurídica, como reconocimiento de
una arbitrariedad cometida por las autoridades Colombianas, no puede ser otro,
que el exigir con dignidad los derechos que han sido conquistados en los
escenarios jurídicos internacionales, y en reconocimiento de un genocidio
político y los que deben ser acatados por el estado Colombiano, y los cuales no
pueden ser desmontados de manera unilateral y silenciosa en una política de
gota a gota, para que al final participemos de una “caricatura de protección”.
Es hora de actuar políticamente y
exigir al estado colombiano responda integralmente con sus obligaciones de
protección¡¡¡¡
Bogotá 30 de octubre
de 2014
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