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ACTUAMOS O EL DESMONTE DEL PROGARAMA DE PROTECCIÓN SE ACELERA

DESMONTE “GOTA A GOTA” DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE SOBREVIVIENTES DE LA UP Y EL PCC
Por Alfonso castillo
Militante y sobreviviente del PCC y UP
Defensor de Derechos Humanos
hojasuelta0@gmail.com,


Llama bastante la atención, el estado en que se encuentra el llamado “programa especial de protección a sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista”, como se sabe en los últimos años, hemos asistido al desmonte gradual de algunos medidas de protección, las cuales han sido aceptadas pasivamente y en algunos casos incluso hemos justificado.


Sin embargo, más allá de las razones y formas que hayan existido para tal retroceso, lo cierto es que hoy el programa se encuentra en un estado, sino humillante, por lo menos indignante, ante lo cual es necesario que como sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, se actué consecuentemente, y se realicen las acciones políticas que muestren el desacuerdo con este tratamiento de “doble juego” cuando de un lado, se dice por el alto gobierno que la Unión Patriótica tendrá todas las garantías, mientras al mismo tiempo, se faculta y respalda tanto al CERREM y, como a la Unidad Nacional de Protección, para que recorte, disminuya y sabotee  el funcionamiento del programa, desmontando medidas de protección de manera unilateral saboteando el principio de concertación que debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar nuevas medidas.

Así en la práctica no se han impuesto:

  • ·         Disminución en el número de ayudas humanitarias de reubicación.
  • ·         Recorte de minutos en los equipos de comunicación.
  • ·         Disminución de al menos el 50% del suministro de combustible para los vehículos asignados a la protección.
  • ·         Negativa de autorizar misiones de trabajo a los escoltas.
  • ·     Negativa de aprobar tiquetes aéreos a los escoltas para acompañar a sus mañana después en respectivos protegidos.


De esta manera, mañana o tal vez pasado, nos tocará pagar el mantenimiento de los vehículos, asumir los gastos de viaje de los escoltas y veremos cómo se disminuye el número de esquemas de protección y todo con el argumento  de estar incluidos en un programa de protección que sirve al gobierno para impostar  ante la comunidad internacional y particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su compromiso con la prevención y la protección de militantes, dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Es necesario entonces, reflexionar sobre la forma en que hemos de responder a esta situación, será necesario solicitar una reunión con el Presidente Juan Manuel Santos, y también con el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Pero más allá de ello es necesario que organicemos una acción política que indique nuestro grado de inconformidad y desacuerdo con la forma en que desde la Unidad Nacional de Protección se vienen desmontando las medidas de protección para militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.



Es necesario reaccionar de alguna manera frente a la situación descrita anteriormente, en especial para no seguir incrementando la sensación que entre algunos y algunas de nosotros se han generado  sentidos de  “acomodamiento”.

Los mal llamados “beneficiarios de los programas de protección”, no podremos ser en adelante, las personas más afectadas por las medidas de recorte que se impulsan en administración pública y especialmente en la Unidad Nacional de Protección, cuando justamente en esa entidad lo que se ha revelado públicamente es un cartel de corrupción en el que altos funcionarios obtuvieron para beneficio particular jugosas utilidades al asignar sin cumplir los requisitos legales, contratos para la prestación del servicio de contratación de vehículos, telefonía celular, e incluso en el otorgamiento de las concesiones a empresas privadas para la prestación del servicio escoltas, desmontando la responsabilidad que el estado Colombiano tiene con la protección de ciudadanos en riesgo.

El papel del Partido Comunista, como destacamento revolucionario y de la Unión Patriótica organización política a la cual se le ha restablecido la personería jurídica, como reconocimiento de una arbitrariedad cometida por las autoridades Colombianas, no puede ser otro, que el exigir con dignidad los derechos que han sido conquistados en los escenarios jurídicos internacionales, y en reconocimiento de un genocidio político y los que deben ser acatados por el estado Colombiano, y los cuales no pueden ser desmontados de manera unilateral y silenciosa en una política de gota a gota, para que al final participemos de una “caricatura de protección”.

Es hora de actuar políticamente y exigir al estado colombiano responda integralmente con sus obligaciones de protección¡¡¡¡

Bogotá 30 de octubre de 2014


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