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Hacia un programa para un gobierno democrático popular y de transición



Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
+57 3102125193
twitter:@castilloalfo
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El país asiste a un momento extraordinario de su historia política y social, esto derivado fundamentalmente de la trascendencia que tiene el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC y también derivado de las posibilidades que abre para las trasformaciones democráticas el acuerdo final de paz suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC el 24 de noviembre del año 2016.

La posibilidad de concretar estas transformaciones tienen que ver en todo caso, con que el movimiento social, popular y democrático, aúne los esfuerzos para superar las diferencias, los egoísmos y los individualismos, que no han permitido presentar una propuesta unitaria qué concite el respaldo ciudadano en torno a la defensa de los valores democráticos y la construcción de la paz con justicia social. De no lograrlo, estaríamos a merced de gobiernos como el del propio nobel de paz que ha sido incapaz de mostrar voluntad de cumplir el propio acuerdo que el suscribió.
Surge entonces la necesidad de construir un acuerdo programático que logre concitar el más amplio respaldo popular, gremial y político de los sectores democráticos en el país. Para lo cual presento algunos aportes:

  • Ø  Por la defensa y priorización del gasto social que asegure garantice el derecho a la educación, salud, vivienda, empleo y fortalecimiento de la economía campesina, garantizando en ello el acceso preferente de mujeres, grupos étnicos y víctimas.
  • Ø  Lucha efectiva contra la corrupción, promoviendo leyes de castigo político, patrimonial y penal a los responsables de dilapidar y malversación de fondos públicos, de inmediato se suspenderán contratos con personas implicadas en actos de corrupción.
  • Ø  Respecto al modelo económico, se suspenderán los tratados, convenios y prácticas que lesionen y menoscaben la soberanía y el bienestar de las mayorías nacionales, particularmente si esto afecta la generación de empleo digno a los y las colombianas.
  • Ø  Defensa de los recursos naturales, promoviendo un plan nacional de renegociación de las concesiones minero-energéticas y celebración de nuevas garantizando el interés nacional, así como la defensa y protección del medio ambiente, principalmente el  agua, los bosques y la biodiversidad.
  • Ø  Fomento de la producción agrícola campesina de alimentos, recuperación de la industria nacional y desarrollo de la construcción de vivienda popular como mecanismos para la generación de empleo digno
  • Ø  Defensa de los derechos humanos como política pública de estado, desmonte de la estructuras paramilitares, así como del aparato criminal del ESMAD, desmonte inmediato del servicio militar obligatorio, garantías de no repetición y fomento  a la atención de las víctimas del conflicto armado, así como, la garantía de promoción de ejercicios de construcción de la verdad histórica desde la narrativa de las víctimas.
  • Ø  Campaña nacional contra el patriarcalismo, por la defensa de todos los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y las comunidades LGBTI.
  • Ø  Por el desarrollo de un ejercicio soberano de gobierno, democrático que no está sujeto a los dictámenes de la banca transnacional, ni mucho menos de gobiernos extranjeros.
  • Ø  Por el desarrollo de un programa que favorezca el fortalecimiento de la justicia, como sector e independiente del gobierno, con autonomía presupuestal y el desarrollo en la carrera administrativa en la rama del poder judicial.
  • Ø  Revisión de los salarios tendiente a superar la enorme brecha entre los que más ganan en la función pública y el salario mínimo legal.
  • Ø  El gobierno será ejemplo de eficacia, eficiencia y transparencia.
  • Ø  Por la promoción de un programa de empleo que privilegia el acceso de los jóvenes y las mujeres, a empleo digno, bien remunerado y estable, igualmente se promoverán programas de vinculación de grupos de adultos mayores a empleos acordes a sus capacidades y experiencia.
  • Ø  La juventud será objeto especial atención por parte del gobierno democrático, en tal sentido se privilegiaría su acceso a la educación pública gratuita, de buena calidad, a programas de formación deportiva y cultural, así como la garantía la protección a la vida, la integridad y el acceso a programas de salud.

El debate sobre un programa democrático está abierto y es necesario que el movimiento social, haga sus elaboraciones que contribuyan a la construcción de los consensos necesarios para ganar espacios de gobernabilidad.


Bogotá, 14 de junio de 2017.

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