Alfonso Castillo
Defensor de derechos humanos
Afiliado Unión Patriótica
Un año después de la derrota del plebiscito del 2 de Octubre
de 2016, en el que una poderosa caterva de la élite política del país, le
aposto a impedir el avance del acuerdo de paz y poner fin a la guerra, y logro
consolidar una matriz de opinión que hoy continúa saboteando cada desarrollo de
la construcción de la paz.
Después de ese oscuro día, la voluntad de los sectores
democráticos logro salirle al paso a este impase y finalmente se firmó un nuevo
acuerdo de paz, el 24 de noviembre en el teatro Colon en Bogotá, que se
convierte en un importante instrumento para derrotar la guerra, y abrir el camino
para impulsar transformaciones democráticas para un nuevo país.
A partir de ese momento, el país ha asistido a una larga
lista de hechos que dejan ver claramente dos situaciones que explican la
complejidad de este proceso que se ha dado en llamar la implementación de los
acuerdos: De un lado una guerrilla, con todo el compromiso de cumplir y
transitar a un proyecto político, así se han trasladado a las zonas veredales,
aunque ellas nunca estuvieron en condiciones dignas, se cumplió con el desarme y
con la entrega de bienes, aunque la gran prensa y el gobierno trataron de
ridiculizar este compromiso, se entregaron los menores de edad y se integró el nuevo
partido, se participio en la conformación de listados de los integrantes de las
FARC, aunque el gobierno se intenta lavar las manos, acusando a las FARC de
“meter” narcotraficantes en el listado
de 13.000 integrantes , como si la confección de este listado no fuese tarea
conjunta y labor no cerrada y sin considerar que se trata de un ejercicio, se
hace sin base de datos, porque la guerrilla era un ejército clandestino y
compartimentado.
No se puede decir lo mismo del compromiso del gobierno, que
no fue capaz de construir los campamentos en las ZVTN, tampoco cumplió el
procedimiento de consulta ciudadana para elaborar los proyectos de Ley del
Fast-track, no ha facilitado la libertad de los presos de las FARC y sabotea el
proceso de reintegración de guerrilleras y guerrilleros.
La discusión de las leyes en el congreso, han servido para
que parlamentarios impongan una renegociación del acuerdo y el gobierno se ha
prestado para ese chantaje; igualmente hoy son precarias las condiciones humanitarias
en las ZVTN.
Todos estos incumplimientos, muestran claramente la “PATRACIADA” del gobierno frente a lo pactado
con la guerrilla. El 24 de noviembre en
el teatro Colon. Ahora bien; sobre este incumplimiento, no hay que llamarse a
engaños, el gobierno y Juan Manuel Santos no tiene ninguna voluntad en cumplir,
y esto no tiene que ver como lo dicen algunos, con el poco respaldo que tiene
el presidente, o que se trata de un problema con algunos funcionarios que
sabotean lo que el presidente ordena u otras tantas excusas.
Es mejor no equivocarse, Santos es por naturaleza un
traicionero, o de que otra manera se puede leer, la orden de asesinar a Alfonso
Cano, con quien estaba dialogando para dar forma al incidió de dialogo
FARC_Gobierno. La actitud del presidente es natural a su clase, la elite
colombiana, no quiere y no le interesa cumplir lo pactado, quieren como clase
dominante una paz vacía, sin cambios y transformaciones democráticas y
sociales, así se debe entender la lentitud, con la que el gobierno elabora los
decretos e iniciativas legislativas, que materializan la implementación del
acuerdo. No se puede ser ingenuo, este gobierno poco se interesa en seguir el
espíritu del acuerdo, por cuanto solo se interesó en la desmovilización de la
guerrilla.
De otro lado no se debe descuidar la forma de proceder del
gobierno que impulsa una política social, presupuestal, minero energética y de
respeto y protección delos derechos humanos, con el desarrollo del código de policía,
entre otras, que a todas luces van en contravía de la construcción de una paz duradera
y estable en el país.
Es por esta razón, que es necesario que demócratas y amigos
de la paz, tengan claro cómo actuar en este compleja pero esperanzador momento político. En primer lugar,
defender el potencial transformador del acuerdo final; en tanto que desde él se
debe impulsar un gran movimiento que exija al Gobierno el cumplimiento de lo
pactado, esta movilización política es con
la gente y en la calle, pero también con articulación del movimiento
democrático y popular que debe superar su dispersión e incluir la bandera de la
paz en sus luchas.
De otro lado, es necesario seguir denunciando a sectores de
la derecha y ultraderecha, que metiendo miedo y engaño, sigue generando
confusión y oposición al acuerdo y de alguna manera favoreciendo la continuidad
de la guerra, así como el fomento y promoción del paramilitarismo como aparato
criminal para sabotear y criminalizar a quienes promueven la paz, la justicia y
la verdad. En este sector se agrupan Uribistas-Vargas-Lleristas-Santistas, el
Fiscal General de la Nación, algunos dirigentes mal llamados demócratas, que de
conjunto y enarbolando un discurso anti FARC tratan de ocultar el pánico que
les da aspectos tan importantes del acuerdo final, como es la Justicia Especial
para la Paz y particularmente la Comisión de la Verdad.
Un aspecto no menos importante, es continuar promoviendo la
Catedra y Pedagogía para la Paz, y con ella desarrollar un acción sistemática
sobre organizaciones sociales, populares, sindicales, para explicar los
alcances, desarrollos, dificultades, potencialidades y esperanzas que tiene
cada uno de los puntos del acuerdo: 1)
Reforma Rural Integral: 2)
Participación Política : 3) Acuerdos sobre victimas (Sistema general de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición: 4) Drogas de uso ilícito: 5)
Acuerdo sobre género. Este trabajo debe
dirigir a acciones específicas a la juventud y a las mujeres.
También es importante promover la solidaridad con el nuevo
partido de FARC, acompañando sus denuncias y tal como se prevé, rodeando las
zonas veredales, protegiéndolas de amenazas del paramilitarismo y ultraderecha,
así como brindar solidaridad material con centenares de hombres y mujeres que
le están apostando a la construcción de una patria nueva. En este aspecto no
olvidar las exigencias de libertad a los miles de prisioneras y prisioneros que
exigen cumplir lo pactado, sin olvidar la demanda al gobierno colombiano y
norteamericano para la libertad de los guerrilleros presos en cárceles gringas.
No menos importante vincularse a las batallas políticas de
movilización, contra la política, social y económica del gobierno, en especial
la semana de indignación del 9 al 12 de octubre, y la campaña electoral del
2018 -2019, y vinculándose a la movilización contra la corrupción,
diferenciándose de oportunistas y politiqueros, fortalecer la lucha contra el
modelo económico, no menos importante, la defensa de los DDHH y el respaldo a el
dialogo con el ELN. Igualmente y sin duda por la defensa de la revolución Bolivariana
de Venezuela y los procesos democráticos y revolucionarios de América Latina
con cuba a la cabeza.
Es la hora de desenmascarar al gobierno elitista y violento
de Juan Manuel Santos, así como a la elite de derecha y ultra derecha, que
quieren mantener sumergido al país en la “horrible noche de la guerra”, el
pueblo debe movilizarse y exigir su derecho a la paz.
Bogotá 3 de octubre de 2017.

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