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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 LOS DERECHOS HUMANOS ENTRE LA ESPERANZA Y LA FRUSTRACIÓN

Alfonso Castillo
Defensor de derechos humanos
Historiador 


 A manera de introducción.
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Participamos en 1990, con todo el entusiasmo y la esperanza de  la propuesta estudiantil y social de la séptima papeleta, con la idea que ella nos llevariá a superar la grave problemática socioeconómica que vivía el país. Durante toda la década de 1980, Colombia, había asistido a una precarización de las condiciones de vida del pueblo,y a un incremento en la violencia por cuenta del incremento en las violaciones de los derechos humanos por cuenta de los agentes estatales, así como de un incremento del fenómeno criminal del narcotráfico, y también de una intensificación del conflicto armado entre el estado colombiano y las guerrillas existentes para la década de los años 80, panorama que había  llenado de desesperanza la sociedad colombiana, por ello el sueño de cambiar la constitución por parte de sectores estudiantiles y movimientos sociales y populares, albergaban la ilusión de crear una nueva carta política que permitiera lograr la paz, generando una constitución que supera las altas tasas de desigualdad económica, así como construir un escenario de participación política que incluyera la diversidad sociopolítica que existía en el país.


Sin embargo nunca imaginamos que la nueva constitución aprobada en julio de 1991, que surgió como una luz de esperanza se fuera desvaneciendo lentamente y el país siguiera asistiendo a la degradación de la violencia, llenando del dolor y frustración campos y ciudades.

El país sigue después de 25 años de aprobación e implementación de la constitución política, a la espera de construir la paz, el desarrollo de la democracia y la superación de las grandes brechas económicas que agudiza en el panorama de violencia, por ello de nuevo se deposita la confianza en que el acuerdo de paz y las negociaciones entre gobierno y las insurgencias sea la herramienta que permita concretar este largo anhelo el pueblo colombiano y desde los escenarios que ellos abren crear los ambientes propicios para impulsar una nueva asamblea nacional constituyente que facilite la creación de una nueva carta política que nos permita y proporcione las reglas del juego necesarias para una paz duradera y estable.

El contexto sociopolítico que antecede a la constitución política de 1991

En los años 80 el país conocio y su máximo esplendor la agudización de la crisis institucional que consecuentemente condujo a un agotamiento de los valores éticos y de la identidad nacional, contribuyeron a esta crisis varios elementos que sin duda alguna tienen relación con la agudización de la desigualdad económica, “… El modelo de desarrollo económico implementado en los últimos años ha acelerado la concentración de riquezas y beneficios, acentuado el contraste entre privilegiados y excluidos” Angarita: página 198, de acuerdo con las cifras de la economía nacional, el país había registrado un índice de crecimiento económico sostenido en los últimos 30 años que en promedio significaba un 4,6% anual, una de las tasas más altas del continente latinoamericano. Esta gran brecha económica,  facilito que surgieran del seno de la sociedad múltiples expresiones de violencia sociopolítica entre las cuales se destacan las siguientes durante la década de los 80:

a)    Auge del accionar de grupos guerrilleros (ELN, FARC, M 19, Quintín Lame, Autodefensa Obrera ADO, EPL, PRT) agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, quiens promovieron conversaciones de paz durante el gobierno del Belisario Betancur, conversaciones que no llegaron a situaciones concretas de acuerdo, pero que permitieron la firma de treguas unilaterales por parte de algunos grupos guerrilleros entre 1984 y 1985.
b)    Agudizacion de la  vulneración de los derechos humanos entendidos éstos como la actuación de agentes institucionales en la vulneración de libertades y derechos a los ciudadanos y organizaciones sociales, como los sindicatos, coordinadoras cívicas, organizaciones juveniles y militantes de organizaciones de izquierda, está aguda crisis de derechos humanos venía llamando de manera creciente la atensión de la comunidad internacional que había realizado reiterados llamados a los gobiernos respectivos sobre esta grave situación.
c)    La irrupción violenta del narcotráfico, en especial los denominados carteles de Medellín y de Cali, que promovieron enfrentamientos entre ellos y de ellos contra el estado colombiano
d)    Crisis de legitimidad de las instituciones motivada por el creciente fenómeno de la corrupción y la clientelización de la política, todo esto afectado por los recursos provenientes del narcotráfico que comprometió a múltiples instituciones gubernamentales.
e)    La toma y retoma del palacio de justicia en noviembre 1985 tras una acción militar del M-19, que provocó la reacción violenta de las fuerzas militares, dejó en evidencia un complejo panorama de violación de derechos humanos y sobre todo, la manera en que los militares en Colombia tenían en buena medida control político detras del poder civil.
f)     Desde mediados de la década del 80 (1985) el surgimiento del proyecto político alternativo Unión Patriótica y el desarrollo y la primera fase criminal genocida contra este, dejando ver claramente la intolerancia y uso de la violencia de la clase política contra sectores de oposición.
g)    Consolidación del proyecto paramilitar como estrategia del estado colombiano para contrarrestar la lucha social, que durante la década de los 80 habían mostrado gran capacidad de movilización y de lucha. El paramilitarismo como estrategia se presentó públicamente como un instrumento de lucha contrainsurgente, pero realmente esto nunca fue así, si no una estrategia institucional de terror y control social.

En medio de este panorama y ante el agotamiento institucional y la ilegitimidad del régimen político, se dan las condiciones para una nueva constitución, lo que se concreta en una amplia movilización estudiantil y social a través del movimiento denominado la séptima papeleta,  con el cual se “obliga” al gobierno elegido en elecciones presidenciales de 1990, (César Gaviria) a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario anotar que la campaña presidencial del 90 provocó el asesinato de tres candidatos presidenciales así: Luis Carlos Galán Sarmiento en agosto de 1989, Bernardo Jaramillo en marzo de 1990 y Carlos Pizarro en abril de 1990.

De esta manera se convoca la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en el mes de diciembre de 1990, la cual inició actividades inmediatamente elegida y el en trascurso de seis meses, 102 constituyentes aprobaron el texto de la nueva Constitución Política de Colombia aprobada el 4 de julio de 1991.

El paradigma de los derechos humanos en la constitución de 1991

El sueño de la generación que impulso a finales de la década de los 80 del siglo pasado, al proponerse la transformación de la centenaria Constitución Colombiana de 1886, que no interpretaba la realidad del país, no era otro que, dotar a la nación de una herramienta, que serviría para derrotar la violencia que precisamente durante la década de los 80, con un país tomado por las mafias del narcotráfico, el pleno desarrollo paramilitar y graves violaciones a los derechos humanos, y así mismo, consolidara la democracia como mecanismo para afrontar los retos del siglo XXI.

No obstante, la revolución pacifica que provoco la nueva constitución de 1991 (Julio 4), con la creación de una nueva manera de concebir la sociedad colombiana, en especial, al establecer un importante catalogo de derechos fundamentales, la creación de la acción de tutela, el reconocimiento de los de los derechos políticos a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, a mujeres y jóvenes, concebir la libertad religiosa y la configuración de un nuevo concepto de soberanía,  la que recae ahora en el pueblo, se lograría entonces superar décadas de guerra y violencia.

Sinnembargo, esto no se logro concretamente, al mantener intacto el régimen económico del país, e incluso, fortalecer el desarrollo del modelo económico neoliberal, que como  hoy se reconoce, ha profundizado la pobreza y la decadencia económica del país, que se postro impávido a los intereses y rapiña de transnacionales y Banca Internacional.

Sin embargo, lo importante no es lo escrito, si no los resultados, 25 años después, la constitución del 1991, deja un sin sabor o una sensación encontrada entre el regocijo de haber sido parte de este de este momento, desde el movimiento de la séptima papeleta, que le impuso a la clase política de ese entonces, la necesidad de convocar una asamblea constituyente que lograra la Paz anhelada por el Pueblo Colombiano. Pero también llega la sensación de frustración, por no haber concretado este sueño colectivo.

Ciertamente la constitución del 91, deja ese vacío  al constatar que no se logro, ni la Paz, ni la mejoría de la situación de Derechos Humanos, ni disminuyo la pobreza, básicamente la constitución del 91, abrió  las puertas del país para el desarrollo pleno del Neoliberalismo y con el entrega del país a mezquinos  intereses de transnacionales, que impusieron un régimen laboral que condujo, al desempleo, la inestabilidad, la tercerización, al mismo tiempo la privatización que se impuso, acelero la espiral de la violencia, se acentuó el modelo paramilitar, utilizado para acelerar el despojo de las tierras y territorios del campo y los campesinos, que ha afectado a más de ocho millones  de colombianos.

Este esquema de privatización y violencia se ha venido incrementando en estos 25 años y aunque se realizaron procesos de paz con las insurgencias, estos no prosperaron porque las clases dirigentes no aceptaron discutir o modificar el modelo económico que se aplica para el país. Salvo el proceso que inicio en 2012 entre el gobierno Santos con la guerrilla de las FARC, que culmino con la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016, y el proceso de dialogo que se adelanta con el ELN por el mismo presidente, en el pasado todos los procesps de paz fracasan en medio de graves panoramas de vulneracion a los derechos humanos.

La constitución política del 91 creó un escenario inédito, “… en abierto contraste con la carta política que la precedió, la constitución del 91 se caracteriza por el énfasis dado en su parte dogmática al reconocimiento de los derechos humanos. Tal enfasis vincula nuestra nueva normativa constitucional a ese movimiento ideas y de actitudes en favor de la dignidad humana…” defensoría del pueblo textos de divulgación #11:1995, pag13.

Lo que sucedió entonces fue que la constitución fue una carta de derechos en la que se incluyeron todo el decálogo de derechos reconocidos universalmente hasta la fecha, así, la constitución política nacional, reconoce los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, contenidos el titulo segundo de la carta política, de manera particular se destacarse la expresión consagrada en el artículo 85 de la constitución en la que se “…advierte que son de aplicación inmediata los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 y 40, es decir de adjudicación directa cuando a solicitud de su titular pueda aplicarse a una concreta y determinadas sin que el legislador haya definido su objeto y su límites…” Madrid Malo:1995, pag 19. Esta situación constituye sin duda alguna un avance en materia de reconocimiento derechos que el país no había conocido en el pasado.

“La carta política de Colombia, con justa razón, ha sido calificada por varios observadores internacionales como de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos, en tanto que consagra las tres generaciones de derechos humanos e incluso derechos como el de la paz que algunos ubican dentro de lo que sería una cuarta generación de los derechos humanos” Angarita:1995, pag 200.

No obstante esta clara manifestación en favor de los derechos humanos, la misma constitución, al mismo tiempo  aprobó los términos que favorecían la instalación en el país, del modelo económico desarrollo neoliberal, lo que sin duda alguna favoreció el interés desmedido de las elites dominantes, empresas transnacionales y conglomerados económicos de todo tipo, para aprovechar estas condiciones e impulsar con la “lógica del capital”, mayores ganancias, menores riesgos económicos, al menor tiempo posible.

De esta manera y mientras se consolida la nueva institucionalidad creada por la constitución política nacional de la sociedad  estaba embelesada por las maravillas de “tener la mejor constitución del mundo”, los grupos económicos, sectores financieros y mafias de toda laya, hicieron lo posible por asaltar la economía nacional y saquear las fuentes de riqueza del país, se vinieron entonces oleadas  de privatización de empresas estatales, se privilegio la privatización de la salud y se incrementó todo la violencia estatal, paramilitar y del narcotráfico en múltiples  regiones del país, lo que trajo como consecuencia un aumento en las cifras de violencia particularmente de desplazados internos, que en un primer momento to parecían una extensión de la violencia sociopolítica, pero que después quedó evidenciado como un fenómeno de desplazamiento de personas y comunidades enteras para apropiación de tierras y territorios llenos de riquezas, entre las que se encuentran recursos minero energéticos, tierras para el desarrollo de la agroindustria, y con importantes recursos hídricos, así como solas para expansión de los cultivos de uso ilícito. También se incrementaron las cifreas de masacres, secuestros, desapareciodos, mutilaciones por efectos de minas anti persona, también aumentaron las cifras de violencia contras las mujeres.

Hoy no es difícil señalar que la constitución política de 1991 fue una colcha de retazos, que si bien satisface a sectores sociales que reclamaban la instalación de un régimen que elevara a rango constitucional los derechos humanos, también dio un juego libre a capitalistas que necesitaban carta abierta para un modelo económico que  superara los inconvenientes que les daba desde el punto de vista económico el estado regulador, que ya les resultaba estrecho y requerían hacer a un lado, para impulsar un modelo de libre competencia, libre mercado a fin de maximizar la rentabilidad y quizá por ello, terminó privilegiandose la voluntad de los empresarios e inversionistas que acompañados de un modelo político violento y la impunidad, ahogo la carta de hechos, que desde un comienzo, tuvo toda la dificultad para desarrollarse, por cuenta de la falta de voluntad política de los gobiernos y poco interés en aportar los recursos económicos que permitieran garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

El resultado final lo conce el país, durante 25 años de la constitución política del 91 la violencia sociopolítica ha persistido e incluso en algunos momentos se ha incrementado, la impunidad, la corrupción y el poder de las mafias siguen siendo una constante en la realidad política del país.

La persistencia de la violencia y Acuerdo de paz,  una nueva esperanza?

Después de un año de frimado el acuerdo de paz y una paquidérmica implementación de los mismos, el país entro en un extraño proceso que transita entre la esperanza de la paz, y el intento de ciertos sectores de prolongar la guerra, la violencia, y el miedo como instrumento de dominación de la voluntad popular. Este fenómeno se ha manifestado en múltiples formas, entre las que se pueden identificar, el proselitismo fundamentado en la mentira  sobre el acuerdo de géneros, la ofensiva legislativa que pretende salirle al paso al acuerdo agrario y la campaña mediática pretendiendo señalar el acuerdo de paz como un ejercicio de impunidad y beneficios  “extraordinarios”  para los guerrilleros de las FARC –EP. Al mismo tiempo que se desata en zonas de influencia de las FARC, una oleada de amenazas, agresiones y asesinatos contra líderes sociales y populares, particularmente vinculados a la defensa del territorio, el agua y la lucha campesina.

Es bueno señalar que los ataques contra el Movimiento Social y popular de oposición al establecimiento, ha sido una constante en los últimos 60 años  de historia del país, motivada por una matriz anti-comunista desarrollada por el estado colombiano, como parte de la guerra contra insurgente promovida desde el gobierno Norteamericano, con la cual se impulsó  el exterminio del movimiento gaitanista, la continua y sistemática persecución al Partido Comunista; la liquidación del movimiento campesino  y cívico en los años 70, seguido por una campaña de desprestigio y estigmatización contra el movimiento sindical, juvenil y de derechos humanos, que posteriormente se tradujo en la  creación del paramilitarismo  y el genocidio contra la UP,  A Luchar y el frente Popular  y todo aquello que representara una amenaza, contra las políticas económicas y anti-democráticas, pretendidas por el gobierno, de este plan no escaparon  ni comunidades religiosas, ni el movimiento de mujeres, que también fueron y son discriminadas por el estado atreves de organismos de inteligencia como el DAS entre otros; así como su Para-estado ilegal el paramilitarismo.


Sin embargo y reconociendo que el asesinato de líderes sociales es una constante en la historia reciente del país, es necesario caracterizar la actual oleada de homicidios y amenazas, como un  plan bien orquestado, desde sectores de las fuerzas militares, la ultra-derecha y seguramente grupos económicos, a quienes no les conviene el avance del actual proceso de paz, por cuanto ven amenazados los intereses político-económicos, con el impulso de la implementación del acuerdo de paz, en especial el papel de las víctimas en la conformación de la comisión verdad, que permitirá que el país se aproxime  al conocimiento de la verdad histórica, y en la concreción del acuerdo de Reforma Rural Integral que podría amenazar sus riquezas adquiridas ilegalmente en el desarrollo de la guerra. Esta  nueva fase de asesinatos se inscribe entonces en el miedo que provoca a las elites vinculadas a la guerra contra el pueblo  si el nuevo acuerdo final firmado el 24 de noviembre de 2016 se empieza a cumplir tal como está escrito.

Amenazas y asesinatos, tienen el macabro propósito, de hacerle creer a comunidades, organizaciones y militantes, que se puede repetir el genocidio contra la UP, la intención es en todo caso, generar miedo y de alguna manera contrarrestar la simpatía que pueda  traer el nuevo proyecto político de las FARC.

Tanto el acuerdo de paz firmado con las FARC como el proceso de dialogo que actualmente se desarrolla con el Ejército de Liberación Nacional, son mecanismos que deben contribuir a fortalecer el ejercicio político, el debate de las ideas y una revitalización de la constitución política, para lo cual el contenido del acuerdo final de paz suscrito entre Gobierno y las Farc establece uno hoja de ruta en materia legislativa, que de cumplirse lo pactado, estaría dando pleno desarrollo al espíritu garantista establecido en la constitución de 1991 y que debido a múltiples circunstancias políticas, sociales y económicas no fueron concretadas, y por el contrario, el desconocimiento de ese espíritu hacen tuvo las cifras de violencia en el país. Sin embargo si el parlamento colombiano continuar con la actitud, mostrada hasta este momento, al negarse a dar los desarrollos democráticos para cumplir lo pactado, las organizaciones sociales la academia y en General la sociedad, deberán apoyarse en el mecanismo de la asamblea nacional constituyente para convertir en normas, no sólo lo pactado entre gobierno y las insurgencias, si no entre otros aspectos el debate sobre el modelo de desarrollo, la modificación al modelo de justicia, la superación de las desigualdades económicas y la transformación del modelo educativo del país. Si la clase política no es capaz de comprender la necesidad de impulsar transformaciones democráticas, para superar décadas de violencia y tierra en el país,, es obligación del constituyente primario, apelar a los instrumentos democráticos consagrados en la normativa internacional para superar esa violencia y conquistar la sociedad democrática y civilizada que requiere el país.

Conclusiones

La constitución política de 1991 se hizo pequeña e inadecuada para superar los graves conflictos de la sociedad colombiana, la responsabilidad de poner fin a esta criminal practica de usar las armas para hacer política es del gobierno y el estado colombiano, para ello hace falta una acción más decidida de desmonte del paramilitarismo, lanzando una política de persecución a su estructura militar, judicialización y sanción penal a sus miembros y conocimiento de la verdad de toda la estructura económica y social que soporta la existencia de este para estado, igualmente, hay que perseguir el andamiaje económico, que soporta la corrupción, narcotráfico y redes de micro y narcotráfico en el que se sustenta el para militarismo.

También es necesario que el gobierno impulse una acción política para respaldar la labor de los y las, luchador@s sociales, sin duda también es necesario que se fortalezca la acción de la justicia para determinar y criminalizar a los responsables materiales e intelectuales de esta oleada de miedo en los territorios, hace falta igualmente que la acción de protección de personas y comunidades amenazadas exista sea mucho más eficaz de los que hasta ahora lo ha sido.

No menos importante es el fortalecimiento de los procesos organizativos y comunitarios, que permita a las organizaciones entender la complejidad y trascendencia de este momento histórico, y así desarrollar una movilización política más articulada y sistemática en favor de la paz con justicia social, de lo contrario estará el país asistiendo a la perdida de oportunidad de terminar la guerra, exigiendo profundizar los diálogos con el ELN y detener toda la política social y económica que promueve el propio gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, y estaríamos a una forma de arruinar el proceso de paz, en un FAST TRACK.

El país requiere una clase política capaz de introducir desarrollos democráticos en la constitución política, hasta la fecha está ha demostrado sin faltar en consecuencia con el máximo bien de la sociedad como lo puede ser el logro de la paz, en este sentido corresponde a la ciudadanía la movilización política para exigir el cumplimiento del espíritu de la constitución del 91 en el sentido de brindar las garantías a la sociedad para el logro de la paz.

Bogota 17 de diciembre de 2017.

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