GOBIERNO URIDUQUE: SOMBRÍO PANORAMA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

Por: Alfonso Castillo

Defensor de Derechos Humanos

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Quiénes durante la campaña presidencial tenían la preocupación por la llegada de Iván Duque al gobierno, porque éste podría significar un retroceso en materia de Paz y Derechos Humanos para el país, hoy pueden decir sin lugar a equívocos, que tenían razón, y no es porque el gobierno de Juan Manuel Santos fuera alguna garantía para la democracia, la justicia o la construcción de paz, sino porque detrás del gobierno Uriduque, se atrinchera la ultraderecha guerrerista, corrupta y excluyente, que en el inmediato pasado ha mostrado toda su capacidad para llevar el país por la senda de la guerra y el aumento de la miseria para las mayorías nacionales.

Durante los cuatro meses transcurridos del gobierno Uriduque, se han puesto suficientes evidencias en el escenario político para confirmar la preocupación que existía antes de su elección y sobre todo para que desde distintos sectores políticos, sociales, de derechos humanos y de víctimas se prendan las alarmas, para advertir que el gobierno y sus políticas, son un factor de riesgo para la paz, la democracia y los derechos humanos en Colombia y en la región. Desde ya, son evidentes los retrocesos en el enfoque de derechos, en la prevención y protección de la vulneración de los derechos humanos y particularmente el derecho a la integridad y la vida, tanto de defensores, como de líderes y lideresas sociales, y para ex combatientes de la guerrilla,  a lo largo y ancho del territorio nacional, particularmente de quienes se la han jugado en la construcción de la paz duradera y estable, todo lo cual va en contravía de lo esperado con la firma del acuerdo de paz, firmado hace ya dos años entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.

Sobran entonces las razones para afirmar que en cuanto a derechos humanos, el panorama de los próximos años será sombrío, vale la pena mencionar los siguientes aspectos que vistos de conjunto, permiten justificar la prevención y la preocupación, por un gobierno que anuncia desmonte derechos sociales, políticos y económicos y ha privilegiado enfoques de seguridad, que para nada son consecuentes con la edificación de La Paz

Entre los elementos que se presentan en estos pocos meses de gobierno de la ultraderecha mencionamos los siguientes:

Un primer elemento de preocupación es sin duda, el aumento de los crímenes y amenazas cometidos contra líderes sociales, defensores de los derechos humanos y constructores de paz, así como personas desmovilizadas de la guerrilla. Estos crímenes que vienen en aumento durante los primeros cuatro meses del gobierno Uriduque, no han tenido una respuesta eficaz de rechazo por parte del gobierno, ni mucho menos el impulso de una política para esclarecer las causas de esta criminalidad y por el contrario, el propio ministro de defensa varias veces ha hecho referencias que criminalizan los líderes sociales, al señalar que estos tienen vínculos con grupos ilegales o del narcotráfico. Lo que se puede leer claramente es que durante estos meses de gobierno hay una clara estigmatización a la protesta social, que pone en grave riesgo la situación de líderes y lideresas sociales.

No menos preocupante es la intención que ha mostrado el gobierno, de impulsar reformas que van en contravía de lo pactado en la Habana con la guerrilla de las FARC, que se constituyen en un claro incumplimiento de lo pactado, pero sobre todo preocupa, que en el parlamento se han presentado iniciativas que fortalecen el presupuesto del ministerio de defensa y al mismo tiempo disminuyen la asignación de recursos para la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, para el enfoque de desarrollo rural, para la propia justicia, la unidad de protección y para los programas restitución de cultivos, de todos estos desarrollos legislativos el que más llama la atención son las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz, dónde en la práctica se ha desmontado lo acordado en la Habana y se ha privilegiado el favorecimiento de la impunidad y sobre todo se ha negado la posibilidad para que las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales, puedan garantizar su derecho a la justicia, y por el contrario lo que se augura es una gran coladero de criminales, como por ejemplo los responsables de los falsos positivos, que acuden a esta instancia para buscar beneficios en materia de justicia, aun negándose a contar la verdad de lo sucedido.

Durante el gobierno de Uriduque, se ha regresado a una época en la que no se habla, ni de conflicto armado y mucho menos se habla de paz, como un compromiso gubernamental de participar activamente en su construcción, por el contrario hay un aumento de la militarización, donde antes existía una presencia de las FARC, y ahora hay un fortalecimiento de grupos armados que giran alrededor del negocio del narcotráfico, el paramilitarismo y las mal denominadas disidencias de las FARC, según denuncian distintas comunidades.

No menos preocupante son las señales que ha dado el gobierno Duque para congelar y desmontar la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, lo cual, en todo caso significaría un retroceso y un eventual agravamiento del conflicto armado en nuestro país.

Transcurridos 4 meses del gobierno Uribe que no es claro un plan del gobierno para el desmonte estructuras criminales del paramilitarismo, petición del movimiento social popular y democrático del país desde hace muchísimos años.

También preocupa el desprecio que el nuevo gobierno ha dado los temas de participación de distintos sectores de la sociedad civil en la construcción y diseño de políticas públicas de Derechos Humanos, prevención de la violencia, desmonte el paramilitarismo, el gobierno ha privilegiado la creación de nuevos escenarios y desconocer los avances en gobiernos anteriores en materia de construcción de política pública de paz y Derechos Humanos.

Distintas voces de funcionarios altos del gobierno han insistido en estigmatizar la protesta social, pero más aún, han hecho claras manifestaciones contra lo que se había reconocido como un avance en los diálogos de Paz, por ejemplo el enfoque de géneros y por el contrario hemos visto cómo se promueve y se patrocina desde el gobierno creación de un ministerio de la familia, con un enfoque moralista que nada contribuye a crear para el país un ambiente de convivencia y respeto de las diferencias. En el mismo sentido hay una acción de los grandes medios de desinformación orientado a deslegitimar y descalificar la protesta social.

No deja de ser preocupante en el panorama de persecución y estigmatización a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, que como según lo reconoce el propio programa de protección, existe una latente situación de riesgo dada la persistencia de la guerra en algunos territorios donde hay presencia de transnacionales que explotan los recursos naturales, al mismo tiempo que una fuerte militarización y presencia de grupos paramilitares, así como unas disidencias que han sido magnificadas por el gobierno y la gran prensa. Ante este escenario el gobierno anuncia unas modificaciones del programa de protección, que entre otras cosas, no contó con la consulta de las comunidades y organización que han participado del diseño de política pública de prevención y protección a los y las defensoras y organizaciones sociales, estas modificaciones se orientan a trasladar responsabilidades de protección a nuevas instancias, pero sobretodo no le da importancia al tema de la prevención del riesgo.

No menos importante, es el grave problema de la corrupción que se ha evidenciado durante estos pocos meses y que en este periodo se ha puesto de relieve con el mayor escándalo de corrupción de la historia del país, como lo es los sobornos de la multinacional Odebrecht, la cual tiene involucrado entre uno de sus principales protagonistas al actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que proviene de las todas Uribistas, quien en su momento fuera abogado del emporio económico liderado por Sarmiento Ángulo. El problema como lo ha conocido el país, es que tras este escándalo no pareciera haber ninguna intención ni del gobierno, ni de la justicia, para atacar a los responsables y por el contrario buscar “chivos expiatorios” que distraigan la atención de la opinión pública. Una sola cosa queda clara la corrupción es parte de la esencia de la clase política colombiana, y el gobierno Uribe que no tiene los elementos para enfrentarlo porque justamente sus integrantes están fuertemente comprometidos con otros actos de corrupción, que como sucede en el país han quedado en la más completa impunidad.

Todo este panorama inquieta mucho, más si se considera, que el próximo año, cuando se presenta el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que seguramente ratificar a la tendencia del gobierno de ultraderecha favorecer la explotación minera y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y el manejo de los temas económicos favoreciendo a los empresarios, al tiempo que se  golpeara de manera más intensa los intereses de los sectores populares, lo cual seguramente se traducirá en una intensificación de la movilización y la protesta ciudadana, la cual con toda seguridad asistirá un escenario de agudización de la represión y la persecución a líderes y lideresas que promuevan las protestas.

No obstante este panorama desalentador, la labor del movimiento social y de Derechos Humanos, así como de las organizaciones de víctimas, es seguir insistiendo en la necesidad de crear escenarios que favorezcan la construcción de paz y el desarrollo de la democracia en el país, un elemento importante en esta vida debe ser, seguir fortaleciendo los procesos de movilización, como los que en los últimos meses han mostrado los estudiantes, defendiendo el derecho a la educación pública, gratuita, de buena calidad y a cargo del estado.

En esa misma vía, es importante que los sectores democráticos y alternativos sigan fortaleciendo los procesos de unidad que permitan una mejor articulación de la movilización y la lucha y particularmente en el segundo semestre del 2019 una participación unitaria en las elecciones territoriales, que permita la elección en alcaldías y gobernaciones de hombres y mujeres comprometidos con los procesos de la Paz, los derechos sociales, la lucha contra la impunidad, y las transformaciones democráticas en favor de las amplias mayorías.

Bogotá, 17 diciembre de 2018