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EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN MANOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO


EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN MANOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO

Por: Alfonso Castillo
Miembro de la Mesa Nacional de Victimas Espacio Transitorio
Presidente Nacional ANDAS.

Al día de hoy 4 de diciembre, la participación de las víctimas en la implementación de la ley 1448/11, un año después de su entrada en vigencia es un total fiasco. Más allá de un par de reuniones del plenario nacional de la mesa de víctimas y una reunión del comité de gestión y trabajo, las garantías de participación dependen de unos trámites burocráticos que exige la Unidad Administrativa Reparación Integral a Víctimas y del operador logístico de turno.

Estas dificultades del operador logístico, exigen “que toda solicitud de actividad se tramite con cinco días hábiles” previos a la realización de la misma, cada modificación que se haga sobre la misma, requiere de los nuevos cinco días hábiles para su trámite. Como se ve, es demasiada paquidermia institucional, para la cual las víctimas, sus organizaciones y sus representantes no estamos preparados, ni suficientemente informados, ni con mucho interés de aprender este procedimiento.

Por cuenta de este “enredo administrativo” no se han podido iniciar los talleres departamentales para discutir el protocolo, tampoco se ha podido reunir el comité de gestión y trabajo, por problemas de algunas nombres o números de cédulas que no se han proporcionado, o cualquier cosa que sirva como excusa para no cumplir, y que ahora, se atribuye como responsables a los representantes de las mesas de victimas que no han enviado información clara, precisa y oportuna, sin embargo todo esto no son más que excusas baladíes, que tratan de ocultar un hecho inocultable: No existe la suficiente voluntad para dinamizar este proceso.

Lo que queda claro, es que el operador logístico, no se ha podido adecuar a los requerimientos de las víctimas, (porque no puede ser de otra manera), así se demuestra por la incapacidad de estos operadores para realizar una reunión de los 11 representantes del comité de gestión y trabajo, ni qué decir del fiasco logístico que fue el segundo plenario de Medellín realizado el 21, 22 y 23 de noviembre,  ni se diga lo que ha mostrado en la incapacidad para realizar los talleres regionales  de los 4 o 5 que estaban programados para la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, no han podido realizarse, en este sentido, vale la pena que la Unidad Administrativa Reparación Integral a Víctimas piense en cambiar las condiciones y metodologías de la logística para este tema del espacio transitorio y la discusión del protocolo.

Este tema logístico, azuza nuestras preocupaciones en torno a la discusión del protocolo de víctimas en las regiones, por cuanto el poco tiempo que le queda a la discusión en la práctica, pues sólo se cuenta ahora para estos 33 talleres con una semana de lo que queda de diciembre y 3 semanas en el mes de enero - febrero del 2013 de acuerdo a un cronograma inicialmente aprobado en el segundo plenario de Medellín.

Igualmente sobre este protocolo en las regiones, no se cuenta con una metodología y una pedagogía adecuada al nivel de apropiación de los temas sugeridos en el borrador de protocolo propuesto por la Unidad Administrativa Reparación Integral de Víctimas, y si se continúa con la metrología presentada por PARTNERS, hay que decir que ésta, no tiene las posibilidades de pleno desarrollo en la regiónes, no se trata aquí de decir que los departamentos no exista la capacidad de discusión y aporte, lo que queremos señalar es que esta metodología, tal como se demostró en Medellin, requiere preparación previa, información suficiente, conocimiento de los documentos y tal como están las condiciones, éstas no existen para ese proceso.

Además, persiste la preocupación por las garantías de protección y seguridad, como lo demuestra el asesinato el compañero Miller Angulo, miembro de la mesa de víctimas del municipio de Tumaco y también como lo demuestran las amenazas por parte de “Ejércitos Anti restitución” en las mesas de Valledupar, Cali, Carmen de bolívar y el dpto. de Magdalena, entre otros, estas amenazas no están teniendo el tramite adecuado para la protección a los líderes y lideresas, lo que al final hará que en el mejor de los casos “tengamos un protocolo bonito, y también, estamos seguros tendremos un ejército muy poderoso para evitar que se cumpla este”.

Tal como están las cosas avanzamos en un modelo de participación que ha demostrado su fracaso en el inmediato pasado, el cual consiste en convocar a las víctimas, sin tiempo previo, ni la información adecuada y suficiente, sin condiciones materiales, y de manera indiscriminada y por esta vía, no contaremos con una herramienta de participación que quede bien hecha y lo suficientemente discutida desde las mesas municipales y departamentales, a fin de que sea bien entendida por las víctimas y sus organizaciones, para exigir inmediatamente después su cumplimiento.

Más allá de la excusa de las exigencias del operador para brindar apoyo logístico, existe la percepción de la insuficientes disposición institucional, por brindar condiciones para que se desarrolle un buen proceso de discusión y participación de las víctimas. Lo que va en contravía con los anuncios del alto gobierno sobre los derechos de las víctimas: La participación al menos todavía está en veremos.

Surge entonces una pregunta, para quienes tenemos responsabilidades de representación en la mesa nacional de victimas espacio transitorio y particularmente el comité de gestión y trabajo: Cuál es nuestro papel?, ¿será acaso garantizar que el mecanismo funcione con o sin el apoyo que debe brindar el estado?, Es nuestra responsabilidad garantizar que el sistema funcione como un relojito, para que luego los funcionarios del gobierno, anden por allí vanagloriándose y “sacando pecho” de cosas que no han hecho adecuadamente? Debemos demostrar que sí somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir a toda costa, incluso haciendo sacrificios económicos con recursos que no tenemos para garantizar que esto funcione?.

Lo que  particularmente consideró es nuestro compromiso, básicamente es fortalecer el proceso organizativo, articularnos a nuestras bases y proponer desde allí una serie de tareas que tienen que ver con:

Fortalecer los procesos organizativos de carácter democrático, incluyente y deliberativo desde las bases, permitiendo que haya mejor conocimiento de todo el proceso y de nuestros derechos y cómo hacerlos cumplir
Promover la capacitación, la cualificación de las víctimas en torno a los derechos de las víctimas y los mecanismos de exigibilidad.

Articular nuestras en dinámicas organizativas para fortalecer la capacidad incidencia con otros procesos y dinámicas que también avanzan en la busca de derechos sociales como: Estudiantes, Campesinos, Indígenas, Afrodescendientes, Mujeres.

Incluir el escenario de movilización política y popular como herramienta de lucha permanente de nuestras organizaciones.

Elaborando propuestas y documentos de análisis sobre nuestra problemática y derechos.

Nuestro papel en todo caso, es mejorar la comunicación con las mesas departamentales y municipales de víctimas, con las organizaciones de los hechos victimizantes, con las organizaciones de enfoque diferencial, allí tenemos un gran desafío y tenemos que buscar los mecanismos para poderlo cumplir.

Nuestra tarea en la presente etapa es preparar concienzudamente una buena argumentación que nos permita garantizar que en este proceso de discusión del protocolo, las voces de las víctimas sean cabalmente recogidas, particularmente la exigencia de que este sea un documento con fuerza de ley, es decir un decreto reglamentario, que obligue a las instituciones a su acatamiento.

Igualmente tenemos el desafío de preparar desde ahora una movilización nacional exigiendo una verdadera reparación integral y paz con justicia social, éste es un momento propicio para empezar a preparar una movilización hacia el 10 de junio del 2013, coincidiendo con el segundo año de la ley de víctimas, para demostrarle a la sociedad Colombiana, que efectivamente esta ley más allá de los anuncios de los medios de comunicación, no está permitiendo garantizar el derecho la reparación, ni mucho menos el derecho la restitución.

Estas son las tareas en, en las cuales creó debemos comprometernos de manera intensa, independientemente si existen o no las condiciones institucionales para nuestro trabajo, para ello debemos apoyarnos en las organizaciones de Derechos Humanos, no hacerle eco a un fraccionamiento con estas, ellas han sido de siempre nuestros aliados y nuestros apoyos para precisamente posicionar el tema de los derechos de las víctimas en la agenda política colombiana.

Estas son las tareas, no podemos distraernos, un buen protocolo para la participación de las víctimas en los próximos años, debe ser el producto de movilizar a las víctimas desde la base, en las regiones, en los municipios, esto sí que tendía fuerza de ley y la capacidad de las víctimas para hacerlo cumplir en cada uno los rincones del país.


Bogotá, 4 diciembre de 2012

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