Mermecracia y violencia
Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos
Presidente de ANDAS e
integrante del MOVICE
hojasuelta0@gmail.com
Las graves denuncias de corrupción
y entrega de auxilios a parlamentarios, realizadas el 23 de enero en el
congreso por representantes de partidos incrustados en el gobierno, no
sorprende, no se trata de hechos que no se conozcan por la ciudadanía en general,
más aun, quienes denuncian han sido promotores, repartidores, beneficiarios de
lo que ahora se denomina la mermelada.
El hecho reprochable sin duda,
tiene toda credibilidad por cuanto se trata de una denuncia de políticos que
conocen la forma en que funciona y se ha “aceitado” el estado Colombiano durante
muchos años, sólo que ahora las voces del “Uribe Centro Democrático” pretenden
ganar el favor de los electores para las elecciones del 9 de marzo, sin
embargo, es necesario recordar que toda esa clase dirigente ha tomado el estado
y sus recursos, como fuente de enriquecimiento y para ello, han desarrollado
todo tipo de prácticas corruptas y clientelares y más aún, se han apoyado y
realizado como lo señalan centenares de denuncias y procesos judiciales, alianzas criminales con el narcotráfico y el
paramilitarismo para mantener sus privilegios en el poder.
Esta denuncia no perjudica al
Presidente Juan Manuel Santos, la afectada es la maltrecha democracia
colombiana la cual de nuevo demuestra su inexistencia, pues no se trata sólo de
esa repartición de puestos burocráticos o contratos, a ello se suma la ausencia
de garantías para que sectores políticos distintos a los que han ejercido el
poder del estado, desarrollando un marco legislativo para favorecer la
impunidad y apoyo a sectores políticos dominantes como se expresa claramente en
la reciente reforma electoral que sólo otorgar beneficios a los partidos
políticos vinculados al gobierno actual, lo que de plano niega posibilidades a
sectores opositores y democráticos que han accedido -no sin dificultades- a algunos
cargos de elección popular, esto además de la persecución, amenazas,
asesinatos, montajes judiciales, y estigmatización a opositores al modelo político imperante.
Nuestra democracia bien puede
calificarse de “Mermecracia criminal” porque mientras al mismo tiempo que se
hacen denuncias de “ayudas” a los parlamentarios, se conocen graves hechos de
corrupción y saqueo del erario público por parte de esos mismos políticos que
hoy hacen las denuncias. Y de manera casi simultánea, se conocen también graves
denuncias hechas por la Marcha Patriótica en las que se indica que en un año de
existencia han sido asesinados 29 de sus integrantes y judicializado varios de
sus directivos a partir de montajes judiciales a entre quienes se encuentran Huber
Ballesteros y Francisco Tolosa, igualmente se conoce de las trabas y obstáculos
que se ponen para que la Unión Patriótica, acceda a los apoyos de ley en el
financiamiento de la campaña electoral.
Esto demuestra la necesidad que
tiene el país de impulsar una asamblea nacional constituyente, que involucre a
diversos sectores populares y sociales, a partir de mecanismos de verdadera y
auténtica participación política, para permitir al pueblo colombiano dotarse
una nueva constitución política, que se ponga al servicio de la soberanía, la
justicia social, derrote la impunidad y desmonte de los aparatos criminales que
continúan ejerciendo control y dominio territorial en vastas zonas del país,
igualmente una transformación de la constitución que permita la redistribución
de manera equitativa de la inmensa riqueza nacional, es esto sin duda entre
otros cambios democráticos, serán caminos seguros y estables para garantizar la
paz, el desarrollo y la justicia social que el país reclama y necesita de
manera urgente.
Bogotá, 25 de enero de 2014
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