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Explicable pérdida de confianza ciudadana en la Policía Nacional.


Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos
Presidente de ANDAS e integrante del MOVICE
hojasuelta0@gmail.com

El año 2013 demuestra nuevamente que las instituciones gubernamentales tienen poco interés y poca capacidad para depurar y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones “democráticas”, de allí se desprende la falta de legitimidad y autoridad que la sociedad tiene en las que se denominan las bases de la democracia colombiana.

Actualmente llama la atención el desprestigio particular en el que se encuentra la Policía Nacional, lo que se  ha traducido en desconfianza y pérdida de autoridad ante la sociedad, de una institución que -por su papel- debería gozar de credibilidad.

Este desprestigio se ha originado por años de ausencia de políticas de depuración, lo que ha convertido a la institución en el lugar donde policías de altos mandos han cometido toda suerte de fechorías, ilícitos y se relacionan con empresas criminales. Desde hace muchos años la gente de los barrios y territorios populares de las ciudades colombianas hablan y comentan cómo los patrulleros hacen acuerdos con reponeros expendedores de vicio, y que “los policías parten tajada con los ladrones”. Un indicativo de los alcances criminales de dicha institución,  son las denominadas “ollas” que se ubican junto a los comandos de policía en las ciudades como Cali, Bogotá y otras capitales; lugar en donde se negocia ilegalmente toda clase de mercancías, generalmente de contrabando. El país no olvida cómo en las décadas de los 80’s y 90’s los policías de Cali y Medellín, entre otras ciudades del país fueron comprados por los carteles de la mafia; igualmente son centenares de denuncias que implican a mandos medios y altos de la policía con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Los hechos más recientes durante el año 2013 tienen que ver con el abuso de autoridad y uso de armas “de letalidad reducida”, pero que igualmente han provocado la muerte a civiles inermes. Este tipo de casos se presentaron en el paro agrario del Catatumbo y posteriormente en el paro agrario nacional, en el cual la Policía Nacional y su aparato criminal ESMAD, en claro abuso de autoridad, maltrataron personas, robaron alimentos y dispararon armas de fuego que provocaron al menos 15 muertos entre los manifestantes.

Ya en el pasado, a la fuerza delincuencial del ESMAD se le atribuyen al menos 8 asesinatos de personas que ejercían el derecho constitucional a la protesta; particularmente señalamos el caso de Nicolás Neira un joven estudiante menor de edad, quien fue asesinado el primero de mayo del año 2005 en la ciudad de Bogotá por una bala del ESMAD. En agosto del año 2011, el joven grafitero Diego Felipe Becerra, fue asesinado también en la ciudad de Bogotá por un policía, quien posteriormente modificó la escena del crimen, hecho en el que también se encuentran implicados altos mandos policiales.

Asimismo en el año 2013 la policía de Bogotá -como se evidenció a través de las cámaras de televisión- provocó la muerte de 6 personas al usar gas pimienta (arma no permitida) para controlar lo que aparentemente era una riña al interior de una discoteca del sur de la ciudad.

Recientemente nuevamente la policía de Bogotá, aparece implicada en el asesinato de un funcionario del CTI en hechos ocurridos el 22 de diciembre del año 2013 señalando falsamente de haber provocado un enfrentamiento con los policías, hechos que fueron descalificados por la fiscalía.

Estos entre otros abusos y prácticas criminales han provocado una pérdida de legitimidad, lo que es supremamente grave para una sociedad que quiere superar el conflicto. Se requiere con urgencia -como ha sido señalado a lo largo de muchos años por diversas organizaciones de defensores de los derechos humanos, la depuración de la policía y de las fuerzas militares, así como el cambio de criterios de incorporación y permanencia, debido a que no se justifica que policías que han cometido delitos continúen vinculados a la institución, a los cuales se aplican sanciones irrisorias como traslados. Esto simplemente implica un peligro, pues los ciudadanos no sabemos cuándo nos topamos con un criminal de estos portando el uniforme de la Policía Nacional.

Señor General Palomino, no bastan las explicaciones y justificaciones que se hacen frente al actuar de la fuerza policial, es necesario que la institución abra mecanismos de discusión de cara a la ciudadanía, que permitan incorporar los criterios correctivos, que hagan posible cambiar la mentalidad que hay al interior de la fuerza policial, que incorpore criterios de respeto a los derechos humanos en la formación de los policías, y que haga ejercicios trasparentes de depuración, que devuelvan la necesaria confianza de la ciudadanía en la policía.

Bogotá, Enero 15 de 2014





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