Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos
Presidente de ANDAS e integrante del MOVICE
hojasuelta0@gmail.com
El año 2013 demuestra nuevamente
que las instituciones gubernamentales tienen poco interés y poca capacidad para
depurar y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones
“democráticas”, de allí se desprende la falta de legitimidad y autoridad que la
sociedad tiene en las que se denominan las bases de la democracia colombiana.
Actualmente llama la atención el
desprestigio particular en el que se encuentra la Policía Nacional, lo que
se ha traducido en desconfianza y pérdida
de autoridad ante la sociedad, de una institución que -por su papel- debería
gozar de credibilidad.
Este desprestigio se ha originado
por años de ausencia de políticas de depuración, lo que ha convertido a la
institución en el lugar donde policías de altos mandos han cometido toda suerte
de fechorías, ilícitos y se relacionan con empresas criminales. Desde hace
muchos años la gente de los barrios y territorios populares de las ciudades
colombianas hablan y comentan cómo los patrulleros hacen acuerdos con reponeros
expendedores de vicio, y que “los policías parten tajada con los ladrones”. Un
indicativo de los alcances criminales de dicha institución, son las denominadas “ollas” que se ubican
junto a los comandos de policía en las ciudades como Cali, Bogotá y otras
capitales; lugar en donde se negocia ilegalmente toda clase de mercancías,
generalmente de contrabando. El país no olvida cómo en las décadas de los 80’s
y 90’s los policías de Cali y Medellín, entre otras ciudades del país fueron
comprados por los carteles de la mafia; igualmente son centenares de denuncias
que implican a mandos medios y altos de la policía con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Los hechos más recientes durante
el año 2013 tienen que ver con el abuso de autoridad y uso de armas “de
letalidad reducida”, pero que igualmente han provocado la muerte a civiles
inermes. Este tipo de casos se presentaron en el paro agrario del Catatumbo y
posteriormente en el paro agrario nacional, en el cual la Policía Nacional y su
aparato criminal ESMAD, en claro abuso de autoridad, maltrataron personas,
robaron alimentos y dispararon armas de fuego que provocaron al menos 15 muertos
entre los manifestantes.
Ya en el pasado, a la fuerza
delincuencial del ESMAD se le atribuyen al menos 8 asesinatos de personas que
ejercían el derecho constitucional a la protesta; particularmente señalamos el
caso de Nicolás Neira un joven estudiante menor de edad, quien fue asesinado el
primero de mayo del año 2005 en la ciudad de Bogotá por una bala del ESMAD. En agosto
del año 2011, el joven grafitero Diego Felipe Becerra, fue asesinado también en
la ciudad de Bogotá por un policía, quien posteriormente modificó la escena del
crimen, hecho en el que también se encuentran implicados altos mandos
policiales.
Asimismo en el año 2013 la
policía de Bogotá -como se evidenció a través de las cámaras de televisión- provocó
la muerte de 6 personas al usar gas pimienta (arma no permitida) para controlar
lo que aparentemente era una riña al interior de una discoteca del sur de la
ciudad.
Recientemente nuevamente la
policía de Bogotá, aparece implicada en el asesinato de un funcionario del CTI en
hechos ocurridos el 22 de diciembre del año 2013 señalando falsamente de haber
provocado un enfrentamiento con los policías, hechos que fueron descalificados
por la fiscalía.
Estos entre otros abusos y
prácticas criminales han provocado una pérdida de legitimidad, lo que es
supremamente grave para una sociedad que quiere superar el conflicto. Se
requiere con urgencia -como ha sido señalado a lo largo de muchos años por diversas
organizaciones de defensores de los derechos humanos, la depuración de la
policía y de las fuerzas militares, así como el cambio de criterios de
incorporación y permanencia, debido a que no se justifica que policías que han
cometido delitos continúen vinculados a la institución, a los cuales se aplican
sanciones irrisorias como traslados. Esto simplemente implica un peligro, pues
los ciudadanos no sabemos cuándo nos topamos con un criminal de estos portando
el uniforme de la Policía Nacional.
Señor General Palomino, no bastan
las explicaciones y justificaciones que se hacen frente al actuar de la fuerza
policial, es necesario que la institución abra mecanismos de discusión de cara
a la ciudadanía, que permitan incorporar los criterios correctivos, que hagan
posible cambiar la mentalidad que hay al interior de la fuerza policial, que
incorpore criterios de respeto a los derechos humanos en la formación de los
policías, y que haga ejercicios trasparentes de depuración, que devuelvan la
necesaria confianza de la ciudadanía en la policía.
Bogotá, Enero 15 de 2014
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