A falta de guerrillas, buenos son “vándalos”

“Escuadrón Móvil de Vándalos para Continuar la Guerra”

Por Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos

Tras completar 60 días de movilizaciones en Colombia en rechazo a las políticas económicas y sociales que golpean duramente la condición socio-económica de la mayoría de habitantes del país, que día tras día se ve en arrastrados a mayores condiciones de pobreza y miseria, que, de acuerdo las cifras del propio Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, el año pasado 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, se trata de cerca de 22 millones de colombianas y colombianos que tiene que sobrevivir con menos de $ 330.000 pesos mensuales, a esto se suma la grave situación del desempleo, para el mes de abril de 2021, la tasa de desempleo fue 15,1%, según la misma entidad, a esta realidad es necesario sumar la creciente inconformidad de la población colombiana por las altas sumas de dinero que se pierden por cuenta de la corrupción/impunidad y las graves cifras de violación a los derecho humanos, que se  traducen en asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, mientras el gobierno de Iván Duque no logra dar explicación a los nexos de su campaña y algunos de los miembros de su gabinete con narcotraficantes.

De esta manera a partir del 28 de abril/21, tras la convocatoria al paro nacional por parte de un amplio número de organizaciones sociales, populares, sindicales y políticas, millones de personas especialmente jóvenes, han salido a las calles de manera sistemática en distintas ciudades de Colombia y del mundo, así como, en muchos territorios rurales de Colombia durante más de 60 días, mostrando que el “miedo no es eterno” y que la dignidad de un pueblo está por encima del autoritarismo de un gobierno desprestigiado e ilegitimo. Este levantamiento ciudadano, auténtico escenario de la revuelta popular, ha estado “liderado” por miles de jóvenes que ante su cruda realidad de falta de oportunidades de educación, empleo y recreación, salieron con determinación a enfrentar al gobierno y la ausencia de políticas que favorezcan a las mayorías del país, a las que se sumaron miles de voces de mujeres, artistas, LGBTI, trabajadores, campesinos, transportadores indígenas, comunidades afrodescendientes, entre muchas otras que exigían un cambio de rumbo para el país.

A esta histórica manifestación, sin duda, el mayor ejercicio de resistencia y dignidad del pueblo colombiano en más de 200 años de vida republicana disfrazada de democracia, el gobierno de Iván Duque, ha respondido con una descomunal y sofisticada acción militar en cabeza de la Policía Nacional, que ha dado muestras de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza, incluyendo un escenario de brutalidad policial que ha configurado un cuadro criminal, qué ha pretendido mostrarse en los medios de comunicación como la defensa a las instituciones, el orden público, las leyes, la Constitución y la democracia.

Para esta labor de la fuerza pública y el objetivo de “recuperar el orden ciudadano”, cueste lo que cueste, a través de las redes sociales hemos visto el desarrollo de varias estrategias usadas por la fuerza pública, que sin duda, son la más evidente demostración que la guerra que por años ha padecido el pueblo colombiano en el campo y ahora se ha trasladado a las grandes ciudades, la diferencia ahora, es que aquella guerra se dio en muchas ocasiones de manera silenciosa, sin embargo, ahora ella pudo ser vista en vivo y en directo, así, miles de personas a través de las redes sociales y de la prensa internacional fueron testigos, de cómo las calles de las ciudades, en las barriadas populares, se convirtieron en auténticos campos de batalla donde se usaron todo tipo de armas y se disparaba indiscriminadamente contra ciudadanos de civil, que sólo ejercían su derecho constitucional a la protesta.

Entre esas prácticas, muchas de las cuales traspasan los límites y mandato para la fuerza pública convirtiéndose en prácticas criminales se encuentran las siguientes:

Abuso de autoridad y uso desproporcionado de las armas no letales y letales, que finalmente costaron la vida de decenas de personas, a través de las noticias, incluso de los medios masivos de comunicación y especialmente de las redes sociales, se ha evidenciado como la fuerza pública respondió de manera desmedida contra manifestantes utilizando armas de fuego y artefactos (Vennom) qué usados inadecuadamente, causaron graves daños a la integridad y eventualmente la muerte de manifestantes e incluso de habitantes de los sectores donde estas armas fueron usadas, afectando a niños y población adulta, en la contención de la protesta se han usado motos y tanquetas para agredir a los manifestantes, así, la alcaldesa de Bogotá Claudia López traté de decir que se trataron de accidentes de tránsito, claramente esto es brutalidad policial y punto.

Pero la estrategia más sofisticada puede ser los “denominados vándalos” con esa denominación las elites corruptas colombianas, actualizaron la terminología para satanizar la lucha popular. En el pasado se valieron de expresiones cómo bandoleros, guerrilleros, comunistas, y más recientemente terrorista, amenaza castrochavista, entre otras, esta terminología ampliamente divulgada en los medios masivos de desinformación, las élites buscan descalificar la lucha, llenándolas de contenido negativo y perjudiciales a los intereses populares. Sin embargo, estas expresiones, contrario a lo que pretenden las elites, en muchos casos representan la dignidad de la lucha popular y provocan temor en las élites gobernantes y corruptas, que, mediante tales manifestaciones de lucha, ven amenazados o en riesgo de perder sus históricos privilegios.

Con esta estrategia los gobernantes buscan que la ciudadanía asocie los eventuales daños a la infraestructura o afectaciones a la movilidad que en algún momento y de manera minoritaria, pueden generar las gigantescas movilizaciones de la ciudadanía exigiendo derechos, con los hechos aislados y marginales,  que algunas personas realizar casi siempre al finalizar las movilizaciones, que son ampliamente difundidas por la gran prensa de acuerdo a los intereses de los gobernantes. En lo fundamental el uso sistemático de estas expresiones, tiene como propósito, fortalecer la sensación de miedo de los habitantes y se hace para justificar el uso de la violencia y el gigantesco gasto militar requerido para enfrentar y sofocar esta “amenaza” que los mismos gobernantes corruptos han edificado.

De esta manera y a falta de una guerrilla que enfrentar, es muy conveniente tener un potente enemigo, que justifiquen mantener el gasto militar y el discurso de seguridad, necesaria para enfrentar el miedo qué significan “los vándalos acabando con todo en su paso”. Lo cual constituye el mismo discurso usado en el país durante más de 50 años contra las guerrillas, sólo que ahora se trata de los grandes centros urbanos. Incluso, voceros del gobierno nacional e incluso la alcaldesa de Bogotá Claudia López, se ubican como "víctimas", cómo lo ha hecho recientemente y a la hora de presentar un informe sobre violaciones a los Derechos humanos, se refirió ampliamente a los daños a la infraestructura a la movilidad, al transporte, al comercio y a las instituciones financieras e incluso, algunas instituciones gubernamentales, así como afectaciones a elementos asociados directamente con la fuerza pública. Todo esto sin tener en cuenta las afectaciones a la vida, a la integridad y el derecho constitucional y humano a la protesta.

Detrás de este discurso también se puede establecer, que está el interés de quienes promueven este tipo de estigmatizaciones, señalamientos y exageraciones sobre el impacto de las movilizaciones sobre la ciudadanía, para luego aparecer como “salvadores y protectores” del bien ciudadano, de los cuales no se puede prescindir, de alguna manera, con esta práctica pretenden limpiar la imagen que la ciudadanía tiene de la fuerza pública y especialmente de la policía en los centros urbanos, a los cuales la ciudadanía los asocia con prácticas delincuenciales, abuso de autoridad y en todo caso ineficacia a la hora de proteger los derechos de la ciudadanía.

Dicho esto, se hace necesario establecer un escenario de análisis de lo que significa y hay detrás de todas estas manifestaciones de indignación, resistencia y enfrentamiento directo a la fuerza pública en distintos lugares del país en el que los jóvenes son los principales protagonistas.

Llama un poco la atención cómo los medios masivos de desinformación han manejado y registrado todos los hechos que se dan detrás de las manifestaciones a las que posteriormente irrumpen los “mal denominados vándalos”, pareciera que los vándalos son parte de una estrategia de guerra urbana detrás de la cual se puede ocultar cualquier cosa: Desde jóvenes indignados que sin perspectiva social y económica viable salen enfrentar decididamente a las autoridades, incluso jóvenes que solo les interesa, "romperse con la Tomba", barras bravas, pero también personas vinculadas a toda tipo de acción delincuencial que tiene desde el enfrentamiento y la barricada la posibilidad seguramente de distraer la acción policial, o configurar un nuevo realinderamiento de fronteras criminales, pero también desde el cual, seguramente están haciendo ejercicios de visibilización, igualmente pueden estar presentes oficinas de cobro, redes de microtráfico, bandas de ladrones y sin duda grupos paramilitares urbanos que desde hace mucho tiempo están instalados en el territorio de Bogotá, así como, grupos identificados con guerrillas o disidencias de ellas, y también ciudadanos extranjeros.

En fin, de cuentas un escenario complejo, Que requiere un escenario y análisis más detallado y riguroso. En todo caso señalar qué los puntos de resistencia en las ciudades donde ellos se han establecido muestran claramente restablecimiento de una estrategia de guerra urbana en donde también pareciera tienen un accionar grupos “especializados” tal vez pertenecientes a alguna institución que actúan como escuadrón móvil para armar disturbios, que claramente encajan en una estrategia de deslegitimar la protesta social con métodos y prácticas claramente orientados a sembrar terror en acciones casi siempre en horas de la noche o en condiciones de clandestinidad, para luego justificar el accionar de las fuerza pública que con toda brutalidad proceden a detener a las personas que de manera organizada participan de la protesta o que durante el día han ejercido acciones de liderazgo y organización de esos puntos de resistencia

En todo caso este tema de los “vándalos” genera muchas inquietudes, máxime si se considera las denuncias a través de redes sociales, que algunas de estas personas actúan al amparo de la policía, transportados en camiones sin placas o cómo se ha demostrado saliendo de instalaciones policiales, e incluso cambiándose las ropas cerca de donde se encuentran dispositivos policiales.

A todas estas, esta estrategia de guerra urbana que pasa por el desprestigio y estigmatización del derecho constitucional a la protesta, debe ser parte de las reflexiones del movimiento popular y alternativo, por cuanto en la perspectiva política del país van a aumentar las causas que motivan la protesta y rechazo, a lo que de seguro será el aumento a la violencia socio-económica por parte de este gobierno que está estrechamente ligado con imponer su paquete neoliberal, la prolongación de la guerra y el fortalecimiento de los privilegio a las elites económicas y políticas del país. Mientras que desde el pueblo hay que fortalecer la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de las reformas sociales y económicas que alivien en algo la grave situación de pobreza, desempleo, incluidas la reforma participativa a la salud y la educación y vivienda.

Bogotá, 1 de julio de 2021.