Comentarios al informe de DDHH de ACNUDH. 25.02.2022. [1]
Por: Alfonso Castillo
Defensor de los Derechos Humanos
A finales del mes de febrero del presente año, dado a conocer el informe de la situación de los Derechos Humanos en Colombia elaborado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la firma de La Paz entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC, el informe se hace un análisis del acceso de los colombianos a los DESC, asimismo se hace un análisis de las políticas de prevención de las violaciones a los Derechos Humanos, eso la justicia y la lucha contra la impunidad, se presentan una serie de recomendaciones para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país.
El período que se analiza comprende los 12 meses el año 2021, y en el mismo se enfatiza la importancia de la firma del acuerdo final de paz y los desarrollos que para la superación del conflicto armado interno tiene este importante acontecimiento, sin embargo se destaca igualmente el incremento de la violencia especialmente en el asesinato de líderes y lideresas sociales en distintas regiones del país, Igualmente el informe analiza el impacto de la pandemia desatada tras el covid-19 así como de la misma violencia y como ellas afectaron o profundizaron las desigualdades sociales económicas ya existentes en el país, si una en el informe igualmente la movilización en el marco del paro nacional "provocada por las dificultades de acceso a la educación, salud el trabajo y la propuesta de reforma tributaria", así mismo, se saluda el anuncio declaración del estatuto de protección temporal para migrantes de nacionalidad venezolana. Aspectos estos qué son tratados en detalle, siempre con el llamado de atención al gobierno colombiano para que se implementen las políticas que ayuden a superar las desigualdades, el cumplimiento del acuerdo final de paz y al fortalecimiento de las políticas sociales, días a los Derechos Humanos y el fortalecimiento del estado democrático.
Quisiéramos destacar en este
artículo algunos elementos qué llaman la atención del informe y qué sin duda
alguna son la reafirmación de las acciones de un gobierno qué no asume los
suficientes compromisos con la comunidad internacional, para superar la grave
crisis de Derechos Humanos que desde hace varios años vive el país y que se han
visto agravadas en último período en el mandato del presidente Iván Duque,
seguramente originado en su falta de compromiso con la implementación del
acuerdo final de paz, en desarrollo de una directriz trazada por su partido
centro democrático que promovió una acción sistemática de hacer trizas el
acuerdo de paz.
Primer aspecto que se destaca en
el informe comisionada para los Derechos Humanos, es el relativo a la
desigualdad económica, huerto a la información promovida por la comisión
económica para América Latina y el Caribe CEPAL[2],
"Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad de la
región", situación que afecta de manera particular a grupos poblacionales
históricamente afectados por la pobreza especialmente en las zonas rurales los
pueblos indígenas y afrodescendientes y a las mujeres. Y a pesar qué durante el
año 2021 se registraron algunos indicadores de recuperación económica esto no
se traduce en superación de los indicadores de desigualdad, lo que claramente
se expresa en mayores dificultades para una amplia capa de la población para
poder acceder actriz comidas al día, frente a este aspecto es importante tener
en cuenta que recientemente se publicó el informe de la FAO en el que se
anuncia qué Colombia es uno de los países en riesgo de hambruna en la región.
De esta manera los indicadores económicos dan cuenta del aumento de la pobreza
dimensional especialmente en la región Pacífica y Caribe, pobreza que afecta de
manera especial y de manera más grave a los hogares con jefatura femenina, cómo
a los hogares de familias indígenas y afrodescendientes.
Se destaca Igualmente como la
pandemia sigue afectando el acceso de los niños y niñas a la educación por
cuenta de las dificultades de acceso al internet o a los medios de cómputo
necesarios para acceder a las modalidades virtuales de educación que se
tuvieron que implementar.
La violencia y la desigualdad
siguieron afectando duramente a las mujeres registran incrementos en las
denuncias de violencia intrafamiliar, violencia sexual y denuncias por
feminicidios, un tiempo que persisten las barreras de acceso de las víctimas de
la violencia basada en género, a la salud, la justicia y medidas de protección.
Lo cual por supuesto da cuenta de un estado incapaz de proveer mejores
condiciones para que estos derechos sean brindados de manera amplia y
suficiente y permitan a las víctimas su mínima garantía de justicia ante estas
situaciones. Igualmente, esta situación afecta a personas LGBTI, no solo son víctimas
de múltiples agresiones, sino a la ausencia de enfoques qué reconozcan está
condición en el desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía
General de la Nación.
Un aspecto importante de esta
desigualdad hace referencia a las grandes dificultades que siguen teniendo las
comunidades para acceder a la reforma rural integral qué es un aspecto medular
del acuerdo final de paz, sin embargo a pesar de la creación de rutas para el
desarrollo de los programas territoriales, dificultades para la participación
efectiva de las comunidades, sí como evidentes dificultades para garantizar el
acceso efectivo a la tierra, así como a las "unidades de buen vivir que se
derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación,
infraestructura y conectividad…alimentación sana, adecuada y sostenible para la
población" qué son en la práctica un incumplimiento al propio compromiso
del gobierno.
En general el informe advierte
cómo este tema de la desigualdad afecta gravemente a las comunidades étnicas y
de manera particular a las mujeres que viven el impacto más fuerte, de la
exclusión, la pobreza y la violencia.
Se destaca como un hecho positivo
el establecimiento del acto legislativo 02 de agosto del 2021 a través del cual
se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz pero advierte
la preocupación por la presencia de grupos armados no estatales que operen en
las zonas dónde se desarrolla este proceso de las circunscripciones de paz, hoy
sabemos que está preocupación tuvo un impacto significativo en los resultados,
la intimidación, e incluso la participación como candidatos de algunos
representantes de los grupos paramilitares, terminaron desnaturalizando la
filosofía a través de la cual se crearon estas curules, este sentido al menos 6
de esas curules fueron capturadas, por clanes políticos de los partidos
tradicionales, estrechamente ligados a la corrupción, así mismo, tres de estas circunscripciones
terminaron en personas que representan los intereses de los grupos
paramilitares o que obedecen a sus intereses, en los territorios del César y la
Guajira, los departamentos de Chocó y Caquetá.
La situación de Derechos Humanos,
es de acuerdo a los términos del informe de gran preocupación en tanto que se
registra un incremento en el número de las masacres, qué afectan la situación
derechos humanos siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle
del Cauca, los más afectados, también se manifiesta la preocupación por los
incrementos en los desplazamientos provocados por la violencia y los
confinamientos de la población, logrando afectar a 72.388 personas una cifra
superior a la que por este hecho se presentó en el año 2020 en la cual se
reportaron 26.291 víctimas desplazadas.
Se observa en el informe,
preocupación por el reclutamiento de niños y niños por parte de grupos armados,
básicamente por el impacto que este fenómeno tiene en las comunidades,
provocando desesperanza, Igualmente porque el fenómeno lleva implícito
"las peores formas de trabajo infantil tráfico trata explotación y
esclavitud sexuales"
En este informe se hace una referencia
a las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por parte de la fuerza
pública durante el año 2021 especialmente durante el desarrollo del paro
nacional denominado estallido social qué se dio entre los meses de abril y
junio, y en los cuales se verificaron casos de uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas, e incluso la alta
comisionada de las naciones Unidas para los Derechos Humanos observó qué
algunos miembros de la policía, al desarrollar operativos para prevenir
delitos" habrían incurrido en malos tratos y uso innecesario
desproporcionado de la fuerza resultando, en algunos casos, en privaciones
arbitrarias de la vida contra adolescentes y jóvenes afrodescendientes en
comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad ….."
No menos importante es el
registro de la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, en la
cual logra determinar que al menos 100 casos existían un vínculo entre su
muerte y su labor en la defensa de los Derechos Humanos, tanto igual de
defensores y defensoras de Derechos Humanos asesinados no logra esclarecer la
causa de su muerte, sin embargo, helecho no deja de ser preocupante según
manifiesta el informe.
El informe, saluda la prórroga
por 10 años de la ley de víctimas y restitución de tierras, sin embargo
manifiesta su preocupación por la persistencia de la situación de violencia en
la que se encuentran particularmente los reclamantes de tierras, cómo se hace
un llamado para fortalecer la política de restitución, así como la necesidad de
aumentar la articulación entre la política de restitución y las políticas de
acceso a la Tierra, con lo cual podrá evitarse confusiones que deriven en
despojo de tierras, al tiempo que avanzan los procesos de formalización de
predios, cuál podría ser aprovechado de alguna manera por quiénes se apropiaron
de la tierra de madera violenta e ilegal.
El capítulo de recomendaciones
insta al estado colombiano a fortalecer las acciones que permitan con la
presencia de las autoridades civiles corregir en aquellas zonas afectadas por
la violencia situaciones que afectan gravemente a la población civil a los
liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, se
reitera el llamado para que el estado se comprometa en la implementación del
acuerdo de paz en particular "a la reforma rural integral y a los
programas con enfoque territorial, el capítulo étnico y a combatir las
desigualdades estructurales". También se exhorta al Estado para impulsar
un debate amplio que permita reformar la policía incluyendo mecanismos de
control y rendición de cuentas, así como, trasladar esta institución a un
ministerio de carácter civil".
El informe se constituye en un
importante instrumento, las organizaciones de la sociedad civil, de los
derechos humanos y él proceso democrático que vive el país, Oriente n en el
desarrollo de iniciativas que permitan la superación de la violencia, así como,
el llamamiento al fortalecimiento del estado democrático, así como, fortalecer
la exigencia de estado colombiano para cumplir de manera efectiva el acuerdo
final de paz, a 5 años de su firma, se siguen registrando preocupantes
indicadores de ausencia de implementación especial y particularmente en el tema
de la reforma rural integral, donde los atrasos son abismales, desconocen que
en el tema de la tierra y el acceso a ella, se concentra una de las principales
causales de la violencia estructural que vive la sociedad colombiana hace más
de 7 décadas.
Marzo 30 de 2022.
[1]
Informe de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia. 25 de febrero de 2022.Original: español
[2]
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch
– 403 - 2021.pdf.
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