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Ponencia del PCC en seminario sobre el socialismo en china popular


COLOMBIA: EN DISPUTA IDEOLOGICA Y POLITICA POR EL PROYECTO DEMOCRATIZADOR
Por: Alfonso Castillo
Miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano
Historiador y defensor de los Derechos Humanos
América latina  una nueva época

La lucha de la izquierda latinoamericana se caracteriza hoy, por lo que pudiera denominarse el enfrentamiento de dos proyectos políticos, de un lado una propuesta democrática, que se opone a las dictados de la política norteamericana, rechaza el neoliberalismo y la busca gobiernos más autónomos, que promueven proyectos sociales. Contra un proyecto conservador proclive al Gobierno Norteamericano, que intenta consolidar lo que se denomina la alianza del pacífico, integrado por México, Colombia, Perú y Chile, y Panamá, México y costa rica en Centro América.

El proyecto del que participan distintos sectores democráticos, revolucionarios y de izquierda en América latina, ha logrado en los últimos diez años consolidar importantes experiencias de gobierno, entre los que se destacan, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y por supuesto el gobierno socialista de Cuba. La característica más importante de este nuevo proceso que vive América latina es la independencia respecto a las orientaciones del gobierno norteamericano, particularmente esto se evidencia cuando se constata que al menos ha disminuido la presencia de bases militares norteamericanas en esos países, igualmente estos gobiernos se han planteado en ruptura con el modelo Neoliberal de desarrollo económico, y han planteado alternativas que en muchos sentidos favorecen los intereses de los sectores más desfavorecidos, de alguna manera se puede señalar que con la irrupción de estos gobiernos América latina y particularmente Suramérica vive en un proceso de recambio, que aunque es muy temprano pensar que se trata de una ruptura con el proyecto capitalista, si es claro que se plantea contrario a los intereses norteamericanos, de ello es el intento de integración de los países de América del sur en nuevos proyectos como el ALBA y aun MERCOSUR, con los cuales definitivamente se marca una diferencia a lo que era el tipo relacionamiento entre los países sudamericanos entre sí y la dependencia permanente que se tenía con el gobierno Norteamericano.

De otro lado cabe señalar, que estos procesos de recambio social en buena parte de los países sudamericanos, han sido acompañados de fuertes procesos de movilización social, en la que distintos sectores: Trabajadores, pobladores, desempleados, indígenas, mujeres, sobrevivientes de las dictaduras y los conflictos, campesinos, estudiantes y capas medias de la población han empujado y obligado a las clases dominantes tradicionales a permitir la irrupción de nuevas propuestas de gobierno y proyectos políticos para cada uno de estos países

Es en este contexto que los Comunistas Colombianos, hemos definido en el XXI congreso realizado en el año 2012, nuestro compromiso en la lucha por la construcción del socialismo, afirmando que “El capitalismo continúa mostrando a escala planetaria sus límites sistémicos y civilizatorios, así como su incapacidad para ofrecer una alternativa digna a la existencia humana. La persistente crisis económica y financiera mundial, se acompaña de la profundización de las tendencias a la crisis alimentaria, energética, socio ambiental y cultural. Con miras a garantizar su régimen de dominación y explotación, este sistema continúa desplegando a escala planetaria su acción depredadora y destructora a través de un proyecto político-económico de mercantilización extrema de la naturaleza, de la vida y del trabajo humano. En consideración a ello, el anticapitalismo, el socialismo y el comunismo, no sólo poseen plena vigencia, sino que han devenido en necesidad histórica. La crisis y sus impactos han exacerbado la lucha de clases, llevándola a niveles no vistos en las décadas anteriores. Como resultado de ello, se ha asistido a un auge de la movilización social y popular contra el gran capital y sus políticas”[1]

Lucha política por la paz, la justicia social y la democratización en Colombia
Es en este contexto como debe leerse la situación política de Colombia, como se ha señalado los gobiernos colombianos, incluido el actual siguen siendo pieza clave para el desarrollo de la política hegemónica del gobierno norteamericano en el continente sudamericano, Colombia, es el escenario geopolíticamente estratégico para los intereses norteamericanos de dominación de la región, y a ello el gobierno le ha hecho todo tipo de concesiones, como recientemente lo ha hecho al propiciar situaciones de alteración de las relaciones bilaterales de países Hermanos, particularmente con Ecuador y con Venezuela, y más recientemente como viene sucediendo con Nicaragua al intentar exacerbar las relaciones a propósito del fallo de la corte internacional de la haya en relación con los diferendos limítrofes en el mar Caribe.

La política impulsada por los últimos gobiernos en Colombia, ha sido promovida, financiada y respaldada políticamente por el gobierno norteamericano, en el sentido de profundizar una guerra interna, que inicialmente se disfrazó de lucha contra el narcotráfico, posteriormente de lucha contra el terrorismo, pero que realmente, trata de alentar una actitud beligerante al interior del país, de la cual se benefician múltiples intereses económicos asociados, a la apropiación ilegal de las tierras, en las que se entrañan enormes yacimientos minero energéticos, igualmente sectores políticos vinculados al narcotráfico, el paramilitarismo y la entrega de los recursos naturales a intereses trasnacionales.

De esta situación se ha generado, una aguda y continua violación de los derechos humanos, que ha provocado en los últimos 20 años que más del 10 % de la población se encuentren condición de desplazamiento forzado, igualmente se haya promovido el exterminio de fuerzas políticas opositoras, la práctica de la desaparición forzada, masacres, tortura, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de menores, situaciones éstas en las que han estado implicados grupos paramilitares, narcotraficantes, militares, políticos asociados a los partidos tradicionales y también grupos armados de oposición pertenecientes a las guerrillas de izquierda, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional. ELN.
Frente a esta realidad el  XXI congreso del PCC definió la política de “UNIR TODAS LAS VOCES Y TODAS LAS REBELDÍAS POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA SOBERANÍA”, es en el marco de esa batalla política e ideológica, en el que los Comunistas Colombianos, enfrentamos un régimen político, puesto al servicio de los intereses de la política norteamericana, que desarrollar una agresiva entrega de los recursos naturales para la explotación de empresas transnacionales, especialmente dedicadas al saqueo de los recursos naturales, para lo cual el actual gobierno ha dispuesto el impulso de la locomotora minero energética, legislando y favoreciendo políticamente la depredación del medio ambiente y el mantenimiento de una política que es violatoria de los derechos humanos en los territorios donde se encuentran los yacimientos de petróleo, gas natural, oro, coltan, así como también de los recursos hídricos y la biodiversidad.

Esta situación que se ha mantenido en por lo menos los últimos 20 años, se ha dado en medio de una agudización de un conflicto armado interno que ya existía, pero que con la implementación de esta política neoliberal, y la existencia del narcotráfico, ha favorecido la creación de ejércitos paramilitares que han actuado con  plena complacencia del estado colombiano, los cuales desataron feroz persecución contra las comunidades campesinas ubicadas justamente en los territorios donde se encontraba al está riquezas naturales.

El resultado de esta política, que no es otra cosa que el desarrollo de la política norteamericana de guerra de baja intensidad, desde la cual se promueve la creación de grupos paramilitares para sofocar lo que la doctrina de la seguridad interna denomina “quitar el agua al pez”, en clara alusión a sofocar o debilitar lo que eventualmente pudieran ser las bases de las guerrillas, que en el caso colombiano tienen una connotación revolucionaria.

En el actual periodo los comunistas colombianos abogamos como por la solución política negociada al conflicto social y armado que vive el país desde hace seis décadas, para ello nos hemos propuesto trabajar por forjar la unidad, como elemento indispensable para avanzar en la derrota del autoritarismo, la impunidad y la ausencia de soberanía, en ese sentido el Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, reunido en el mes de mayo del presente año definió: “El centro de nuestra propuesta es concretar la unidad de las fuerzas comprometidas con un proyecto de paz con profundas transformaciones sociales y democráticas para Colombia en un Frente amplio que destaque en primer plano las coincidencias programáticas, la unidad de acción política en respaldo a la solución dialogada, el debate popular sobre las identidades que emergen desde las prácticas de base y el despliegue de la movilización de masas consecuente para impulsar una Plataforma por la paz con justicia social, la democracia y la soberanía con los siguientes puntos básicos:

a) Apoyo al proceso de diálogo para una solución política.
b) Conformación de un gobierno democrático pluralista de coalición popular que asuma la construcción de la paz, la justicia social, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.”[2]
c) Promoción de un nuevo modelo económico y social que incluya reforma agraria integral, territorial, ambiental; rescate y reforma de la salud y la educación pública; vivienda y un nuevo régimen laboral.
d) Iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.

Actualmente se desarrolla un proceso de diálogos para poner fin al conflicto armado en Colombia en el que participa de un lado el gobierno nacional y de otro, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, que dialogan desde hace un año en la Habana Cuba, y más recientemente el anuncio del inicio de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. ELN, en ambos casos, el gobierno pretende imponer a las guerrillas la tesis de la rendición militar como única fórmula de solución al conflicto, mientras las guerrillas proponen la discusión sobre las causas que originaron el conflicto armado, las cuales persisten en la realidad colombiana. En tal sentido los diálogos aunque avanzan presentan sobresaltos que amenazan con su ruptura, a lo cual cada vez se suma el interés del gobierno de Juan Manuel Santos de poner el tema de su reelección presidencial en la misma vía de mantener los diálogos, o aún, de exigir a la insurgencia terminar la negociación a ritmo acelerado sin importar la calidad el contenido y exigiendo nuevamente la desmovilización de la insurgencia, sin acometer los cambios que la sociedad colombiana reclama urgentemente, especialmente las transformaciones económicas, políticas y sociales, que transiten el camino de la justicia social, la democratización y la derrota de la corrupción y la impunidad.

El desarrollo de la lucha política, en Colombia ha significado para los comunistas, fuertes oleadas de represión, persecución y exclusión política, en este sentido el partido y la militancia comunista, han sido objeto de la más feroz acción de exterminio fisico a cargo de los grupos paramilitares, las fuerzas militares y policiales colombianas, además de un régimen político antidemocrático y excluyente, que niega la posibilidad de real participación política, en igualdad en condiciones. En los últimos 20 años esta política criminal y violatoria todos derechos civiles, han significado la eliminación física del proyecto político denominado Unión Patriótica, movimiento amplio en el que participaban activamente los militantes comunistas, que desde el año 1986, se propuso como aporte a la paz construir un proyecto democrático con una plataforma que proponía, paz, desarrollo de la democracia, justicia social, soberanía, entre otras, esta eliminación significó más de 5000 militantes asesinados a lo largo y ancho del país entre ese periodo de fundación y el presente, igualmente centenares de dirigentes fueron desplazados, amenazados, muchos obligados a exiliarse, y la pérdida de representación legal el movimiento unión patriótica y el partido comunista para participar en política. A este genocidio se sumó el de otras corrientes de izquierda como lo fueron a luchar, el frente popular y otras expresiones sociales y sindicales como la central unitaria de trabajadores.

Igualmente, la militancia comunista y los sectores revolucionarios, democráticos y de oposición política en Colombia, también son sometidos a una serie de prácticas políticas impulsadas por los gobiernos de derecha, con las cuales se busca, a partir de montajes judiciales la detención arbitraria, juicios faltos de garantías el encarcelamiento y desprestigio de dirigentes y organizaciones. Esta es entonces la situación de centenares de luchadores populares colombianos que se encuentran privados de la libertad, para los cuales no solamente hay falta de garantías procesales, sino que además están sometidos a una situación de reclusión en la que se vulneran una serie de derechos, esto en medio de una situación supremamente grave de crisis humanitaria que se vive en las cárceles colombianas. En Colombia las cárceles por cuenta de esta política, son lugares de hacinamiento, en las que los reclusos tienen que vivir en celdas diseñadas para dos personas y en las cuales el gobierno ha permitido que en ellas estén hasta 4 y5  reclusos. Esta después la situación en la que viven centenares de luchadores populares, dirigentes políticos revolucionarios y prisioneros de guerra, es la situación en la que se encuentran los dirigentes sociales Huber Ballesteros, líder de la movilización agraria del pasado mes de agosto, también se encuentra en la misma condición Miguel Angel Bobadilla, ambos dirigentes de FENSUAGRO, Gil Trujillo (Sobreviviente de la UP, ex concejal de Rivera, Huila, condenado a 37 años de cárcel, Carlos Lugo, dirigente social en el depto. de Huila, también se encuentra detenido el defensor de los derechos humanos directivo del comité permanente por la defensa de los derechos humanos CPDH Luis Fernandez en el departamento del Huila por las mismas razones de montaje judicial,  Joaquín Pérez Becerra es periodista, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, que por razones de seguridad, se vio obligado a salir del país a finales del año 93 en calidad de exiliado a Suecia, país que le otorgó la ciudadanía.

El 23 de abril de 2011 fue detenido por autoridades venezolanas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando ingresaba a ese país procedente de Alemania, bajo un supuesto requerimiento de la INTERPOL. El día 25 de abril de 2011, a petición del Presidente Santos, el gobierno venezolano lo deportó a Colombia, violando sus derechos como refugiado político.a la lista se suman muchos otros más hombres y mujeres, luchadores, por la paz, la justicia social y la democratización del país.

El caso de David Ravelo

David Ravelo, es militante comunista, además de a sido funcionario público, y concejal del municipio de Barrancabermeja, puerto petrolero de Colombia, defensor de los derechos humanos, quien por durante muchos años fundó y dirigió la Corporación Regional para DEFENSA de los derechos Humanos CREDHOS.

Gracias a las políticas de delación que han impulsado los últimos gobiernos, David se encuentra privado de la libertad desde setiembre del año 2010, juzgado y condenado por homicidio agravado, condena que le fue proferida en diciembre del año 2012, la cual los abogados de la defensa apelaron, pero dicha apelación fue resuelta por el tribunal superior de Bucaramanga a comienzos del mes de octubre del presente año, en la que se ratifica la condena de 18 años de prisión contra el defensor de Derechos Humanos, a quien se le acusa del crimen de un ex secretario de despacho del municipio de Barrancabermeja, ocurrido en abril de 1999 por el cual está siendo juzgados otras personas.

Llama la atención que en el proceso y la condena David Ravelo, se encuentran varias anomalías, entre ellas que las acusaciones fueron llevadas por el fiscal 22 de la unidad anti terrorismo William Giraldo Pacheco Granados, este fiscal se encontraba inhabilitado para ejercer cargo público, por haber sido destituido en 1991, cuando en su calidad de teniente de la Policía Nacional participó en la desaparición forzada de un joven de la ciudad de Armenia.

Igualmente llaman la atención, que a David se le juzgue por sus vínculos con el paramilitarismo,. Cuando es precisamente David que de manera valerosa desde hace dos décadas ha denunciado de manera permanente y sistemática la presencia del paramilitarismo y los crímenes contra la sociedad cometidos por este grupo en el magdalena medio,  en su calidad de dirigente Comunista y revolucionario, sin embargo, como señala David Ravelo desde la cárcel “…me están cobrando un trabajo permanente, perseverante en defensa de las víctimas, mi posición inclaudicable contra la injusticia de las desigualdades sociales. También están cobrando haber denunciado en el año 2007 al expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando a parecía en un video con varios paramilitares de Barrancabermeja. Este montaje para tratar de silenciar le viene orquestados desde allí…”

El caso de David Ravelo, como el que otros centenares de hombres y mujeres que se encuentran privados de la libertad por el solo, hecho de oponerse a la imposición de políticas económicas y sociales contrariado de intereses populares y violatorias de la constitución política colombiana, demanda del movimiento social y popular nacional e internacional, las reacciones más decididas en procura, de desenmascarar el autoritarismo las prácticas antidemocráticas de los gobiernos colombianos, e igualmente demanda de la comunidad internacional seguimiento a la situación de la población carcelaria, y particularmente de las condiciones en las que se encuentran cerca de 9000 luchadores sociales y populares e revolucionarios colombianos.

El partido comunista colombiano, agradece a los organizadores de este importante seminario, haber acogido la causa por la libertad del dirigente comunista y defensor de los derechos humanos David Ravelo Crespo, exhortamos a los participantes de esta jornada a vincularse a la campaña por la libertad, el respeto de las garantías procesales y el mejoramiento de las condiciones de reclusión de los presos y prisioneras políticas en Colombia.

Muchas gracias,

Bogotá, 27 de octubre  2013

version en ingles:  http://hojasuelta0.blogspot.com/2013/11/colombia-ideological-disputed-by.html


[1] Declaración política XXI congreso del PCC, Bogotá, 19 al 22 de julio de 2012.
[2] Pleno comité central del partido comunista colombiano mayo 2013

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