jueves, 23 de octubre de 2014

PLIEGO DE EXIGENCIAS DE LAS VICTIMAS ENTREGADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2014, BOGOTÁ

Las razones de una movilización…

Viernes 24 de octubre 10:00 Bogotá

Son múltiples las razones que justifican la realización de una movilización de las víctimas del conflicto armado, algunas de estas motivaciones son de carácter estructural y tienen relación directa con el funcionamiento del Estado Colombiano, como lo son la falta de equidad social, la ausencia de democracia y la práctica de la violencia desde la institucionalidad sobre las que este descansa. Otras son relativas a la Ley de victimas 1448, que en 3 años ha demostrado las dificultades e inconsistencias que hace más difícil el acceso de las víctimas a una adecuada, oportuna atención y a una reparación y restitución con dignidad y proporcional al daño causado. Una cosa es la se proclama por los altos funcionarios y otra la que se hace por quienes tienen el encargo de ejecutar la política pública de atención a víctimas, quienes sin voluntad política, poca experiencia y falta de presupuesto, termina re victimizando  a las personas que acuden en procura de restablecer sus derechos. Otras razones son provocadas por la negligencia y falta de compromiso de las instituciones y sus funcionarios que hacen más problemático y lento el acceso de las víctimas a una atención con dignidad y diferenciada.

El resultado de estas situaciones, no puede ser otro que la mala atención a las víctimas, que acuden en búsqueda orientación y solución a diversas situaciones que tiene que vivir una víctima en Bogotá.

Algunas de estas situaciones que provoca la mala atención a las víctimas en Bogotá, y las insuficiencia y de la ley de víctimas, las presentamos en forma de pliego exigencias, para interesar a la entidades responsables de encontrar soluciones a esta problemática: Particularmente a la UARIV, y por su intermedio al SNARIV, igualmente al Ministerio del Interior que ejerce la secretaría técnica del mismo, al comisionado de paz Sergio Jaramillo, al consejero presidencial para los derechos humanos Guillermo Rivera, a la Alta Consejería Distrital de Victimas Ana Teresa Bernal, también interesar al congreso de la república con el ánimo de promover un escenario de control político a la ley 1448 y lograr la modificaciones que de manera urgente, están reclamando las víctimas a lo largo y ancho del país, así como también lo han hecho las víctimas del exilio y el refugio fuera del país.

Finalmente interesar a la corte constitucional para que desde esta instancia se considere la real situación de las víctimas y haga el respectivo seguimiento jurídico a las leyes y normas que se promueven para garantizar los derechos de las mismas, al mismo tiempo exhortar a esta alta corte, para que no levante el Estado de Cosas Inconstitucional proclamado hace ya diez años a través de la sentencia T025/04 ante el incumplimiento sistemático del gobierno a la ley 387 de 1997 y que a la fecha de hoy persiste el incumplimiento de las órdenes emanadas para garantizar la atención adecuada a las víctimas del desplazamiento forzado.

La idea este pliego es abrir un debate público sobre los derechos de las víctimas y la necesidad de reformar la ley de víctimas, y crear un escenario político favorable a los verdaderos derechos de las víctimas.

Cambios en la ley de víctimas:

1. Se requiere con urgencia modificar la tabla de valores de pago de indemnizaciones, los montos establecidos por la ley 1448 ofende la dignidad de las víctimas al ofrecer unas sumas irrisorias por concepto de indemnización, en este sentido proponemos que ese valor se multiplique por cinco, para cada uno los hechos victimizantes planteados en la ley.

2. Es urgente modificar los procesos de restitución de bienes y de tierras, en aquellos casos que no existen opositores proponemos se establezca un procedimiento administrativo, que permita prontamente entregar los títulos de propiedad a los reclamantes sin que medien procesos como lo actualmente existen de macro y micro focalización para luego someterse a un procedimiento judicial que hace que cada proceso se demore hasta un año. En este sentido proponemos se desmonte la Macro y Microfocalizacion y se establezca un sistema de priorización de zonas de restitución sin que en el intervenga el Ministerio de la defensa.

3. Se requiere se desarrollen procesos trasparentes de asignación de tierras a comunidades campesinas, particularmente las que se encuentra bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes (Ley 975/07 y bienes incautados al narcotráfico) allí se conoce de prácticas corruptas y de beneficio a grupos económicos, desconociendo las víctimas.

4. Es necesario establecer un procedimiento más rápido que permita a las víctimas que no han declarado o que no se encuentran reconocidos por la ley, para acceder al derecho al registro.

Mejoras en  la atención

5. Crear un mecanismo especial de atención a las víctimas que requieren acceso preferente a los procesos de atención, reparación y restitución de tierras y bienes despojados, particularmente a las Madres cabeza de hogar, adultos mayores, niños y niñas víctimas del conflicto, discapacitados. Este mecanismo debe disponer de los recursos económicos que permita que estas víctimas accedan de manera pronta a sus requerimientos tanto de atención como reparación y restitución.

6. Exigimos el cumplimiento del artículo 140 de la ley 1448 de 2011, así como las sentencias 1372 de 2010,  C/291 de 2011 y 1184 de 2008  en su artículo 188, donde se  declaran exonerados del Servicio Militar Obligatorio a los hijos de víctimas  y a víctimas del conflicto armado en Colombia,  además  de estar exentos de pagos por derechos de la Libreta Militar y demás.

7. Exigir a todas las universidades públicas del país, la asignación de 3.000 becas de educación superior para víctimas del conflicto armado por año, que permita a las víctimas, jóvenes y adultos, que deseen completar sus estudios universitarios puedan hacerlo, accediendo a mecanismos transparentes de otorgamiento los cupos para dichas carreras.

8. Establecer cuotas de formación técnica en el SENA, que garanticen el fácil y gratuito acceso de las víctimas a toda la oferta educativa de esta institución. Esta capacitación debe acompañarse de capital semilla para el desarrollo de los proyectos de emprendimiento a partir de su conocimiento y habilidad, este apoyo no debe ser inferior a los 30 SMLV, por persona.

9. Garantizar de manera efectiva que lo educación básica primaria sea gratuita, incluyendo, uniformes, material educativo, alimentos calientes, trasporte, y atención médica, psicológica.

10. Obligatoriedad del ICBF y otras entidades públicas encargadas de atención a la primera infancia, de otorgar cupos suficientes y gratuitos para hijos de las víctimas de madres lactantes y menores hasta los 6 años en guarderías, sala cunas y jardines infantiles.

11. Garantizar el acceso de victimas en centros especializados en discapacidad, tanto para adultos, infantes y adulto mayor, que facilites a sus cuidadores espacios laborales y de estudio.


12. Que los recursos que se entregan a los hijos (menores de edad) de las víctimas, por concepto de indemnización sean entregados a sus tutores, considerando que son ellos los que tienen la responsabilidad de garantizar su bienestar.

13. Elaboración de un sistema de salud gratuito y público, especialmente dirigido a víctimas que atienda enfermedades crónicas, de alto costo, salud mental, atención psicosocial continúa. Igualmente que proporcione medicamentos, exámenes de laboratorio y consulta con especialistas. Esta atención debe reconocer los enfoques diferenciales de género, etnia y generación.

Ayuda humanitaria

14. Es urgente que el presupuesto anual asignado por el Estado Colombiano para el tema de reparación y asistencia a las víctimas del conflicto armado, se duplique teniendo como base el presupuesto aprobado en el año 2014, sólo así se podrán superar las cifras, de atención, de reparación y de restitución.

15. Una forma de evitar la congestión que se registran los centros dignificar es iniciar un proceso de bancarización, que permita que las víctimas tengan una cuenta bancaria exenta de cobros financieros, lo cual permitirá, que una vez que se consigne el Valor de la ayuda humanitaria en cada cuenta, ésta no sea devuelta a la nación porque no fue reclamada prontamente, lo que actualmente está sucediendo es que las víctimas deben presentarse permanentemente al centro dignificar a averiguar si ya salió su ayuda, lo que genera congestiones permanentemente, pero si en algún momento se consigna y la víctima no lo sabe, los recursos son prontamente regresados a las cuentas de la nación, algunas denuncias indican que los recursos no alcanzan a estar en el banco más de quince días.

16. Resolver el problema que se está presentando entre las ayudas que debe pagar la UARIV y las que corresponden al ICBF, lo conveniente es unificar el pago de dichas ayudas como sucedía en el pasado.

17. Que los pagos se hagan de acuerdo a la normativa: auto 092, sentencia C-278, T-025, que las ayudas humanitarias sean entregadas hasta que se supere la situación de vulnerabilidad. Rechazamos la negación de este derecho a las víctimas con más de 10 de años de inscripción como víctima de desplazamiento forzado, exigimos la inexcequibilidad del artículo 112 decreto 4800 de 2011

Prevención y protección

18. Es urgente que el Estado Colombiano diseñe una política que permita prevenir los riesgos y amenazas contra los y las defensoras de los derechos humanos así como a los líderes y lideresas de víctimas y organizaciones de víctimas que trabajan en procura el restablecimiento pleno de los derechos de las mismas
Otras

19. Garantizar el cumplimento de la inversión de la carga de la prueba, hoy son las victimas las que deben aportar las pruebas que demuestran su calidad de víctima de despojo de bienes y tierras y con ello re victimizar a los solicitantes.

Atención a las víctimas en Bogotá

20. Es necesario se establezca una mesa de seguimiento y evaluación para superar algunos problemas que se presentan en el tema de la atención a las víctimas en los centros dignificar:

21. Revisar la nómina de personal que se dedica a la atención para verificar efectivamente la idoneidad y compromiso de los mismos.

22. Superar los problemas que se presentan cotidianamente en los centros DIGNIFICAR, al no contar con personal especializado al momento de la acogida, son múltiples los inconvenientes que se viven diariamente cuando en las largas filas se encuentran Madres cabeza de hogar con bebes de brazos, adultos mayores, discapacitados, los cuales tienen que someterse no sólo la fila, sino a la arrogancia de los guardas de seguridad.

23. Evaluar los protocolos de atención periódicamente en compañía de las organizaciones de víctimas a fin de verificar su cumplimiento y diseñar los correctivos conjuntos que permitan dignificar la atención.

Respaldo al proceso de paz

24. Consideramos importante respaldar el proceso de diálogos que se adelanta entra las insurgencias  y el Estado Colombiano, por considerar que este proceso es el aliento para resolver dialogando el largo y doloroso conflicto armado, al igual que consideramos que este debe desarrollar se bajó la condijo de cese bilateral de fuego y hostilidades, así como la exigencia a las partes de no levantarse de la mesa hasta el logro de un acuerdo definitivo de paz con justicia social.

Vivienda para víctimas del conflicto armado
Respaldamos integralmente el pliego por el Derecho a la vivienda digna para víctimas elaborado en la audiencia pública de vivienda en Bogotá, convocado el 19 de septiembre de 2014 por el comité central de  vivienda
25. Se propone crear un fondo indemnizatorio, para la construcción de vivienda digna de por lo menos 72 m² por núcleo familiar, dicho fondo se debe crear a partir de la destinación de un 30%, del impuesto al patrimonio y actualmente se discute en el congreso de la república en la reforma tributaria, dicho fondo se complementará destinando un 20% de las regalías procedentes de la explotación de los recursos minero energéticos del país que actualmente se están concesionando.

TRECE PUNTOS POR VIVIENDA DIGNA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

1. Crear un programa especial de vivienda para víctimas del conflicto armado interno, totalmente financiado con recursos del Estado. Además de nuestra condición de ciudadanos, el reconocimiento legal como víctimas indica que nuestro derecho a la vivienda va más allá, pues se trata de que el Estado restablezca unas condiciones de vida que nos fueron violentadas, debido a que incumplió su deber de protegernos. Hablamos de un programa especial, para que no ponga a las víctimas a competir por un techo, con los otros millones de colombianos que carecen de ella. Reclamamos que sea totalmente financiado con recursos del Estado, porque se trata de un derecho, no de un negocio, por tanto su goce efectivo no debe depender de la capacidad de ahorro del beneficiario. No es justo que se le pida a la víctima dedicar parte de lo obtenido con un derecho – la indemnización administrativa – para subsidiar al Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar vivienda digna.
2. Inclusión de dicho programa especial de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, y en el presupuesto correspondiente. Ahora que el Gobierno Nacional se encuentra elaborando el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, es la oportunidad para que demuestre la real prioridad que ocupan las víctimas en la política social. Incluir el programa especial de vivienda gratuita para víctimas, como parte esencial del Plan de Desarrollo y destinarle recursos significativos durante toda su vigencia, es comenzar a atender efectivamente una  de las necesidades críticas de los más de seis millones de víctimas, de manera estructural y con visión de desarrollo.

3. Programa especial de vivienda que incluya las cinco modalidades que contempla la ley, aplicables en cualquier parte del país: vivienda nueva – vivienda usada – mejoramiento – construcción sobre lo construido – construcción en lote propio. El programa actual de vivienda gratuita del Gobierno nacional solamente ofrece la modalidad de vivienda nueva, con un área construida que resulta insuficiente para el tamaño promedio de las familias víctimas, predominantemente de origen campesino. Es necesario poder contar con las otras opciones contempladas en la ley, que sean también 100% financiadas por el Estado, y permitan desarrollar alternativas a problemas como el hacinamiento, la escasez de tierra, o los altos costos de los proyectos privados de construcción.

4. Garantizar el cumplimiento de los 14 derechos de retorno y reubicación (establecidos en la Ley de víctimas y decretos reglamentarios), con la ejecución del programa especial de vivienda digna y gratuita para víctimas del conflicto armado. Implica articular con otros sectores como Educación, Salud, Trabajo, de tal manera que la vivienda sea eje dinamizador del restablecimiento del proyecto de vida, base de la estabilización socioeconómica y componente fundamental del bienestar. Enmarcar el acceso y goce de la vivienda en estos derechos, busca que las víctimas cuenten con mejores posibilidades de adaptación, además de las elementales condiciones de privacidad, respeto a la identidad e impulso a su propio progreso.

5. Garantizar la incorporación de los criterios diferenciales (para ciclo vital, étnico, de género y discapacidad) en todo el ciclo de desarrollo del programa gratuito de vivienda. Es necesario que se apliquen con más rigor que hasta ahora, en el tema de vivienda, los diversos criterios diferenciales establecidos en abundante normatividad, y que concretan la dignidad del derecho. En cumplimiento de lo cual, se hace necesario establecer en el programa especial de vivienda gratuita para víctimas, un porcentaje de viviendas destinadas a satisfacer las necesidades específicas de los distintos grupos poblacionales que gozan de especial protección constitucional.

Es necesario que representantes de las víctimas tengan asiento en las instancias de planeación, control y evaluación del sistema de vivienda, a fin de que puedan velar por el buen desarrollo de la política, de acuerdo con sus legítimos intereses y derechos.

6. Garantizar la vivienda gratuita también a víctimas solas, es decir, que no hacen parte de un núcleo familiar. Es imprescindible que se respete y garantice con ello, sus derechos fundamentales individuales a la igualdad y a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad; que se reconozca plenamente su condición de víctima, en suma que se garantice el respeto a su dignidad humana.

7. Asignación de presupuesto al programa especial de vivienda durante los 4 años de vigencia del Plan Nacional de Desarrollo y su ejecución prioritaria. Esto será prenda de garantía de que el programa logre reales impactos favorables en lo social y lo económico. Se requiere que exista una bolsa especial para la total financiación de las viviendas destinadas a la población víctima, en sus cinco modalidades. Y que responda adecuadamente a las demandas territoriales.

8. Asignación de mínimo 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv) y hasta 70 smlmv, aplicables a cualquiera de las cinco modalidades de acceso a vivienda, dependiendo de las siguientes condiciones:
- Número de integrantes del núcleo familiar.
- Costos de los materiales de construcción y el transporte de los mismos (art. 14, ley 1537/12).
Se hace necesario que los gastos que demanden los estudios técnicos, así como los costos de diseño y administrativos, sean cubiertos de manera adicional a los 70 smlmv.

9. Financiar el programa de vivienda especial y gratuita para las víctimas con un impuesto para la paz. Es hora de transformar el sentido de las contribuciones de los colombianos y colombianas: no más plata para la guerra. Se necesita una financiación de la paz, por lo que la reforma tributaria que se anuncia debe apuntar principalmente a ello. Es posible considerar, para estos propósitos, la destinación de un porcentaje de las regalías petroleras y de los megaproyectos mineros, del impuesto llamado”4 por mil”, del IVA y hasta de los ingresos por exportaciones. En este mismo sentido, respaldamos la propuesta de los alcaldes para que se cree un Fondo para la Paz, como componente del Plan Nacional de Desarrollo.

10. Exigir como único requisito para el acceso a la vivienda, el reconocimiento como víctima en el Registro Único de Víctimas RUV. Desde un enfoque de derechos, es necesario que se simplifiquen los requisitos y se eliminen las barreras de acceso a la vivienda para las víctimas. Así como no es moralmente aceptable que el derecho el acceso efectivo a vivienda dependa de la ruleta de un sorteo, tampoco es admisible que se aplace indefinidamente su goce por las barreras que constituyen el cúmulo de requisitos.

11. Consultar a las familias beneficiarias el tipo de vivienda y el lugar de asignación. Esto se puede lograr si se desarrollan plenamente las cinco modalidades de acceso a vivienda digna y si se atienden seriamente las solicitudes de reubicación que hacen continuamente los ciudadanos y ciudadanas víctimas. Aunque se reconoce que existe la limitación de tierra en algunos municipios, también se sabe de numerosos sitios que no resultan atractivos para las ganancias que esperan obtener los constructores privados. Por ello es necesario también impulsar otras alternativas de construcción, entre las que se encuentra la denominada OPV (Organización Popular de Vivienda).

12. Permitir la separación del núcleo familiar con las mismas garantías de vivienda para cada uno de los nuevos núcleos resultantes, teniendo en cuenta otras causales, además del abandono y la violencia intrafamiliar. Antes de sufrir el desplazamiento forzado, la inmensa mayoría de las víctimas contábamos con espacio vital suficiente para nuestros actuales y futuros núcleos familiares. La demora en la reparación de los numerosos daños ocasionados por los violentos, nos coloca en la situación actual, de crecimiento de nuestros hijos y la multiplicación de la familia con el consiguiente derecho que tienen a establecer su propio hogar. Es urgente que se respete el derecho de nuestros hijos e hijas adultos a constituir una familia, de nuestros nietos y nietas a contar con una familia plenamente constituida, en resumen a que se hagan valer los derechos fundamentales para todos los  miembros de nuestras familias, sin discriminaciones.

13. Garantizar la participación de las víctimas en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de incluir el programa de viviendas gratuitas para las víctimas del conflicto armado interno. En concreto solicitamos, invocando el derecho a la participación democrática consagrado constitucionalmente, lo siguiente:

1. A los ministros, al Director Nacional de Planeación y demás autoridades integrantes del CONPES, que estudien y encuentren la mejor manera de incorporar en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA DIGNA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, totalmente financiado con recursos del Estado.

2. A los presidentes de las comisiones de Senado y Cámara, encargadas de discutir el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, realizar una sesión informal con voceros del Comité Central de Víctimas por vivienda digna, para que escuchen sus argumentos en favor del PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA DIGNA PARA LAS VÍCTIIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.


3. A la mesa directiva del Consejo Nacional de Planeación, para que generen un espacio de escucha, en plenaria del CNP, a la sustentación del PROGRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA DIGNA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, por parte del Comité Central de Víctimas por Vivienda Digna.