Cuales garantías a la oposición política ?

... La única paz que se logrará será el inicio de nuevos conflictos

Por: Alfonso Castillo G

Defensor de Derechos Humanos y Victimas

hojasuelta0@gmail.com,

El régimen colombiano se ufana de ser uno de los más democráticos del mundo, sin embargo, 60 años de violencia institucional y guerra interna, han provocado millones de víctimas, entre asesinatos, desaparecidos, presos y prisioneras políticas, desplazamientos, genocidios, entre otras violaciones a los derechos humanos, indica que nuestra democracia es sólo un rótulo, que no resiste el más mínimo examen a la luz de las definiciones de ciencia política. A esta situación se han agregado fenómenos como el narcotráfico, el paramilitarismo, y con en la corrupción, que han permeado toda la estructura social para agravar la maltrecha democracia Colombiana.

El panorama de guerra contra-insurgente, se ha extendido a todas las esferas de la vida pública, y el estado se ha convertido en una gigantesca máquina de represión y violencia contra el pueblo, que lucha por mejorar las condiciones de vida y lograr una sociedad medianamente democrática. Al interior del estado colombiano, se han enquistado sectores poderosos, interesados en prolongar la guerra y la violencia, para desde allí, seguir asegurando mejores utilidades en sus negocios, y de esta manera continuar obteniendo de la violencia beneficios, como las mejores tierras y el control de territorios con riquezas naturales en sus entrañas, redes de tráfico ilegal y todo lo que aprovechan del control ilimitado de los recursos públicos.

Son ellos, los guerristas, la ultraderecha, quienes con su poder y afán desmedido de riqueza han manipulado y cooptado la justicia, controlando los medios de comunicación, han fabricado toda clase de mentiras y montajes contra la oposición política, contra la izquierda y contra los sectores democráticos. Su idea de paz y democracia no es otra, que la que le permitía de ellos seguir teniendo el poder violento de los negocios y la muerte.

Esta situación, se presenta en momentos en que el país avanza en un inédito proceso de paz con las guerrillas de las FARC EP y  anuncios de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estas conversaciones indican que se avanza hacia un acuerdo para poner fin al conflicto armado. A estos avances la ultraderecha ha lanzado múltiples ataques intentando detener el proceso y retornar a la guerra contra la sociedad.

Los ejemplos son múltiples:

•       La campaña de difamación contra Marcha Patriótica incluidos los montajes judiciales contra sus principales dirigentes, que hoy me han tienen privado de la libertad a Huber Ballesteros, y vinculados a procesos judiciales a varios de sus miembros directivos.
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•       También ha estado toda la campaña contra la senadora Piedad Córdoba, contra quien no sólo se  han de realizado montajes, sino que se ha orquestado un plan para privarla de su condición política y su derecho a participar de ella, igualmente contra ella se ha desarrollado, como recientemente se conoció sendas amenazas contra su vida e integridad.
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•       Igualmente están las múltiples amenazas de muerte contra Carlos Lozano, quien ha sido promotor del proceso de paz, y un actor político claramente comprometido con las transformaciones democráticas para el país.

•       El montaje contra el Profesor Miguel Ángel Beltrán que ahora ha sido ratificado el fallo condenatorio contra él, dedicado a la actividad docente su condena es una clara acción contra la libertad de pensamiento. Igual situación se presenta contra Liliani Obando, defensora de los derechos humanos, a quien se han realizado montajes y toda clase de violaciones la debido proceso, hoy ella se encuentra en detención domiciliaria. No es mejor la situación del también defensor de derechos humanos David Ravelo. Víctima de un falso positivo judicial que ha sido condenado a18 años de cárcel negando las debidas garantías procesales.
  
  
•       La detención de decenas de dirigentes sociales y campesinos en una clara ofensiva de la ultraderecha, con la cual se intenta también sabotear el avance en los procesos de diálogo entre las guerrillas y el estado colombiano. El más reciente de esos hechos se presentó en la región de Sumapaz y Tequendama en Cundinamarca donde a fines de año (2014), fueron detenidos y privados de la libertad al menos 20 dirigentes y campesinos de esa región agraria del país, entre quien se encuentra Alexander Guzmán, edil dela localidad.20. Hoy ellos se encuentran privados de la libertad a partir de un montaje de testigos asueldo, en precarias condiciones de reclusión.
•       Las permanentes amenazas que en los últimos meses han circulado contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas, victimas, luchadores populares y promotores dela paz con justicia social, amenazas enviadas por grupos paramilitares a lo largo y ancho del país, y que no solo no se realizan las respectivas investigaciones para determinar los responsables, sino que la protección a los amenazados y sus organizaciones depende de una debilitada UNP, que tarda y restringe la protección, bajo de excusa de falta de presupuesto.
•       La campaña de desprestigio, montaje y persecución contra el alcalde  de Bogotá, Gustavo Petro, a quien desde distintos medios de comunicación, tratan de achacarle toda la responsabilidad de las cosas malas que pasar en Bogotá, sin que en conocer ni aún no solo de sus logros en política social, además de una feroz campaña de persecución y hostigamiento de los entes de control contra su actividad.
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•       Negativa otorgar suficientes y adecuadas garantías para el desarrollo de la acción política a la recientemente restituida personería de la unión patriótica, para este movimiento continúan las amenazas contra los principales dirigentes, negativa a participar de los medios de comunicación, así como, trabas para la entrega de los recursos económicos necesarios y que por constitución, es obligatorio otorgar a los movimientos políticos legalmente constituidos.
•       Esta falta de garantías, ahora se dirige en arremetida jurídica y política contra la valerosa actividad del senador Iván Cepeda, a quien el centro democrático derechista ha pretendido quitarle su investidura como senador.
•       Igualmente se extienden esta ausencia de garantías, contra los presos y prisioneras políticas de la oposición, contra ellos existe un cúmulo de violaciones a sus derechos fundamentales y humanos a tal punto que recientemente la propia procuraduría General de la Nación, llama la atención del gobierno para mejorar las condiciones humanitarias en las que se encuentran esto luchadores políticos, además existe sobre ellos la permanente amenaza Castigadora de ser extraditados.

Sí esta realidad no cambia y el estado colombiano no hace conciencia, que para el logro de la paz duradera y estable, es necesario introducir transformaciones democráticas, que permitan a la oposición política mejores condiciones de participación política, el país estaría ante la posibilidad de lograr un acuerdo con las insurgencias que las FARC EP  y el ELN, pero al mismo tiempo generar las condiciones para propiciar nuevos conflictos sociales y políticos, que en ultimas fueron la causa del actual conflicto armado colombiano.

A este propósito el Presidente Juan Manuel Santos, debe comprometerse de manera más decidida, implementando acciones administrativas y políticas, que pasan por el desmonte del paramilitarismo, la depuración de las fuerzas militares y el retiro inmediato del ministro de guerra Juan Carlos Pinzón.

Igualmente el gobierno, debe impulsar una agenda legislativa que modifique el régimen político, a fin de garantizar la democratización de los medios de comunicación, mejorar el sistema electoral, brindar garantías a la oposición para acceder a espacios legislativos. Así mismo, esta acción legislativa debe garantizar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, así como brindar a la sociedad colombiana los derechos a verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición. No menos importante es el impulso de la agenda legislativa que permita transformaciones sociales que garanticen los más mínimos derechos de los colombianos y colombianas a la salud con dignidad, a la educación pública gratuita, al saneamiento básico, al trabajo digno y bien remunerado, entre otras.

Para exigir estos cambios, el pueblo colombiano y sus organizaciones populares y sociales, deben impulsar la más amplia y consistente movilización, tomando las calles y conquistando todos los escenarios que permite la limitada democracia de papel que existe en Colombia, y empujar las transformaciones para una paz duradera y estable.

Bogotá, 14 de enero de 2015