Alfonso Castillo
Defensor de Derechos
Humanos
El mundo entero ha
sido sorprendido con la epidemia del COVID - 19 (Coronavirus) una enfermedad de
fácil propagación que puede llevar a los afectados a la muerte en pocos días,
hasta el día de hoy, la manera más eficaz de contener el avance del numero de
personas contagiadas, es sin duda alguna el confinamiento social, es decir garantizar que las personas
permanezcan en sus hogares y evitar el contagio de personas que han contraído
el virus, ya sea como portadores directos o asintomáticos, es decir, personas
que no presentan la sintomatología pero que portan el virus, esta medida es la
que pretende evitar que el sistema hospitalario colapse, dada la poca cantidad
de unidades de cuidados intensivos
disponibles, situación esta derivada de la mercantilización que capitalismo ha
hecho con el derecho a la salud; el aislamiento se hace para que el número de
personas fallecidas no sea aún peor de lo que ya está siendo a nivel mundial.
Sin embargo es
importante tener en cuenta el alto impacto social y especialmente económico de
esta medida, considerando la frágil economía colombiana, con bajos índices de
crecimiento económico, un aparato productivo dependiente de la explotación y
exportación de materias primas, un régimen laboral tercerizado qué ha promovido
el empleo precario y contratos basura de dos o tres meses, lo que constituye un
mercado laboral informal que genera más del 50 del "empleo" del país,
a lo que se suma una alta tasa de personas desempleadas, además, el país es
gobernado y se legisla por una mínima élite que diseña políticas económicas que
favorecen a los más ricos, igualmente hay que considerar que esta clase
política ha estado históricamente comprometida con la corrupción y la
criminalidad.
Todo este panorama
sólo puede provocar inconformidad y malestar entre la ciudadanía que no
encuentra alternativas ciertas para mitigar el hambre y cumplir con las
obligaciones que no dan espera como la vivienda, la salud y el transporte.
A lo anterior es
necesario sumar la serie de anuncios que desde el gobierno distrital y nacional
y algunas empresas hicieron para ofrecer subsidios y miles de mercados para
aliviar la situación de los sectores más vulnerables, que con el pasar de los
días, los anuncios no se materializaban en ayudas ciertas y esto fue haciendo
que las comunidades más empobrecidas se desesperarán y fuesen asaltadas por
sentimientos de frustración, rabia y hambre, ante lo cual, la calle se
convirtió en el elemento más inmediato para denunciar su terrible situación de
abandono y hambre.
Bogotá tiene un importante y reciente antecedente, la ciudad ha sido escenario de múltiples jornadas de protesta a partir del paro del 21 de noviembre del 2019. dónde en muchas localidades la gente salió a la calle a protestar contra la corrupción y contra las medidas económicas del gobierno de Iván Duque, también en rechazo a la brutalidad policial y contra la impunidad y la violación a los derechos humanos, estas protestas se expresaron a través de cacerolazos, marchas, bloqueo de vías, plantones y diversas formas de protesta que también se extendió a las redes sociales, en jornadas que se prolongaron casi un mes. Posteriormente desde mediados de enero del 2020 estudiantes, transportadores y pobladores distintas localidades de la ciudad continuaron manifestando su inconformidad frente a las medidas económicas del gobierno nacional. Luego fueron los camioneros que salieron a la calle en rechazo a las medidas que restringen su movilidad, al ser considerados agentes de contaminación del medio ambiente, igualmente protestaron los recicladores a comienzos del mes de marzo.Por eso suena increíble, a no ser que sea un distractor, señalar que hay políticos que están convocando a la gente a la protesta, tratando de convertir la protesta legitima y derecho sustancial del ser humano, como un delito. Entre otras cosas es bueno recordar qué la tarea del político es colocarse al frente de las necesidades sus comunidades, para organizar y acompañar en sus luchas, que en el caso de las jornadas de protesta que se han presentado en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, se trata de la única manera que la gente ha encontrado para manifestar su inconformidad frente a lo que considera una burla, al ver que las ayudas anunciadas por los gobernantes no llegan.
En el marco de la
cuarentena y las medidas de confinamiento y aislamiento social, decretado por
el gobierno nacional, se han presentado jornadas ciudadanas reclamando mayor
frecuencia en las rutas del transporte público, que desde un primer momento fue
reducido, y mucha gente siguió desarrollando sus actividades de manera “normal”,
entre otras cosas porque, una buena parte de la población depende
económicamente el actividades del rebusque que se realiza en las calles,
asimismo, se han manifestado en jornadas de protesta los vendedores ambulantes,
que no encontraron adecuada atención a sus preocupaciones, ante la
imposibilidad de salir rebuscarse el recurso para su supervivencia diaria.
De esta manera
entonces es bueno recordar a los gobernantes que la protesta social es un
derecho humano esencial y está consagrado en la Constitución Política Nacional y
más aún, ella no puede estar limitada ni, en el escenario de cuarentena
decretado justamente por el gobierno, ni por otras circunstancias, así lo ha
reiterado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) qué
le recuerda a los gobernantes de América, que a pesar de la crisis generada por
el COVID-19, no se pueden restringir derechos fundamentales a los ciudadanos.
La protesta tal y
como se ha expresado en los últimos días en Bogotá, surge de la necesidad
apremiante de las comunidades que sienten hambre, abandono y un gran
sentimiento de frustración e incertidumbre, y esto es necesario comprenderlo,
pero sobre todo, atenderlo adecuadamente, proporcionando ayudas, que no se
queden en los anuncios mediáticos, ni que estén mediadas por las trabas
burocráticas o la profunda improvisación, cómo se presentó en el caso de las
ayudas de ingresos solidario que no llegaron pronto gracias a los enredos de
las bases de datos, y quizá, no hay que descartarlo, por fenómenos de
corrupción que están presentes en medio de esta crisis.
Igualmente, es bueno
que los gobernantes se preparen para un aumento exponencial de las protestas
por cuanto durante la cuarentena y posterior a ella, seguramente aumentarán las
movilizaciones, porque de seguro aumentara la precariedad y las dificultades
económicas de millones de ciudadanos que seguramente van a ser el blanco
principal de lo que el gobierno impondrá como medidas de ajuste al gasto social,
al tiempo que con gran descaro se hará más evidente, que buena parte de las
medidas de alivio económico, terminarán fortaleciendo a los sectores más
poderosos de la economía, como el sector financiero, grandes industriales y comerciantes,
mientras que la pequeña y mediana economía seguirán asistiendo al
empobrecimiento y a la quiebra.
Así que, no tiene
ningún sentido ponerse a buscar responsables de las protestas y mucho menos
iniciar una campaña de estigmatización de organizaciones políticas, que por
naturaleza e históricamente han organizado y promovido la lucha de las
ciudadanías por sus derechos. Al contrario es necesario seguir gestionando más
apoyos sociales y humanitarios para que me le dé familias en Bogotá que
dependen de la informalidad, cuenten con una renta básica fija durante un buen periodo durante y después de la
cuarentena, sobre todo si se tiene en cuenta que en Bogotá son cerca de 150.000
familias que están por fuera del SISBEN y desligadas del sistema financiero y
que de seguro no han recibido apoyos cómo ingresó solidario, ni ningún otro, son
ellas las que con todo derecho están y seguirán saliendo a la calle a suplicar
ayudas.
También es
conveniente que se dé una mirada a lo que está ejecutando la propia
administración en Bogotá en materia de ayudas, no sea, que por parte de
funcionarios e instituciones se cometan arbitrariedades, como las que se han
visto de abuso policial en varias
manifestaciones en el sur de Bogotá, también es necesario estar atentos a que
no se presenten hechos de corrupción a través del acceso de los beneficiarios a
las ayudas humanitarias o a los mercados, en las redes sociales hay algunas
denuncias de cómo algunas de esas ayudas se encuentran en mal estado o son
insuficientes para atender las necesidades de un núcleo familiar de 4 o 5
personas.
No hay que dudarlo,
ni buscar distractores, a través de los medios de comunicaciones, detrás de las protestas en Bogotá está el
hambre.
Bogotá, 22 de abril de 2020.

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