En el nombre del Padre

Alfonso Castillo

Defensor de los derechos humanos

hojasuelta0@gmail.com

¿Nombramiento de Rodrigo Tovar, inconveniente o un gesto de reconciliación con “Jorge 40”?

El martes 19 de mayo el país conoció al nombramiento de Rodrigo Tovar como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior y de inmediato se desató una polémica nacional en la que, defensores de derechos humanos, distintos sectores políticos y víctimas del conflicto armado expresaron polémicas opiniones sobre este inoportuno, inconveniente e inexplicable nombramiento.

Y no es para menos, Rodrigo Tovar es el hijo del extraditado jefe paramilitar del bloque norte de las autodefensas unidas de Colombia, “Jorge 40”, responsable de 330 masacres que provocaron la muerte de al menos 1500 personas, entre estas masacres, la del corregimiento del salado en los montes de María en el año 2002, igualmente este criminal, es el responsable de varios hechos criminales entre los que se encuentran: Amenazas, desplazamientos, desapariciones forzadas, hechos que provocaron miles de víctimas, y por los cuales no ha brindado ninguna colaboración para establecer la verdad, ni a la justicia en Colombia, ni en los Estados Unidos, donde está condenado por Delito con delitos del narcotráfico, y que los próximo el meses quedará en libertad por pena cumplida. “Jorge 40” junto con otros jefes paramilitares fueron los responsables de lo que se ha dado en conocer en el país como la para política, a través de la cual muchos políticos se valieron del uso de la fuerza, y acciones criminales, así como recursos económicos, para ganar elecciones en distintas regiones del país.

Así entonces, el nombramiento de Rodrigo Tovar genera, molestias y en todo caso vulneración de derechos y la re-victimización a las miles de víctimas, que aún no son reparadas, y que no han accedido al derecho a la verdad y mucho menos a la justicia, por los crímenes cometidos por “Jorge 40”, porque justamente el ahora coordinador de víctimas del ministerio del interior, ha expresado públicamente, que su Padre es un perseguido político, es decir que no reconoce la responsabilidad criminal de los crímenes cometidos por él, y en ese sentido podría aprovechar su responsabilidad del Ministerio del Interior para justificar o “limpiar” la imagen de este sanguinario criminal. El nombramiento en todo caso, no brinda garantías de imparcialidad por cuanto también se sabe que el joven abogado, ataca a la justicia especial para la paz y sus posturas políticas como defensor de derechos humanos son bastante cuestionables.

Y no se trata de ninguna manera de negar al hijo de un criminal, el derecho a ser distinto de su Padre, básicamente porque compartimos la tesis de que no existen delitos de sangre, y los hijos no pueden cargar la responsabilidad de los delitos que haya cometido su Padre, pero si desconocen la responsabilidad en los crímenes, entonces lo que se intenta es tapar o borrar los hechos y en este caso particular en necesario tener en cuenta algunas consideraciones: Si se quiere entregar desde el gobierno, un mensaje de reconciliación y respeto a la dignidad de las víctimas y transitar por el principio del acción sin daño, Jorge Tovar tiene derecho a trabajar sin duda alguna, pero no necesariamente en una responsabilidad tan sensible, en un país donde el conflicto armado sigue provocando víctimas, y muchos de los criminales que causaron esos hechos no han afrontado la justicia colombiana, reconociendo su responsabilidad, diciendo la verdad y contribuyendo a la represión de las víctimas, y esa es justamente la labor en la que debería contribuir desde esa responsabilidad Jorge Tovar, pero no hay un mensaje claro de imparcialidad.

Al escuchar a Jorge Tovar, es muy claro que no tiene la suficiente experiencia, ni el compromiso verdadero en favor de las víctimas del conflicto armado, además se ha conocido, que la idoneidad de sus estudios no está lo suficientemente sustentada, como tampoco su experiencia en el trabajo en derechos humanos, más allá de un libreto que repite sin convicción sobre la reconciliación. Porque en todo caso la reconciliación implica transitar con las víctimas y desde sus derechos por el ejercicio de la verdad, la justicia y la reparación. La reconciliación no es olvidó.

Pero es necesario intentar hilar más fino, ¿que busca el gobierno de Iván Duque con este cuestionado nombramiento?, ¿será acaso un nuevo hecho en la vía del negacionismo del conflicto armado en Colombia? ¿Será que insiste el gobierno en ponerse en contravía de los derechos de las víctimas, como lo ha hecho también con otros nombramientos?, No se requiere para la articulación de los programas de victimas una persona con mayor experiencia en el tema derechos humanos?, O se trata simplemente de un gesto de reconciliación sí, pero con Jorge 40, que en los próximos meses regresara al país y tendrá que acudir a las instancias judiciales, y con este nombramiento se evite contar verdades que podrían incomodar a muchos integrantes de la cúpula gobernante, o aliados del gobierno actual?

En todo caso, para miles de víctimas del conflicto armado en Colombia, es cada vez más claro, que al gobierno de Iván Duque, y a su partido, poco le interesan los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por el paramilitarismo, también es claro que cada vez se reafirma más en la convicción de sabotear el acuerdo de paz. El nombramiento de funcionarios, que niegan la existencia del conflicto, niegan también, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho a la memoria y las garantías de no repetición. En dos años de gobierno en Presidente ha mostrado la falta de voluntad política para garantizar que la ley 1448, supere las dificultades que hoy la siguen haciendo un instrumento que poco sirve para garantizar la reparación a las víctimas, igualmente no hay compromiso alguno para el desmonte la estructuras criminales paramilitares, como tampoco para esclarecer decenas de crímenes contra líderes sociales, defensor de derechos humanos, y firmantes del acuerdo de paz, que día a día, siguen siendo asesinados en la más profunda impunidad.

Bogotá 28 de mayo de 2020.