Un Duque, hacia la autocracia.

Por Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos

Transcurridos 60 días de un movimiento que merece muchas calificaciones en relación al levantamiento popular que se ha dado en Colombia, originado en una profunda indignación ciudadana de rechazo a las políticas sociales y económicas que han profundizado y acelerado el empobrecimiento ciudadano, al mismo tiempo qué rechazan la negativa del gobierno a comprometerse en la construcción de la paz y la continuidad de la impunidad y la corrupción de los gobernantes, este estallido social ha sido enfrentado por el gobierno con una práctica sistemática de promover el uso de la violencia y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, al mismo tiempo que desata una acción mediática de anuncios populistas que no se conciertan con nadie, ni se considera la adecuada financiación de los mismos.

Durante estas jornadas de movilización y resistencia popular ha quedado en evidencia qué efectivamente el gobierno de Iván Duque está implementando una estrategia a través de la cual busca consolidar un gobierno de carácter autocrático al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos y políticas económica transnacionales. Esta estrategia se inició durante el primer periodo de la emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia del Covid 19, periodo en el cual el presidente se dedico a legislar sobre múltiples aspectos, aprovechando las dificultades del congreso para poder reunirse. Posteriormente, se desarrolló una planificada acción de oídos sordos y gobierno que desconoce la realidad nacional, de la cual la propuesta de reforma tributaria es el mas claro ejemplo.

Durante este gobierno y especialmente durante el periodo del paro nacional, se ha puesto al descubierto una práctica histórica de vulneración a los Derechos Humanos, impedimento de los Derechos civiles, de manera particular el derecho a la protesta y en todo caso, el desarrollo de una guerra que antes era rural y que ahora se ha trasladado al escenario de las principales ciudades y que la ciudadanía ha podido constatar, ahora casi de manera inmediata e   irrebatible a través de las redes sociales.

Lo que hoy preocupa es como de manera insistente el gobierno y sus principales voceros, así como el Partido Centro Democrático vienen haciendo todo lo posible para que el país transite la declaratoria de un estado de conmoción interior, lo que sin duda sería un grave retroceso en materia de construcción de las libertades democráticas y de la paz duradera y estable.

A través de estos síntomas que se describen a continuación, se dejan entrever algunos elementos que llaman la atención sobre la perspectiva de los Derechos Humanos, de la construcción de la paz y el término de la guerra en nuestro país, que no dejan ser preocupantes y que en todo caso son un llamado de atención para que los sectores democráticos, alternativos y la comunidad internacional no dejen de evaluar la problemática que se vive en el país. Es importante no olvidar que el gobierno ha estado durante todo su periodo, rodeado de una serie de escándalos que lo vinculan a él y a una parte importante de miembros de su gabinete con dineros de la mafia y personajes de claros vínculos con el narcotráfico.

●    El gobierno de Iván Duque ha desarrollado desde el Partido Centro Democrático una política impulsada para concentrar todos los entes de control: Contraloría, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, que ahora están a cargo de vehementes integrantes de este partido, esto sumado a unas mayorías en el congreso de la república, lo que le permite gobernar sin que existan ningún tipo de control y por supuesto con la garantía de promover por la vía legislativa cualquier tipo de iniciativa.

●    Como una manera de hacer concesiones a las fuerzas militares, el presidente de la república ha entregado “carta blanca” al actuar de la fuerza pública, permitiendo a estas que se viole todo tipo de procedimientos y protocolos previamente establecidos, especialmente ahora se ha hecho manifiesto, en la forma que intenta contenerse el derecho constitucional a la protesta, qué ha sido igual, al procedimiento utilizado por las Fuerzas Militares en zonas rurales donde estás ejercen un fuerte control territorial donde se ha conocido todo tipo de abusos, sin que existan medios que puedan registrar y denunciar este tipo de prácticas. Ahora en las grandes ciudades y a cargo de la policía y su aparato especializado ESMAD esas prácticas aparte del uso desproporcionado de las de las armas, también hemos visto cómo se ha institucionalizado el actuar conjunto de la fuerza pública y civiles armados. Esta contención del derecho a la protesta se ha hecho sin respetar los mínimos protocolos establecidos por las normas en nuestro país (civiles deteniendo manifestantes y también retenciones en vehículos sin plenas identificaciones).

●    En general hoy el derecho a la protesta, se trata por parte del gobierno, como parte de un ejercicio militar en medio de una guerra. Es evidente que continúa primando el tratamiento de enemigo interno cómo política de seguridad nacional, tantos años usada por la fuerza pública en los campos colombianos durante la existencia del conflicto armado interno y hoy trasladada a las calles de nuestras ciudades.

●    Se ha vuelto costumbre por parte del gobierno de Iván Duque y de sus ministros, de desconocer las violaciones a los Derechos Humanos, además de negarse a reconocer cualquier responsabilidad por violaciones a los mismos, que se haya dado por parte de algún funcionario público.

●    Parte de la estrategia impulsada por el gobierno y el Partido Centro Democrático, es haberse valido de la prensa, como medio de propaganda de las acciones gubernamentales, siendo esta instrumentalizada, para posicionar el miedo, pero al mismo tiempo, para justificar el uso desproporcionado de la fuerza, deslegitimando las razones que tiene la ciudadanía para ejercer el derecho constitucional a la protesta.

En todo caso es importante reiterar propuestas surgidas por parte de la comunidad de Derechos Humanos y de las organizaciones populares y políticas en materia de preocupaciones para avanzar en la superación de este tipo de malas prácticas de gobierno.

·      El desmonte del ESMAD como un cuerpo de contención del derecho a la protesta, que claramente se ha desbordado y tiene bajo su responsabilidad el asesinato de decenas de manifestantes en tan sólo dos décadas de existencia.

·      Insistir en la necesidad de una reforma estructural de la fuerza pública y de manera particular de la policía, qué no se debe caricaturizar con la propuesta del presidente del cambio del color del uniforme, este cambio debe también separar a la policía del ministerio de defensa y tener un carácter civil 

·      Entre esos cambios debe incluirse una construcción colectiva del pensum de las escuelas de policía, sustentadas en doctrinas con enfoque democrático, de Derechos Humanos, convivencia ciudadana y garantías políticas. También es importante incluir que los directores de las escuelas de formación tanto de la Policía Nacional, como las FFMM deben estar antecedidos de una hoja de vida que no tenga denuncias por violaciones a los Derechos humanos y corrupción.

Finalmente, señalar que el movimiento democrático en Colombia debe fortalecer los procesos de formación política e ideológica, así como, mejorar los mecanismos de documentación y denuncia a las violaciones de Derechos Humanos, preparándose para épocas que eventualmente sean mas riesgosas para las garantías democráticas en el país.

Bogotá, 30 de junio de 2021