Un gobierno progresista, no puede resolver en dos años, problemas estructurales de muchas décadas

 

Alfonso Castillo Garzon

hojasuelta0@gmail.com

Defensor de Derechos Humanos  

Se están cumpliendo dos años de haber tomado posesión el gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, durante este periodo el gobierno, así como, el compromiso de la bancada del pacto histórico en el congreso de la república, han venido haciendo esfuerzos importantes por dar cumplimiento a el programa de gobierno promovido durante la campaña electoral y por el cual se obtuvo un importante respaldo popular en las elecciones de mayo y junio del año 2022. 

El centro de dicho programa y de la agitación política durante la campaña fue, efectivamente la invitación al pueblo colombiano a comprometerse en un ejercicio de transformaciones de la realidad social y política, que había vivido el país durante muchas décadas y que habían llevado a la población a una situación de grandes dificultades, para acceder a derechos fundamentales mínimos, así como, amplias restricciones  los desarrollos políticos y económicos, generadas por políticas de guerra y negación de la democracia, las cuales han llevado al país a una situación de pobreza y exclusión que sitúa a Colombia entre los países más inequitativos y desiguales del mundo. Buena parte de esas inconformidades, estuvieron presentes durante las movilizaciones que ha realizado el pueblo colombiano, en la última década, pero especialmente desde el año 2019 y que tuvieron su máxima expresión durante el denominado “estallido social” en el que se reclamaba entre otras cosas transformaciones sociales que permitieran a la sociedad superar las dificultades de la pobreza, el desempleo y especialmente, las denuncias asociadas con violaciones a los Derechos Humanos, la construcción de la paz y la lucha contra la profunda corrupción.

Es tan  prolongada la ausencia de derechos fundamentales,  que pareciera, que la población ha “normalizado” esta precariedad,  que en todo caso significa la inexistencia de un estado garantista y democrático, que permita irradiar al conjunto de la sociedad, parte de la riqueza que tiene el país,  igualmente sucede, con la corrupción,  que a la mayoría de las personas, les parece que es natural que exista la corrupción y que la clase política se “elija para robar”. 

Por eso, con la irrupción hace 2 años del proyecto político del pacto histórico, como continuador de un proceso de largas luchas sociales y populares por las transformaciones, las  reformas político sociales y las propuestas para desarrollar un proceso de transformación y cambio de la vida política del país en el marco de un gobierno progresista,  ha encontrado todo tipo de resistencias,  muchas de las cuales, son “comprensibles”, por cuanto provienen de esa élite corrupta y violenta, que dominó el país durante décadas para beneficiarse y convertir el aparato del estado, en una fuente de prolongación de su poder político y económico, estableciendo una especie de círculo vicioso, a través del cual, se eligen para obtener los recursos que permitan nuevamente elegirse,  producir normas, para ampliar  sus beneficios y garantizar su impunidad, y así sucesivamente seguir saqueando los recursos públicos y en favor de que ese proceso de favorecimiento particular, sea cada vez más rápido, más descarado, y sobre todo más impune. y hoy siente que el  gobierno progresista amenaza esa larga tradición de odiosos de privilegios elitistas. 

Esa oposición a las transformaciones y los cambios para favorecer los intereses de las más amplias mayorías nacionales, está liderada por los más importantes jefes políticos de los partidos como Cambio Radical, Centro Democrático, de la U, Partido Conservador y algunos sectores del Partido Liberal  como también algunos voceros de partidos de centro izquierda, como  Verdes y algunos líderes políticos, estrechamente vinculados con la corrupción en distintas regiones del país. Se trata de los mismos sectores que en el pasado y con distintos argumentos impidieron la implementación del Acuerdo Final de Paz y hoy se oponen al avance de la propuesta de la paz total,  son los mismos que hoy desde posiciones regionales,  actuando como alcaldes y gobernadores, piden el retorno de los bombardeos o ofensiva militar total en distintas regiones, donde grupos armados desarrollan una actividad,  que aunque pone en riesgo a las comunidades, vulnera sus derechos e impide las libertades más amplias,  no son los bombardeos, los que va a resolver la situación de las comunidades como ha sido probado históricamente.

Acción decidida anticorrupción

Transformar un país en favor de un proyecto de derechos para los excluidos, no es una labor fácil, máxime si se tiene en cuenta que el país está fuertemente permeado por la corrupción, la cual también ha hecho su ejercicio dañino al interior del proyecto de gobierno progresista, así, lo ha reconocido el propio presidente Gustavo Petro, en su discurso de conmemoración de los dos años de gobierno, hay que reiterar entonces, que la corrupción es parte de un mal que hay que enfrentar decididamente, igual que se enfrenta la guerra y el conflicto armado, no es posible asumir la posición “conformista” que estemos condenados a ella. 

El gobierno tiene que hacer mayores esfuerzos por erradicar al menos, al interior de los partidos comprometidos con el proceso transformador, la corrupción, combatida en todos los ámbitos, excluyendo de espacios de poder, dirección y representación, a aquellas personas y organizaciones que se prestan para esas prácticas. La lucha del proyecto progresista debe ser entonces, erradicar la sub “cultura” de la corrupción en Colombia, educar al conjunto de la sociedad, que hoy trata de imitar a las élites, permitiendo y aún participando en escenarios de corrupción. Es el deber del proyecto de transformaciones combatir desde la denuncia y con la estigmatización social todos aquellos comprometidos con la corrupción. 

“Innovamos o fracasamos”

Siguiendo también las intervenciones del presidente Gustavo Petro, el gran desafío de las organizaciones sociales, populares, sindicales y progresistas, comprometidas en el proyecto de transformador y de cambio que el país está adelantando, tiene que ver con asumir de manera decidida un proceso de cambio al interior de las prácticas organizativas,  “innovamos o fracasamos” con este severo llamado del presidente a sus ministros, se pone en evidencia una situación que se ha presentado en estos casi dos años del gobierno del cambio.

• Esta convocatoria a la transformación, implica también a los altos funcionarios del gobierno del cambio, revisando normatividad existente y apoyarse en los equipos jurídicos de las instituciones, para este efecto de no dar continuidad a procesos de contratación que terminan favoreciendo a los mismos que han gobernado el país por siempre, hoy el desafío, es cumpliendo la normatividad buscar favorecer a las organizaciones sociales y populares para poder contratar y desarrollar procesos que fortalezcan esos procesos comunitarios. 

 

• También se debe “remover” funcionarios ineficaces, esto claro sin vulnerar el derecho al trabajo, pero sí desarrollando fuertes procesos de control sobre las actividades y resultados que cada funcionario está actualmente desarrollando, no puede ser que en las entidades del Estado exista una amplia nómina de trabajadores, que no lo hacen y simplemente aparecen cada quincena a reclamar el sueldo. 

• Muy importante fortalecer el vínculo y diálogo con las organizaciones y las comunidades, no es aceptable, que resulte casi imposible poder conversar y dialogar con alto funcionarios del gobierno, aún cuando se tiene en cuenta que algunos de ellos proceden del movimiento popular y comunitario. 

• Superar las barreras de acceso, que generan los operadores logísticos, estas entidades creadas por los políticos de sectores por siempre vinculados a la clase política más poderosa, se constituyen en unas "mafias” que con sus excesivos costos en la operación de la cotidianidad de cada entidad del estado, actúan como parásitos apropiándose de los recursos destinados al trabajo con las comunidades, además que en muchas ocasiones, sabotean e impiden que efectivamente se cumpla con el propósito establecido en los planes de gobierno. 

• Trascender los programas que fueron diseñados para excluir a las comunidades, es importante que los funcionarios revisen muchos de los programas que fueron hechos justamente para impedir que las organizaciones sociales y populares por siempre excluidas, pudieran acceder a los recursos y beneficios de los programas, aquí hace falta una labor más rigurosa a la hora de realizar las convocatoria, procesos de selección y adjudicación de los contratos. En muchas comunidades se escucha una queja de lo difícil que es acceder a las convocatorias del gobierno y la larga lista de requisitos para acceder a programas y políticas de gobierno.

• Es necesario que cada funcionario revise en el histórico de la entidad, qué compromisos se han adquirido con las comunidades? y cómo estos se han cumplido?,  qué asuntos están pendientes? esto sin duda alguna asumiendo un plan para su materialización, ayudaría a mejorar los niveles de confianza de las comunidades con el gobierno.

• Ajustar procedimientos que se atemperan con PND y filosofía del gobierno del cambio.

 

• Vincular el mejor equipo de trabajo, dejando al lado las diferencias grupales o “ideológicas” en cada entidad.

• Cambiar la forma de ejecución de planes, programas y contratación, no es posible seguir trabajando con métodos y normas que tenían gobiernos anteriores que justamente fueron creadas pero no garantizar que los recursos llegarán a los más necesitados.

• También es muy importante que los funcionarios a todo nivel recuerden que en buena medida este es un triunfo del movimiento popular y por tanto es necesario estrechar el relacionamiento y el vínculo con las organizaciones sociales que siguen a la expectativa de ser atendidos, escuchados y sobre todo tener participación en el ejercicio de la gobernabilidad democrática el impulso de proyectos y convocatorias más concretas.

El cambio también es desde las organizaciones populares 

En cuanto hace a las organizaciones sociales, populares y progresistas, la labor del cambio debe implicar en todo caso, revisar sus organizativos, ampliando los ejercicios de convocatoria popular y fortalecer los procesos de educación política, actualizando sin perder el horizonte ideológico, haciéndola más continuada, sistemática, versátil y ágil. así mismo, incentivando la participación de mujeres, jóvenes y diversidades, promoviendo la movilización del pueblo en la defensa del proyecto democrático de cambio que actualmente avanza en Colombia. 

Este proceso de fortalecimiento organizativo, debe adelantarse con la autonomía y soberanía suficiente y con agenda, que no convierta a las organizaciones populares, en replicadores de la agenda del gobierno. Siendo consecuentes, con con el plan para apoyar al gobierno del cambio, las organizaciones comunitarias juegan un gran papel, garantizando que ese proceso se haga desde la autonomía e independencia, que se requiere para mantener, aún la capacidad de exigir al gobierno, para que se profundicen los cambios y las transformaciones que con tanto anhelo se ha esperado durante mucho tiempo en Colombia. 

Finalmente, y no menos importante la principal tarea del movimiento social y popular   debe ser, segur  levantando las banderas de la construcción de paz inclusiva, transformadora e integral, que hoy se condensa en la política de paz total, que significa impulsar la solución política negociada al conflicto armado, en este sentido es la voz del movimiento popular respaldar los procesos de diálogo que actualmente se adelanta con: El Ejército de Liberación Nacional, con el Estado Mayor central, con la segunda Marquetalia, como también respaldado los distintos procesos que se adelantan con grupos dedicados al narcotráfico, así como, con las bandas urbanas, eso sí exigiéndole a estos grupos, no vincular a la población civil en sus acciones bélicas y estableciendo un compromiso serio para no levantarse de la mesa hasta lograr los acuerdos que permitan al país superar esta larga y dolorosa trayectoria de guerra y conflicto armado. 

Esta es una de las formas en la que el país, podría dar continuidad al proyecto progresista que está gobernando a Colombia desde el año 2022 y que debe permitirse dar continuidad, para que el cambio y la transformaciones que no son un acto de magia, sino un proceso de mediano y largo plazo pueda cumplirse para nuestro país.

Agosto 12 de 2024