Vamos por el movimiento de DDHH y Paz

 

Alfonso Castillo Garzon

hojasuelta0@gmail.com

Defensor de Derechos Humanos  

Una crisis en un momento inadecuado 

El movimiento por la Paz y los Derechos Humanos se encuentra en el centro de una crisis,   que puede tener múltiples explicaciones, una de las posibles causas se puede ubicar en el desarrollo del proceso de conformación del gobierno del cambio, porque una parte importante del liderazgo de las plataformas y organizaciones de Paz y Derechos Humanos fue objeto de gran cooptación por parte del gobierno,  lo cual se ha traducido en una pérdida de la iniciativa y de alguna manera de la capacidad de organizar la denuncia sobre la  persistencia de situaciones como los asesinatos de líderes y lideresas, constructores de paz, defensores del medio ambiente y firmantes del acuerdo de paz. 

Esta crisis también se puede explicar por la dificultad de una parte importante de las organizaciones de derechos humanos y paz, para acceder a recursos, que permitan desarrollar procesos organizativos, de formación e incidencia, esto debido a un cambio en la orientación que la cooperación internacional, que ha dado a los recursos para temas de Paz y Derechos Humanos en una equivocada lectura sobre la situación real del país en materia de derechos humanos y construcción de paz, sacando Colombia de sus prioridades para el aporte de recursos de cooperación.

Los desafíos

El movimiento en general, atraviesa entonces por importantes desafíos, y es necesario que desde las organizaciones sociales, populares y políticas se analicen, a fin de poder dar  impulso a algunas discusiones, como también, a algunas iniciativas que permitan recuperar la dinámica para colocarse al frente tareas  como:   

1. Defender la vida, la integridad contra la guerra, hoy la tarea fundamental en Colombia es respaldar la política de paz total que se impulsa por el gobierno y en esa labor, todo el movimiento de paz, derechos humanos y víctimas, debemos impulsar una agenda común para fortalecerla. máxime si se tiene en cuenta que esta política no tiene ninguna restricción para llevar a la mesa de negociación todos los temas que se requieran para lograr la paz. la tarea urgente es lograr poner fin, al asesinato de lideres y lideresas de ddhh, firmantes de paz y constructores de paz. Por ello el llamado urgente a restablecer todas las mesa de dialogo.

2. Demandar mayor independencia de la Jurisdicción Especial por la Paz y evitar que este tribunal creado por el acuerdo final de paz termine convertido en un tribunal Anti-Insurgente, 

3. Desarrollar ampliamente a través de un ejercicio de pedagogía y organización de las comunidades y las víctimas, el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad. 

4. La exigencia de una reforma profunda a la ley 1448 o ley de víctimas, y a pesar de que recientemente fue aprobada una modificación de la 1448 promovida por la defensoría del pueblo y aparte de considerar que es un importante logro haber incluido como hecho victimizante del desplazamiento transfronterizo una compleja ampliación de la definición de víctima. Pero aún existen pendientes en la modificación de la 1448, como lo son:  Ampliar las formas y mecanismos de participación con garantías, entre algunos avances importantes.  también sigue haciendo falta, como se reclama en distintas instancias, que se unifiquen y mejoren los niveles de articulación tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz como en la Unidad de Atención para las Víctimas, estableciendo un mecanismo único, pensando en facilitar los procesos de acceso y las víctimas tanto a los temas de Justicia, como verdad y reparación integral. No menos necesario es, seguir exigiendo del gobierno nacional mayores compromisos con los recursos para dar garantía a la ampliación de número de personas indemnizadas, así como también, el avance en los procesos de reparación colectiva que siguen con un tremendo atraso para la implementación de las medidas a esos sujetos colectivos.

Aunque saludamos la reforma a la ley 1448 recientemente aprobada, en la que se reconoce a las víctimas del desplazamiento transfronterizo, y también se incluyen a las víctimas de los desastres naturales, secuestro, a miembros de la fuerza pública, a los menores víctimas de reclutamiento forzado y a las víctimas del confinamiento, todas estas importantes modificaciones que proyectan y amplían los derechos de las víctimas aunque está pendientes la reglamentación.  sin embargo sigue pendiente, fortalecer la articulación del sistema creado por la ley 1448, con la institucionalidad creada en el marco del acuerdo final de paz.

También es importante reconocer los nuevos principios que se incorporan, como la seguridad humana, el principio pro víctima, y el de igualdad, también los enfoques de orfandad, diversidad étnica, y los enfoques territoriales, todos ellos para fortalecer una visión más amplia e integral de la victimización de amplios sectores sociales en el país.

Estamos atentos a la reglamentación que debe darse en los próximos meses y especialmente, al plazo que se establece para una protección adecuada de las víctimas, así como, las modificaciones necesarias y urgentes a la política de atención psicosocial.

5. Llevar adelante un proceso de discusión en torno a propuestas que han surgido en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre eventuales leyes de “Punto Final” o “perdón y olvido”, “tribunales de cierre” entre otras iniciativas, curiosamente surgidas de los sectores paramilitares, secundadas por algunos miembros de la clase política involucrada en crímenes, así como también, con algún eco en antiguos comandantes de las insurgencias, iniciativas que deben ser evaluadas por el movimiento de derechos humanos y el movimiento de víctimas, para evitar que ellas sean ejercicios de impunidad, que permitan a los máximos responsables de violaciones a los Derechos Humanos, por ejemplo, por parte de la fuerza pública, quedan exentos de acudir a instancias judiciales y responder por los crímenes cometidos en el desarrollo de prácticas sustentadas en la doctrina de la seguridad nacional y  el enemigo interno.

Victimas, defensores de DDHH y constructores de paz, en proceso constituyente

Impulsar un proceso constituyente de DDHH y paz en la que puedan abrirse escenarios de discusión que permitan de manera efectiva, dar voz a las víctimas del conflicto armado para que hagan las propuestas que permitan materializar de manera efectiva a estas, como epicentro de la paz y las transformaciones sociales que requiere el país.

Igualmente, tener en cuenta que el fortalecimiento de la coordinación de las organizaciones de víctimas, paz y Derechos Humanos es una oportunidad para acompañar los procesos de diálogo con las insurgencias, así como, acompañar todo el ejercicio que se promueve por el gobierno para el logro de una Paz Total, que actualmente, atraviesa por razonables  dificultades, en las cuales podemos incidir, para que permanezca la idea de fortalecer procesos de diálogo con grupos armados, en el propósito de bajar al máximo posible la confrontación armada y la degradación de ella, excluir a la población civil de la confrontación armada, que gravemente afecta a las comunidades en muchas regiones del país. Al mismo tiempo, se debe exigir a la fuerza pública cumplir su deber constitucional, de proteger la integralidad de las comunidades en los territorios, no resulta aceptable, que las FFMM, usen como pretexto, la política de paz total, para cumplir esta obligación, hoy en muchas comunidades se denuncia una especie de “operación tortuga” o “brazos caídos” para atacar la criminalidad que sigue afectando los derechos de las comunidades.

Hacia una instancia de coordinación de actividades

Es necesario que se promueva un espacio de coordinación de  las actividades que desde distintas organizaciones se desarrollan y se elabore un plan de trabajo, que permita trazar objetivos y tareas políticas, tanto en la organización de las comunidades,  como en el desarrollo de procesos de formación en derechos humanos desde una perspectiva crítica instrumento de cambio social

Algunas de esas iniciativas que debe ser parte de la articulación, serían las siguientes:

  

Hacer seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno colombiano de la sentencia que reconoce la responsabilidad del Estado Colombiano sobre el genocidio contra La Unión Patriótica, como también otros sujetos de reparación colectiva entre ellos, grupos étnicos, el movimiento sindical y organizaciones campesinas y el proceso para la reparación colectiva al Partido Comunista Colombiano. 

Una tarea muy importante que no da más espera, es la exigencia al estado colombiano de cumplir el acuerdo final de paz, firmado en el año 2016 y que requiere grandes acciones para pagar la deuda de no cumplimiento que se dio durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Ivan Duque. Reconociendo que el gobierno de Gustavo Petro ha iniciado un importante proceso de cumplimiento con el punto en la Reforma Rural Integral, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas deben comprometerse a la exigencia de un cumplimiento integral de lo acordado. Este aspecto es importante tenerlo en cuenta, porque constituye una muestra de compromiso y seriedad, del estado colombiano, con el cumplimiento de los acuerdos que surjan de  la eventual firma de acuerdos que se hagan con los otros procesos de conversación para la paz, como los que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos insurgentes. Por ejemplo el acuerdo de participación que se ha suscrito en la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN que constituye el primer acuerdo en ese proceso de negociación.

Impulsar la Asamblea nacional por la paz, promovida por la Unión Sindical Obrera (USO) y que se realizará el 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Bogotá y que será la culminación de un proceso preparatorio que se desarrolló, durante 8 meses a lo largo y ancho del país, también respaldar la propuesta de observatorio de paz, que promueve el CPDH y otras organizaciones de derechos humanos.

 

Una tarea urgente el movimiento de paz y Derechos Humanos, es fortalecer la exigencia al gobierno y a los distintos grupos armados que han iniciado mesas de conversación, para que en ellas se acuerde, como compromiso ético: No levantarse de la mesa de diálogo hasta llegar acuerdos sólidos, como también, no continuar involucrando a las comunidades de sus acciones beligerantes, lo que pasa por suspender el reclutamiento forzado de menores, las extorsiones, los confinamientos y por supuesto, llamar la atención del estado colombiano, a no caer en la tentación de retomar los bombarderos, así como tampoco, las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito.

Una importante tarea de esta organización de víctimas y Derechos Humanos debe ser la de levantar en alto la bandera de las necesarias transformaciones en las fuerzas armadas, para que estas definitivamente transformen sus procesos de formación de nuevas generaciones de oficiales, suprimiendo definitivamente de los pensum de las escuelas, la nefasta doctrina de la seguridad nacional y la tesis del enemigo interno, que pareciera, hoy sigue siendo la conducta y comportamiento de las fuerzas militares en Colombia, así mismo, es necesario que el gobierno progresista, cumpla con el compromiso del desmonte del ESMAD y con el tránsito de la policía como una fuerza civil, articulada al Ministerio del Interior. y no menos importante el urgente desmonte del paramilitarismo. 

No menos importante, es la tarea de fortalecer los procesos de participación de las víctimas en todos los escenarios de diálogo que se establecen con los distintos grupos armados para que esas vocerías de las víctimas siguan reclamando mayores y más potentes compromisos de aquellas personas que comparecen ante los tribunales de la JEP para exigir la verdad de los actores armados, más allá de las generalidades que hasta el momento se han escuchado.

No menos importante de este movimiento es asumir las tareas planteadas por los colombianos victimas del exilio, en este sentido, se debe hacer esfuerzos de articular los resultados y tareas surgidas de tanto del 1 y 2 encuentros amplios del exilio, como del 9 foro internacional de victimas realizado en Ecuador en julio de este año.

Insistir en la necesaria como urgente articulación de  las instancias establecidas para los derechos de las victimas, creadas por la ley de victimas y la JEP, así como las que surjan de las mesas de diálogo con los grupos armados, y particularmente, en el acuerdo de participación de la mesa de diálogos ELN. Así mismo, dar impulso a las recomendaciones de la CEV en materia de consolidación de la verdad con la participación de las victimas.

 

Reconociendo la crisis debemos aprovechar el momento de oportunidad 

En estas circunstancias y ante el hecho de reconocer que el actual momento político que atraviesa Colombia es un momento de oportunidad,  para fortalecer los procesos organizativos en favor de la paz y la garantía de los Derechos Humanos como instrumentos básicos para impulsar las transformaciones sociales que requiere el país,  es necesario que, reconociendo la crisis del movimiento de paz y Derechos Humanos,  pero reconociendo igual que, en medio de esa crisis, este movimiento sigue trabajando enfrentando los desafíos que impone la guerra y la violencia en los territorios,  y continúa haciendo esfuerzos quizá dispersos o desarticulados,  ahora,  sea la oportunidad para juntar esos esfuerzos y ponerlos en clave de armonizar y vigorizar el movimiento en función de un gran objetivo común y necesario para el país.

Este esfuerzo debe concretarse en lo que pareciera ahora ser la iniciativa en la que distintas dinámicas están trabajando, que no es cosa distinta que trabajar en la construcción de un movimiento unitario por la paz y los Derechos Humanos,  en este sentido hacer un llamado a todas las organizaciones y plataformas de paz y Derechos Humanos en el país entre ellas: Coordinación Colombia Estados Unidos- COEUROPA, mesas de garantías y comités de derechos humanos y paz,  MOVICE, plataforma DESC, La Alianza, Mujeres por la Paz, Mesas de Participación Efectiva de las Victimas, PUPSOC,  y todas aquellas que desde las regiones y los territorios siguen luchando por la paz duradera y estable para que con una agenda mínima de reivindicación que pasa por la lucha por la paz con garantías y transformaciones en los territorios,  la defensa de la naturaleza y el agua como elemento fundamental para la vida, El desarrollo de una agenda común de formación social y política las organizaciones y la creación de un mecanismo de articulación de agendas se ponga a tono con el momento político,  en la tarea de derrotar la guerra y Construir la paz con la participación amplia de todas las organizaciones en el país.

Finalmente llamar la atención para que como parte de esa articulación hagamos causa común con las siguientes tareas:

COP16,  que se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, Invitando al movimiento social y popular a tratar de participar en la agenda oficial, como en los eventos alternativos que prepara el movimiento social en la Ciudad de Cali.

Asamblea por las reformas,  vinculándose a la jornada de respaldo a la reformas sociales y la construcción de paz que se realizará el próximo 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Bogotá previa inscripción.

Asamblea nacional por la paz  a realizarse en la ciudad de Bogotá los próximos 16 y 17 de noviembre en Bogotá, en una actividad que se viene preparando por la Unión Sindical Obrera USO, desde el mes de abril.

Vincularse a la propuesta de observatorio de paz promovida por el comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos CPDH.

Participar de la ya tradicional semana por la paz que distintas organizaciones realizan desde hace varios años en Colombia.

Levantar la bandera por la exigencia del cumplimiento del  acuerdo final de paz, así como, el cumplimiento de lo acordado con la mesa de participación, firmada entre el gobierno y el ejército de liberación nacional. Igual como exigir el cumplimiento de todos los acuerdos firmados entre el movimiento social en distintas movilizaciones con el gobierno colombiano.

Ayudar a consolidar tanto los comités territoriales de reforma agraria como la propuesta de conformación de juntanzas juveniles por la paz.

Bogotá 2 de septiembre de 2024