DESPLAZAMIENTO, INSEGURIDAD DEMOCRATICA Y POLITICA PUBLICA


Por Ivan Cardenas
hojasuelta0@gmail.com

El drama de los invisibles.

Hablar de desplazamiento en Colombia resulta un poco paradójico pues estamos tan saturados de la acción mediática originada en la casa de Nariño, que hasta hace creer a propios y extraños, que este horror del desplazamiento, derivado del conflicto armado es cosa del pasado, porque ahora bajo la era de la Seguridad Democrática Uribista, esto ya no pasa. No obstante, no hay tal paradoja; no solo continua el conflicto armado y con ello sigue produciéndose decenas de miles de desplazamientos cada día, sino que además, no ha existido ni existe solución alguna para los desplazados, esta práctica provocada por décadas, a causa del enfrentamiento armado, ha generado hasta 4,5 millones de colombianos en condición de desplazamiento.

Lo cierto es que la Seguridad Democrática, no es una política de Gobierno, es la expresión genuina del proyecto de ultraderecha que encarna Álvaro Uribe Vélez, proyecto en el que convergen, la derecha económica y los sectores políticos más reaccionarios del país, que usando como instrumento de sometimiento y control el aparato militar, han convertido el país como lo dijera hace 10 años el asesinado Jaime Garzón en una sola “zona de orden público” para poder entregársela a los intereses de terratenientes, financistas y transnacionales, que se quieren apropiar de toda la riqueza Nacional que el país genera.

Este modelo, ha provocado el exterminio de proyectos organizativos, económicos, culturales y étnicos en todo el territorio nacional y por supuesto, un espectro amplísimo de violaciones a los Derechos Humanos, para fracturar la capacidad de respuesta popular, someter y doblegar a la sociedad como hoy está sucediendo, y entregar la poca soberanía que queda al permitir la instalación de 7 bases militares norteamericanas no solo para completar la dominación al pueblo Colombiano, sino para intentar controlar otros pueblos hermanos del continente americano.

Este cuadro se aplica mientras el Gobierno Nacional impone desde el aparato estatal que controla; normas y reglas de invisibilización del crimen del desplazamiento que se traduce para las víctimas en desmonte de sus derechos y negativas a reconocer nuevos desplazamiento, de esto dan cuenta la sentencia T-025 de 2004, que declaro El Estado de cosas Inconstitucional para los desplazados y 50 Autos de seguimiento, que siguen insistiendo como en un diálogo de sordos, que la solución duradera para las victimas todavía no llega, mientras el Estado trata de hacerse el de la vista gorda con la responsabilidad de restablecer los derechos vulnerados.

De otro lado el gobierno nacional, está aplicando el decreto 1290 de 2008 denominado de reparación por vía administrativa, que no reconoce ninguna responsabilidad del estado por los crímenes cometidos por agentes estatales y a quienes se otorga no lo hace de manera integral y solo se conforma con entregar una irrisoria indemnización en dinero, que se está entregando a cuenta gotas que se aprovecha para hacer proselitismo político por parte del presidente Uribe.

Desplazados también en Bogotá.

Hace pocos días término, la toma del parque tercer milenio, donde cerca 1000 familias permanecieron a la intemperie durante más de 120 días, esta toma dejo en evidencia la indolencia gubernamental, la negligencia y ante todo, la falta de una política coherente del Gobierno, para atender su responsabilidad con los derechos de las víctimas de este crimen de Estado.

Esta situación también dejo al manifiesto a la magnitud del fenómeno en la capital de la República.

El aumento de las cifras del desplazamiento forzado en la ciudad de Bogotá, es la más contundente demostración que el país vive un conflicto y que este, hace presencia en Bogotá. A diario llegan a la capital un promedio de 45 familias, lo que significa que más de 150 personas llegan huyendo del conflicto armado, provenientes de Tolima, Meta, Antioquia, Caquetá y Cundinamarca y otras regiones del país. Así, Bogotá se ha constituido en la principal ciudad receptora de desplazados. La población desplazada que llega a Bogotá se establecen en localidades de ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Bosa, Kennedy. En el año 2008 llegaron a Bogotá 56.087 personas desplazadas, lo que significa un total del 15% de la población desplazada en todo el país para ese año. Actualmente hay asentadas en Bogotá entre 90.000 y 120.000 familias desplazadas, lo que representa una cifra no inferior a 600.000 personas, según la proyección del estudio realizado por CODHES y arquidiócesis de Bogotá en 2006. Todas estas personas demandan todo tipo de servicios, los cuales no se están proporcionando de manera suficiente por la administración Distrital.

El caso de Soacha no es distinto, a diario llegan 25 familias, lo que significa según ACNUR una cifra de 28.326 personas registradas en lo corrido de 2009.

Voluntad política para afrontar la tragedia generado por el crimen del desplazamiento.

La ciudad entonces, se constituye en un escenario de confrontación de dos realidades en materia de atención a población desplazada. De un lado la intención formal de abordar la política pública con un “enfoque de derechos” que garantice atención integral a las víctima, y de otro, la realidad que desborda todas las provisiones y en último término brindando una asistencia material precaria y por tiempo limitado, que escasamente alcanza para la subsistencia diaria, lejos de brindar condiciones dignas y de forma permanente hasta alcanzar la estabilización, para la población desplazada arraigada en la ciudad.

La búsqueda de soluciones duraderas pasa por resolver las tenciones institucionales y definir las competencias de estas, en un escenario de planificación de la Política Publica de atención a la población desplazada, en segundo lugar se requiere que el esfuerzo presupuestal tanto de la Nación, como del Distrito, que corresponda al tamaño del problema, esto significa mayor inversión de recursos, orientados a soluciones integrales y no a respuestas asistenciales corto placitas como hoy sucede.

Lo que requiere la ciudad gobernada por un proyecto democrático, es apropiar de manera consecuente, el marco normativo, la jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-025/04 y los distintos autos de seguimiento a la política pública de prevención y atención del desplazamiento forzado. Las autoridades distritales pueden y deben jugar un rol más protagónico en la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado, que atraviesa el país. Entre otras cosas exigiendo al Gobierno Nacional, el cumplimiento de la política pública en materia de prevención, atención y superación del desplazamiento.

De forma inmediata la administración Distrital, debe empeñarse en establecer planes y programas de atención, concertados con las organizaciones de población desplazada, en escenarios democráticos, donde la información, el debate y la formulación de iniciativas, brinde las garantías de respeto y participación a los representantes de las organizaciones de población desplazada.

Este panorama de los desplazados en la ciudad de Bogotá, debe sumarse a otras problemáticas de derechos humanos en la ciudad, donde también se registran graves hechos de exterminio y reclutamiento forzoso, estigmatización de jóvenes, falsos positivos, irrupción del sicariato, desempleo creciente, inseguridad ciudadana, altas tarifas de servicios públicos, problemas de movilidad, y falta de planes de vivienda de interés social.

Finalmente, es necesario reconocer que la gigantesca magnitud de esta problemática, exige del movimiento popular, y particularmente de las propias organizaciones de población desplazada, elevar la coordinación de las actividades en procura del respeto a los Derechos Humanos y se acuda de manera más decidida a la movilización social y política, para exigir cumplimiento a los derechos vulnerados. Por ello estamos impulsando con otras organizaciones de desplazados la campaña nacional de restitución de dominio, con la cual se busca recuperar los territorios despojados en el conflicto. En este empeño ANDAS, seguirá fortaleciendo espacios de articulación como el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, MOVICE, la Coordinación Nacional de Desplazado CND, y la Campaña Permanente Tierra, Vida y Dignidad.

Bogotá, 14 de agosto de 2009

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