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Quien esta “adquiriendo” las tierras de las comunidades desplazadas?

Por.  Ivan Cardenas
INTEGRANTE DEL MOVICE Y CAMPAÑA PERMANENTE, TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD

Los beneficiarios del despojo de tierras?
Desde las organizaciones de victimas que trabajan el problemática del despojo de tierras y territorios,  el desplazamiento y  los derechos de las comunidades campesinas se ha elaborado un inventario de los casos donde se presentan casos de desarrollo de macro proyectos o denuncia de despojo de tierras a comunidades y en las mismas se presentan  situaciones de desplazamiento, el inventario se levanta a partir de información proporcionada por el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, el Coordinador Nacional Agrario y las propias fuentes de la campaña.
quien esta comprando tierras?

BENEFICIARIO
CASO
RESPONSABLES
Anglo Gold Ashanti,
En su reporte (Anglo Gold Ashanti)  del 2007, dice que en el 2004, ella y sus asociados presentaron propuestas de contratos para tomar tierras por 10.800.000 hectáreas, o sea, se están quedando con todas las tierras de Colombia. Concluye que después de un proceso, para el 2008 se van a quedar con contratos por 2.500.000 hectáreas, en los casos de la construcción de la represa del quimbo Huila, y la explotación minera en Cajamarca en Tolima la Colósa

 10.800.000 hectáreas
En el 2008 podrían  tener 2.500.000 hectáreas
Fuente: Comunicado senador robledo, 30 de agosto de 2009

DRUMON
Se dedica la explotación del carbón especialmente en la costa norte de Colombia recibió 47.000 hectareas en el departamento del Cesar
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Jefferson SMURFIT GRUP PLC, SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA
Producto empaques actualmente cuenta con 43.000 ha de cultivos forestales, concentrados básicamente en bajo calima valle del Cauca, chocó y Cauca
Fuente: Plataforma política CNA 2009

KEDAHDA S.A.
Se dedica a la explotación de oro y metales preciosos, tiene 2114 solicitudes de contratos de concesión en 21 departamentos del país (335 municipios) en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, chocó y HUILA, entre los departamentos dentro que Bolívar posee 2.300.000 has de tierra
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Coca-Cola
Aspira a una concesión de tierras en el Páramo de SUMAPAZ

ÓLEOFLORES
Departamentos de la costa atlántica
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Odín enérgic
Departamentos de la costa atlántica
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Bio combustibles sostenibles del Caribe
Departamentos de la costa atlántica
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Bio Castilla
Llanos orientales
Fuente: Plataforma política CNA 2009

BIO D S.A.
Llanos orientales
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Ecopetrol
Bio combustibles en la zona central del país
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Manuelita
Bio combustibles en la zona oriental, occidente y norte del país
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Chiquitas Brands
Se dedica a la producción de frutas para la exportación especialmente en la costa Caribe
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Concesión japonesa
Para la explotación de "gaviota dos" a través de la cual se hará una privatización del río Meta, y territorios en el departamento de Meta, Guaviare, Vichada. Se entregarán 3 millones de hectáreas para el cultivo de palma aceitera y pino Caribe
Fuente: Plataforma política CNA 2009

Palmado, Urapalma, Inversiones Agropalma, Inversiones Fregni Ochoa, Agropecuaria palmas de bajira, Palmura s.a, plamas de Curvarado, palmas s.a, Vivero selva húmeda, Promotora palmera de Curvarado PALMADO, Tuteka
Apropiación Ilegal De Las Tierras Del Curvarado Por Parte De Empresarios Pertenecientes A Compañías Agroindustriales De Palma Aceitera, Quienes Desarrollaron Acciones De Destrucción De Biodiversidad Extrayendo Madera, Generando Desertización De Las Tierras Para La Siembra De Palma Aceitera Y Desarrollo De Ganadería Extensiva, Se Presenta Irregularidades Como La Legalidad El Despojo, A Través De Falsedad Documental, Celebración De Negocios Jurídicos Sin Formas Legales, Corrupción De Funcionarios Públicos, Coacción Directa, Amenazas Y Hostigamientos Hacia La Comunidad

22.000 Hectáreas
















































Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Miembros de las compañías agroindustriales, madereras y de ganadería extensiva “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, bloque del Darién,  bloque Elmer Cárdenas y bloque Bananeros, batallón Fluvial No. 20, Brigada XVII

Rodrigo Zapata alias “El negro”  Testaferro de la familia Castaño Gil

Ever Veloza alias “HH”  Comandante paramilitar

Antonio Zúñiga Caballero  Gerente  FONPAZCORP, socio de URAPALMA y PALMURA

Teresa Gómez  Representante legal  FONPAZCORP y ASOPROBEBA

Javier Daza  Representante legal  Compañía UARAPALMA S.A

General Pauxelino Latorre  General (Comandante 2003).  Ejercito Brigada 17

Vicente Castaño  Comandante paramilitar
Rodrigo Zapata alias “El negro”. Palmas de Urabá”, Palmura S.A., “Promotora Palmera del Curvaradó”, Palmadó Ltda, Inversiones Agropalma & Cia. Ltda, Palmas S.A, la Empresa La Tukeka, la Compañía Inversiones Fregni Ochoa, Sociedad Asibicon, Empresa Selva Húmeda y Empresa Palmas del Atrato entre otras compañías.
1996 - 99 desplazamientos forzados desde la incursión del paramilitarismo en la región
 1997 Operación Militar Génesis, cientos de desplazados pertenecientes a Salaquí, Domingodó, Caño Seco, Villa Hermosa, El Clima, Río Ciego, Platanillo, el Truandó entre otras
 2003 Acompañamiento de las FFMM a las empresas multinacionales para facilitar la firma de contratos de cooperación con las comunidades.
 2003 Celebración de contratos de usufructo o de actas de compromiso entre las empresas Palmicultoras y supuestos representantes de los consejos comunitarios.
 2005 Compraventas irregulares de posesiones ubicadas dentro de los títulos colectivos, por empresarios y comisionistas de la palma. La legalización de la propiedad comunal a las compañías agroindustriales. Adjudicación de títulos sin satisfacer los requisitos legales. Procesos de delimitación y de alinderamiento de nuevos títulos.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Paramilitares
Brigada 17 del Ejercito
INCODER Funcionarios Públicos, Compañías  y Paramilitares
Empresa Norteamericana Muriel Mining Corporation
Contrato de concesión minera otorgado  a la empresa Norteamericana Muriel Mining Corporation para la exploración y explotación de cobre, oro y molibdeno, con un termino de duración de 30 años prorrogables por el mismo término, con violación del derecho de consulta y participación a las comunidades ubicadas en el área de afección del proyecto;  irregularidades posteriores son: ausencia de consulta a las comunidades indígenas y afrodescendientes para la etapa de exploración; realización de acuerdos de concertación con personas que no tenían legitimad, ni autorización de las comunidades para los mismos; suplantación de la representación legal; reuniones realizadas en los cascos urbanos con una mínima cantidad de intervinientes; no realización de estudios de impacto ambiental, social, cultural y económicos en las comunidades; firmas de las actas posteriores a la realización de las reuniones; engaño; falsificación de firmas; esta consulta fue avalada por el Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, quién desconoció las denuncias realizadas por la comunidades y protocolizó la consulta previa, dando permiso para el ingreso de la empresa a la zona y el inicio de las actividades de exploración desde el día 3 de enero de 2009.
27.006 has
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Aníbal Gaviria Correa  Gobernador de Antioquia
James Álvaro Valdiri Reyes  Representante legal de la compañía Muriel
compañía Multifruit S.A
compañía Pizano S.A  mediante su filial Madereras del Darién
Contratos de uso de los territorios colectivos por cuenta de la compañía Multifruit S.A para la siembra de banano,  A partir del desarrollo de la operación “Génesis” de la Brigada 17 del ejército, al mando del General ® Rito Alejo Del Río Rojas, en conjunto con paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas” al mando del “Alemán”, se causó el desplazamiento forzado de los pobladores hacia Turbo, Bocas del Atrato y Panamá, repatriados hacia Bahía Cupica. Durante el desplazamiento se realizaron crímenes contra la humanidad como el asesinato del afrodescendiente Marino López MENA y otros crímenes ocurridos desde la violencia paramilitar y estatal en la zona desde 1996. Aprovechando ésta situación se celebró el contrato de “Alianza estratégica entre Multifruit y el Consejo comunitario del Cacarica” el 15  de abril de 2005, en cuanto a la extracción de la madera del Cacarica existen antecedentes desde los años 80 aunque es a partir de un permiso de explotación otorgado por  CODECHOCO el 30 de diciembre de 1992 que la maderera del Darien, filial de Pizano S.A comienza a explotar un gran número de territorios del Cacarica.
 20.000 hectáreas de tierra
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
  Rito  Alejo Del Río Rojas  paramilitares del Bloque “Elmer Cárdenas” al mando del “Alemán

Carlos Nikolai Strusberg González  Representante legal y gerente  C.I MULTIFRUIT S.A.

Adán Quito Mosquera    ojo presizar . Miembro del Consejo comunitario de la cuenca del rio Cacarica 
empresa GOLD PLATA Corporation
Existe amenaza, riesgo de despojo ya que a pesar que en el 2001, mediante las resoluciones número 005 y 007 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA se constituyen los resguardos indígenas  Chidima y Pescadito de la comunidad Embera – Katio, integrado el primero por tres lotes y el segundo por un solo lote. Se encuentran localizados en jurisdicción del corregimiento de Peñaloza, municipio de Acandí, departamento del Chocó, además se ubican en el área de Reserva Forestal del Pacífico creada por la ley 2 de la ley 2 de 1959.  El territorio alinderado está compuesto por tres lotes separados, con 280-1100, 348-3400 y 3.871-4200 hectáreas (resolución  005 del 2.001 del 20 de febrero), respectivamente para un total de 4.449 hectáreas 8.700 metros cuadrados, de acuerdo con el plano levantado por MECON LTDA de julio de 1.998. La comunidad indígena solo puede hacer uso de 400 has aproximadamente de las hectáreas que le corresponden. El tercer lote que queda hacia la frontera con panamá existe un vivero con cultivos  de coca, esto pudo ser verificado por indígenas los días 13 y 14 de mayo, quienes calcularon el tamaño de 10 m por 10 m. se tiene conocimiento que la siembra de coca se está desarrollando desde los municipios de ACANDÍ a NECOCLÍ.  El tercer lote esté invadido por los colonos, que ascienden a veintiún (21) familias según cifras de la Defensoría del Pueblo[1] y para el 2001, ocupaban el 25.22% del resguardo. Actualmente, en los tres lotes hay presencia de ganadería extensiva; en uno explotación de madera y en el otro extracción minera de oro. Esta titulación fraccionada se hizo a pesar de la solicitud de la comunidad de que fuera un solo globo de terreno, al solicitar que se englobaran los tres (3) lotes en uno solo, los funcionarios del INCORA les dijeron que después saneaban el título para formar el globo único. Sin embargo, no ha sido posible porque la competencia de administración de tierras de la Nación pasó luego al INCODER, posteriormente a la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura, según competencia establecida en el Estatuto de Desarrollo Rural y con la reciente inexequibilidad hasta ahora nadie responde por esta titulación fraccionada. 3.871-4200 hectáreas
40.000 has
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Paramilitares  Elmer Cárdenas

Fuerzas Militares  Brigada 17 del Ejercito

Funcionarios de INCORA, INCODER, UNAT  INCODER
PARAMILITARES BLOQUE BANANERO AUC
A partir de 1997 se desplazaron forzadamente aproximadamente 240 familias del caserío de Blanquicet, debido a los homicidios selectivos, amenazas de muerte y hostigamientos sobre la población efectuados por paramilitares un gran numero de familias se desplazo hacia los municipios de Chigorodó, Turbo, y Medellín. Once de las doce familias pertenecientes a la cooperativa tuvieron que huir de Blanquicet y abandonar el proyecto que se estaba gestando en COTRAGROBLAN, además de sus bienes muebles e inmuebles. En este contexto, la finca “La Esperanza”, fue ocupada por quienes habían sido los responsables del desplazamiento forzoso de los pobladores de Blanquicet. De igual forma muchos pobladores fueron obligados a vender sus fincas por precios inferiores a la mitad del precio comercial por cuenta de los paramilitares que amenazaron a los propietarios, en algunos casos simplemente ocupaban los predios o falsificaban escrituras públicas.
106 hectáreas
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
HERNAN JAIME ARANGO ISAZA  notario de la Notaria Única de Carepa Antioquia

RAUL HAZBUN
Alias “NAPO”.
Alias “PALILLO”
Alias “55”  Bloque bananero de las AUC

ILDER CHAVERRA  Abogado  Defiende intereses de los paramilitares.

HUGO FENEL BERNAL MOLANO  Aparece como uno de los Compradores de la finca “La Esperanza”.
Bloque bananero AUC
A partir de 1996 comienza el éxodo masivo de cientos de personas pertenecientes al corregimiento El Diez debido a los homicidios selectivos, amenazas de muerte y hostigamientos sobre la población efectuados por paramilitares. Un gran número de familias se desplazó hacia los municipios de Chigorodó, Turbo, y Medellín. En este contexto, muchos pobladores fueron obligados a vender sus fincas por precios inferiores a la mitad del precio comercial por cuenta de los paramilitares que amenazaron a los propietarios, en algunos casos simplemente ocupaban los predios o falsificaban escrituras públicas. En consonancia con esta práctica sistemática de despojo y usurpación de tierras, en el año 2001, varias familias fueron obligadas a firmar documentos en Notarias de Chigorodó y Carepa, por cuenta de paramilitares con el fin de despojarlos de sus territorios, en la firma de las escrituras se establecía como fecha del traspaso el año de  1995. Durante la elaboración de escrituras falsas o la celebración de negocios jurídicos en donde eran evidentes los vicios del consentimiento, algunos notarios registraron los actos jurídicos a pesar de no cumplir con los requisitos de ley, principalmente el notario de Carepa. En la actualidad varios paramilitares se reconocen como dueños o testaferros de los bienes inmuebles, es el caso de EMILIO USUGA Alias “PALILLO”, LUIS ANGEL RAMIREZ Alias “55”, ROGELIO LOPEZ DUQUE alias “Paso Lento”, LEOGARDO LOPEZ DUQUE alias “Gallito”. Éstos últimos cuentan con la asesoría jurídica del abogado ILDER CHAVERRA.
 En el caso de la finca Villa Arelis, de 96 hectáreas 3.250 mts2
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
HERNAN JAIME ARANGO ISAZA  Notario  Notaria Única de Carepa Antioquia

Alias “NAPO” o “moviloncho  Paramilitar – Testaferro   Bloque bananero de las AUC

Vicente Castaño  Paramilitar  Bloque Catatumbo de las AUC

ROGELIO LOPEZ DUQUE alias “Paso Lento”  Testaferro   Bloque bananero de las AUC

LEOGARDO LOPEZ DUQUE alias “Gallito”  Testaferro   Bloque bananero de las AUC

ILDER CHAVERRA   Abogado   Defiende a los hermanos López Duque

EMILIO USUGA Alias “PALILLO”  Paramilitar  Bloque bananero de las AUC
LUIS ANGEL RAMIREZ Alias “55”  Paramilitar  Bloque bananero de las AUC
Empresa Brisas S.A
Mediante escrito del 7 de noviembre de 2001, la empresa Brisa S.A. solicitó al entonces Ministerio del Medio Ambiente, licencia ambiental para la construcción y operación de un puerto multipropósito en área del Municipio de Dibulla, corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira, en área que forma parte del territorio ancestral de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la cual se encuentra ubicado el Jukulwa , cerro sagrado, que integra el territorio ancestral, donde los mamos (autoridades espirituales de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta) realizan ceremonias de pagamento.
La empresa Brisa S.A. anexo al escrito de solicitud referido dos oficios (No.  3435 y No. 3820 del 3 y del  23 de octubre del  2001)  expedidos por el Ministerio del Interior y de Justicia en los cuales se señalaba que en el área del proyecto no existía presencia de comunidades indígenas y la misma no se superponía con lugares sagrados o de pagamento. Lo manifestado en los oficios 3435 y 3820 del 3 y del  23 de octubre del  2001, expedidos por el Ministerio del Interior y Justicia, respecto a la no presencia en el área del proyecto de comunidades indígenas ni de “lugares sagrados o de pagamento”, fue reiterado por  la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio No. 5532 del 26 de agosto de 2004; oficio enviado al Grupo Técnico de licencias ambientales y trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y radicado el 31 de agosto de 2004 en el Ministerio de Ambiente, Vivienda  y Desarrollo Territorial bajo el No. 4120-E1-66327. El 27 de septiembre de 2005, mediante oficio No. 2400-E2-88804  la Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial puso en conocimiento de la  Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia,  la existencia de dos actos administrativos anteriores, mediante los cuáles se había negado la licencia ambiental para el desarrollo de dos proyectos (Prodeco S.A, en el año 1998; Puerto Cerrejón S.A Y Carbones del Cerrejón S.A, en el año 1999) que pretendían desarrollarse en la misma zona identificada por la empresa Brisa S.A. para la construcción y operación de un puerto multipropósito en área del Municipio de Dibulla, corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009

EMPRESA BRISA S.A.
Ministerio del Interior y de Justicia
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Dirección de etnias

Las comunidades que conforman el pueblo indígena Wiwa han sido víctimas de varios desplazamientos forzados en un contexto de constantes vulneraciones a sus Derechos humanos individuales y colectivos por cuenta de los paramilitares y las Fuerzas Militares en cabeza de los batallones del Ejército y la infantería de marina. El primer desplazamiento masivo se produjo el 14 de julio de 2002 cuando la comunidad de El Potrerito fue objeto de bombardeos indiscriminados por parte de los diferentes actores armados, esta incursión tuvo como consecuencia la destrucción de 57 viviendas, 3 escuelas, 1 centro de salud, 4 casas ceremoniales, 1 casa comunitaria entre otros bienes muebles e inmuebles, así como animales y cultivos, con posteridad a estos actos vinieron nuevos desplazamientos en el marco de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecuciones. Posteriormente se presento el segundo desplazamiento forzado, que tuvo lugar entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2002, este se produjo  por la masacre contra miembros de la población de “El Limón” efectuada por miembros del Ejército Nacional –tropas del Batallón Cartagena- en aquiescencia y concurso con paramilitares. El tercer desplazamiento masivo comenzó en el mes de enero de 2003 fecha en la que se produjo una masacre en El Potrerito a manos del Batallón de artillería La Popa junto con paramilitares, que generó entre éste y el siguiente mes, el desplazamiento masivo de la comunidad hacia San Juan del Cesar, Villanueva, Valledupar, Riohacha y la Serranía del  Perijá. Posteriormente, entre el 20 y 25 de abril de 2003 tropas del Batallón Cartagena y de la Popa, junto con paramilitares realizaron ametrallamientos indiscriminados contra la población de La Laguna, generando un desplazamiento masivo de la comunidad hacia San Juan del Cesar, Valledupar y partes del Resguardo, para el mes de septiembre toda la población de La Laguna había sido desplazada forzosamente.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009.
Batallón Cartagena del Ejercito Nacional
Batallón La Popa del Ejercito Nacional
Paramilitares
empresarios del proyecto Presa multipropósito El Cercado
La ubicación geográfica del pueblo indígena Kankuamo ha expuesto a sus miembros a constantes actos de violencia y amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley que operan en la zona y de las Fuerzas militares, dichos grupos operan con la aquiescencia o colaboración de los miembros del Ejército de Colombia vinculados al Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” y al batallón adscrito al municipio del Patillal; es así que a partir de 1993 se genera una gran ola  de violencia contra estos pueblos dejando un saldo de 146 indígenas asesinados hasta el año 2003. Actualmente existen principalmente cinco comunidades de Kankuamos que enfrentan los efectos negativos del desplazamiento forzado, de las cuales, en abril de 2006 retornaron 110 familias a sus lugares de origen, esto es, 73 al corregimiento de Río Seco y 37 al corregimiento de Murillo. La tercera comunidad se encuentra desplazada en el casco urbano de Valledupar y hasta el momento, las 400 familias que la conforman, no han recibido la atención necesaria y 120 no han sido registradas; la cuarta corresponde al grupo de líderes desplazados en la ciudad de Bogotá D.C., y la quinta a 35 familias desplazadas en Santa Marta que no han sido inscritas en el Registro Único de Población Desplazada.
Paulatino a este proceso se viene desarrollando un proyecto que se asentó en la Sierra Nevada de Santa Marta consistente en la construcción de la presa multipropósito El Cercado y distrito de riego del río Ranchería. Las consecuencias de estos actos de violencia han significado consecuencias nefastas para las comunidades indígenas quienes han roto sus lazos colectivos y hoy en día se encuentran en una situación de vulneración y amenaza constante de sus derechos humanos. Ante esta situación, los indígenas Kankuamos junto con otras organizaciones sociales han interpuesto acciones de tutela ante el Ministerio del Interior y de Justicia, y Acción Social de la Presidencia con el fin de exigir políticas públicas claras, eficientes y adecuadas para que se protejan sus derechos colectivos y cese la situación de desplazamiento forzado de forma inmediata, dichas acciones han prosperado pero no ha habido una respuesta coherente por cuenta de las autoridades Estatales que lleve a su cumplimiento efectivo, de igual forma interpusieron un escrito de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fueron decretadas y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas provisionales debido al incumplimiento de las medidas cautelares y a comprobar que la situación de las comunidades Kankuamo amerita protección por cuenta del Estado Colombiano debido a que no cesan la vulneración de sus derechos.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Batallón La Popa de la infantería de Marina
Batallón adscrito al municipio del Patillal
Paramilitares
Agentes del Comando Operativo No. 7 del ejército de Colombia
PARAMILITARES
En el año  1997 luego de un aumento de la presencia del paramilitarismo en el municipio de Chibolo, se da una etapa inicial de desplazamiento masivo de 35 familias de la vereda El Encanto y 105 familias de Pueblo Nuevo,  y de abandono forzado y masivo de tierras, generado por la toma de la población, las amenazas generalizadas y por la afectación que sufrieron los miembros de la comunidad con el asesinato selectivo de sus líderes.  Algunos (aproximadamente 12 campesinos) regresaron después del desplazamiento masivo y  fueron nuevamente víctimas  de amenazas de los paramilitares y tuvieron que salir de la zona, dos de ellos fueron asesinados.
Quienes pretendieron resistir a las amenazas regresando a la vereda o al corregimiento fueron sometidos a optar por una de dos vías: negociar por sumas irrisorias (vender o arrendar) sus parcelas, cultivos, pastos, ganado o especies menores con el bloque paramilitar que operaba en la zona, ó abandonar los predios. La primera vía se concretó en algunas ocasiones en  la venta o el arriendo informal (cartas venta o contratos verbales) y  forzado de predios o ganado, configurándose un despojo informal de los predios, seguido del desplazamiento del resto de la población durante los años 1998 y 1999. Ejemplos de estas ventas informales y forzadas son las de los predios: El Tropelín; La Unión y  Vida Nueva. La segunda vía, relativa al abandono forzado de los predios, concluía con la toma de estos –luego del desplazamiento de la población- por parte del bloque que operaba en la zona, seguida de la destinación de los mismos a ganadería extensiva, la siembra de pastos o  de teca y  la construcción de represas.
Las dos vías mediante las cuales se concretaba el despojo o el abandono forzado de predios, según el caso, cumplían con la finalidad común de hacer caer a los adjudicatarios iniciales de la vereda El Encanto en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de tales, específicamente en las obligaciones relativas a  no vender, ni ceder total o parcialmente los predios adjudicados, sin autorización del entonces Incora, durante los 15 años siguientes a la adjudicación, ó el incumplimiento de la obligación consistente en no enajenar la parcela a favor de terceros por un precio inferior al del avalúo comercial.
1195 hectáreas y 3.856 mts
Fuente:MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Grupo de paramilitares al mando de “JORGE 40”  BLOQUE NORTE DE LAS AUC
Funcionarios INCORA
Ulfemia Ltda (empresa bananera filial de Dole).
Jacinto Antonio Fernández, junto con varios campesinos tenían la posesión de unas tierras ubicadas entre el corregimiento de Orihueca, desde el año 1996 las cuales, eran baldías, según resolución del INCORA que las había declarado como tales. Son alrededor de 125 ha. de tierra que fueron poseídas por 54 familias (250 personas) distribuidas por  parcelas. Allí se cultivaba guayaba, plátano, guineo de exportación, entre otros, y se encontraban organizados en un comité campesino con personería jurídica. Todos ellos tuvieron conocimiento de la existencia de estos terrenos por medio de un funcionario del INCORA que les informó la condición  de las fincas antes llamadas “Bretañita 1 y Bretañita 2”. En ese tiempo les comunicaron la imposibilidad de obtener los títulos debido a que era necesario que tuvieran por los menos tres años ininterrumpidos de explotación agraria. Para el año 2000, el INCORA realizó una visita técnica en la que se constató que las tierras se encontraban cultivas, sin embargo, por la misma época esta institución revocó la declaratoria de tierra baldía reconociendo la propiedad de una empresa llamada Ulfemia Ltda (empresa bananera filial de Dole). Tiempo después la empresa solicitó el lanzamiento por ocupación de hecho, la cual fue denegada por la Alcaldía por haberse presentado extemporáneamente. Los campesinos ocupantes se reunieron con el gerente del INCODER con los documentos de la visita técnica, pero este no les da respuesta bajo la disculpa de encontrarse en los trámites de empalme y liquidación, para la creación del INCODER.

Entre el 2001 y el 2002, empezó la presión de la empresa, mandándoles terceras personas que decían no representar a la empresa  pero que insistían en la venta de los predios. Así pasó hasta el  2004, en ese año llegaron grupos armados  y les comunicaron que debían salir de esas tierras, ya que pertenecían al “patrón”. Ellos se interrogaban sobre a qué “patrón” se referían.  Varios días después se acercó a la finca una “toyota” blanca conducida por un joven que les reiteraba la presión para que salieran identificándose como representantes del “patrón” expresaban además la intención que tenía de negociar, que sólo era cuestión de que le dijeran el monto que pretendían por los terrenos.
Luego las cosas se complicaron más debido a la llegada del comandante paramilitar alias “tijera” quien actualmente se encuentra privado de la libertad y personalmente le dijo a uno de los campesinos que desalojaran las tierras porque la empresa las  necesitaba. Este campesino se dirige a la comunidad a darles la información y en el momento en el que está contando lo sucedido  es detenido por dos motorizado quienes  “lo conducen y lo matan, ahí al lado de la parcela”. Situación que produce el desplazamiento de las 54 familias.
125 hectáreas
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Paramilitares  Alias  “tijera”
Funcionarios del INCORA
Ulfemia Ltda (Empresa bananera filial de Dole)
SEÑOR MANUEL ENRIQUE BARRETO y su familia
EL SEÑOR MANUEL ENRIQUE BARRETO y su familia ha intentado por años apropiarse de los terrenos ubicados del corregimiento el Garzal municipio de Simiti, la vereda el Garzal y gran parte de Nueva Esperanza, para ello se ha valido tanto del uso de la intimidación por parte de grupos paramilitares como de irregularidades en los documentos públicos que otorgan la propiedad sobre los predios a tal punto de adjudicarse todo el corregimiento.
Ahora Los conflictos en relación a la posesión y propiedad se han caracterizado por la clara pretensión de los herederos de Manuel Enrique Barreto,  así como de las empresas filiales o vinculadas a sus operaciones comerciales, de Retomar la posesión de los predios conocidos como La Carolina, Los  Aliados y La Pita, entre los más importantes, los que comprenden un globo de tierra que ocupa virtualmente toda la extensión de las Veredas El Garzal y gran parte de Nueva Esperanza. Intentar clarificar y resolver de manera definitiva, con el concurso de agencias y entidades gubernamentales  la situación jurídica de estos predios, en tanto no cuentan con una cadena veraz de tradiciones, una estricta fijación de linderos, los necesarios levantamientos  topográficos así como de todos los instrumentos públicos que acrediten su derecho, lo que evidentemente en parte no ha permitido el uso pleno de la  Propiedad en cabeza de la Familia Barreto.  Finalmente, modificar y suprimir la condición de poseedores y reconocer, en concurso con agencias y entidades gubernamentales, el nuevo estatus de asociados, lo que eliminaría la posibilidad real de acreditar el derecho a la propiedad rural en cabeza de  los campesinos a cambio del derecho de participación en las eventuales ganancias por la ejecución de las alianzas estrategias.
De otra parte, desde hace dos décadas, cerca de 180 familias han venido realizando procesos de ocupación y aprovechamiento de estos predios a través de cultivos rotativos y explotación agropecuaria, en tanto los predios fueron abandonados por su entonces propietario, a finales de la década de los 70.
El punto más crítico desde la perspectiva de la Protección de sus Derechos, se encuentra en la falta de definición y declaración judicial de la plena  propiedad de dichos predios y el avance en la ocupación de la Familia Barreto a partir del Predio La Carolina, empleando una estrategia que conjuga la incidencia política, el papel funcional de las agencias gubernamentales y la fuerza.  Existe un conflicto latente en torno a la explotación, uso y  aprovechamiento  del territorio en tanto las apuestas económicas de la familia Barreto, caracterizadas por los monocultivos sobre grandes extensiones  con una robusta financiación mixta de recursos públicos y al parecer, finanzas ilícitas, excluyen claramente el aprovechamiento poco tecnificado y la Oferta múltiple de productos con exigua financiación de los poseedores y pobladores de las veredas.
13.000 has
Aproximadamente 9.000 hectáreas en tierras abonadas y productivas y cerca de 5.000 hectáreas en tierras inundables, 5 ciénagas y sus respectivos playones y humedales
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
MANUEL ENRIQUE BARRETO Y SUCESORES, quienes actúan de forma directa y a través de los Grupos Paramilitares que integraban el extinto Bloque Central Bolívar y ahora las denominadas Bandas Emergentes.
PARAMILITARES
La Gabarra: Once familias fueron desplazadas forzosamente y en forma masiva  de la región de la Gabarra, en el período comprendido entre 1999 y 2002; debido a amenazas, masacres y asesinatos selectivos ejecutados por las AUC. Las familias mencionadas, dejaron abandonadas en total 14 fincas, de las cuales 11 tienen escritura de propiedad y se encuentran debidamente registradas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, sobre las tres restantes los afectados poseen lo que ellos llaman carta venta, o Contrato de Promesa de Compraventa; de las 14 fincas, 13 tienen medida de protección debidamente inscrita.
Todas las familias se encuentran asociadas como desplazados en ASOFUNORTS, quienes hasta el momento no ven posible el retorno a sus tierras, las cuales se encuentran en total abandono desde el desplazamiento. Se reseñan entre las familias, dos casos de despojo, además del abandono de las tierras: entre ellos, el más característico es el de la señora MIRALVA DEL CARMEN HOYOS VANEGAS, propietaria de la Finca “El Suspiro” en la que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, alcanzó a tener 80 cabezas de ganado de su propiedad, luego de su desplazamiento, a raíz de extorsiones y amenazas de las AUC, una persona allegada al grupo paramilitar, tomó posesión del predio, lo cultivó de Coca, y asume hasta ahora todo el señorío sobre éste, de igual forma persiste  la amenaza de muerte a la señora MIRALVA HOYOS o alguno de sus familiares si se atreven a regresar a la finca. El predio se encuentra bajo protección por riesgo inminente, hasta el momento dicha medida no ha sido levantada.
Las Mercedes: Tres núcleos familiares fueron expulsados de Las Mercedes, municipio de Sardinata, por amenazas de las AUC, situación  que llevó al abandono de 4 fincas. De ellas 3 tienen escritura debidamente matriculadas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta (todas tienen medida de protección), y 1 posee únicamente promesa de compraventa. En la totalidad de los casos las personas no quieren volver al predio y se prefieren vender dichos predios, pues consideran que en la zona no hay garantías para su retorno.
Teorama: Tres familias desplazadas por la incursión de las AUC al municipio de Teorama. Se presenta el abandono de 8 fincas de las cuales 6 tienen escritura pública y de éstas en 4 se manifiesta haber solicitado medida de protección de tierras.
Convención: Dos familias desplazadas por incursiones paramilitares al municipio de Convención. Se presenta el abandono de 2 fincas de las cuales 1 tiene escritura pública debidamente registrada y ha solicitado medida de protección para éste bien.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Autodefensas Unidas de Colombia AUC (paramilitares provenientes del sur del Cesar, Córdoba y Urabá)
Agrícola La Llana LTDA. 
La madre del señor RODOLFO GALVIS, señora ROSALBA GALVIS DE REAL, es propietaria de tres predios ubicados en la vereda La Llana del municipio de Tibú, denominados LOS PAMPANOS, CAMPO HERMOSO y EL PROGRESO. La señora ROSALBA, vende antes de su desplazamiento (año 2002) el 50% del predio LOS PAMPANOS, quien a su vez vende el 25% de su cuota parte a una persona natural el señor LUIS ALFREDO QUINTERO TORRADO, el cual posteriormente entrega su cuota parte representada en acciones a una empresa pamicultora llamada AGRICOLA LA LLANA LTDA. Todas estas ventas, han sido por cuotas, pero nunca se han determinado los linderos de cada cuota, es decir, nunca se ha realizado el deslinde y amojonamiento de las compraventas realizadas, ni el desenglobe de las mismas. Incluso el señor GALVIS manifiesta que su madre lo que realizó inicialmente sobre el predio LOS PAMPANOS, fue una venta con pacto de retroventa, considerando que ella siempre deseo readquirir nuevamente toda la propiedad sobre su predio.
Posteriormente la palmicultora, ha ocupado y cultivado de Palma aceitera no sólo en el 25% del predio los PAMPANOS, sino que, se ha apropiado para el mismo cultivo el total del predio LOS PAMPANOS, CAMPO HERMOSO y PROGRESO. Así mismo, la pamicultora, ha inducido a personas para que ocupen los predios CAMPO HERMOSO y PROGRESO, bajo la figura de ser trabajadores de ellos por más de 20 años, según lo manifestado en diligencia de la lanzamiento por ocupación de hecho, cuando la palmicultora tan sólo tiene dos años de haber sido creada según lo establece el certificado de Cámara de Comercio.
La vereda la Llana, del municipio de Tibu, es una zona altamente conflictiva y aún permanece la presencia paramilitar, que cuida y protege los cultivos de palma.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Agrícola La Llana LTDA. 
Grupos paramilitares
Exploración petrolera con el Pozo Alamo I de Ecopetrol la exploración y explotación minera de carbón a cielo abierto por parte de las empresas Geofising UE, Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Prominorte, Sopromin, Carbon Fuels and Minerals, Mora y Mora Multiinversiones Mineras
Sobre el territorio del pueblo indígena Motilón – Barí recae principalmente el interés de la empresa Ecopetrol con el Pozo Alamo I y la explotación de carbón a cielo abierto.
Las empresas internacionales y nacionales de extracción minera de carbón: Geofising UE, Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Prominorte, Sopromin, Carbon Fuels and Minerals, Mora y Mora Multiinversiones Mineras, pretenden impactar una zona superior a las 25.000 hectáreas de los municipios de Convención, Teorama, Tibú y Tarra, las cuales no solo han violado los derechos fundamentales del pueblo Barí: a la participación, el territorio, autonomía, integridad étnica y cultural, porque no han adelantado un proceso de Consulta Previa dentro del trámite de Licencia Ambiental, sino que han adelantado actividades sísmicas y exploratorias en zonas de resguardo y territorio tradicional del Pueblo Barí, han adelantado campañas de desinformación diciendo que campesinos e indígenas han recibido ya dinero para permitir la explotación de carbón, y han desconocido todo el marco legal de protección nacional e internacional de Pueblo Indígenas, así como el reciente fallo de la Corte Constitucional: Sentencia T 880 de 2006 a favor del pueblo indígena Barí.
Para el pueblo indígena Motilón – Bari, estos proyectos que incluyen tanto la inicial etapa de exploración como la eventual explotación en sus territorios, específicamente en la región conocida como Caño Mariela, en donde la compañía GEOFISING E.U. pretende explotar los recursos existentes, vulneran flagrantemente sus derechos sobre los mismos, así como los reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, al igual que los antecedentes jurisprudenciales contenidos en la sentencia T - 880 de 2006, en el que se tutelan en favor de la comunidad indígena los mencionados derechos sobre el territorio.
Esta empresa ha solicitado licencia ambiental ante el Ministerio del Medio Ambiente, la cual apunta a la explotación a cielo abierto del carbón que se encuentra en la vereda de Caño Mariela (Teorama), en una extensión de 1531 hectáreas, de las cuales pretende explotar durante el primer año 60.000 toneladas proyectando llegar el quinto año a 790.00 toneladas, pretendiendo colocar en riesgo el ecosistema que constituye la reserva forestal Serranía de los Motilones, al igual que la permanencia en el territorio de los campesinos y de las comunidades indígenas Barí.
Dentro de los argumentos utilizados por la Empresa para lograr la licencia y su solicitud de levantamiento de la zona de reserva forestal sobre la vereda de Caño Mariela, el afirmar que en esta zona no habitan campesinos ni población indígena. Otro de los argumentos que ha utilizado es que en la vereda hay cultivos de uso ilícito, motivo por el cual la vocación de la reserva forestal ha cambiado, además que la caracterización ambiental de la vereda es de un gran rastrojo. Si bien en la zona había cultivos de coca, de acuerdo con las comunidades campesinas estos fueron erradicados de manera forzosa y manual el pasado mes de abril, adicionalmente las áreas afectadas por la siembra de cultivos ilícitos no son susceptibles para perder el uso establecido y reglamentado para la zona de reserva forestal.
Finalmente, GEOFISING EU. Propone el desvío de Caño Mariela, Caño Danta y Caño Pereza y en un término de 20 años reencauzarlo para evitar un daño irreparable en el ecosistema de Caño Mariela. Sin embargo, el consumo de las poblaciones que allí habitan depende de éstos afluentes y son hábitat natural de especies endémicas, tanto de flora como de fauna, y es precisamente allí donde se encuentran las reservas de carbón.
25.000 hectáreas, 1531 hectáreas PARA EXPLOTACION
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Las empresas internacionales y nacionales de extracción minera de carbón: Geofising UE, Compañía Minera Río de Oro, Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Prominorte, Sopromin, Carbon Fuels and Minerals, Mora y Mora Multiinversiones Mineras, y ECOPETROL.
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Brigadas Móviles No. 30, 15, 20 y 21 del ejército
Paramilitares Bloque Catatumbo
Policía Antinarcóticos
Mayor Gallego de la Brigada Móvil No. 46 “Héroes de Saraguro” y el Sargento Chaparro de la Brigada Móvil No. 15


La población de la región de la Macarena, como consecuencia de la implementación de los programas de erradicación manual y aérea de cultivos de uso ilícito y la falta de atención de las víctimas de este desplazamiento, abandonaron sus predios, en hechos que se remontan al 22 de febrero de 2006, en los municipios de la Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama, Puerto Concordia y Puerto Rico en el Departamento del Meta. De igual forma el intento del gobierno por la creación de un parque de reserva natural ha sido excusa para el despojo de tierras de cientos de campesinos.
Para la erradicación de los cultivos, por parte del Alto Gobierno, se inició la movilización de los operativos antinarcóticos a partir del 18 de enero de 2006, estos se iniciaron en asentamientos al margen izquierda del río Guayabero, en el extremo sur del departamento del Meta, y en los municipios de Puerto Concordia y Puerto Rico. Estos operativos aún no han cesado y siguen generando desplazamiento forzado debido principalmente a que la erradicación incluye los cultivos de uso no ilícito que se encuentran en las siembras de Pan coger, y por los constantes abusos cometidos por las Fuerzas Militares y de Policía contra la población civil, que van desde la quema de viviendas y las amenazas de muerte hasta las desapariciones forzadas y las detenciones ilegales.
Las comunidades afectadas se desplazaron en su gran mayoría hacia San José del Guaviare, allí fueron recibidos en albergues temporales donde fueron amenazados por miembros de las Fuerzas militares, quienes los acusaban de pertenecer a la subversión y les prohibían revelar que el desplazamiento forzado había sido consecuencia de los actos de violencia efectuados por la fuerza Pública.
Con el fin de garantizar los derechos de la población desplazada, el gobierno nacional planteó un proceso de concertación con las familias residentes en el parque con el fin de asignarles un inmueble para reubicarlos en cercanías a su territorios. A través del INCODER se reasignó un predio ubicado en Puerto López – Meta. El predio se llama “Luz Mar”, y se encuentra ubicado en el globo del terreno hacienda “La Sandrita”, siendo producto de la extinción de dominio al señor Leonidas Vargas, por el Consejo Nacional de Estupefacientes, quién lo entregó al INCODER. La finca está actualmente en manos de una firma secuestre cuyo nombre es VARGAS y REY ASOCIADOS, que realizó un contrato de arrendamiento por cinco años con José Jairo Rey, quien hace uso del terreno con el pastaje de 900 cabezas de ganado hasta el 2010, el predio actualmente no ha sido otorgado a las familias desplazadas, y muchas víctimas aun no han sido inscritas en los programas de atención humanitaria de Acción Social.
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
Parques Naturales Nacionales
Dirección Nacional de Acción Social
INCODER
Batallón 21 Vargas
Batallón Joaquín París del Ejercito nacional
Policía Nacional
Empresa palmicultora CORDEAGROPAZ
La palmicultora CORDEAGROPAZ, adelanta un proyecto piloto financiado parte por el INCODER, del Ministerio de Agricultura y sectores económicos nacionales, de siembra de palma aceitera, quién sin autorización del Consejo comunitario, ha ocupado y sembrado de palma aceitera territorio del Consejo Comunitario. Dicha palmicultora ha contratado para tal efecto a colonos, quienes se han ubicado y ocupado las tierras del consejo comunitario. La palmicultora, incluso, bajo el discurso de apoyo  pequeños productores, incentiva proyectos de microcrédito, requiriendo de los solicitantes de los créditos, prenda de garantía sobre la tierra, violentado los principios de inagenabilidad, inembargabilidad y propiedad colectiva de los territorios, situación que además ha llevado a la desarticulación y fraccionamiento de las comunidades.   
El 23 de diciembre de 1999, en el marco de la Ley 70 de 1993 la comunidad afrodescendiente de la cuenca del Río Naya solicitó al Estado colombiano la Titulación Colectiva de su territorio ancestral, que comprende un área de ciento noventa mil hectáreas (190.000 Has), habitadas desde la llegada al territorio en condición de esclavos a partir del año 1680. Sin embargo, desde esa época a la fecha, no existe ninguna decisión de fondo en el sentido de otorgar Titulo Colectivo a la comunidad afrodescendiente habitante de la cuenca del rio Naya a pesar de que la carencia de su titulo colectivo implica la vulneración de sus derechos humanos y de sus derechos colectivos como comunidad ancestral. La carencia de este título colectivo, ha incidido en la usurpación de sus territorios por cuenta de terceros con intereses comerciales en la zona relacionados con la siembra de palma aceitera y en algunas regiones con la siembra de cultivos de uso ilícito.
A partir de 2001, la violencia en la región se ha agudiza debido a la presencia de actores armados en la cuenca del río lo que ha desatado una gran ola de violencia paramilitar en connivencia con miembros de las Fuerzas Militares, que ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de afrodescendientes y en la violación de sus derechos humanos. Ante esta situación las comunidades han emprendido procesos de organización colectiva mediante la conformación de Espacios de refugio para la protección de la población en el desarrollo del conflicto armado, en estos espacios se le exige a los actores armados el respeto por los derechos humanos y los principios del Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a los obstáculos en torno a la titulación colectiva, se han emprendido acciones jurídicas de carácter constitucional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando la exigibilidad de los derechos colectivos ancestrales y los demás derechos humanos afectados en relación con el derecho a la propiedad colectiva tales como la vida, la identidad étnica y cultural entre otros.
Desde el 29 de julio del 2009, se encuentra en la Sala de Revisión de la Corte Constitucional la Acción de Tutela presentada por los afrodescendientes del Consejo Comunitario del Río Naya contra el Ministerio de Agricultura, el INCODER y la UNAT, para su eventual revisión. Los afrodescendientes solicitan que la Corte acceda a revisarla debido a que aunque el fallo es favorable a la protección de sus derechos, no tuvo en cuenta que para hacerse efectivo se requiere que el Consejo de Estado culmine de manera pronta una Acción de Revisión solicitada por la Universidad del Cauca sobre las Resoluciones que ordenaron la Extinción del Derecho de Dominio a la Universidad para que las tierras puedan ser tituladas al Consejo Comunitario en el marco de la Ley 70 de 1993.
2000 hectáreas
190.000 Has
Fuente: MOVICE, informe parcial de casos de despojo y apropiación ilegal de tierras y territorios…2009
PALMICULTORA CORDEAGROPAZ
Empresas multinacionales en compañía en la mayoría de los casos de grupos paramilitares
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCORA, INCODER, UNAT, Universidad del Cauca
Andrés Felipe Arias / Andrés Fernández Acosta Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Arturo Enrique Vega Barón  y Rodolfo Campo Soto gerentes INCORA – Instituto Colombiano de Reforma Agraria
Ministerio del Interior y de Justicia
Brigada 3 del Ejército – Batallón Pichincha y Fluvial No. 20 de Buenaventura Fuerzas Militares (Ejercito Nacional).
Diego Murillo “Don Berna” y Elver Veloza “H.H.” Bloque Calima – Paramilitares AUC

En  los departamentos de Guainia y Vichada,  entre el rio vichada y el cerro los gemelos se ha descubierto un yacimiento de un mineral denominado  COLTAN (tatalita y columbita ) la tonelada de este mineral tiene un valor aproximado de un millón de dólares . este yacimiento junto al que se obtienen otros minerales, podría generar la expropiación de 350.000 hectáreas de esta región, para entregárselas o regalárselas a trasnacionales  







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