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Falta mucho para reparar integralmente a las víctimas del conflicto


LEY DE VICTIMAS:Falta mucho para reparar integralmente a las víctimas del conflicto.
Por: IvánCárdenas

Desde el primero de enero del presente año, ha entrado en vigencia la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, en la que el Estado Colombiano  busca reparar  a las victimas del conflicto armando interno en Colombia. Dadas las expectativas que ella ha suscitado entre las victimas, la Campaña Permanente Tierra Vida y Dignidad, reitera que la Ley no satisface los derechos de las victimas y se limita a formular una serie de medidas que siguen en el terreno asistencial; presentamos a continuación un rápido análisis de la ley y sus decretos reglamentarios: 

La Ley es sin duda alguna, un reconocimiento muy importante a las victimas del conflicto, en ella se consagran los derechos a las victimas a la verdad, justicia y reparación integral, garantías de no repetición, y aunque estos derechos no se desarrollan en el contenido de la ley, es importante que ellos estén consagrados en una ley de la republica.

Igualmente la Ley 1448 de 2011, reconoce a las victimas de los crímenes de estado, lo que es un logro de la lucha de las victimas que persisten en esta demanda de crímenes cometidos por agentes estatales.

Pero es necesario indicar que esta ley tiene muchas debilidades que dificultaran y harán imposible que las victimas puedan acceder a la a satisfacción plena de sus derechos, incluso a la misma reparación y restitución que se anuncia con tanto entusiasmo en los medios de comunicación. Algunas de stas dificultades se sintetizan de la siguiente manera:

·                    No se reconoce ninguna responsabilidad del Estado en las violaciones a los Derechos Humanos y se limita a un reconocimiento solidario con las victimas.
·                    Ausencia de participación efectiva de las víctimas, no se convocó adecuadamente a la sociedad civil y a las organizaciones de victimas a construir la ley.
·                    Discriminación a las victimas al Establecer dos fechas para acceder a la reparación (1 de Enero de 1985) y la restitución (1 Enero de 1991), lo que deja por fuera muchos episodios de violaciones  a los Derechos Humanos y despojo de tierras en el país.
·                    No se brindan garantías específicas para que las mujeres tengan acceso preferente al derecho de restitución.
·                    La reparación es solo indemnización económica, la que reproduce una vulgar tabla de valores económicos para indemnizar a diferentes tipos de victimas. Estos valores son mínimos, en la tabla se reconocerá como máxima reparación una cifra de 40 Salarios mínimos legales vigentes, para familiares de personas asesinas por causa directa del conflicto armado, una indemnización menor se contemplara para casos de desaparición forzada y secuestro, a partir de valores inferiores por lesiones, discapacidad permanente, tortura, y delitos contra la integridad sexual y reclutamiento forzado de menores, la indemnización será por un monto de 30 salarios mínimos legales vigentes, para el caso de las victimas del crimen del desplazamiento forzado la ley reconocerá como indemnización hasta 17 salarios mínimos legales vigentes, sin tener claro el punto de partida para llegar al término “hasta”. En todo caso la intensión del gobierno Nacional expresada públicamente, está dirigida a indemnizar las victimas con un subsidio de vivienda, bajo la excusa de proteger los recursos económicos porque podría ser mal gastado.
·                    La ley establece un figura denomina contrato de transacción con lo que se busca estimular a las victimas a renunciar a su derecho a obtener reparaciones judiciales a cambio de recibir una indemnización un poco mayor a la definida por la ley, valor que no se conoce cual seria su monto.
·                    Para el caso de la población desplazada, el articulado de la ley es un franco retroceso en materia de derechos, reconocidos por otras normas y en especial por los autos de la Honorable Corte Constituciones en los autos de seguimiento a la sentencia T-025/04. En términos generales le ley insiste en convertir las medidas de asistencia social en mecanismos reparadores, contrariando con ello las reiteradas jurisprudencias de la corte constitucional, igualmente para la población victima de este crimen la reparación no será individual si no por núcleo familiar. Estas medidas contempladas en la Ley harán difícil que se supere la calificación de estado de cosas inconstitucionales, decretadas hace 8 años y que el Gobierno no ha sido capas de superarlas.
·                    Otro aspecto problemático de la ley de victimas es el capitulo de restitución, que más halla de la buena intención de restituir la tierra de los campesinos tiene elementos que dificultaran este propósito. En primer lugar reiterar la persistencia del conflicto y en especial la continuidad de la existencia de los grupos paramilitares, (Paisas, Rastrojos, Aguilar Negras, Urabeños, ERPAC, entre otros), los cuales continúan ejerciendo control político y militar sobre amplias zonas del país como se demostró con el paro decretado por los Urabeños,  al comenzar el año 2012.
·                    También decir que Ley, solo restituye títulos de propiedad, no se ocupa del patrimonio, con lo cual, si un campesino logra ser restituido no podrá usufructuar el bien por no contar con los recursos económicos para rehabilitar la vivienda y emprender la actividad productiva de la finca.
·                    Igualmente la Ley, defiende abiertamente la figura de terceros de buena fe, al reconocerle a estos el derecho de recuperar la inversión, de un bien que adquirió valiéndose de las circunstancias derivadas del conflicto, mientras el campesino restituido debe someterse a que este reconozca un arriendo por el uso de la tierra.
·                    Y aunque el procedimiento descrito en los decretos reglamentarios brinda facilidades a las victimas para acceder al proceso de restitución, es bueno saber que la restitución será gradual, es decir no se dará al mismo tiempo, en todo el país, el gobierno implementara a partir de zonas piloto, y con todo ello, de seguro habrá congestión en las oficinas de la unidad de restitución, y con los pocos jueces creados para todo el proceso, este tardara varios años para hacerse efectivo.
·                    También es necesario señalar que la persecución a lideres y beneficiarios no ha cesado, en tan solo en 18 meses del gobierno de Juan Manuel Santos, han sido asesinados mas de 15 campesinos y personas vinculadas a este proceso, muchas otras amenazas, sin que exista un plan claro de prevención y protección.
Finalmente señalar, que la ley crea una compleja institucionalidad, que además de burocratizar el tema creara confusión entre las victimas.

Por estas razones la Campaña Permanente, Tierra, Vida y Dignidad llama la atención a las víctimas, a poner los pies en la tierra, fortaleciendo el proceso organizativo, preparar la capacitación, la incidencia política y la movilización, que logre derrotar esta ley engañosa y conquistar de manera plena el derecho a la reparación integral, nos veremos en la calle el próximo 6 de marzo.

Enero de 2012

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